SE DIRÍA QUE, EN 1961, el Partido Acción Nacional (PAN), nacido en 1939, estrenaba su mayoría de edad. Aquel año, el vitriólico ingenio de Salvador Novo lanzó a la luz su obra teatral en tres actos Yocasta, o casi. Por inevitable asociación de ideas, se nos antoja que, en su devenir biográfico, el PAN, al arribar al poder presidencial, llegó infectado de El complejo de Edipo, el rey trágico que asesinó a su padre, del que heredó a su viuda (Yocasta); a su madre, pues, a la que convirtió en su mujer. La nueva versión edípica partidista, surgió de una costilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que le arrebató “la mano de doña Leonor” y lo dejó moribundo, pero, aun antes de rematarlo, se apropió de su legado de mañas, vicios, transas, frivolidades y crímenes; en suma, de todo el caudal de podredumbre que le permite disfrutar gustosamente de cuantos placeres vicarios pone a su alcance la antipolítica a la mexicana: ¿Yo casto? ¡Ja ja ja ja!... ¡Ja ja ja ja ja ja…!

   El presidente designado Felipe Calderón Hinojosa, clon de aquel deforme proceso genético, no ha querido hasta ahora encontrar al experto facultativo que le auxilie en el hallazgo de una personalidad original y diferente a las de sus antecesores priistas, y mucho menos a la de su antecesor panista inmediato, Vicente Fox Quesada, el lunático y veleidoso hijo de Guanajuato quien, devoto de Chespirito, se encariñó tanto con La Chimoltrufia que terminó posesionado de su eficaz fórmula retórica: “Así como digo una cosa, digo la otra”.

   Hasta 1998, en su condición de jefe nacional del PAN, Calderón Hinojosa no parecía conciente de su estado clínico: Heredero tardío del paleolítico priista, sin embargo en septiembre de aquel año declaraba que a su partido le daría repugnancia votar con el PRI. Entonces, el PRI pujaba por echar tierra con la mano del gato al ya pestilente caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y Calderón Hinojosa aseguraba que los legisladores panistas votarían “en términos del bien común” del país. En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión da por desaparecido el Fobaproa y en la Cámara de Diputados da a luz al engendro sustituto: el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), que acoge en su enferma barriga el costo de su progenitor, que ya sumaba 609 mil 928 millones de pesos.    
   El IPAB fue aprobado en San Lázaro por 316 votos, una mayoría compuesta por legisladores priistas y los del PAN, cuyo jefe nacional apenas cuatro meses antes decía que los panistas verían por “el bien común” de los mexicanos, porque votar con el PRI les “daba repugnancia”. ¡Qué tal! En diciembre mismo, los mismos diputados aprueban en el Presupuesto de Egresos de 1999 una partida especial de 18 mil millones de pesos para tirarlos a las tripas podridas del IPAB. Pero hay una bellaquería peor: El gobierno anuncia su “programa” Punto final, que supone de apoyo a los medianos y pequeños deudores, que, finalmente, se vieron despojados de su patrimonio y, en algunos casos, acorralados, recurrieron al suicidio.   Ahora, 2009, entre los canallas que se beneficiaron de aquel repugnante crimen, se encuentra un privilegiado segmento de menos de 200 mil individuos, de más de 106 millones de compatriotas, que amasan, sólo en el mercado bursátil, tres billones 827 mil 748 millones de pesos.


   Ese detestable episodio nos da pie para recuperar y lanzar algunos papeles al viento que documentan que, si la de los ochenta fue una década perdida para los indefensos mexicanos, lo que siguió fue el espanto de la consumación de dos décadas podridas.

   Situémonos en 1998, el cuarto del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, suplente del asesinado (1994) candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio: A los inflados tigres asiáticos, tan admirados por nuestra tecnoburocracia neoliberal, se les vacía el gas. Frente a los nubarrones que -como ahora- se ciernen sobre la enclenque economía mexicana, hinchados por una mal disimulada fuga de capitales (casi 34 mil millones de dólares), Zedillo cabildea entre la comunidad financiera internacional para obligar  a  las grandes potencias a que “asuman su corresponsabilidad”. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Robert Rubin, uno de los más conspicuos operarios del salvataje clintoniano de Zedillo en 1995, contesta que cada gobierno debe rascarse con sus propias uñas, porque Washington no tiene nada qué ofrecer a la crisis asiática. Los onerosos intereses que cobró el Tesoro estadunidense con cargo a los mexicanos y al embargo de la factura petrolera, ya estaban amortizados. En julio, Zedillo anuncia, al través de los ínclitos Luis Téllez Kuenzler y José Ángel Gurría, que hará el tercer ajuste a la baja del Presupuesto de Egresos. Ya para entonces, había seis millones de viejos, de los cuales 16 por ciento no recibía ingreso alguno y 30 por ciento lo tenía de menos de un  salario9 mínimo mensual.

Los miedosos de siempre, obviamente los hombres de negocios (Consejo Coordinador Empresarial, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, etcétera) desatan sus mastines contra Zedillo: Que baje la inflación, que frene a los banqueros que se apropiaron del sistema bancario gracias a Carlos Salinas de Gortari, y que están cobrando la módica suma de 40 por ciento como tasa de interés, que evite el cataclismo cambiario para que la situación económica que hay en México (naturalmente, causa del “adverso entorno financiero internacional”) no se convierta en una profunda recesión. (Ojo: estamos hablando de 1998, cuando Calderón Hinojosa dijo que era repugnante votar con el PRI). De todas maneras, en julio colapsan los mercados financieros y la tasa interbancaria (base de los intereses sobre créditos bancarios a empresas y particulares) se dispara hasta 37.59 por ciento, 15 puntos porcentuales en una semana. Salta al ruedo el infaltable Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que dice que los riesgos de hiperinflación son inminentes y que, de persistir la falta de control de algunas variables macroeconómicas, existe la posibilidad de una crisis económica de grandes proporciones. Era 1998, cuando Calderón Hinojosa dijo que era repugnante votar con el PRI. Por andar, como embarazada primeriza, vomitando su repugnancia, el jefe nacional del PAN no leyó entonces en los signos de los tiempos: ni en los tipográficos.

En ese sombrío escenario, aparece el chapulín sudoroso, el gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz Martínez, para exorcizar los demonios: en agosto anuncia un nuevo corto (antaño se le llamada encaje legal ), que aumenta de 30 a 50 millones de pesos diarios el retiro de circulante, “para enfrentar presiones inflacionarias”.  No le hacen caso el peso, que cae ante el dólar; ni el petróleo, cuyos precios también  se desploman. Era la temporada en que Calderón Hinojosa vomitaba la repugnancia que le provocaba el PRI. Desde entonces se sabía que, frente a la realidad, vale menos que un comino el  voluntarismo personal.

No resulta ocioso recordar que, hace una década, el “responsable de las finanzas nacionales”, era nada más, pero nada menos, el secretario de Hacienda y Crédito Público de Zedillo, José Ángel Gurría Treviño. Hoy, encumbrado por el salinato en la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gurría Treviño se presenta en Madrid, en el Foro Nueva Economía, para decir que, después de 18 meses de recesión, lo que ocurre no es un ciclo, sino un desastre, como consecuencia de la masiva falta de regulación y de supervisión. ¡Oh! Y otra vez: ¡Oh!

¿Qué hay de nuevo bajo el Sol?


Antes de continuar, un ejercicio memorioso nos remite a otros ingredientes de la tragicomedia mexicana: El escándalo del Fobaproa se detonó cuando, siendo jefe nacional del PAN Felipe Calderón Hinojosa, del Partido de la Revolución Mexicana (PRD) era líder Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién duda que en 2006 había vergonzosas y descomunales facturas por cobrar?

Desde 1998, a la chita callando, Zedillo le había ordenado a su entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, montar una Mesa de Coordinación Política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, para asestar el golpe a la mexicaniza, planchando un “consenso” sobre la “salida” del Fobaproa. López Obrador provocó el aborto de esa maquinación, denunciando la maniobra; denuncia a la que se acompañaría una lista de estafadores inscritos en la nómina del Fobaproa (ahí aparecía el panista Emilio Goicoechea Luna, citado aquí y ahora en virtud de que, al tiempo, se afamó como secretario particular de Fox Quesada). Labastida Ochoa (ya sintiéndose con cuerpo de torero para 2000), junto con Gurría Treviño, con los dedos machucados, replicaron: “La conducta y documento emitido representa una violación flagrante de los acuerdos adoptados entre todos los partidos y grupos parlamentarios, y una ruptura de graves consecuencias para el espíritu de diálogo y negociación que ha imperado en la Mesa de Coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que consistía…  en la construcción de soluciones compartidas para la reforma del sistema financiero (sic). No es admisible que se abuse de la buena fe de los interlocutores para pretender ventajas, difundir un documento pagado de falsedades y contradicciones, y con ellas pretender sacar adelante el interés de un grupo por encima de los intereses de la mayoría”. ¡Ah, caramba! Ahora sabemos que Labastida Ochoa y Gurría Treviño abogaban por los intereses de “las mayorías” que, decantados los hechos posteriores, se hicieron muy chiquitas, casi microscópicas.

Hartos de repugnancia, entonces los del PAN concertaban con el PRD en la Cámara de Diputados un mecanismo para presentar de manera conjunta una petición de juicio político en contra ex secretero instrumentador salinista de la reprivatización de la banca, y ya  gobernador del Banco de México, el salinista Guillermo Ortiz Martínez, y la destitución del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández. La entonces senadora y hoy gobernadora de Zacatecas en entredicho, Amalia García, declaró: “Yo espero que los panistas no se echen para atrás en los acuerdos alcanzados entre la oposición. Presionados porque hay varios panistas destacados en el Fobaproa”. El PAN “agarró por su cuenta la parranda” y, cuando apareció el IPAB, logró un transitorio  para que el sudoroso gobernador no participara en la Junta de Gobierno del nuevo engendro. Casualmente, el panista Vicente Fox Quesada, que desde un principio, todavía como gobernador de Guanajuato, se pronunció en favor de los marranos que chapoteaban en el Fobaproa, ya como presidente nominó a Ortiz Martínez para un segundo mandato. Y lo logró.

Si vale un dato, no tan accesorio, recordemos que, después de “restructurar” su deuda con algunos bancos, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos sedicentes cristianos-católicos, consagraron la usura, votando entonces por la institución del anatocismo, que no es otra cosa que el cargo de intereses sobre intereses, sobre intereses, sobre intereses, a los deudores. Una perfecta división del trabajo entre los tres poderes de la Unión.


Cuéntase que, recientemente nombrado en 1988 secretario de Programación y Presupuesto y, por ello, responsable del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del salinismo, en defensa de esta falacia que se revisaba en Los Pinos, Ernesto Zedillo Ponce de León, su autor, perdió los estribos cuando sus compañeros de gabinete, Fernando Gutiérrez Barrios y Carlos Hank González, conminaron a Carlos Salinas de Gortari a matizar la helada concepción y proyección contenida en ese documento, sugiriéndole equilibrarlas con algo de “emoción social”. Aquél, al que sus biógrafos de ocasión le inventaron después la leyenda del bolerito y vendedor de periódico en Mexicali, expectoró al presidente fraudulento (hipótesis ya sobredocumentada) que, a título de qué, debería velar por los nacos, si era sabido que no habían votado por él. (Dijo, según la leyenda, “nacos”, no narcos.)

Devenido por un crimen de Estado en “presidente suplente” (“Esta es la hora de la democracia: Bienestar para tu familia”), Ernesto Zedillo -a quien después su impulsor (CSG) le diagnosticaría por experiencia propia “traumas de su niñez”- terminó por confesar que su elección (inducida en 1994 por el voto del miedo) no fue equitativa. Proclamaría también, urbi et orbi, su “sana distancia” del PRI que, de origen, en una operación videocasetera en Los Pinos, le había permitido cruzarse la banda presidencial. Quiso vestirse de demócrata en 1996, promoviendo una reforma político-electoral, por la que fue sujeto de chantaje por el jefe nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa (remember Huejotzingo, Puebla); partido que, además, le negó su apoyo .en el Congreso de la Unión para la privatización de la industria eléctrica, ahora se sabe que por el simple afán de joder, pues la privatización del sector energético ha sido una de las obsesiones de ese partido desde que llegó a la Presidencia de México.

Esa breve cápsula político-cultural, no tiene más propósito que recordar que, al aproximarse la sucesión presidencial de 2000, Zedillo quiso achicar la fingida sana distancia con el PRI, al tratar de forzar a sus dinosaurios a adoptar -contraviniendo el marco estatutario vigente- el modelo estadunidense de elección de candidato a la Presidencia de México, mediante asambleas estatales que designaran a delegados a una convención nacional de grandes electores, que tendrían la última palabra. Los dinos no se tragaron esa rueda de molino y le obligaron advertir, sesgadamente, que él no designaría candidato pero que utilizaría su “autoridad moral e influencia política” para garantizar que el proceso de “selección” interna de candidato sea democrático, transparente, ordenado y justo. Y después sería más explícito: Yo no puedo renunciar a mi condición de ser el priista más influyente. Para ilustrar el talante “democrático” de Zedillo, va una perla: el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de los Estados Unidos, da cuenta que, a 1998, eran más de 44 mil mexicanos los que habían  solicitado asilo político en el vecino país.


Pero, como diría el carnicero, “vamos por partes”: Al amanecer de 2007, víspera de las elecciones federales intermedias, el encarnizado instinto anti-priista hacía uso de su olfato. Un selecto pero variopinto grupo, entre el que se encontraban no pocos francotiradores políticos, lanzaba la proclama de la Alianza por la República (¡Únete a este llamado!). Firmaban, vale la pena hacer una selección entre los selectos: Vicente Fox Quesada, Santiago Creel Miranda, Jorge Castañeda Gutman, Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Zinser, Xochitl Gálvez, Rubén Aguilar, Zeferino Torreblanca y Cecilia Soto, quienes, a partir de 2000, cobraron con creses el precio de sus firmas. Había otros compañeros de viaje que estuvieron lejos de recibir compensación por sus rúbricas, y no pocos de ellos, a toro pasado, terminaron militando en el antifoxismo.

La mentada proclama, en la que sería una epopeya encontrar el lápiz de Vicente Fox Quesada, empieza diciendo que: “El gobierno de México -monopolio del poder desde hace siete décadas- no puede seguir indefinidamente en manos del mismo partido, ni sujeto al arreglo político que le dio origen. Este régimen ya se agotó. La sociedad cambió dramáticamente y es mucho más compleja que en los años veinte. En cambio, las prácticas antidemocráticas de su gobierno permanecen intactas. La nueva sociedad mexicana exige vivir en una república libre y soberana en la cual prevalezca el Estado de Derecho, la efectiva división de poderes, un auténtico pacto federal, contrapesos reales al ejercicio de la autoridad, verdadera rendición de cuentas de los gobernantes y una alternativa efectiva en el poder”.

En el párrafo cinco, el manifiesto afirma: “Las dos fuerzas dominantes de oposición: el PAN y el PRD, agrupan fundamentalmente a ese electorado que, de manera incontrovertible, se perfila como una nueva mayoría. Una mayoría que, sin embargo, abarca a un electorado disperso y fragmentado que no tiene la eficacia y la contundencia política suficiente para reemplazar finalmente al actual régimen político y consumar la transformación democrática de México”.

El punto es la afirmación de que, agotado “el régimen”, según la convicción de los abajofirmantes  con  todo y el PAN y el PRD juntos, la pretendida “nueva mayoría” abarca a un electorado que “no tiene la eficacia y la contundencia política suficiente para reemplazar al actual régimen político”.

Puesto que, entre quienes suscribieron la citada proclama, aparecen personas pensantes de buena fe -decantada ya la experiencia de poco más de tres años después- ¿es de fiarse el supuesto de que, para 2000, “el temor de amplios grupos de mexicanos por el cambio” se haya disipado aceleradamente, como para implantar la alternancia, consumando la transformación democrática de México? Por nuestra parte, dejamos la respuesta como tarea a dos personajes rivalizados en el sexenio pasado, no obstante pertenecer al equipo foxista: Porfirio Muñoz Ledo y Santiago Creel Miranda. Tendrían que limpiar de entrada, por supuesto, los entresijos de los Amigos de Fox, obra que no les envidiaría ni el propio Hércules.


Dicho lo cual, pasemos al tropel desatado hacia 2000. Ya desde el lodoso arrancadero, en marzo de 1999 el Instituto Federal Electoral (IFE) de José Woldenberg, que pretendía hacer de ese organismo “el cuarto poder” de la Unión, está sometido a la prueba del ácido: Al menos cuatro consejeros, entre ellos Emilio Zebadúa (en 2009 todavía en andanzas judiciales por otras causas), son amenazados con juicio político por manejos personales pocos claros de los recursos públicos que se asignan al instituto. El autor y actor de la causa es el PRI, remolón durante algunos días ante la agenda del IFE. El impoluto Woldenberg acusa al tricolor de “erosionar la confianza” en el intachable Consejo General del órgano. teóricamente autónomo. Así empezó la danza de la alternancia: la mitad de los consejeros puesta en entredicho, validó a Fox.

Fiel a su espejo diario, desde entonces las burocracias partidistas ofrecen su grotesco espectáculo a las galerías: en el PRI, de cuya presidencia nacional se separa a Mariano Palacios Alcocer, Rodolfo Echeverría Ruiz, con su planilla Autonomía y Democracia, toma por asalto los actos proselitistas del candidato cincho de Zedillo Pepetoño González Fernández. En el PAN se consuma la intriga para que Calderón Hinojosa entregue la jefatura nacional a Luis Felipe Bravo Mena. A mitad del río, en marzo de 1999, en el PRD, desde cuyo interior Porfirio Muñoz Ledo saca a balcón a Cuauhtémoc Cárdenas (que va por su tercera vuelta) por sus encuentros clandestinos con Carlos Salinas de Gortari en 1988, la pugna por la dirigencia nacional es entre Amalia García Medina y… Jesús Ortega Martínez. Cuando los cómputos iniciales favorecen a la zacatecana, hoy en el ojo del huracán (35 por ciento contra 33 por ciento), Ortega Martínez se ufana: “Tengo la mayoría”, pero el día 28 el Comité General del Servicio Electoral, después de hacer el recuento del cochinero, solicita a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia anular el proceso. El 10 de abril, sin despeinarse, toman las riendas del perredismo Pablo Gómez Álvarez y la maestra Ifigenia Martínez.      

A todo esto, los precandidatos presidenciales ya andan a galope y, por más que el crepuscular Zedillo acusa a los aspirantes de gastar el dinero del pueblo en hacerse promoción personal en televisión, el pusilánime Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador del Distrito Federal, no se baja de su macho, cuyos estribos son rabiosamente zarandeados por Muñoz Ledo, a quien ya se le olvidó la Alianza por la República. Tácitamente, Cuauhtémoc le pide al PAN vejigas para nadar. El secretario de Gobernación, Labastida Ochoa, reanuda su larga marcha iniciada desde que era gobernador de Sinaloa, siguiendo los pasos de su ya muerto archienemigo y paisano Manuel de Jesús Clouthier y del Rincón. El de la lengua tan larga como su cola, Vicente Fox Quesada, mientras le responde a Zedillo que exhiba el ejercicio del gasto gubernamental federal, declara que Diego Fernández de Cevallos ya lo tiene “hasta el gorro”, pero lo incita a que siga vociferando: “Se ve que Diego trae ganas, ojalá se animara. Pienso que para cambiar al país, primero hay que vencer a Diego”.  Asegura que, ya desbancado de la jefatura nacional Calderón Hinojosa  por Bravo Mena, tiene en la bolsa 75 por ciento de los consejeros panistas para amarrar su candidatura. Diego declara que no compite “con farsantes”.
No falta entonces quien aconseje que se acepte la cesión de derechos sobre Kalimán (exitosa creación de Modesto Vázquez González y Rafael Cutberto Navarro: “Sólo se suicidan los valientes que se acobardan ante la vida”) con la “maravillosa” variante del anagrama: KaliFox, el implacable exterminador de “alacranes, alimañas, sanguijuelas, ardillas (en alusión a Diego Fernández de Cevallos, de quien se decía “no se bajaba de Los Pinos) turicatas (tepocatas, le entendieron algunos) y víboras prietas”, con las que siete años después terminó metamorfoseado y, como las últimas, mordiéndose la cola. En esos días abortaba la formación, financiada con recursos del gobierno de Guanajuato, de un aparato de espionaje sobre candidatos a puestos de elección popular puesto a cargo de Ramón Martín Huerta, beneficiado luego con el interinato  guanajuatense y más tarde con la subsecretaría de Gobernación, de la que pasó a la secretaría federal de Seguridad Pública, puesto en el que murió en sospechoso helicopterazo el 21 de septiembre de 2005.

De todo ese montón de basura acumulado durante una aciaga década por las instituciones electorales (los partidos, por citar a uno de tantos agentes, son pomposamente considerados por la Constitución “entidades de interés público”), los detritus no pueden ser más fétidos: La cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas procesada por la mismita Secretaría de Gobernación, revela dudas de casi 67 por ciento de los consultados sobre si en México existe realmente la democracia; 69 por ciento se niega a declarar expresamente su confianza en el Instituto Federal Electoral, 66 por ciento da por hecho que las elecciones no son limpias y sólo un escaso cuatro por ciento otorga credibilidad a los partidos políticos. Dicho sea de paso -y esto no lo reportan los resultados de la encuesta citada- otras fuentes calculan que el primer domingo de julio próximo el ausentismo en las urnas podría rebasar en algunas regiones el 60 por ciento de mexicanos con credencial de elector, que en el listado global suman unos 78 millones. De gran aliento deben resultar casi 350 procedimientos sancionadores por presuntas transgresiones a la Constitución y al código electoral desde que se inició la organización de los próximos comicios, sólo en lo que toca al ámbito federal.

¿De qué podemos hablar con nuestros hijos y nietos cuando nos preguntan qué quiere decir eso de una patria ordenada y generosa, donde los compatriotas se mecen macabramente en el péndulo entre la opresión y la represión? De que, lo siento mucho, a Chuchita la siguen bolseando y saqueando, y de que El Chapo Guzmán abandonó su condición de “bandolero social” para pasar a ser un distinguido  huésped de la casa Forbes, donde los parias ni se imaginan sentarse en la Mesa del Señor. Amén.

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Abraham García Ibarra -

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