Viernes, 15 de Julio de 2011 13:29 | 
Author: EDITORIAL | 
| Edición 262 |
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Pax michoacana bajo las
patas de los “rinocerontes”
Mientras que los intereses civiles en pugna -esas gelatinosas cosas que la Constitución codifica como entidades de interés público: Los partidos políticos, pues- hacen el recuento de los daños sufridos en las elecciones del 3 de julio en cuatro estados de la República, a fin de preparar sus estrategias rumbo al 2012, el poder policial-militar manda ominosas señales hacia el año que viene con la ocupación armada de Michoacán, que en noviembre tiene cambio de gobierno.
De acuerdo con información procesada hasta finales de la primera quincena de julio, sólo la secretaría federal de Seguridad Pública, que comanda Genaro García Luna, ha movilizado hacia el territorio que aún resiente las consecuencias del michoacanazo una fuerza adicional de mil 800 efectivos, desplazados a bordo de 50 unidades motorizadas conocidas como rinocerontes que partieron desde el Centro de Mando de la Policía Federal, en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, y de helicópteros artillados que despegaron desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Aunque los boletines televisados del gobierno federal blasonan un día sí y otro también que las bandas de la Familia michoacana y de Los caballeros templarios han sido debilitadas por los incesantes y demoledores golpes que les asestan los aparatos de represión, el pretexto esgrimido ahora por los voceros oficiales es la persecución de los cabecillas de esas organizaciones, Servando La tuta Gómez Martínez, Dionicio Loya Plancarte y Enrique Plancarte. Sin embargo, según filtraciones publicadas por La Jornada (10-VII-2011), de lo que se trata es de “lograr que las elecciones para gobernador se realicen en calma y sin interferencia de los grupos criminales, y se debe considerar que en la contienda la hermana del presidente Felipe Calderón, Luis María, se presentará como candidata del Partido Acción Nacional”.
Desde los primeros meses de 2010, los aspirantes a la gobernación de Michoacán, incluyendo a los del PAN, han venido denunciando que Luis María La cocoa Calderón Hinojosa ha desarrollado su precampaña por la candidatura panista bajo la protección del Estado Mayor Presidencial, lo que implica ventaja logística y sicológica sobre los otros contendientes que carecen de ese abusivo beneficio.
Si bien se ha especulado sobre un supuesto desacuerdo entre el Presidente y su hermana respecto de la participación de ésta en la disputa electoral, ante hechos consumados el mandatario parece estar dispuesto a jugar la apuesta hacia 2012 de un triunfo en su estado de origen, del mismo modo que el gobernador Enrique Peña Nieto y el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira la jugaron el 3 de julio en los estados de México y de Coahuila.
Aun con su imagen pública erosionada, parece normal, aunque cuestionable, que el michoacano lance sus dados en su tierra ahora gobernada por el PRD. Lo que resulta censurable es que se valga de su cuestionado fuero para enviar a la entidad una poderosa fuerza disuasiva que pondrá el proceso electoral de noviembre bajo estado de guerra.
En un clima de violencia generalizada entre criminales y entre éstos y la fuerza pública, nada garantiza -como no lo garantizó el michoacanazo- que la sociedad y expresamente el electorado de la entidad pueda en legalidad, seguridad y paz ejercer la libre emisión de su voto. Nada garantiza, tampoco, que esa acción intimidatoria no se repita en la sucesión presidencial de 2012.
Lo que alarma es que los potenciales actores en las elecciones generales del año próximo -partidos, precandidatos y autoridades electorales- guarden silencio y vean la intromisión militarizada en los comicios de Michoacán como ingrediente de la normalidad democrática, según se desprende de la actitud omisa del Instituto Electoral de la entidad. Si tal es el caso, los mexicanos no tendrán elecciones libres en 2012.
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