“NO HAY FECHA que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague” como reza el refrán, lo cierto es que desde el primer minuto de este sábado en todo el país entró en vigor la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia del 18 de agosto de 2008, transitando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio oral que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, como se estipula en el artículo 20 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El proceso penal acusatorio trae un cambio de paradigma en la manera de investigar los hechos que la ley señale como delito y juzgar a quien probablemente lo cometió o participo en su comisión, prevaleciendo la presunción de inocencia, hay una nítida división de funciones entre quien investiga y quien juzga, busca el equilibrio procesal entre quien acusa y quien defiende, un juez que dirige y resuelve el debate, teniendo como base el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas.

Momento histórico

Desde el monumento a los Niños Héroes considerado el Altar a la Patria, el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los representantes del Poder Legislativo y Judicial, del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de los Gobernadores de los Estados, Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, entre otras personalidades del ámbito político, legislativo y judicial, afirmó que el inicio al Nuevo Sistema de Justicia Penal es un momento histórico por ser el cambio jurídico más importante desde hace 100 años.

“Todos los representantes del Estado Mexicano somos corresponsables del éxito del nuevo sistema de justicia penal, solo con un proceso continuo de aprendizaje y mejora podremos corregir las fallas y superar los desafíos que seguramente habremos de enfrentar”, puntualizó Peña Nieto.

Por su parte el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales, asentó: “Lo hecho hasta ahora constituye un verdadero parteaguas en la implementación de la justicia en México”, dando el malletazo simbólico de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

La reforma Constitucional tiene como fin primordial el despresurizar el procedimiento haciéndolo más ágil, transparente, dinámico, evitando los abusos de poder y garantizando el respeto a los derechos humanos.

Garantizar a todos

El Estado Mexicano a través de las instancias correspondientes debe garantizar a todos los gobernados el estricto cumplimiento al artículo 20 apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Postulado que es letra muerta en el Estado de Morelos (el del inefable Graco), ya que la Fiscalía Regional Oriente adscrita a la Fiscalía General del Estado, con sede en el municipio de Cuautla, arrastra un rezago de más de 20 mil carpetas de investigación, esto lo admitió el titular de la citada Fiscalía Regional, Rafael Ávila López en reunión con integrantes del Consejo de Juristas del Estado de Morelos y la Barra de Abogados.

De acuerdo con la nota periodística de Gabriela Martínez, publicada en el periódico “El Sol de Cuautla” de fecha 11 de marzo de 2016, el diagnóstico más reciente, del 2009 al 2013 en los ministerios públicos de Cuautla se detectaron más de siete mil 200 carpetas en rezago, en Yautepec 11 mil 400 y en Jonacatepec 599, en contraste, frente a las 20 mil carpetas rezagadas, de enero a la fecha en la Fiscalía Regional Oriente sólo ocho se han judicializado, que según Ávila López calificó estos números como "alarmantes".

A lo anterior se suma el reclamo que los Integrantes de la Barra de Abogados de los municipios de la región oriente de Morelos exigieron a la Fiscalía regional en Cuautla iniciar una investigación para determinar qué servidores públicos están lucrando con la procuración de justicia, al “congelar” los expedientes y judicializarlos cuando los delitos han prescrito.

Así lo señaló José Luis García Moreno, delegado en Cuautla de la Barra de Abogados, quien aseguró, “Nos preocupa que la fiscalía no esté investigando las carpetas que tienen bajo sus responsabilidad y cuando llegan al juzgado para judicializar, el Poder Judicial dice que ha prescrito el delito, lo que conlleva que se genere impunidad y se deje a la víctima en estados de indefensión”. –Tomado del Periódico “La Unión de Morelos”, columna de Mario Vega, de fecha 20 de junio de 2016. –

Esperemos que esto no ocurra en la Ciudad de México, donde el pasado 16 de enero de 2016 se incorporó el Sistema Procesal Penal Acusatorio a su orden jurídico.

El artículo 17 en su párrafo cuarto, de la Constitución Federal, ordena que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias como parte integral de la justicia restaurativa, buscando acuerdos resarcitorios entre la víctima, ofendido y el imputado.

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