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La Comunidad de estados
latinoamericanos y caribeños como instancia
de integración regional
Alejandro Torres Rivera
Rebelión
El 23 de mayo de 2008 fue suscrito por 11 presidentes suramericanos y un Vicepresidente el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas". En conjunto, los Estados signatarios del Tratado conforman entre sí, la cuarta economía del mundo. La región que abarca este conjunto de naciones, constituye la principal región en la producción y exportación de alimentos en el mundo. La sede ejecutiva de la UNASUR, como se le conoce, quedó establecida en Quito, Ecuador; mientras que su sede legislativa, conocida como Parlamento Suramericano, quedó establecida en Cochabamba, Bolivia.
En conjunto, los Estados signatarios aspiran a constituir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.
Existen al presente dos categorías de Estados miembros: plenos y asociados. En este último caso, se refiere a aquellos Estados que no fueron en su origen signatarios del Tratado, pero eventualmente solicitan su adhesión al mismo. Conforme a tal solicitud, los nuevos Estados deben permanecer en la condición de Estado asociado por espacio de cinco años, luego de lo cual pueden solicitar su ingreso a la condición de Estados plenos.
La estructura ejecutiva de la UNASUR la conforma el Consejo de Jefes de Estado, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegados y la Secretaría General. Son principios rectores de dicha instancia de integración suramericana: la integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solidaridad; la cooperación; la paz; la democracia; la participación ciudadana y el pluralismo; el respeto a los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; la reducción de las asimetrías y la armonía con la naturaleza para el desarrollo sostenible.
Bajo la propuesta de la Unión Suramericana, América del Sur contará con cuatro instancias de integración: la UNASUR propiamente; un Consejo Suramericano de Defensa; un Banco Central Suramericano y un sistema monetario único, el SUCRE.
Dentro de los países que conforman la UNASUR, se encuentran economías como la de Brasil, que ocupa el puesto número uno en América Latina y el séptimo a escala mundial. Brasil, junto a Rusia, India, China y Suráfrica, son economías que, en unión a Estados Unidos, para el año 2050, ocuparan las primeras cinco posiciones a escala mundial. En el caso de Argentina, esta nación ocupa en lo económico la tercera posición a escala regional y la undécima a escala mundial; mientras que la economía de Colombia ocupa la quinta posición, seguida de la de Venezuela, donde se encuentra una de las mayores reservas en petróleo y gas natural en el mundo.
Más allá de la UNASUR, sin embargo, América Latina cuenta con otra importante economía, la de México, que constituye la segunda economía latinoamericana a escala regional. Si agrupamos las economías de los países de América del Sur con aquellas de los países de América Central y el Caribe, en conjunto, estos pueblos tienen el potencial de conformar el tercer bloque económico más importante a escala mundial.
En el marco de América Latina, podemos hablar al presente de distintos bloques económicos regionales que vale la pena mencionar: el MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela como miembros asociados; el bloque del CAN (Comunidad Andina), conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; el “Acuerdo del Pacífico”, conformado por Chile, Colombia, México y Perú; y el ALBA, conformado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y algunos estados caribeños.
Más allá de América Latina, sin embargo, también existen otros bloques económicos como son aquellos que conforman el CARICOM (Comunidad de Estados del Caribe); el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre Estados Unidos, Canadá y México; los Tratados de Libre Comercio (CAFTA), negociados bilateralmente entre Estados Unidos y algunos países latinoamericanos y caribeños; o más recientemente, la incursión de la Unión Europea (UE) en nuestro Hemisferio, mediante la negociación de tratados bilaterales de libre comercio.
El 23 de febrero de 2010 se acordó la creación una nueva instancia de integración regional, heredera del “Grupo de Río” y de la “Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo”. La nueva entidad se llama “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”. Creada como una iniciativa de 32 Jefes de Gobierno latinoamericanos y caribeños, aspira a desarrollar un “espacio regional propio que una a todos los Estados” latinoamericanos y caribeños. Con una superficie de 20, 446, 909 kilómetros cuadrados y una población, estimada en el año 2010, en 550, 018, 000 millones de habitantes, la nueva estructura, propuesta su reunión fundacional para el próximo mes de diciembre, significará el tercer bloque económico a escala mundial.
Considerada como la heredera histórica del Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar y realizado entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1824, la CELAC ofrece a los pueblos latinoamericanos y caribeños, no solo una gran oportunidad histórica para conformar un instrumento de unidad e integración económica común, sino también, eventualmente, una instancia de integración política al margen de todo tipo de tutela imperial como es hoy la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por solo mencionar algunos.
Originalmente esta nueva instancia de integración estaba pautada para surgir de la celebración de un evento, convocado para los días 6 y 7 de julio de 2011 a tener lugar en la Isla Margarita. El evento no pudo ser llevado a cabo en deferencia de los Jefes de Estado a la condición de salud por la que atravesaba en aquel momento el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y anfitrión del evento, Hugo Chávez Frías. La nueva fecha de la reunión fundacional ha sido pautada para ser llevada a cabo el día 9 de diciembre de 2011 en Caracas.
Como en otras tantas instancias, en este espacio de integración latinoamericana y caribeña, Puerto Rico, dada su condición colonial, al igual que otras colonias de potencias europeas en la región del Caribe, quedarían excluidas de la posibilidad de ocupar un escaño por derecho propio como Estados soberanos. Sin embargo, en la medida en que aspectos tales como, la solidaridad, la cooperación y la afirmación del derecho de los pueblos coloniales su libre determinación e independencia sean aceptados por sus Estados miembros, no debería estar perdida para nosotros la esperanza del reconocimiento del movimiento de liberación nacional puertorriqueño de ocupar un espacio como observadores en dicha instancia, incluyendo la participación en comisiones que atiendan el problema del colonialismo y el desarrollo en esta región.
Una organización como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en palabras del Presidente de Ecuador Rafael Correa, tiene todo el potencial para reemplazar a la Organización de Estados Americanos, organismo a su juicio “desprestigiado”, debería sentar una nueva pauta; una nueva respuesta, ante el reclamo de los pueblos latinoamericanos en lucha por su libre determinación e independencia.
Por lo anterior, la nueva organización, cónsono con los pronunciamientos hechos por la Organización de Países No Alineados y por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, así como también de otras instancias internacionales como son la Internacional Socialista, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Foro de Sao Paulo, debe sumar su voz no solo en el reclamo del derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia, sino también sumar su acción ante el reclamo de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas retome nuevamente la discusión del caso colonial de Puerto Rico y demande a Estados Unidos de América, proceder en cumplimiento de las normas de derecho internacional vigente, a la transferencia de los poderes soberanos conculcados por su Congreso al Pueblo de Puerto Rico.
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