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Edición 218

editorial

 

¿A pagar justos por pecadores?

EN TÉRMINOS COLOQUIALES, hasta antes de la implantación del rapaz neomercantilismo en México se pretendía disimular la magnitud de la crisis económica, que ya abarcaba las finanzas públicas, como un simple “problema de caja” y, para tranquilizar a los compatriotas sobre su gravedad y temporalidad, se anunciaba que pronto se saldría “del bache”. Ahora se demanda la corresponsabilidad de todos los mexicanos para sacar al “buey de la barranca”. Así de profundo es el hoyo negro en que ha sido sumida la nación durante la gestión de las dos presidencias panistas, no obstante el triunfalismo de Vicente Fox en el sentido de que nuestra economía nunca más  caería en la crisis de fin de sexenio -como si la pesadilla fuera episodio coyuntural- y en su cuarto informe de Gobierno anunció que “lo mejor está por venir”.

editorial A “todos los mexicanos” les carga el muerto el presidente Felipe Calderón. Dicho en el relajado estilo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, “como en  el juego de la perinola, hoy a todos nos toca poner. Todos deberemos responder y construir un mejor futuro para México”. La cuestión a saber es si todos los mexicanos somos responsables de la quiebra material y moral de México, y si los exegetas del humanismo político están en lo justo al endosar los costos de la impericia administrativa y la corrupción pública a la comunidad nacional toda.

Todos los mexicanos, es el santo y seña del patriótico mensaje presidencial. ¿Y los extranjeros qué?. Nadie busque en esta expresión la excusa de la xenofobia. De entrada, hay que reconocer que el nervio vital de la economía en México -el sistema bancario y financiero y sus diversas conexiones operativas y especulativas- está en manos de unas cuantas firmas foráneas y, por excepción de algunas mexicanas. Para decirlo pronto, reciente encuesta mundial que analizó a cerca de  120 países, encontró a la banca de México, controlada en más de 90 por ciento por consorcios trasnacionales que mandan sus ganancias a sus matrices, en el sitio 102 en el renglón de oferta de crédito. En contrapartida, el Gasto no Programable del presupuesto federal ha destinado, sólo en el primer trimestre de 2009, casi 300 mil millones de pesos al pago por costo financiero de la deuda pública y el rescate de banqueros maquinado desde 1995 en el criminal manejo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), hoy Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB.)

De acuerdo con otra encuesta, ésta de la agencia KPMG sobre fraudes-corrupción, México está colocado en la punta de los países con uno de los más altos puntajes (77), sólo por debajo de Malasia (que reporta 83 puntos). “Falta de ética social”, es uno de los tres factores que inciden en ese criminal y empobrecedor fenómeno.

Veámoslo de otra manera -sin agregar las primeras atroces consecuencias, que no las últimas, del cataclismo 2008-2009: Sobre un supuesto Producto Interno Bruto anual de 10 billones 739 mil millones de pesos, de 2006 a 2007 la participación de 60 por ciento de la población se contrajo de 27.6 por ciento a 26.7, mientras que la del 10 por ciento de los mas ricos la aumentó de 35.7 a 36.3. Vista la participación en el PIB por entidades federativas, sólo cuatro acumulan 44.9 por ciento, en tanto que 18 están individualmente por debajo del dos por ciento y, entre éstas, cinco con menos del uno por ciento.

Desde otro enfoque: Con datos procesados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y analizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2006 a 2008 el número de mexicanos en pobreza alimentaria aumentó de 14.4 millones a 19.4 (cinco millones); en pobreza de capacidades, de 21.7 millones a 26.8  (5.1 millones), y de pobreza patrimonial, de 44.7 millones a 50.6 (5.9 millones). Un retroceso, en términos absolutos, según ese análisis, de 15 años. Con una agravante: 31 analistas consultados recientemente por el Banco de México anticipan nuevos castigos a los salarios reales entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2010.

A mayor abundamiento, la Cámara de Diputados autorizó al gobierno de Calderón para 2009 un Presupuesto de Egresos por un total de 3 billones 45 mil millones de pesos manejado, dicho sea de paso, discrecionalmente. A Gasto Programable se reservaron 2 billones 320 mil millones de pesos, del que se reservaron para Gasto Corriente un billón 728 mil millones de pesos (50.2 por ciento), monto del que se disponen para pago de “servicios personales” (salarios y canonjías) de 784 mil millones de pesos (43.3 por ciento). Frente a este descomunal privilegio otorgado a la burocracia federal, un segmento de 20 por ciento de la población con participación en el PIB no percibe ingreso monetario.

Aun maquilladas esas reveladoras estadísticas para atemperar su impacto sicológico en los parias, ¿resulta política y moralmente aceptable que “todos los mexicanos, como en la perinola” sean sometidos a nuevas coacciones, como las que se condensan en la amenaza de nuevas cargas fiscales o el aumento de tarifas en productos y servicios administradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Políticamente? Sólo que la profundización y el enervamiento de las estructuras de la desigualdad sea el propósito del cambio anunciado por el presidente Calderón, a pesar de que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, advierte que estamos a punto del estallido social. Dar un tratamiento igual a los desiguales, nunca ha sido la mejor fórmula para restablecer la paz pública.



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