Sólo en noviembre de 2011, tres medios de comunicación impresos fueron objeto de violentos ataques por agresores que hasta ahora permanecen en el anonimato: Los diarios El Siglo de Torreón (Coahuila), El Buen Tono (Córdoba, Veracruz) y El Financiero (Zacatecas).

Las instalaciones de El Siglo de Torreón fueron ametralladas la madrugada del 15 de noviembre con rifles AK-47. El diario había sufrido otra agresión en agosto de 2009. De acuerdo con un monitoreo del Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia, que coordina José Carreño Carlón, desde 2009 hasta noviembre de 2011 se han registrado diez ataques a medios en Coahuila. Observatorio declaró que la Libertad de Expresión “es rehén de la incapacidad del Estado para esclarecer las agresiones”.

El Buen Tono, de Córdoba, con apenas dos meses de aparición, con una línea editorial crítica, fue incendiado el 6 de noviembre. Su propietario, el empresario y político José Abella, había participado como candidato del PAN a la alcaldía en las pasadas elecciones locales.

En Zacatecas, el jefe de distribución de El Financiero, Osvaldo García y el chofer José de Jesús Ortiz Parra, desaparecieron el 14 de noviembre en la carretera de la capital zacatecana a Guadalajara. Las versiones indican que fueron perseguidos por policías, cuatro de los cuales fueron sujetos a investigación.

MÉXICO

Para consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 143 periodo de sesiones respecto de la violencia contra quienes ejercen el periodismo, casos graves o en riesgo extremo y acciones del Estado (Octubre de 2011.)

1. I. La violencia en contra de periodistas. El contexto.
2. ARTICLE 19 ha advertido un incremento preocupante en el nivel de violencia, ataques en contra de periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicación y contra instalaciones de los medios en México, panorama que se ve agravado por los problemas de inseguridad que actualmente afectan al país. Una prensa libre es fundamental en una sociedad democrática, no sólo para asegurar la libertad de opinión e información, sino también para el disfrute de los demás derechos humanos amparados por el derecho internacional como fue reiterado recientemente por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Asegurar la libre circulación de información es aún más esencial cuando un país atraviesa un clima de violencia tal que se traduce en inseguridad e impunidad. Es vital que la sociedad conozca el origen y la naturaleza de la misma violencia que les amenaza.
4. No obstante, la violencia en contra de periodistas y los medios de comunicación ha aumentado sistemáticamente desde 2002, tal como se ve en la tabla de abajo, donde se aprecia el aumento sostenido del problema.
5. Si bien se muestra una reducción en el número de agresiones registradas de 2009 a 2010, ello no responde a una mejora en la situación para los trabajadores/as de los medios de comunicación. La documentación de ARTICLE 19 y Cencos indica que esta disminución está directamente relacionada con el aumento significativo de la auto-censura por parte de periodistas y medios, tanto en la cobertura de ciertos temas como en la denuncia de agresiones, como medida de autoprotección contra posibles futuros ataques. Es decir, el objetivo de quienes perpetran estos ataques de silenciar a la prensa se ha cumplido. Junto con las violaciones a derechos humanos de quienes ejercen el periodismo se encuentra la renuencia del Estado a reconocer públicamente que la violencia también proviene de las autoridades, aunque las cifras evidencian la denuncia en contra de servidores públicos. Mientras que el propio presidente Felipe Calderón ha señalado que “la principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresión, proviene, precisamente, del crimen organizado” y que “quienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escrúpulos”, se ha documentado que mayoritariamente las agresiones vienen del poder público. ARTICLE 19 y Cencos documentaron que el 49.03 por ciento (76 casos) de ataques en el 2010 (frente a un 65 por ciento en el 2009) se cometieron por parte de algún funcionario público, en particular por la policía y las Fuerzas Armadas. Tan sólo el 26.45 por ciento se atribuye a personas con supuestos vínculos con el crimen organizado. Tal denegación por parte del Estado reconocer el origen de agresiones invariablemente se traduce en impunidad prevaleciente, debido a que no se abordan los problemas y debilidades sistemáticos en las instancias mexicanas. Obviamente visto desde la perspectiva de los casos individuales, el hecho de que los ataques se cometan por agentes locales y federales es una de las razones principales por la cual los autores de estos casos no son llevados ante la justicia y consecuentemente sancionados, lo que a su vez genera mayor inseguridad e impunidad.

1. Sin importar quiénes sean los perpetradores -Estado, crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera de la ley-, el responsable de guardar la seguridad de los periodistas es el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido: “Dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares”.

Recrudecimiento de la violencia

La falta de respuesta efectiva por parte del Estado incide en que el número de ataques violentos (incluidos asesinatos y desapariciones y contra instalaciones de medios) en proporción al total de agresiones haya aumentado y se ha extendido. Ante un panorama de comunidades totalmente silenciadas por el efecto de la violencia, Internet y las redes sociales se convirtieron en una herramienta de la sociedad para romper el silencio impuesto a periodistas y comunicadores/as, pero también para llenar los vacíos que las autoridades tendrían que llenar con información suficiente, útil y oportuna. Pero los usuarios también están en peligro. Tal es el caso en el estado de Tamaulipas, de Elizabeth Macías Castro, jefa de Redacción del diario Primera Hora de Nuevo Laredo y usuaria activa de foros de discusión y denuncia en Internet, quien fue asesinada el 25 de septiembre de 2011 y en cuyo cuerpo se dejó un mensaje que la acusaba de usar redes sociales para, aparentemente, informar a la Marina y el Ejército de los movimientos del narcotráfico.

Lejos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, gobiernos y congresos locales en Veracruz, Tabasco, Hidalgo y legisladores federales han abonado a la zozobra mediante la presentación, en el caso de Veracruz, y aprobación de iniciativas para regular la difusión de información falsa que contrario al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) contienen restricciones más allá de las permitidas para limitar el ejercicio a la libertad de expresión y criminalizarle. Usuarios de redes sociales como twitter y blogueros que regularmente reportan movimientos del crimen organizado o refieren hechos violentos a los que los medios tradicionales ya no dan cobertura han expresado su temor de ser identificados y acusados o agredidos y han comenzado a censurarse por miedo a represalias.

II. Acciones del Estado mexicano sobre protección

ARTICLE 19 reconoce que el gobierno de México ha creado o dispuesto instancias para atender la violencia contra quienes ejercen el periodismo, sin embargo las deficiencias en el diseño de éstas que incluyen falta de disposiciones legales e instituciones adecuadas, que permitan afrontar estos ataques, impactan directamente en la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresión lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones. En concreto, estas violaciones vulneran el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso legal, el derecho a la protección judicial y el derecho a la participación política. (Se puede consultar el texto completo del documento en la edición 271 de Voces del Periodista)