En las últimas semanas el estado de Guerrero ha vuelto a estar bajo los reflectores de la opinión pública, tanto  en los de la esfera nacional, como a los ojos de grupos y gobiernos de otras latitudes. Todo ello, por los violentos sucesos que acontecieron en el municipio de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre.

Acontecimientos, cuya barbárica naturaleza nos hacen recordar los peores años de la llamada guerra sucia, misma que tuvo en esa entidad uno de sus más brutales escenarios. Hoy día, rememoramos con angustia el que hayan estados en donde priven las reglas de los poderes fácticos, y que éstas sobrepasen abierta, y hasta descaradamente, a los derechos de la propia ciudadanía.

Son sucesos que evidencian que, la democracia y el respeto a los derechos humanos, son prácticamente letra muerta en aquellos lugares en donde existe un abierto maridaje entre los grupos delincuenciales y los funcionarios que administran el poder público.

Guerrero ha sido, y será, un estado en donde el poder político se ha corrompido a tal grado, que los ciudadanos saben que sus vidas penden de un hilo tan frágil que se puede romper a  la menor protesta de su parte.

Solución; ¿un represor?

Es en este tenor que se insertó la administración de Ángel Aguirre Rivero, quien  por segunda ocasión arribó al palacio de gobierno de Chilpancingo a través de las siglas del partido del Sol Azteca. Él como señalaremos a continuación, es un personaje que posee una muy vasta experiencia en las diversas formas de represión de cualquier forma de descontento social.

Pero, para al menos entender en parte la compleja situación por la que atraviesa una de las entidades más pobres de todo el país, es necesario echar un vistazo en torno a la vida de este tan polémico político guerrense.

Ángel Aguirre nació en el municipio de Ometepec, hace ya 58 años, buena parte de su vida militó en las filas del Revolucionario Institucional. A través de las siglas del tricolor, llegó a la Cámara de Diputados en un par de ocasiones y, al recinto de Xicoténcatl, sede de la entonces Cámara de Senadores en una ocasión.

Tras los muy lamentables sucesos de la masacre de Aguas Blancas, en los que un grupo de campesinos fueron masacrados por la policía del estado, el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer se vio obligado a pedir licencia al cargo en el mes de marzo de 1996. Por ello, el Congreso estatal nombró a Aguirre Rivero como gobernador sustituto, cargo que ocupó hasta 1999.

Fue en 1998 en su primera estadía en la gubernatura que Aguirre se vio envuelto en una matanza en el municipio de Ayutla de los Libres de la que, en su momento para deslindarse, dijo desconocer tanto el origen, como el porqué de la misma.

Cambio de camiseta

Tiempo después como buen político mexicano, en la coyuntura para elegir a un nuevo gobernador en Guerrero, Aguirre al ver que el PRI se inclinaba por su primo Manuel Añorve para postularlo a la candidatura al gobierno del estado, decidió acogerse al apoyo de la coalición que crearon el PRD, PT y Convergencia. Cabe recordar que esta candidatura contó con el decidido apoyo del entonces jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard y, por supuesto también, con el soporte del grupo de la Nueva Izquierda perredista, mejor conocido como Los Chuchos.

En su segunda estadía al frente del gobierno guerrerense, Aguirre se caracterizó por su intolerancia ante cualquier forma de protesta social. Un grave ejemplo de lo anterior sucedió el 12 de diciembre de 2011, cuando las fuerzas estatales desalojaron un plantón de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa causando la muerte de dos estudiantes.

En aquel entonces, diversas ONG’S y los propios estudiantes normalistas pidieron juicio político contra el ejecutivo estatal. Éste como suele hacerlo, con toda la retórica del caso señaló que investigaría a fondo estos sucesos, sin que a la postre se haya castigado a los verdaderos responsables.

Es tal la animadversión que Aguirre le tiene a los normalistas de Ayotzinapa, que recientemente el empresario Pioquinto Damián Huato lo acusó de que en los años 90 cuando ocupaba la Secretaría de Educación estatal, Aguirre Rivero le pidió que acusara a los jóvenes ante la Procuraduría estatal de ser guerrilleros del EPR. De esta manera sería posible fincarles delitos y, posteriormente, con los casos ya abiertos encarcelarlos.

Hay que resaltar que por la evidente violencia e ingobernalidad que privan en la entidad, en diversos municipios han surgido organizaciones de policías comunitarias, una de ellas es la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, asentada en Olinalá. En ésta, una de las personas que destacaba por su labor era la activista social Nestora Salgado, quien de una manera burda fue acusada de secuestro y llevada presa a un penal de alta seguridad en Nayarit.

Violencia sin fin

A todos estos síntomas de la gravísima descomposición social que existen en la entidad, misma que decía gobernar Aguirre Rivero, se le sumó lo que aconteció esa trágica noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala. Cruenta velada, en la murieron seis personas, 17 resultaron heridas, y hasta la fecha, 43 permanecen como desaparecidas.

Las investigaciones preliminares señalan que fueron efectivos policiacos de Iguala los que rafaguearon al autobús que conducía a los estudiantes de Ayotzinapa, así como al equipo de fútbol de los Avispones de Chilpancingo. Más tarde, esos mismos policías entregaron a los jóvenes que se encuentran desaparecidos a sus homólogos del municipio de Cocula, quienes a su vez dejaron en manos del grupo delincuencial de los Guerreros Unidos a los estudiantes que habían privado de su libertad.

Días después de esta masacre el edil de Iguala José Luis Abarca, a quien se vincula con el mismo grupo delictivo y también, de haber ordenado el plagio de los 43 normalistas, pidió licencia al cargo, y desde entonces, hasta su captura, permaneció a salto de mata.

Todo esto en un estado de cosas que nos muestran la enorme podredumbre que hay en Guerrero, un estado carcomido, en donde desde hace mucho tiempo los que mandan son diversos cárteles allí asentados.

Ángel Aguirre con su manifiesta ineptitud, así como sus evidentes corresponsabilidades y omisiones en muchos de los hechos que han teñido de sangre a la entidad, logró que buena parte de la sociedad mexicana exigiera su renuncia. Por esta misma razón, hace algunos días la bancada panista en el Senado inició un procedimiento para lograr la desaparición de poderes en Guerrero, iniciativa que, con la evidente oposición del PRI y del PRD, no logró prosperar y la solución al caso Iguala tome otro derrotero.

Sin duda, estamos en una encrucijada en donde somos testigos de una violencia generalizada por parte del Estado en contra de todos aquellos grupos sociales, cuyas demandas  son criminalizadas, tanto por quienes detentan el poder político, como por las agrupaciones criminales que subsisten en abierto maridaje con estos. En este desolador panorama la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero al cargo para el que fue electo, no es sino el primer paso para buscar las múltiples soluciones de fondo que requiere el estado de Guerrero.

Por esa larga historia de atropellos a los derechos de la ciudadanía, es momento para que la sociedad civil ponga fin a la impunidad que históricamente se ha enquistado en las tierras guerrerenses y que, más allá de la licencia que se le brindó a Aguirre Rivero, sea momento de sentar la bases de una sociedad justa y equitativa, que serían las condiciones primigenias para desterrar la grave crisis social que persiste en esa entidad.

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