Es una buena noticia la detención  del ex edil de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, el pasado 4 de  noviembre, ambos han sido señalados como los posibles autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desde el 26 y 27 de septiembre.

En ese sentido, la obligación del gobierno federal en un caso de desaparición forzada no culmina con la captura de los autores intelectuales, sino con el esclarecimiento del paradero de las víctimas y la sanción de todas las personas responsables. No olvidemos que muchos políticos apoyaron a estos personajes y tal situación no puede quedar impune.

¿Tanque de oxígeno para EPN?

Si bien es cierto que la aprehensión del ex alcalde es tardía debe servir para saber dónde se encuentran los 43 estudiantes. Es necesario aclarar la madeja de confusiones y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, tiene que conseguirlo sin crear chivos expiatorios. En este contexto, las autoridades afirman que dieron seguimiento a Abarca y a su esposa desde que éste pidiera licencia como presidente municipal.

¿No habría sido más práctico hacerlo cuando empezaron a sospechar de sus tratos con el narcotráfico?  

Lo sucedido es un tanque de oxígeno para el presidente de la República Enrique Peña Nieto sobre todo porque anunció un “pacto por la seguridad y contra la impunidad”, que tendrá el respaldo de las dirigencias nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD). Sin duda el crimen organizado se ha infiltrado en todos los niveles del Estado, la corrupción es la piedra angular del problema y es necesario blindar el próximo proceso electoral. No obstante, es necesario recordar que en 2008, se signó un acuerdo en ese sentido, donde participaron los gobernadores y el gobierno federal, en ese entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y no sucedió algo que valiera la pena.

Ante tal problemática es forzoso que haya transparencia en la propuesta, porque no hay nada en concreto y esto podría convertirse en un acto de demagogia. Ahora bien, lo más sensato es que los partidos sean responsables de sus candidatos y paguen los costos en caso de tolerar o permitir, por omisión o comisión, que alguno de ellos tenga vínculos con el crimen organizado. Para los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo y Jorge Luis Preciado el tema está claro, ellos consideran indispensable que se aplique y se haga valer la ley, no son necesarios más pactos, sino que cada quien asuma su responsabilidad.

Evaluación necesaria

Sería sano que antes de implementar dicha idea el mandatario realizara un balance sobre sus logros en materia de seguridad pública: ¿En qué fase se encuentra la depuración y el fortalecimiento de las instituciones policiacas? ¿Cómo va lo del mando único? ¿Qué ha sucedido con el Sistema de Evaluación y Control de Confianza de los Ministerios Públicos? ¿Qué ha ocurrido con la evaluación para mejorar la designación de jueces y magistrados? ¿Qué pasó con el Sistema Nacional de Desarrollo Policial? 

Muy lejos de esa grilla se encuentran los familiares de los normalistas, exigen respuestas en la Procuraduría General de la República (PGR). Al mismo tiempo desde Iguala viene una marcha, llegará el próximo 9 de noviembre, donde seguramente estarán los estudiantes de las principales universidades del país, sindicatos independientes y otras fuerzas, el inconveniente es que carecen de herramientas para obligar al gobierno federal a encontrar a los normalistas. Amnistía Internacional (AI) ilustra muy bien lo que sucede en el país, hay  alrededor de 22 mil desaparecidos, pero las autoridades no han dado información sistematizada sobre el tema y sólo hay seis condenas por este delito entre 2005 y 2009.  Como se ve el reto es mayúsculo.

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