
Preguntas mañaneras
Feliciano Hernández*
CD. DE MÉXICO.- Presidente López Obrador: ¿La ley de sueldos máximos de la alta burocracia, está muerta? La propuso usted, con amplio respaldo ciudadano, para eliminar los excesos de esa casta dorada que es el servicio público en México, pero a mitad de su sexenio los abusos persisten y en esa materia casi todo sigue igual.
SE SABE QUE los sueldos de los consejeros electorales del INE, para este año 2022, andan en 262 mil pesos al mes, más que los 166 mil del presidente de la Republica —que, por cierto, de austero no tiene nada—; los de diputados en 234 mil, con prerrogativas incluidas, y los de senadores, también superiores al del titular del Ejecutivo; y en el doble andan los de ministros y magistrados del Poder Judicial.
Otros que también conservan sus privilegios de la era del PRIAN son los altos funcionarios de organismos autónomos: INAI, INEGI, Cofetel, Banxico y otros; también las empresas paraestatales Pemex y CFE.
Por si fuera poco, también muchos subordinados del presidente se sirven con la cuchara más grande; recientemente el Sol de México publicó en “ocho columnas” que 547 generales de Sedena ganan más que el titular del Ejecutivo federal; y en la Marina, igualmente; el mismo caso de embajadores y cónsules generales, oficiales mayores, etc.
La pretensión central de esa ley mencionada era que nadie ganara más que el presidente de la república, pero parece que ya es letra muerta cuando todavía ni acaba de nacer. El hecho es que muchos altos funcionarios siguen cobrando doble o triple cantidad, muy superior al sueldo presidencial, sin considerar a los jubilados y pensionados, muchos de los cuales —Pemex, CFE, y otros— también se benefician de tanta generosidad presupuestal.
Encima, a los legisladores les devuelven retención de impuestos y sus bancadas les reparten compensaciones a discreción y a todas luces, como en los felices tiempos del neoliberalismo del PRIAN.
Este mismo esquema federal de abusos en la administración pública se repite en los niveles estatal y municipal, así como en partidos políticos que reciben su financiamiento público a través del INE, y en varios de ellos los dirigentes se adjudican elevados sueldos u honorarios.
Voracidad vergonzante
En medio de una creciente pobreza para la mayoría de mexicanos —por la crisis de la pandemia y por las malas decisiones de gobierno—, la burocracia de todos los niveles conservó sus prerrogativas: sueldo puntual, aguinaldos de 40 días de jornada laboral, prestaciones de todo tipo y bonos.
Por otro lado, como si fueran pocos los abusos, el SAT anda feroz en la recaudación de impuestos; ¿para que los privilegios de la minoría, sus jugosas pensiones y jubilaciones, estén asegurados? ¿Ese es el cambio, presidente López Obrador?
Las dudas surgen porque han salido noticias revelando que la supuesta política de austeridad que tanto pregona López Obrador es ignorada tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y el Judicial y los altos funcionarios se siguen repartiendo los recursos públicos sin el menor recato y con una voracidad que debiera causarles vergüenza.
Tal parece que la cuchara más grande no les alcanza, porque buscan enriquecerse en el menor tiempo posible; por lo cual no les bastan los muy altos sueldos y prestaciones que acompañan a las jerarquías, sino que pervierten la función pública haciendo “negocios” tras bambalinas y al margen de la ley.
Todo el país sabía que el afán de ganar “comisiones” ilegales en los puestos de gobierno era una motivación muy fuerte para “trabajar” en la burocracia federal, estatal y municipal; y eso movía a muchos a buscar y aceptar cargos públicos, no el interés de servir a los mexicanos. Todo sigue casi igual. Con esos datos solo queda pensar que la pregonada “austeridad” no es más que un discurso hueco, un recurso de campaña.
Presidente: su propuesta de poner límites a los excesos burocráticos —que desde sus inicios apoyamos en este espacio— mediante una reforma legal, fue muy bien vista por los ciudadanos y sin duda que le sumaron seguidores y votos para llegar al poder. Lo mejor ocurrió cuando desde su llegada a la presidencia impulsó esa reforma, que fue “aprobada” con prontitud. Parecía que cumpliría una demanda social tan sentida.
Pero, ¿qué pasó, Andrés Manuel? Ya transcurrió la mitad de su sexenio y NO ha podido consumar esa promesa de cambio. Los afectados buscaron amparos de la Corte y hoy muchos siguen ganando sueldos insultantes para el resto de la población, impagables e indebidos en una democracia verdadera.
Los funcionarios hacen lo que quieren, esa es la realidad a la vista de todos; y como ciudadanos ya no sabemos en qué punto se trabó el intento de reforma. Lo preocupante es que parece que usted, AMLO, ya se resignó; ya no habla del tema. Y todos felices.
Andrés Manuel, ¿cuál es el estado de esos amparos ante la SCJN? ¿Dejará que los del INE, que fueron los primeros rebeldes en buscar amparos y los que más se resistieron a reducir sus elevado sueldos y privilegios, salgan impunes, escudándose en una cuestionable utilidad de sus servicios a la nación?
Lo último que se supo es que los beneficiarios de altos sueldos andaban en campaña abierta para sabotear la reforma y seguir viviendo en su paraíso dorado, a costa de las carencias de muchos otros mexicanos.
A tres años del nuevo gobierno, los hechos los delatan, a todos; tienen un desorden en la administración, salpicado de corruptelas, y un rezago social inaceptables; y no son acusaciones lanzadas a la ligera. México está en los peores lugares en productividad, en competitividad y en transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con las agencias internacionales que miden el desempeño gubernamental.
La reforma es necesaria
Sr. López Obrador: una de sus propuestas de cambio, desde que era Jefe de Gobierno de la ciudad capital, fue reducir sustancialmente —un 30 por ciento en aquellos años— los elevados sueldos de la alta burocracia, y limitarlos con una reforma legal para que nadie ganara más que el presidente de la Republica.
La reforma era necesaria, legítima y moralmente incuestionable; y sigue siéndolo. Desde entonces ganó seguidores con esa atinada promesa, debido a los abusos que estaban cometiendo los gobernantes del PRIAN en los tres niveles: federal, estatal y municipal y en los tres órdenes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos autónomos.
El tiempo corre veloz hacia el fin de sexenio, Sr. Presidente, López Obrador: nadie dijo que sería fácil implementar una reforma que afectaría muchos intereses, enquistados durante décadas. El hecho es que no ha sabido negociar esa reforma y que está congelada, pero todavía hay tiempo, Andrés Manuel.
Todos los aspirantes a servidores públicos deben tener claro que llegar a los cargos administrativos o de representación popular no es la puerta para enriquecerse rápidamente y que a lo más que se puede aspirar es a tener sueldos dignos y a desempeñarse con honor. Y si no les parece, nada los obliga a permanecer.
En todo caso, cabría la posibilidad legal de reconocer el buen desempeño con bonos especiales otorgados semestral o anualmente y por desempeño notable. Y para el efecto cabría la posibilidad de crear una comisión permanente encargada de la tarea, así como existe una Comisión Nacional para establecer los salarios mínimos (Conasami).
Mucha suerte, presidente; está perdiendo la partida y se juega una parte de su credibilidad con esta importante reforma. Como ciudadanos solo nos queda presionar para que se ponga fin a los abusos de los burócratas con el dinero público. Y de ellos NO bastan las buenas intenciones, sino los hechos.
AMLO: ahora que todavía tiene mayoritario apoyo popular y en el Congreso debe insistir en concretar esa promesa que hizo a los mexicanos.
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