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Edición 378

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Asesinatos de periodistas en aumento vs nulidad del mecanismo de protección

Mauricio Laguna B., Salvador Glez. Briceño

Sin duda alguna México, “sin guerra civil, conflictos armados en ebullición, luchas declaradas entre facciones políticas o religiosas, sin bandas criminales con control territorial, se ha convertido en la zona mundial más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo”.

CON ESTAS PALABRAS Mauricio Laguna Berber abrió la mesa 1 del Foro “Periodistas y Comunicadores ante la Cuarta Transformación del País”, en la Cámara Federal de Diputados llevado a cabo el día 14 de noviembre.

De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, en su “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa”, México se sitúa sólo atrás de Siria en asesinatos de periodistas, y es primero en América Latina.

Entre otros recuentos, comentó Laguna en su trabajo “Periodistas Asesinados en México”, como ponente de la Fraternidad de Reporteros en dicho evento, recordó que el pasado 2 de noviembre se conmemoró el "Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas".

En 2017 y 2018 se registra un aumento en asesinatos de los periodistas en México

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ESA MISMA FECHA la UNESCO precisó que durante los dos últimos años han sido asesinados 182 comunicadores en el mundo. Y que “México aportó al menos 25 víctimas de ese total, es decir, poco más del 20%”. Crímenes que permanecen en la impunidad, pues de ese total registrados de 2006 a la fecha, el 89% de los casos sigue sin resolverse. En América Latina y el Caribe, de igual manera solo se falló el 18% de los casos, esto es 41 de las 226 muertes.

Las cifras son altamente preocupantes y el estupor crece de manera exponencial cuando estudios como el de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), aluden que durante los últimos 25 años a la violencia contra periodistas se suman los altos índices de impunidad, entre ellos México.

“El análisis de la FIP para México es abrumador: El ejercicio del periodismo cayó en manos de la violencia del crimen organizado y los barones de la droga y sus cómplices en las administraciones gubernamentales", razones por la cuales pasó de un tercer lugar en 2014 al segundo lugar, solo después de Siria sin estar inmerso nuestro país en una guerra formal.

Por lo anterior, agrega el ponente, “la Fraternidad de Reporteros de México y el Club de Periodistas de México se han propuesto revisar las circunstancias desde diversas ópticas: la situación de violencia en las que se ha visto envuelta la actividad profesional del reportero, promover campañas preventivas, mejorar las leyes y su aplicación, elevar la conciencia social de respeto a su utilidad cultural y democrática al servicio de una mejor sociedad.”

La danza de las cifras

Hay una vergonzosa diferencia en las cifras, como si no se tratara de personas. Por ejemplo, Artículo 19 señala que en México muere un periodista cada 26 días, en tanto la CNDH reporta del 2000 a la fecha, 133 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos y actualmente cuenta con 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.

Artículo 19 ha señalado en su Informe sobre la “Situación de Violencia contra la Libertad de Expresión en México 2016” que el 52% de las agresiones cometidas en contra de periodistas provienen directamente de servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, argumenta Artículo 19, que en el 81% de esas agresiones están involucrados servidores públicos por acción u omisión.

“Las agresiones a periodistas —agrega Laguna, quien además es el titular de la comisión de Derechos Humanos en la FREMAC—, han sido una constante pese a que el derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental incluido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Que son los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 6 y 7.

Todavía más, señala el ponente, el 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes en el país, y valga el siguiente dato: más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), solamente se ha emitido tres sentencias.

Enraizada la violencia, en los últimos tres sexenios ha sido asesinados 117 periodistas, hasta la primera semana de noviembre del 2018, situación que se ha tornado muy grave en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero. En particular Veracruz es el estado más riesgoso para ejercer nuestra profesión, seguido por Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa

Tan solo durante los 11 meses de 2018, la sangre derramada de los comunicadores ha sido esparcida en el país con 21 casos de homicidio, con compañeros como José Guadalupe Chan, reportero de un sitio digital de noticias del estado de Quintana Roo; José Gerardo Martínez, el periodista de El Universal asesinado con arma de fuego durante un asalto en la delegación Coyoacán; Carlos Domínguez, de 72 años que fue asesinado el 13 de enero, en la convulsionada ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos.

Otros tantos como Leslie Ann Pamela Montenegro, Leobardo Vázquez Atzin, Juan Carlos Huerta, Alicia Díaz González, Héctor González Antonio, Rubén Pat Cahuich, Luis Pérez García, María del Sol Cruz Jarquín, Agustín Silva Vázquez, citados solo para honrar su memoria.

Por lo anterior, los periodistas sabemos que; en el ejercicio práctico y profesional vivimos el día a día de un sistema político y social donde la violencia organizada, máxima de Max Weber, es una realidad concretada en las leyes escritas y no dictadas de nuestro acontecer social.

Por lo anterior, en la FREMAC y el Club de Periodistas de México consideramos que se debe detener la violencia institucional y o de cualquier tipo contra el gremio periodístico; la preocupación gremial y social el uso de la violencia contra comunicadores en el pleno ejercicio de sus labores profesionales y por ello destacamos que la violencia institucional debe terminar.

Por su parte, Salvador González Briceño en el tema de la mesa 2 apuntó, como miembro de la Fraternidad de Reporteros, que el citado Mecanismo para la Protección de Periodistas es un fracaso. Además, que propicia respuestas tardías e inacabadas, sin respuesta a “la situación que vive la prensa en México desde 2006 (cuando) se prendió la alarma ante las amenazas y agresiones”.

Se trata del 2006, el fatídico año cuando arrancó la “guerra contra las drogas”, decretada por el recién estrenado presidente Felipe Calderón, quien más que ganar “haiga sido como haiga sido”, lo que se propuso de ese modo fue alcanzar “legitimidad”. Un proceso electoral, en de 2012, donde claramente el triunfo lo tenía el otro candidato, Andrés Manuel López Obrador.

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Situación de desastre

“Tan solo los últimos dos sexenios —agrega, en referencia a Calderón y Peña— los periodistas han sufrido el desastre, con asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado. Solo en el sexenio de Peña Nieto los asesinados suman 63 periodistas, 12 han sufrido desaparición forzada y 44 intentos de asesinato. Y son 21 los asesinados entre enero y octubre de 2018.” La danza de las cifras, como contar piedras y no personas, entre las miles de la sociedad víctimas de la delincuencia organizada.

Creado ese mismo año, el Mecanismo desde entonces “incumple la tarea de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en defensa de los derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión”, que se propuso en la ley creada ex profeso. Para fatídica muestra están los desastres, por los asesinatos, en estados como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y la propia Ciudad de México.

“Los periodistas están siendo asesinados en México, como sucede en países en guerra como Siria, que ocupa el primer lugar.” Pero lo agrava la impunidad, ese flagelo rampante donde “los crímenes de periodistas y defensores de derechos humanos” no se castigan y los asesinos o delincuentes, materiales y/o intelectuales siguen “sueltos”. Una impunidad que ronda el 99.7%.

Valgan algunas de las deficiencias del Mecanismo señaladas: la falta el compromiso de las autoridades, desconfianza por ser una instancia gubernamental, la falta de una metodología para el análisis de riesgo, la nula prevención, seguimiento y análisis, entre otras críticas como además desatender los estándares internacionales.

Como el Mecanismo, la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión) es igualmente señalada por: no atraer los casos, carecer de una política de prevención del delito, no disuadir al agresor; así como “inacción, omisión y falta de voluntad política”.

Pero en la coyuntura actual, a la espera que el nuevo gobierno tome el poder, la expectativa es grande para una nueva política de Estado que retome principios básicos, como los siguientes: Una aplicación irrestricta de los derechos humanos, con base en la reforma en la materia de 2011; El principio pro persona, o pro homine, a favor del individuo con la más propicia a la norma; El “control de convencionalidad”, y demás leyes internacionales suscritas por México.

Complemento de una política distinta —con la prevención como prioridad— contra la inseguridad, la atención de los periodistas pasa por temas como los mencionados por el autor: a) una justicia eficaz y oportuna, para lo cual deberá, seguramente, revisarse o actualizar el sistema a nivel nacional.Un asunto complejo, el como ejemplo del nuevo sistema penal de corte acusatorio y garantista. Además de atender el problema de la impunidad, presente en el ejercicio del poder y en todos los casos de asesinatos de periodistas; b) un rediseño del esquema de la seguridad pública, que le debe brindar el Estado a la sociedad, como primera responsabilidad por mandato constitucional. Las personas requieren un ambiente seguro en sus actividades cotidianas; c) replantear el modelo de desarrollo económico para el país, de modo que se atiendan los problemas estructurales que han deteriorado la vida de la población, como las llamadas “reformas estructurales” de los gobiernos neoliberales o las élites del poder en las últimas décadas.

Por lo anterior, se propone que en la Cámara de Diputados se revise el marco legal, para determinar la subsistencia —cambio y actualización— o supresión del Mecanismo, incluso de la FEADLE.

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En lo que se determine, tanto la Fraternidad como el Club de Periodistas de México estarán abiertos a participar colaborando con el legislador. Apostarle al cambio, con el nuevo gobierno que está a punto de asumir el poder. Por los periodistas, por México.

San Lázaro, 14 de noviembre 



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