Las dos causas que hicieron estallar la revolución mexicana de 1910, fue el despojo de las tierras a los campesinos y comunidades indígenas, la otra fue la explotación despiadada que hacían los patrones contra los obreros en las fábricas y las minas, sin otorgarles derechos para la protesta.
Corporativismo campesino
José Manuel Irenn Telllez
De tal manera que, en la Constitución de 1917, en los artículos 27 y 123, quedaron resueltas esas dos grandes aspiraciones de los obreros y campesinos.
Es verdad que el esquema ejidal le permitió al campesino adjudicarse determinadas hectáreas, según la zona y la calidad de las tierras así como considerando el número de miembros de la familia. Empero, lo que faltó fue recibir el apoyo necesario por parte del Estado para que los campesinos cultivaran las tierras. Este problema aparece hasta la actualidad por varias razones. En primer lugar, porque todos los apoyos a los campesinos se hacen con sentido político y no económico.
ASÍ QUE, POR DÉCADAS se corporativizo al campo y se utilizó para la elecciones del partido en el poder que fueron el Partido Nacional Revolucionario (PNR), Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y PRI.
Por lo anterior, surgieron fideicomisos, el Banco Agrícola, aseguradoras para el campo y comercializadoras agrícolas. Estos intermediarios son los que han empobrecido a los campesinos al extremo que, al final de la cosecha, quedan endeudados con todos estos sectores financieros, intermediarios comercializadores y acopiadores. Por ello, el actual Gobierno Federal determinó que los apoyos van a entregarse directamente a los productores agrícolas, a través de una tarjeta bancaria y se va a crear la Financiera Nacional Agropecuaria para coadyuvar en la producción agrícola. De ahí, que los representantes de algunas organizaciones de campesinos han decidido bloquear la Cámara de Diputados en San Lázaro desde el 11 de Noviembre para presionar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que el presupuesto Federal para el campo se entregue a esas organizaciones campesinas, comercializadoras y aseguradoras. Además han exigido que se aumente el presupuesto para el campo, arriba de los 24 mil mdp. que ya están aprobados. Por estas circunstancias fueron obstruidas las negociaciones, con los diputados federales, que se han visto en la necesidad de trasladarse al Centro de Exposiciones de Santa Fe para continuar con los trabajos legislativos, que tenían que terminar lo más pronto posible por mandato constitucional. El 22 de noviembre después de una maratónica sesión, fue aprobado el presupuesto y el bloqueo dejó de ser efectivo.
Las organizaciones campesinas opositoras al nuevo modelo de apoyo a los productores del campo son las siguientes:
- Frente Autentico del Campo (FAC)
- Unión Nacional de trabajadores Agrícola (UNTA)
- Antorcha Campesina (AC)
- Frente Popular Emiliano Zapata (FPZ)
- El Barzón de Chihuahua, Movimiento Social por la Tierra (MTS)
- Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC)
- Central Campesina Cardenista (CCC)
- Poder Campesino Popular (PCP)
FRENTE A ESTA REALIDAD de bloqueo a la Cámara de Diputados, Mario Delgado coordinador de la bancada de Morena declaró a los medios de comunicación, que la entrega de los recursos será directa a los productores agrícolas, se desaparecerán los fideicomisos y, la Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). Con ello se tratará de terminar con los intermediarios, que son los que empobrecen a los campesinos y por ello se aumenta el precio de los productos agrícolas como el maíz, café, leche y frijol entre otros.
Asimismo, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseveró que se van a integrar los fideicomisos en la Financiera Nacional Agropecuaria. Y se van a subsidiar a los productores agrícolas con 10 mil mdp., considerando los campesinos más pobres. Asimismo declaró que ASERCA era un nido de ratas donde los beneficiarios eran las empresas e intermediarios en lugar de los campesinos. “Ramírez Cuellar refirió que las compañías Almer y Alsur, manejan el mercado de acopio, comercialización y contratan los seguros.
Las grandes empresas controlan el mercado agroalimentario, sacrifican el precio del productor y aumentan hasta el 30 por ciento el costo a los consumidores. De esa forma, se llevan de ganancia miles de millones de pesos…”. (Fuente; La Jornada 19 de noviembre. Pag. 10 Enrique Méndez).
Por otro lado, el diputado Eraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario, declaró que se ha logrado un presupuesto para el campo por 24 mil mdp., para proyectos de agricultura y la cobertura de seguros. En igual forma, el fondo de desastres naturales —parte de esos recursos—, se utilizarán para la producción agropecuaria, ganadera y pesquera.
Costo de movilizaciones
POR LO consiguiente, consideró que se ha resuelto el problema del presupuesto de egresos para el campo, de acuerdo a las posibilidades del presupuesto de egresos Federal para el 2020, tomando en cuenta la distribución de los recursos a todas las secretarias del Estado Mexicano. Además todos los problemas que tiene el agro mexicano se han acumulado en tres décadas de gobiernos neoliberales, que fomentaron y protegieron la corrupción en las zonas agrícolas y donde la política agraria no tenía un fin social sino político, que se expresaba en las elecciones de los tres niveles de gobierno.
El bloqueo de las organizaciones campesinas, que estuvo más de 20 días obstaculizando las puertas de todas las entradas de la Cámara de Diputados, no fue gratis. Por tanto, vale preguntar acerca de lo que cuesta movilizar a miles de campesinos desde varios estados de la República a la CDMX, agregando los gastos que se generan diariamente para cubrir todas las necesidades básicas de los campesinos.
La respuesta es obvia. Se necesitan millones de pesos para sostener una movilización de esta magnitud y las organizaciones no están dispuestas a pagar esos costos, pues según ellos, necesitan recursos para producir y no para hacer movilizaciones. Por ello, se concluye que esta movilización esta dentro de un marco de desestabilización social y política del país.
Las leyes que se han dictaminado por el Congreso de la Unión y aprobado, para terminar con la corrupción y el derroche del gobierno; han tocado las fibras más sensibles de los corruptos y de la burocracia dorada que gobernaba como virreyes. Seguro que ahí deben estar los patrocinadores de los jóvenes que quemaron la bandera nacional en la UNAM, de la marcha de mujeres así como de la propaganda diaria de los medios electrónicos y las redes contra el Gobierno Federal que encabeza AMLO.
Sin embargo, vale la pena mencionar que los gobernadores panistas y priistas tienen alto índice de delincuencia organizada secuestros, extorsiones, robos, asesinatos y asalto al transporte en general. Un ejemplo es el Estado de México, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato. Por ahí, andan los patrocinadores que quieren seguir vendiendo a la Nación.
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