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En tiempos de armas
¿Adiós a las urnas?
No es cosa de tomar partido, de simpatías o antipatías, adhesiones o rechazos, sino de evaluar la realidad con sus referentes a la vista. Flaco favor se haría el analista si se aleja de su función social y omite a sabiendas lo que está a la vista de todos.
Uno esperaría que desde el poder se procediera con la necesaria atingencia, sacrificando el interés de parte y privilegiando la razón de Estado, no de partidos o grupos facciosos.
Pero no hay elementos para decir que eso sucede. Al contrario, el hecho es que el gobierno de Felipe Calderón ha venido dando un uso faccioso a la “aplicación de justicia”, la misma que, por lo demás, no se mira por parte alguna del país.
Tampoco se trata de que una exigencia de respeto a la legalidad, a los derechos ciudadanos, se convierta en descargo de personajes como Jorge Hank Rohn.
Estarían miles en la cárcel
La fortuna de los Hank tiene su origen en el uso y abuso del poder que hace de la cosa pública vulgar negocio, espacio de aprovechamiento cínico del patrimonio colectivo, que luego se viste de iniciativa empresarial arropada por los organismos del caso.
Las mismas dinámicas que comparte la llamada “clase política” mexicana, prácticamente todos sus integrantes, desde tiempo ha.
Si justicia hubiera en este país que ves, sumarían miles los políticos de toda etiqueta que estarían en la cárcel por los latrocinios cometidos contra la Nación.
Pero en la detención de Hank Rohn, cuyos motivos declarados son otros, se quiera ver o no, hay múltiples fallas de procedimiento, por emplear un eufemismo judicial.
Las violaciones, además de torpezas y errores impropios de corporaciones que se dicen profesionales, han sido documentadas por la defensa del priísta ex alcalde Tijuana y propietario del consorcio Caliente.
En general, los argumentos de la fiscalía contra Hank adolecen de las mismas fallas que han puesto en ridículo a la PGR en varias ocasiones.
Uso electorero de la PGR
Imposible marginar el “michoacanazo”, que pinta de cuerpo entero a un gobierno sin recato alguno para violentar la Constitución, hacer uso faccioso de sus aparatos, además de perverso, y luego rehuir toda responsabilidad.
Como se sabe, el 26 de mayo de 2009, la PFP y el ejército mexicano detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez en Michoacán. En los días siguientes la cifra de detenidos llegó a 35 servidores públicos.
Privados de su libertad sin respeto a los procedimientos de ley, en el curso de casi dos años todos fueron liberados “por falta de elementos”.
Actualmente, casi en su totalidad han sido reinstalados en los puestos que tenían al momento de ser detenidos.
En la percepción pública está la certeza del abuso cometido, la utilización del aparato de “justicia” con fines ajenos a su función designada y la impunidad gubernamental, sin asomo de duda.
Lógicamente, preocupa y motiva alarma que esa experiencia no parece tener efecto alguno en los operadores del gobierno federal, que siguen el mismo camino.
Un panorama ominoso
El clima que se está generando en el país, sin ser radicalmente nuevo, es sumamente perturbador.
En vísperas de elecciones cruciales en el tobogán de la sucesión presidencial, el gobierno panista manda el mensaje de que no parará en mientes para impedir que sus adversarios políticos lleguen al poder.
En ese contexto, las urnas pasan a segundo o tercer plano.
Y, en efecto, ya no puede ser coincidencia que, cuando se acercan elecciones donde el partido en el poder (PAN) ve escasas posibilidades de triunfo en las urnas, se recurra a esos expedientes.
Así las cosas, ante un panorama nacional que, sin ánimo de magnificaciones pesimistas, se torna ominoso y presagia males mayores, la oficialidad se pierde en declaraciones vacías y las cúpulas partidarias no parecen tener más divisa que la previsión de sus posicionamientos en el mediano plazo.
Respuestas inadmisibles
A los reclamos sociales, han dicho los marchistas encabezados por Javier Sicilia, el presidente Calderón ha respondido de manera “bastante torpe”, con mensajes “desagradables que no ayudan a generar consensos y el diálogo”.
Felipe Calderón no está oyendo a la sociedad y, en cambio, sigue actuando “con alardes de violencia y de prepotencia”.
Los militares no se retiran, ni siquiera se discuten seria y abiertamente los pros y contras de su permanencia; se mantiene al secretario de “seguridad”, Genaro García Luna, pese a todos los elementos de peso que hay para removerlo del cargo.
En suma, para Calderón no hay más voz y dictado que el suyo propio.
Ver para creer
A otros temas ni tan lejos: por las experiencias recientes, la ciudadanía abriga serias dudas de que la fiscalización, obligada y necesaria, sobre el uso de las prerrogativas electorales, sea efectiva.
La transparencia está lejos en el manejo de recursos y es un hecho que los consejeros y magistrados electorales llegan a sus puestos con la anuencia de las cúpulas partidarias, “palomeados”, pues.
Esos grupos de control en los partidos, ya se sabe, nada hacen sin exigir algo a cambio.
La crisis de credibilidad institucional, que no es sólo del IFE, tiene indicadores por demás puntuales.
Dinero a manos llenas
Según datos de la última Encuesta Mundial sobre el Costo del Empadronamiento y las Elecciones, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el gasto en las elecciones mexicanas casi duplica al que se realiza en países con más alto nivel de desarrollo.
En Europa y Estados Unidos, el costo por elector es de entre uno y tres dólares; en México casi alcanza 5.9 dólares.
Aparte están las prerrogativas millonarias que, del erario, reciben los partidos en México, aunque no sea tiempo de elecciones, en cuyo ejercicio se han detectado múltiples y reiteradas irregularidades.
Agréguese que, en nuestro país, los partidos se mueven en la impunidad y gozan de un estado de excepción que les permite hacer prácticamente lo que les venga en gana.
Tamborazos
-Empezando con Sinaloa, Mario López Valdez, impulsará la prohibición de los “narcocorridos” que, junto a las camisetas “polo”, son parte de la cotidianeidad, como dicen los que saben. Todo indica que va a suceder lo mismo que con el registro de celulares.
-El secretario de hacienda, Cordero, sigue su precampaña en su propia contra. Ahora afirma que el salario mínimo ya no es mínimo.
-Los sinaloenses, dice el actual secretario de Finanzas de esa entidad, Armando Villarreal, tendrán que pagar una deuda de dos mil 400 millones de pesos que dejó la anterior administración de Jesús Aguilar Padilla ¿y cuándo ha sido de otro modo? (
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