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Edición 210

 

   CUANDO, SO CAPA DEL COMBATE narcotráfico, primero, y ahora de la situación de psicosis generada por la influenza porcina -elevada por la Organización Mundial de la Salud al grado de pandemia-, en México se ha decretado tácitamente el Estado de excepción, resulta pertinente discernir si, al restringirse las garantías individuales protegidas por la Constitución mexicana, pueden vulnerarse, de facto, el Derecho a la Información y a la Libertad de Expresión, no vaya a ser que nos encontremos frente a la amenaza de una ley patriota, como remedo de la que impuso el gobierno de Bush en los Estados Unidos con el pretexto de prevenir el terrorismo.
   En efecto, aunque en el caso de la guerra narca se han dado larvados atisbos de control de los contenidos de los medios de comunicación contra los que el propio presidente Calderón ha insinuado inclinación a colaborar con el crimen organizado, al presentarse la influenza porcina ha sido más explicito el intento de sovietización de la función informativa como servicio a la sociedad, para transformarla en monopolio conductista del gobierno.

   A principios de mayo, una evaluación de Freedom House indica que en el mundo la Libertad de Expresión “se encuentra contra las cuerdas”. La directora de esa institución, Jennifer Windsor, al referirse a América Latina, señaló que sólo en Guyana se ha dado un esfuerzo sostenido para proteger a la prensa libre, y en Haití y Uruguay se observan adelantos significativos en esa dirección, pero en México, Argentina y Perú el deterioro de ese derecho se ha profundizado.  

   Para advertir esa ominosa tendencia conviene, de entrada, retomar un reciente reporte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se consigna que, de 1995 a 2008 -cinco años de gobierno priista y ocho de gobierno panista-, se han cometido en México 37 asesinatos de periodistas, pero se precisa que hay otros casos fuera de las estadísticas en tanto se procesan las denuncias correspondientes. Señala dicho órgano que, en nuestro país, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión “de extremo riesgo”, por lo que se exige al Estado mexicano prevenir la violencia contra el gremio y una investigación exhaustiva de los crímenes documentados.

   Apenas unos días antes, la organización Articule19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) habían hecho denuncia pública del asesinato -en pleno Día Internacional de la Prensa, el 3 de mayo- del periodista Carlos Ortega Melo-Semper, del diario El Tiempo, de Durango, ejecutado en Santa María del Oro con tres disparos al cráneo. Ya desde julio de 2005, la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad había investigado amenazas de muerte contra Ortega Melo-Semper y emitido la recomendación respectiva al gobierno del Estado, cuyo titular es el priista Ismael Hernández Deras. Resulta obvio que no se tomaron las medidas cautelares para proteger la vida del colega mencionado.

   Cuando, en la entrada de este editorial, aludimos el amago de implantación de una ley patriota de acuerdo con el patrón estadunidense bushiano, no nos referimos a un simple tópico. Ya con Barack Obama en la Casa Blanca observamos la presión de El Pentágono por integrar a las Fuerzas Armadas de México a la estrategia encomendada a los Comandos Norte y Sur estadunidenses. La reciente integración de la Marina Armada nacional a los ejercicios guerreros de esos cuerpos habla por sí sola.

   Pero esa no es una referencia aislada. Precisamente días antes de aquellas operaciones navales “conjuntas”, el 20 de abril el presidente Calderón envió al Congreso de la Unión su iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que involucra de manera primordial al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) como responsable de tareas de inteligencia y contrainteligencia, y se diseña la Agenda de Riesgos y Amenazas, respectiva. A lo largo del texto se hace alusión a personas morales de derecho privado y personas físicas relacionadas con sistemas de comunicación, y al potencial uso de información anónima en materia de Seguridad Nacional, en cuyo caso se prevé, entre otras cosas, la intervención de comunicaciones privadas, y se anuncian penalizaciones contra actos que, según la retina  del Poder Ejecutivo, obstaculicen o impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, o por la difusión o revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, etcétera, de los aparatos de Seguridad Nacional.  

   Sujetos a la limitación de este espacio, y dada la densidad y la extensión del texto del proyecto citado, presentamos esos datos como enunciados o caracterizaciones, pero nos queda claro que, habida cuenta la crisis de gobernabilidad y la indefensión del ciudadano común frente al gobierno, la sociedad y sus representantes ante el Congreso de la Unión deben tomar nota de la perversa intencionalidad de la ley en vías de revisión, antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos frente el hecho consumado de la configuración de un Estado neofascista que reclame para sí el monopolio de la violencia institucional -tan caro a los regímenes neoliberales-, que se ha vuelto un lugar común en el discurso de, sobre todo, funcionarios civiles encargados de la procuración de la justicia en México.   



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