CULIACÁN DE LOS RETENES Y LOS TOPES, SINALOA. Si nos atenemos a sus resultados evaluables, a lo positivo y recuperable de una función designada, tanto la llamada Laipes (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) como su producto, la Ceaipes (Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) resultan irrelevantes. Más aún, innecesarias, además de dispendiosa esta última.
¿QUÉ SE HA corregido en la opacidad con que se maneja el uso de los recursos públicos? ¿Se ha superado la negativa a informar con verdad y rectitud, además de oportunidad y respeto a los medios, desde la oficialidad?
Desde la forma misma en que se trata por esos lares a la prensa crítica (la que no está en la lista exclusiva de amigos, cuotas y cuates) se puede adelantar lo que sucede con sus “altas tareas” que, a la postre, no pasan de la faramalla, la simulación y la negación de una función que, aunque meramente accesoria en una sociedad de veras civilizada (con el cumplimiento de las leyes basta) en algo podría recibir indulgencia.
Leyes para aplicar las leyes
En su momento dijimos que la tal Laipes era innecesaria, así como la derivada comisión, pues bastaría con aplicar las leyes ya vigentes, a secas, a todo aquel funcionario que negara información que está obligado a proporcionar y a quien no diera cuenta clara y puntual del uso de los recursos públicos a su cargo.
Es una cuestión de sentido común. Pero se hizo la citada Laipes, pagando caras asesorías y creando aparatos burocráticos que, a la postre, se han convertido en obstáculos para un efectivo acceso a la información pública que las instancias oficiales están obligadas, con Laipes o sin Laipes, a proporcionar.
La Ceaipes, desde su creación, no pasa de ser un aparato burocrático, a más de oneroso, que en lugar de contribuir a lo que, se supone, es su cometido, se ha convertido en un verdadero obstáculo en la búsqueda de información fidedigna y veraz de los movimientos que la oficialidad hace y que están bajo sospecha fundada de turbiedad.
Lo que dice la Laipes
Innecesaria y todo, plagada de lugares comunes y colgada de la Ley de Responsabilidades vigente, al menos las intenciones declaradas con la tal Ley de Acceso son recuperables: su artículo cuarto establece que “todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública”.
El Artículo Sexto define que el objetivo de la ley de acceso es asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado.
El Artículo Noveno, capítulo segundo de dicha ley, se refiere a la información mínima que debe ser publicada y señala que las “entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto”, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que la rige.
b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso, dirección electrónica oficial.
c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado.
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.
Bien la letra (pero nada más la letra)
También de oficio, sin necesidad de solicitud siquiera, en el inciso
(e) se mandata que todas las entidades públicas deben publicar sus manuales de organización y la base normativa interna que regule su actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales.
f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
g) La relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.
Las disposiciones de este artículo operan igual para el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y, en general, para todas las entidades públicas que ejerzan recursos del erario.
El Artículo 13 indica que las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses de la información referida; el Artículo 14 ordena sistematizar la información, publicando a través de los medios electrónicos disponibles sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
Y este era un gato
¿Cuál entidad pública de Sinaloa cumple con esos mandamientos? ¿Dónde encuentra el ciudadano común, a la mano, sin berenjenales burocráticos, excesivos y mañosos, la información mínima de oficio a la que están obligadas todas las instancias señaladas en la Ley  de Acceso?
Ni siquiera cuando se transita ese berenjenal de pretextos para ocultar la información pública se tiene éxito en la mayoría de los casos.
¿Quiénes han sido sancionados (y prácticamente todas las entidades públicas violan esa ley a diario) por incumplir el precepto legal? Peor aún: por impedir que la ciudadanía y los medios accedan a información que es “mínima, de oficio”.
Un cuento, sin más y, dígase lo que se diga, el hecho irrebatible es que la desinformación y el ocultamiento prevalecen aunque en el discurso oficial se sostenga lo contrario.
En tanto, la tal Ceaipes ahí está, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá (pero cobrando bien).
Rompiendo record
Como se adelantó (sin mayor mérito) en esta columna a principios del año en curso, en el sexenio malovista la cifra de asesinatos dolosos rebasaría con mucho los siete mil, superando por varios cientos a la anterior administración de Jesús Aguilar Padilla.
Iniciando septiembre, faltando cuatro meses para que termine su mandato el señor López, le cuenta iba arriba de los 7 mil 300 homicidios dolosos y subirá, sin duda.
 Pero no sólo eso. Reciente estudio a nivel nacional, que comprende al estado de Sinaloa, en obvio, revela que menos de 10 de cada cien delitos en otros rubros se denuncia.
Por mi parte, creo que en Sinaloa la cifra es todavía menor, pues la gran mayoría de los ciudadanos prefiere no denunciar ante la evidente inutilidad del recurso y los problemas que acarrea la burocracia casi irracional que priva en el llamado “aparato de justicia”, aunado a la falta de preparación y criterio de policías y mandos.
Los delitos de todo tipo van en aumento irrefrenable y eso es del todo evidente, al igual que la incapacidad de cuerpos y mandos policiacos, a semejanza de los primeros puestos del gobierno.
Así las cosas, el señor López sigue rompiendo records.
Tamborazos
-Con datos del Inegi o sin ellos, la realidad de Sinaloa no deja lugar a dudas. En materia de seguridad pública es un desastre, con mandos incompetentes y de ganada sospecha de nexos con la llamada delincuencia organizada. ¿Tercer lugar nacional? De lo que se sabe. Nada de qué sorprenderse.
-Las cuentas públicas de Sinaloa, estatal y municipales, siempre han sido un desastre. Si en serio se revisara, sin medias tintas y maquillaje, como se hace ahora, todas deberían ser rechazadas, sin la menor duda.
-Simplemente les vale… En Sinaloa, y desatados en Culiacán, siguen los retenes violando la Constitución, realizando detenciones, que eso son, de ciudadanos que transitan pacíficamente; los abusos, la ausencia de criterio, el pleno desmadre en la desprotección de los derechos humanos. Así estamos y a ver hasta cuándo.
-En tanto, la delincuencia y los crímenes a la alza, viento en popa y a toda vela.
-Nuestra novela, “Venir de tan lejos”, está en circulación y también El Mensaje, de relatos y aforismos, y Por el Foro de Trajano.
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