Sin aclararse levantón
contra periodista

La privación ilegal de mi libertad, que el Código penal del estado tipifica como secuestro, también conllevó; abuso de autoridad; uso ilegal de la fuerza pública; intimidación; tráfico de influencias; asalto; amenazas; injurias; más los que resulten, toda vez que se violó, la Constitución General de la República, la Constitución de Durango, La Carta Universal de los Derechos Humanos, el Código penal del estado, así como la Ley de Fomento y protección al periodismo del estado de Durango, entre otras leyes.

Decidido a defender mis derechos, pero sobre todo mi profesión, que consiste en informar, el 21 de septiembre, acudí a la sub procuraduría de Justicia del estado, ubicada en Ciudad Lerdo, Durango, dependencia donde radiqué una denuncia de hechos que recibió la clasificación AP 3729/2009. Posteriormente, esta misma acusación la ratifiqué ante la Procuraduría General de la República, pues mi caso alarmó a los funcionarios de Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas. La imputación recibió el número AP/PGR/DGO/GP/1/261/2009.

Con todas estas agravantes, y apelando a mis derechos constitucionales, el martes 27 de octubre, acudí al Congreso de Durango, en su actual LXIV Legislatura, con el objetivo de denunciar este hecho, ya que la Constitución de Durango asienta en su Artículo 45 que, “ Los diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del estado”, sin que hasta la fecha el presidente de la Gran Comisión del Congreso duranguense, Jorge Herrera Delgado, se haya dignado a comunicarse con este ciudadano, dejando entrever que le interesan más sus relaciones con el poder priista que los Derechos Ciudadanos, pues presume que será el próximo candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional.

Por eso acudo ante Usted, ya que la situación de agravios a los periodistas se sigue incrementando en el estado, sin que las autoridades, - del poder ejecutivo, representado por Ismael Hernández Deras; pero también, y por desgracia, el poder legislativo, donde Jorge Herrera Delgado, preside la Gran Comisión -, tomen medidas para proteger el ejercicio periodístico; así como las vidas de los periodistas que siguen siendo asesinados con sadismo a plena luz del día.

Como se sabe, este 2 de noviembre, fue levantado en el centro de la ciudad de Durango, el reportero de El tiempo de Durango, Bladimir Antuna, quien después de permanecer alrededor de 12 horas desaparecido, su cuerpo fue arrojado en un baldío tras haber sido asfixiado, y, posteriormente a su muerte, le asestaron dos balazos; uno en la cabeza y otro en la espalda.

Con la muerte de Bladimir Antuna, el número de periodistas liquidados en la entidad se elevó a 4, una cifra mayor a los corresponsales asesinados en Somalia, un país sin Estado.

Como Usted está enterado, el 3 de mayo, día Internacional de la Libertad de Prensa, Carlos Ortega Melo Samper, periodista del diario, El Tiempo de Durango, fue ultimado de tres tiros en la cabeza en el municipio de Santa María del Oro, cuando ahondaba en la investigación de las condiciones insalubres que guarda el rastro municipal de ese ayuntamiento.

Después, el 26 de mayo, en Gómez Palacio, Elíseo Barrón Hernández, reportero del diario, Milenio La Opinión, de Torreón, Coahuila, fue sustraído de su casa por un comando armado. Un día después, el periodista fue encontrado en un canal de riego con evidentes signos de tortura y cinco tiros que le quitaron la vida.

Posteriormente, el pasado 10 de octubre, Gerardo Esparza Mata, quien prestaba sus servicios como fotógrafo en la dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Durango, fue ultimado de un balazo en la cabeza.

Ahora, seguimos esperando que las autoridades fijen con seriedad su posición acerca del asesinato de Bladimir Antuna.

El gobernador, Ismael Hernández Deras, dijo que en la entidad existen las garantías suficientes para que los periodistas ejerzamos nuestra labor, mientras el cuerpo de Antuna, permanecía insepulto. Estas son declaraciones inaceptables de un funcionario que tiene como responsabilidad, preservar las libertades, la democracia y las vidas de las personas que vivimos y laboramos en Durango.

Convencido de que estos son momentos difíciles para el país, donde fuerzas ocultas conspiran contra la vida democrática e institucional, incluso desde el propio gobierno; me encuentro persuadido a defender la Libertad de Expresión, como un Derecho Humano fundamental para elevar las relaciones de convivencia entre las personas a la vez que las condiciones de vida de todos los seres humanos.

Es por esto que acudo ante Usted, para denunciar la privación ilegal de la libertad de la que fui objeto, el pasado 15 de septiembre, cuando dos supuestos policías me levantaron “por encargo del regidor Carlos Sonora”, por el único motivo de “hablar mal del alcalde”, Mario Alberto Calderón Cigarroa.

Espero que considere este escrito, como mi formal denuncia acerca del secuestro que sufrí.

Anexo a este alegato, 9 hojas, conteniendo los pormenores de este desagradable evento. El documento porta los sellos correspondientes de las oficinas del poder público duranguense, donde se conoce del hecho, pero pretenden ignorarlo.

Protesto lo necesario.

Juan Monrreal López

Director de la Revista Demócrata Norte de México

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