RECONVERSIÓN AGROPECUARIA PARA EL RESCATE DEL CAMPO MEXICANO
Autosuficiencia alimentaria para la Cruzada contra el Hambre, objetivo central
EN LA EDICIÓN 302 de Voces del Periodista -al comentar el
reclutamiento del general colombiano Oscar Naranjo como asesor en materia de
Seguridad Pública- apuntamos que si la experiencia de Colombia en esa
asignatura se considera factible para México, valdría la pena observar otras
iniciativas que pueden ser punto de partida para la pacificación nacional, uno
de los compromisos de Enrique Peña Nieto en su toma de posesión.
Nos referimos entonces al documento Derechos Campesinos y paz con Justicia Social, emanado del
encuentro de la Asociación Nacional
de Zonas Reservadas en San Vicente de Cagua, Colombia, cuyos puntos centrales
se condensan en dos demandas: 1) límites
a la inversión extranjera y a la acción de las trasnacionales en lo que hace a
los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la propiedad de la
tierra, y 2) valorización de la economía
campesina como soporte de la soberanía alimentaria.
Pues bien: El pasado 26 de mayo -tras seis meses de
pláticas entre el gobierno de Colombia y la delegación de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciadas el 19 de noviembre en el Palacio
de Convenciones de la Habana,
Cuba- se anunció un acuerdo para la Reforma
Agraria Integral, con el objetivo de -una vez pactada la
pacificación total- “construir un nuevo campo” en la nación que desde 1964 vive
un conflicto político-militar.
No es casual que ese sea el primero de cinco puntos de la
agenda en negociación en la Habana. Esa
fue la demanda central que las FARC plantearon hace medio siglo al lanzarse a
la lucha armada.
El vocero de las pláticas, el diplomático cubano Carlos
Fernández de Cossío, en conferencia de prensa en que dio noticias de los
avances de las negociaciones, explicó que el acuerdo sobre desarrollo agrario
busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituya a las
víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.
En el antecedente editorial que citamos, advertimos que
no es siempre pertinente tratar de implantar ideas extralógicas a un país que,
como el nuestro, tiene su peculiar historial de seminales luchas sociales para
construir un proyecto y destino nacional propios, pero resultaría un acto de
aislacionismo negarse a observar otras realidades, como no se niega la
asimilación, no siempre benéfica, de iniciativas generadas en el proceso de
globalización.
La realidad de la sociedad rural de México no es
diferente a la de Colombia porque, entre otras, varias de las causas de su
enervamiento tienen como detonantes la incursión depredadora de corporaciones
trasnacionales, la acción del crimen organizado dedicado al cultivo y tráfico
de drogas, y el deliberado abandono del campo al conjuntarse dos directivas del
gobierno de la República,
ambas en los años 90: La firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y, para implantarlo en forma expedita, la contrarreforma agraria.
Al privatizarse el ejido y la comunidad agraria, y
decretarse la exención arancelaria a productos agropecuarios de exportación, la
consecuencia resultante es que la propiedad social ha perdido más de 12
millones de hectáreas; se ha disparado la expulsión de población hacia las zonas
metropolitanas o a los Estados Unidos y, para subrayar uno de los datos más
alarmantes, más de seis millones de campesinos carecen de Seguridad Social.
Sólo para documentar la regresión de la atención al
campo, recientes reportes del Banco de México informan que en la última década
la banca comercial ha restringido el crédito a ese sector, respecto del
otorgado al sector privado de 5.6 por ciento al 2.16. Para abril de 2013, en
números absolutos se contabilizan 49 mil
241 millones de pesos. Para poner el dato en su justa dimensión: Al
consumo, el crédito en el mismo mes se otorgaron créditos por un monto de 632 mil 258 millones de pesos.
El 11 de junio, el secretario de Hacienda Luis Videgaray
informó que de 289 mil millones de pesos que en los últimos seis meses ha la
banca de desarrollo (esto es, la estatal), 48 por ciento se han destinado al
sector empresarial y 19 por ciento a los exportadores. Para actividades
agropecuarias sólo 23 por ciento. Si Pitágoras no se equivoca, apena unos 66
mil millones del gran total.
En las últimas semanas, hemos asistido a reuniones de
legisladores federales con representantes de la Secretaría de
Agricultura y de la Comisión Nacional
del Agua. Por ello nos enteramos que SAGARPA propone una iniciativa de reconversión agropecuaria. Se trataría
de recuperar el campo para la producción de granos, imprescindibles para
solventar la Cruzada Nacional
contra el Hambre e iniciar un proceso de autosuficiencia alimentaria.
Hay signos de que la idea no es del agrado de la Secretaría de Economía.
No es casual… ni gratuito: Su titular, Ildefondo Guajardo, fue hace 20 años del
equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (AGI)
El acuerdo,
condensado en 15 puntos, abarca temas que van desde el acceso y uso de la
tierra hasta garantías jurídicas de la propiedad, la comercialización de
mercancías agrícolas y las políticas alimentarias.
En un comunicado conjunto, las partes informan: “Lo que
hemos convenido en este acuerdo será el inicio de las transformaciones
radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia.
Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución
tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y
reactivación de la economía del campo”.
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