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Edición 209
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Escrito por Abraham García Ibarra
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Lunes, 04 de Mayo de 2009 17:24 |
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
“Desde dónde amigo vengo”
HASTA EL MOMENTO DE procesar esta entrega, no se sabe que algún padre de la patria del Partido Acción Nacional (PAN) haya propuesto escribir con letras de oro en los muros de alguno de los palacios legislativos el nombre de Elliot Ness con el que el presidente Barack Obama rebautizó recientemente a su homólogo Felipe Calderón Hinojosa. No equivocarse, sin embargo: El alias, para tal efecto, debería acompañarse, en tal caso, de la denominación Segundo, ya que el primero en ser distinguido con ese remoquete por las agencias policiales de los Estados Unidos fue el ya difunto (febrero de 2003) comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni. El Cabo Ness, le decían sus subalternos, colegas y amigos de la Procuraduría General de la República.
“Crecimos juntos en Matamoros (Tamaulipas); fuimos compañeros”, recordó alguna vez González Calderoni al referirse a Juan García Ábrego, reputado en sus mejores tiempos como jefe del cártel del Golfo. Tanto la agencia antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, como después las autoridades mexicanas, acusaron en vida a González Calderoni de proteger a los García Ábrego y a Amado El señor de los cielos Carrillo Fuentes, jefe a su vez del cártel de Juárez. En su retiro-fuga, que terminó en la fecha citada con un balazo en McAllen, Texas, González Calderoni no estaba propiamente en desgracia. Sus perseguidores le acreditaban una fortuna de unos 400 millones de dólares.
 Este ejercicio memorioso, es para recordar que, hacia 2001, en entrevista a un medio televisivo etadunidense, González Calderoni reveló que en 1988, previo al fraude electoral del 6 de julio no se olvida, los servicios de García Ábrego fueron requeridos por Carlos Salinas de Gortari para asesinar a los estrategas de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Xavier Obando y Román Gil Heráldez. A cambio -acusó el infidente-, Salinas de Gortari le garantizó impunidad en los territorios bajo su dominio. En otras declaraciones, González Calderoni habría implicado al salinismo en los crímenes contra Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos en marzo y septiembre de 1994, respectivamente.
Al tiempo, la respuesta a González Calderoni se expresó de manera indirecta: El capo sinaloense, Miguel Ángel Félix Gallardo, casualmente capturado por el entonces comandante judicial, escribió a puño y letra desde la prisión, que, durante el sexenio de Salinas de Gortari, González Calderoni era el encargado de repartir las plazas entre los empresarios de la droga, cuando aún a éstos no se les codificaba como cárteles.
Una cosa lleva a la otra: Con machacona terquedad, aquí hemos subrayado la alianza estratégica que, con las concertaciones electorales como contraprestación, firmó el PAN con Salinas de Gortari en el otoño de 1988 para otorgarle la “legitimidad de gestión”. Aunque en 1989 Salinas de Gortari les endosó a los azules la gobernación de Baja California, le acotó al PAN, sin embargo, su presencia en el Congreso de la Unión. En las elecciones federales intermedias de 1991, el PRI se alzó con la holgada mayoría histórica en la Cámara de Diputados de la LV Legislatura, la que ordenó la quema de los paquetes electorales de 1988 con la anuencia de El jefe Diego Fernández de Cevallos.
El benefactor del pueblo de Colima
Del 23 de octubre de 1991 es un documento que tenemos a la vista. Se nos hizo llegar en aquel año como “Declaración ministerial” ante el Agente del Ministerio Público federal en Colima, Colima, Sergio Orozco Oseguera. El declarante fue Marcelino Morentín Cárdenas, quien se presentó como propietario de un predio de 42 hectáreas en el municipio de Coquimatlán, del estado citado, colindante, dicho predio, con el Rancho Jayamita. Según el testimonio, este rancho había sido vendido en 1988 por Arnulfo y Rafael Magaña a un forastero, de cuyo nombre se enteró el deponente en visita que a Coquimatlán hizo el entonces gobernador priista Elías Zamora Verduzco. El nuevo propietario de Jayamita era “el ingeniero Pedro Orozco García”, quien en esa ocasión fungió como anfitrión del mandatario en una comida a la que asistieron entre 100 y 150 personas. “Orozco García” se puso a las órdenes de sus invitados, entre los que se encontraba el propio Morentín Cárdenas, quien trabó amistad con el nuevo ranchero y vecino.
Después de aquel encuentro “social y político” presidido por el gobernador Zamora Verduzco, por conducto de su administrador Clemente Vizcarra Sarabia “el ingeniero Orozco García” solicitó a Morentín Cárdenas apoyo para dotar de agua a sus praderas y ganado, y en reciprocidad aquél le ofreció maquinaria para faenas agropecuarias. Las comelitonas en un remozado Jayamita se hicieron más frecuentes y no faltaban el gobernador colimense, los presidentes municipales de Coquimatlán y Comala, Germán Espinosa Villalobos y Eduardo Morales Valencia, respectivamente; el Procurador de Justicia del estado, Jesús Magallón Arceo; el senador y delegado del PRI en Colima, Bulmaro Pacheco; su colega de escaño Roberto Anzar Martínez, el flamante diputado federal Rigoberto Salazar Velasco, y, entre los empresarios de la región, Karim Assam Alfaro, etcétera.
Ya entrados en confianza, “Orozco García” solicitó al declarante, en arrendamiento por cinco años, a razón de 50 millones de pesos anuales (de aquellos a los que Salinas de Gortari no les había quitado tres ceros) 46 hectáreas, a condición de que esa las instalaciones en esa superficie fueran objeto de mejoras. En esta operación ya intervino Juan Rochín Ibarra, quien administraba otras propiedades de su patrón en esa zona, cuyos lugareños buscaban frecuentemente a “Orozco García” para que apadrinara a sus hijos, función que hacía también con generaciones de estudiantes de instituciones regionales. Por los medios de comunicación, según diría, Morentín Cárdenas se enteró de que el afamado “ingeniero” era en realidad el sinaloense Manuel Salcido Uzeta, popularmente conocido como El cochiloco. Cuando -implicado en diversas averiguaciones sobre delitos contra la salud, homicidios, evasión carcelaria, etcétera- Salcido Uzeta fue asesinado a tiros en Guadalajara, Jalisco, el gobernador Elías Zamora Verduzco se refirió a él como “un benefactor del pueblo de Colima”.
Era, aquella, la época del éxodo de narcos sinaloenses (hacia Jalisco y otros estados de la República), fugitivos de la ejecución de la Operación Cóndor. Desde entonces se sabía de la apertura y operación del corredor terrestre Tecomán, Colima-Meseta Purépecha, Michoacán para el tráfico de drogas, y Manzanillo cobró celebridad no tanto como puerto campeón en el movimiento internacional de contenedores, sino como socorrida escala en el tránsito de narcóticos y precursores para anfetaminas (remember Zhenli Ye Gon). El hinterland de Manzanillo -oscuro objeto del deseo- es zona de la actual rabiosa pugna limítrofe entre los gobernadores de Jalisco, Emilio González Márquez, del PAN, y de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, del PRI. Pero Colima fue entonces motivo de otra indeseable popularidad: La familia política del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue relacionada ministerialmente con las actividades del narcotráfico. Tan tan.
Trenes rigurosamente vigilados
A propósito de Ernesto Zedillo Ponce de León, los viejos rieleros no acaban de perdonarle la desnacionalización de los ferrocarriles mexicanos. Uno de los corporativos beneficiados con la privatización ferroviaria por el ex presidente, fue Union Pacific Corporation, obviamente de los Estados Unidos. Tres meses después de haberle entregado la Presidencia de México a Vicente Fox Quesada, el ex mandatario aceptó ocupar la silla de Dick Cheney en la junta directiva de dicha compañía, con una retribución inicial de 60 mil dólares anuales. Al recrudecerse la paranoia estadunidense por la violencia narca en nuestro país, según reportes periodísticos desde el vecino país dependencias de seguridad y justicia del nuevo gobierno de Obama ordenaron una rigurosa vigilancia a los trenes que entre México y los Estados Unidos opera la Union Pacific, por sospecharse que pueden ser vehículo para el transporte de drogas. ¡Que tal!
Tu también tienes tu historia, Pancho
Cuando se dio a conocer en el otoño de 2000 el equipo de transición de Fox Quesada, en su directorio apareció el nombre del ex gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, quien en el gabinetazo pasó a ocupar la ahora denominada Secretaría de la Función Pública, nombramiento por el que se le identificó como zar anticorrupción. Por esos días (Excelsior 27-IX-2000) se desempolvó otra declaración ministerial, ésta con José Tomás Colsa Macgregor como protagonista. En su condición de testigo protegido de la Procuraduría General de la República, en el llamado maxiproceso (causa 39/99-A) Colsa Macgregor declaró el 25 de marzo de 1997 que un grupo de gobernadores, entre los que señaló a Barrio Terrazas, brindaban protección al Señor de los cielos, Amado Carrillo Fuentes.
El documento, retomado por Rafael Medina Cruz, atribuye al testigo protegido la afirmación de que le consta que el gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, tenía amistad y brindaba protección a Carrillo Fuentes. Éste tendría también relaciones con los mandatarios de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Sonora y Chihuahua, de los que recibía protección. Dice el texto citado, con su propia sintaxis: “Incluso le comentó Amado al declarante que éste último gobernador panista, de apellido Barrios (sic), ya había abusado en pedirle fuertes cantidades de dinero a Amado Carrillo, a lo cual éste ya lo tenía ‘molesto’ por estarle pidiendo siempre dinero”. Inexplicablemente, informa por su lado el redactor, “la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada jamás citó, al menos que se conociera públicamente, al gobernador de Chihuahua”.
Poco más de un año antes, a Medina Cruz el diario mencionado le había publicado a ocho columnas un tema relacionado, bajo esta “cabeza”: “Protegió la PGR a Narcos Durante la Gestión de Lozano Gracia”, el primer procurador general panista en el mandato de Zedillo Ponce de León.
 Sin distinción de jerarquías
Cuando, en 1989, Carlos Salinas entregó la gobernación de Baja California al PAN en la persona de Ernesto Ruffo Appel, también llegó el panista Carlos Montejo Favela a la presidencia municipal de Tijuana, que ejerció hasta 1991. Después fue funcionario en el gobierno estatal del también panista Eugenio Elorduy Walther.
Tiempo después, el periodista estadunidense Ted Koppel condujo el reportaje Man Hunted, de la barra Nigthline, de la cadena internacional ABC. En el programa se pasaron fragmentos de un video presuntamente grabado en 1993 en el rancho El Guaycura, aledaño a Tijuana. El contenido de ese video sería el de una fiesta campestre. En unos cuadros aparece trago en mano Benjamín Arellano Félix. A su lado, sonriente, está la imagen del ex alcalde panista de Tijuana, Carlos Montejo Favela. Huelga decir que, entonces, Benjamín era figura clave del cártel de los hermanos Arellano Félix.
Como se ve, en todas partes se cuecen habas. Convertidas en bolo fecal, ahora son proyectiles con los que los dirigentes del PRI y del PAN ensucian la atmósfera preelectoral de 2009. Y el nada inocente IFE cree que puede blindar las elecciones venideras contra la ingerencia del narco. ¡Házmela buena!
El PAN de ayer; el PAN de hoy
Cuando el PAN no era gobierno (si bien en los ocho años recientes tampoco lo ha sido, aunque nominalmente se apoltrone en Los Pinos), en 1984, por conducto de su Instituto de Estudios y Capacitación Política, lanzó una especie de manifiesto bajo el título Proyecto de Nación. En la introducción acusa: “El defecto del Estado mexicano actual estriba ante todo y finalmente en la distancia que existe entre pueblo y gobierno. Falta una verdadera conciencia y la realización de un proyecto de Nación, pero es el régimen el primer interesado en que esto no se dé. Acción Nacional es un esfuerzo honrado, tenaz y vigoroso para crear esa conciencia nacional que trascienda etnias, grupos y clases sociales para poder crear (ni modo, tal es la sintaxis) y tener un destino común, una patria común. Conciencia que fue despertada en 1910 y que ha querido ser acallada, paradójicamente por un régimen que se dice ser revolucionario”.
En 1939, el PAN fue fundado precisamente para combatir la obra del régimen del general Lázaro Cárdenas del Río, reconocida por historiadores mexicanos y extranjeros como la más revolucionaria del siglo XX, en honrada congruencia con los postulados del movimiento armado de 1910, consagrados en la Constitución de 1917, que dio a los mexicanos, entre otros, los Derechos Sociales condensados en los artículos 27 (la tierra al campesino y la propiedad de la Nación) y 123 (al trabajo y del trabajo). Pero en 1984, con toda cachaza, el PAN denuncia: “Ante la desviación, utilización y manipulación que se hace de los ideales del pueblo en 1910, es que nace nuestro partido para rescatar y limpiar las banderas de la gesta revolucionaria, y es desde entonces que estamos empeñados en ello” (sic.)
Hace, pues, 25 años que el PAN lanzó como iniciativa el Estado solidario y democrático. “Decimos Estado solidario, porque provee a las necesidades sociales, y democrático, porque su objetivo es hacer de la democracia un sistema de vida”. Para ello, el PAN aboga por un “cambio democrático de las estructuras, tanto económicas, políticas y sociales, ya que el simple relevo de hombres, por ejemplares que éstos sean, no podrán promover dicho modelo solidario, ya que las actuales estructuras no fueron hechas para el hombre sino en su contra”. Al listar cuatro derechos fundamentales, el PAN pone en primer lugar el Derecho a la Vida: “Derecho al trabajo, a la justa remuneración de éste y a condiciones laborales satisfactorias, así como a la seguridad social. Derecho a vivienda digna y familiar…”. De haber hecho algo en esa dirección, la clase trabajadora de México no extrañaría al PRI y este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se volcaría en torno a Felipe Calderón Hinojosa.
 Con Vicente Fox Quesada en el poder, su primer secretario del Trabajo fue el ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos María Abascal Carranza, ex promotor, desde la iniciativa privada, de una Nueva cultura laboral. Ya como responsable de la política laboral del gobierno panista, Abascal Carranza aconsejaba a los desempleados no desesperarse por su situación. Ora les recomendaba encomendarse a la Virgen de Guadalupe, ora los remitía al chambatel, al chambanet o a mi chamba. De un plumazo, de facto se había derogado la función tutelar del Estado sobre los derechos de la clase trabajadora.
¿Quién puede llamarse a sorprendido por esa desviación política y doctrinaria del PAN? Sólo los que tienen ojos y no quieren ver; tienen oídos y no quieren escuchar. Casualmente, en abril de 1997, en los prolegómenos de las elecciones federales intermedias, el PAN dio a conocer su Plataforma legislativa 1997-2000. La escudriñó el entonces senador priista, presidente de la comisión senatorial del Trabajo y Previsión Social, secretario de Educación Obrera de la CTM y secretario general del PRI, Juan Sigfrido Millán Lizárraga.
Texto en mano, el legislador sinaloense empezó por observar que “el modelo de desarrollo que propone el PAN para México se sustenta en una economía de mercado socialmente orientada, con Estado solidario y subsidiario”. (Nota del autor de estos “papeles”: por subsidiariedad entienden los tratadistas la subordinación, en este caso del Estado, a los intereses privados creados). Millán Lizárraga recuerda que en la Plataforma electoral 1984-2000, el mismo PAN hablaba de Economía Social de Mercado, y no halla explicación al cambio de la fórmula del modelo, que no es sólo de orden semántico, sino de su naturaleza intrínseca. La formulación, dice, fue copiada de la Democracia Cristiana alemana, pero no lo revela por no reflejar la pobreza ideológica y programática de los panistas, “o para seguir adaptándose al esquema de las cúpulas empresariales del país. El PAN pretende que el Estado pierda el papel rector y que sea el mercado el que asuma la rectoría del desarrollo nacional. Para lograrlo, el PAN plantea reformar los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, el llamado capítulo económico, ‘con el propósito -dice- de establecer condiciones para el desarrollo económico’”.
En ese punto, Millán Lizárraga advierte que las cúpulas empresariales, en Las Propuestas del Sector Privado para el Sexenio 1994-2000, plantearon “la institucionalización jurídica de la economía de mercado con responsabilidad social”, mediante reformas al citado capítulo económico constitucional.
Por nuestra parte, acotaríamos que esa servil identificación del PAN con las proposiciones del sector empresarial tenían que desembocar en el financiamiento y manipulación de las campañas de los candidatos presidenciales del PAN, para el encumbramiento de Fox y Calderón, a quienes impusieron por la mala.
En cuanto a La cuestión laboral, Millán Lizárraga desmenuza la plataforma en sus apartados: Comités de empresa, flexibilidad de los contratos (en perjuicio del trabajador), los contratos a prueba (arma para facilitar el despido), los contratos a tiempo parcial y temporales, los despedidos injustificadamente (no podrán ser reinstalados), la propuesta panista de Ley Federal del Trabajo (LFT, plenamente contraria a los trabajadores). Apunta, por ejemplo, que el PAN establece que “la legislación laboral es obsoleta (y) que, además de fomentar la improductividad, favorece las prácticas corporativistas de las verdaderas demandas de los trabajadores y la corrupción sindical”. Para ilustrar sobre los móviles vergonzantes del PAN, Millán Lizárraga, retoma una de las propuestas del sector privado: “se deben suprimir (de la LFT) todas las exageraciones que contiene actualmente, eliminando el paternalismo y la discrecionalidad”. El PAN en su plataforma: “Se le deben suprimir todas las exageraciones que contiene actualmente, eliminando el paternalismo y la discrecionalidad”.
Fox y Calderón (PAN) han pujado por la reforma al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo, y hasta la fecha no quitan el dedo del renglón. Pero se han olvidado de sus denuncias contra el corporativismo y la corrupción sindical. Lo prueba el hecho de que ambos han pactado amorosamente con los dirigentes sindicales Elba Esther Gordillo Morales (magisterio), Carlos Romero Deschamps (petroleros), Víctor Flores Morales (ferrocarrileros), Joaquín Gamboa Pascoe (CTM), etcétera, hoy por hoy los especímenes más putrefactos enquistados en el control de las organizaciones de trabajadores. ¿Qué hay que celebrar en el Día Internacional del Trabajo?
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