RECONVERSIÓN AGROPECUARIA 

PARA EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO 

Autosuficiencia alimentaria

 para la Cruzada contra el Hambre, 

objetivo central

EN LA EDICIÓN 302 de Voces del Periodista -al comentar el reclutamiento del general colombiano Oscar Naranjo como asesor en materia de Seguridad Pública- apuntamos que si la experiencia de Colombia en esa asignatura se considera factible para México, valdría la pena observar otras iniciativas que pueden ser punto de partida para la pacificación nacional, uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto en su toma de posesión. 

Nos referimos entonces al documento Derechos Campesinos y paz con Justicia Social, emanado del encuentro de la Asociación Nacional de Zonas Reservadas en San Vicente de Cagua, Colombia, cuyos puntos centrales se condensan en dos demandas: 1) límites a la inversión extranjera y a la acción de las trasnacionales en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la propiedad de la tierra, y 2) valorización de la economía campesina como soporte de la soberanía alimentaria. 

Pues bien: El pasado 26 de mayo -tras seis meses de pláticas entre el gobierno de Colombia y la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciadas el 19 de noviembre en el Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba- se anunció un acuerdo para la Reforma Agraria Integral, con el objetivo de -una vez pactada la pacificación total- “construir un nuevo campo” en la nación que desde 1964 vive un conflicto político-militar.

No es casual que ese sea el primero de cinco puntos de la agenda en negociación en la Habana. Esa fue la demanda central que las FARC plantearon hace medio siglo al lanzarse a la lucha armada. 

El vocero de las pláticas, el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío, en conferencia de prensa en que dio noticias de los avances de las negociaciones, explicó que el acuerdo sobre desarrollo agrario busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituya a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado. 

En el antecedente editorial que citamos, advertimos que no es siempre pertinente tratar de implantar ideas extralógicas a un país que, como el nuestro, tiene su peculiar historial de seminales luchas sociales para construir un proyecto y destino nacional propios, pero resultaría un acto de aislacionismo negarse a observar otras realidades, como no se niega la asimilación, no siempre benéfica, de iniciativas generadas en el proceso de globalización. 

La realidad de la sociedad rural de México no es diferente a la de Colombia porque, entre otras, varias de las causas de su enervamiento tienen como detonantes la incursión depredadora de corporaciones trasnacionales, la acción del crimen organizado dedicado al cultivo y tráfico de drogas, y el deliberado abandono del campo al conjuntarse dos directivas del gobierno de la República, ambas en los años 90: La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, para implantarlo en forma expedita, la contrarreforma agraria. 

Al privatizarse el ejido y la comunidad agraria, y decretarse la exención arancelaria a productos agropecuarios de exportación, la consecuencia resultante es que la propiedad social ha perdido más de 12 millones de hectáreas; se ha disparado la expulsión de población hacia las zonas metropolitanas o a los Estados Unidos y, para subrayar uno de los datos más alarmantes, más de seis millones de campesinos carecen de Seguridad Social. 

Sólo para documentar la regresión de la atención al campo, recientes reportes del Banco de México informan que en la última década la banca comercial ha restringido el crédito a ese sector, respecto del otorgado al sector privado de 5.6 por ciento al 2.16. Para abril de 2013, en números absolutos se contabilizan 49 mil 241 millones de pesos. Para poner el dato en su justa dimensión: Al consumo, el crédito en el mismo mes se otorgaron créditos por un monto de 632 mil 258 millones de pesos. 

El 11 de junio, el secretario de Hacienda Luis Videgaray informó que de 289 mil millones de pesos que en los últimos seis meses ha la banca de desarrollo (esto es, la estatal), 48 por ciento se han destinado al sector empresarial y 19 por ciento a los exportadores. Para actividades agropecuarias sólo 23 por ciento. Si Pitágoras no se equivoca, apena unos 66 mil millones del gran total. 

En las últimas semanas, hemos asistido a reuniones de legisladores federales con representantes de la Secretaría de Agricultura y de la Comisión Nacional del Agua. Por ello nos enteramos que SAGARPA propone una iniciativa de reconversión agropecuaria. Se trataría de recuperar el campo para la producción de granos, imprescindibles para solventar la Cruzada Nacional contra el Hambre e iniciar un proceso de autosuficiencia alimentaria. 

Hay signos de que la idea no es del agrado de la Secretaría de Economía. No es casual… ni gratuito: Su titular, Ildefondo Guajardo, fue hace 20 años del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (AGI)    

 El acuerdo, condensado en 15 puntos, abarca temas que van desde el acceso y uso de la tierra hasta garantías jurídicas de la propiedad, la comercialización de mercancías agrícolas y las políticas alimentarias. 

En un comunicado conjunto, las partes informan: “Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de las transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y reactivación de la economía del campo”.

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