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Edición 271

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Periodismo, oficio del miedo



M√ČXICO

Para consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 143 periodo de sesiones respecto de la violencia contra quienes ejercen el periodismo, casos graves o en riesgo extremo y acciones del Estado (Octubre de 2011.)

I. La violencia en contra de periodistas. El contexto.
ARTICLE 19 ha advertido un incremento preocupante en el nivel de violencia, ataques en contra de periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicaci√≥n y contra instalaciones de los medios en M√©xico, panorama que se ve agravado por los problemas de inseguridad que actualmente afectan al pa√≠s. Una prensa libre es fundamental en una sociedad democr√°tica, no s√≥lo para asegurar la libertad de opini√≥n e informaci√≥n, sino tambi√©n para el disfrute de los dem√°s derechos humanos amparados por el derecho internacional como fue reiterado recientemente por el Comit√© de Derechos Humanos de la ONU. Asegurar la libre circulaci√≥n de informaci√≥n es a√ļn m√°s esencial cuando un pa√≠s atraviesa un clima de violencia tal que se traduce en inseguridad e impunidad. Es vital que la sociedad conozca el origen y la naturaleza de la misma violencia que les amenaza.
No obstante, la violencia en contra de periodistas y los medios de comunicación ha aumentado sistemáticamente desde 2002, tal como se ve en la tabla de abajo, donde se aprecia el aumento sostenido del problema.

ano1

Si bien se muestra una reducci√≥n en el n√ļmero de agresiones registradas de 2009 a 2010, ello no responde a una mejora en la situaci√≥n para los trabajadores/as de los medios de comunicaci√≥n. La documentaci√≥n de ARTICLE 19 y Cencos indica que esta disminuci√≥n est√° directamente relacionada con el aumento significativo de la auto-censura por parte de periodistas y medios, tanto en la cobertura de ciertos temas como en la denuncia de agresiones, como medida de autoprotecci√≥n contra posibles futuros ataques. Es decir, el objetivo de quienes perpetran estos ataques de silenciar a la prensa se ha cumplido. Junto con las violaciones a derechos humanos de quienes ejercen el periodismo se encuentra la renuencia del Estado a reconocer p√ļblicamente que la violencia tambi√©n proviene de las autoridades, aunque las cifras evidencian la denuncia en contra de servidores p√ļblicos. Mientras que el propio presidente Felipe Calder√≥n ha se√Īalado que ‚Äúla principal amenaza del pleno ejercicio de la libertad de expresi√≥n, proviene, precisamente, del crimen organizado‚ÄĚ y que ‚Äúquienes someten, secuestran, levantan y, finalmente, asesinan, por desgracia, a los periodistas, son criminales sin escr√ļpulos‚ÄĚ, se ha documentado que mayoritariamente las agresiones vienen del poder p√ļblico. ARTICLE 19 y Cencos documentaron que el 49.03 por ciento (76 casos) de ataques en el 2010 (frente a un 65 por ciento en el 2009) se cometieron por parte de alg√ļn funcionario p√ļblico, en particular por la polic√≠a y las Fuerzas Armadas. Tan s√≥lo el 26.45 por ciento se atribuye a personas con supuestos v√≠nculos con el crimen organizado. Tal denegaci√≥n por parte del Estado reconocer el origen de agresiones invariablemente se traduce en impunidad prevaleciente, debido a que no se abordan los problemas y debilidades sistem√°ticos en las instancias mexicanas. Obviamente visto desde la perspectiva de los casos individuales, el hecho de que los ataques se cometan por agentes locales y federales es una de las razones principales por la cual los autores de estos casos no son llevados ante la justicia y consecuentemente sancionados, lo que a su vez genera mayor inseguridad e impunidad.
Sin importar qui√©nes sean los perpetradores -Estado, crimen organizado, narcotr√°fico o cualquier grupo fuera de la ley-, el responsable de guardar la seguridad de los periodistas es el Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido: ‚ÄúDicha obligaci√≥n general se impone no s√≥lo en relaci√≥n con el poder del Estado sino tambi√©n en relaci√≥n con actuaciones de terceros particulares‚ÄĚ.

1


Recrudecimiento de la violencia

La falta de respuesta efectiva por parte del Estado incide en que el n√ļmero de ataques violentos (incluidos asesinatos y desapariciones y contra instalaciones de medios) en proporci√≥n al total de agresiones haya aumentado y se ha extendido. Ante un panorama de comunidades totalmente silenciadas por el efecto de la violencia, Internet y las redes sociales se convirtieron en una herramienta de la sociedad para romper el silencio impuesto a periodistas y comunicadores/as, pero tambi√©n para llenar los vac√≠os que las autoridades tendr√≠an que llenar con informaci√≥n suficiente, √ļtil y oportuna. Pero los usuarios tambi√©n est√°n en peligro. Tal es el caso en el estado de Tamaulipas, de Elizabeth Mac√≠as Castro, jefa de Redacci√≥n del diario Primera Hora de Nuevo Laredo y usuaria activa de foros de discusi√≥n y denuncia en Internet, quien fue asesinada el 25 de septiembre de 2011 y en cuyo cuerpo se dej√≥ un mensaje que la acusaba de usar redes sociales para, aparentemente, informar a la Marina y el Ej√©rcito de los movimientos del narcotr√°fico.
Lejos de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, gobiernos y congresos locales en Veracruz, Tabasco, Hidalgo y legisladores federales han abonado a la zozobra mediante la presentación, en el caso de Veracruz, y aprobación de iniciativas para regular la difusión de información falsa que contrario al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) contienen restricciones más allá de las permitidas para limitar el ejercicio a la libertad de expresión y criminalizarle. Usuarios de redes sociales como twitter y blogueros que regularmente reportan movimientos del crimen organizado o refieren hechos violentos a los que los medios tradicionales ya no dan cobertura han expresado su temor de ser identificados y acusados o agredidos y han comenzado a censurarse por miedo a represalias.

II. Acciones del Estado mexicano sobre protección

ARTICLE 19 reconoce que el gobierno de M√©xico ha creado o dispuesto instancias para atender la violencia contra quienes ejercen el periodismo, sin embargo las deficiencias en el dise√Īo de √©stas que incluyen falta de disposiciones legales e instituciones adecuadas, que permitan afrontar estos ataques, impactan directamente en la ineficacia del Estado para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho a la libertad de expresi√≥n lo cual ha motivado el incremento y perpetuado estas violaciones. En concreto, estas violaciones vulneran el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso legal, el derecho a la protecci√≥n judicial y el derecho a la participaci√≥n pol√≠tica.
En abril de 2008, ARTICLE 19 convoc√≥, junto con Internacional Media Support, a organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresi√≥n y prensa a participar en la ‚ÄúMisi√≥n Internacional de Documentaci√≥n sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicaci√≥n‚ÄĚ, la cual se realiz√≥ entre el 19 al 26 de abril de aquel a√Īo. Entre las conclusiones y recomendaciones que emitieron las 13 organizaciones que conformaron la misi√≥n se incluy√≥ la necesidad de crear un programa de protecci√≥n para periodistas y medios en el que trabajaran en conjunto autoridades estatales y federales, medios y periodistas y organizaciones de la sociedad especializadas en la libertad de expresi√≥n.
Tras hacer un balance de los resultados de dicha misi√≥n Internacional, ARTICLE 19 present√≥ la primera propuesta formal sobre un mecanismo de protecci√≥n a periodistas, enfocado en la prevenci√≥n de agresiones a la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n. Entonces se acord√≥ trabajar de manera conjunta en el dise√Īo de un Comit√© de Protecci√≥n a Periodistas. Se llev√≥ a cabo un par de reuniones sin que el gobierno de M√©xico presentase una propuesta concreta de trabajo.
En febrero de 2009, en el marco del primer examen peri√≥dico universal a M√©xico,11 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomend√≥ al Estado mexicano adoptar medidas m√°s eficaces para combatir la violencia contra los periodistas y el personal de los medios de comunicaci√≥n; proporcionar a estas personas mayores garant√≠as y velar por su seguridad en el desempe√Īo de sus deberes profesionales, en particular de los que investigan y denuncian casos de tr√°fico de drogas y corrupci√≥n. Fue hasta el 11 y 12 de febrero de 2010, que por convocatoria de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n, la Comisi√≥n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en M√©xico de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se realiz√≥ en la ciudad de M√©xico el di√°logo ‚ÄúHacia un Mecanismo de Protecci√≥n para Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos‚ÄĚ.
En marzo de 2010, en el examen de los informes presentados por los Estados en su 98¬į periodo de sesiones, el Comit√© de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomend√≥ al Estado mexicano tomar medidas inmediatas para proporcionar protecci√≥n eficaz a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, cuyas vidas y seguridad corren peligro a causa de sus actividades profesionales, en particular mediante la aprobaci√≥n oportuna del proyecto de ley sobre los delitos cometidos contra la libertad de expresi√≥n ejercida a trav√©s de la pr√°ctica del periodismo. En el mismo sentido se pronunci√≥ la CIDH durante la audiencia tem√°tica sobre agresiones contra periodistas en M√©xico en el mismo mes y a√Īo.
Apenas el 11 de mayo de 2010, la Secretaría de Gobernación convocó a una reunión en la que las autoridades federales expresarían sus reservas sobre la representación que deberían tener periodistas y medios de comunicación en el mecanismo, y cómo involucrar a las organizaciones defensoras de derechos humanos. A partir de esa fecha, la comunicación del gobierno federal para informar de avances o ahondar en las propuestas planteadas fue suspendida de manera unilateral por la autoridad. Los rezagos en materia de libertad de expresión se volvieron, sin embargo, prioridad nacional merced a dos hechos: El secuestro, el 25 de julio de 2010, de tres periodistas en Gómez Palacio, Durango, por integrantes del crimen organizado que buscaban presionar a medios nacionales para difundir sus mensajes contra grupos rivales, así como por una marcha nacional en la que participaron miles periodistas que manifestaron en las calles, el 7 de agosto del 2010, su hartazgo ante la violencia y la impunidad en las agresiones contra la prensa.
Esto pr√°cticamente coincidi√≥ con el arribo a M√©xico de representantes de dos organismos intergubernamentales. Entre, la Relatora Especial para la Libertad de Expresi√≥n de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), doctora Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opini√≥n y Expresi√≥n, doctor Frank La Rue realizaron una visita conjunta a M√©xico para analizar el estado de la situaci√≥n de la libertad de expresi√≥n en nuestro pa√≠s. Habida cuenta de los cr√≠menes, desapariciones y secuestros de periodistas registrados en los √ļltimos a√Īos, as√≠ como el silencio que se han autoimpuesto distintos medios ante el clima de violencia e impunidad, las relator√≠as llamaron al Estado mexicano a establecer un mecanismo nacional de protecci√≥n a periodistas que involucrara a diversas autoridades y √≥rdenes de gobierno, y permitiera la participaci√≥n de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su dise√Īo, funcionamiento y evaluaci√≥n. ‚ÄúEl Estado mexicano no solamente est√° obligado a garantizar que sus agentes no cometan actos de violencia contra periodistas, sino tambi√©n a prevenir razonablemente las agresiones provenientes de particulares‚ÄĚ, advirti√≥ al respecto la doctora Botero en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresi√≥n en M√©xico 2010, que se hizo p√ļblico unos meses despu√©s. Al final de aquella visita, diversas organizaciones se dirigieron al subsecretario de Asuntos Jur√≠dicos y Derechos Humanos de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n, Felipe de Jes√ļs Zamora, para pedirle la reactivaci√≥n de los espacios de di√°logo para la creaci√≥n del mecanismo de protecci√≥n.

Marco jur√≠dico. Otra instancia dise√Īada para fracasar.


A m√°s de dos a√Īos de realizada la primer recomendaci√≥n al Estado mexicano para adoptar un mecanismo de protecci√≥n, el 3 de noviembre de 2010 el gobierno anunci√≥ la firma de un ‚ÄúConvenio de coordinaci√≥n para la implementaci√≥n de acciones de prevenci√≥n y protecci√≥n a periodistas‚ÄĚ16 entre las secretar√≠as de Gobernaci√≥n, Relaciones Exteriores, y Seguridad P√ļblica, adem√°s de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica y la CNDH. El documento, a decir de lo expresado por las autoridades mexicanas, constitu√≠a ‚Äúel primer paso para establecer un mecanismo de protecci√≥n de periodistas y comunicadoras‚ÄĚ y ‚Äúcumple con una de las recomendaciones que hicieron los Relatores Especiales [‚Ķ] en su visita oficial conjunta que se llev√≥ a cabo del 9 al 24 de agosto de 2010‚ÄĚ.
El Convenio de Colaboraci√≥n establece, por un lado, la creaci√≥n de un Comit√© Consultivo, que se encargar√≠a de analizar, proponer y definir las acciones institucionales necesarias para la implementaci√≥n de medidas de prevenci√≥n y protecci√≥n de periodistas, as√≠ como sus alcances y magnitud. Por otro lado, la formaci√≥n de un Subcomit√© de Evaluaci√≥n, como √≥rgano auxiliar que conocer√≠a de las solicitudes de medidas de prevenci√≥n y protecci√≥n que le sean remitidas con el fin de formular recomendaciones al Comit√© Consultivo. Desde el anuncio, ARTICLE 19 y otras organizaciones se pronunciaron por las deficiencias que presenta el marco jur√≠dico bajo el que se anunci√≥ el supuesto mecanismo de protecci√≥n. En primera instancia ni siquiera se hab√≠a asignado presupuesto espec√≠fico para el funcionamiento del Comit√©, que adem√°s acusa en su conformaci√≥n la ausencia, con voz y voto, de los potenciales beneficiarios y de los expertos en la materia; es decir, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que han hecho de la defensa de la libertad de expresi√≥n su agenda principal. La toma de decisiones es competencia exclusiva de los representantes de la secretar√≠as partes del convenio, la PGR, la CNDH y los gobiernos estatales que voluntariamente quisieran sumarse. Si bien se prev√© la participaci√≥n de tres ‚Äúrepresentantes del gremio de los periodistas‚ÄĚ y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se les excluye de las decisiones del Comit√©, as√≠ como de cualquier participaci√≥n en la redacci√≥n de los lineamientos de trabajo de √©ste.
El 3 de diciembre de 2010 quedó finalmente instalado el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, el cual celebró una segunda reunión un mes después.
En el mes de mayo circul√≥ entre organizaciones de la sociedad civil un borrador de lineamientos cuyo contenido fue publicado de manera parcial por la prensa, que pretend√≠a ser la gu√≠a para que periodistas en situaci√≥n de riesgo solicitasen protecci√≥n y las autoridades implementaran las medidas, pero de manera oficial nada se ha presentado a√ļn. Sin embargo, el documento no oficial ‚ÄúBorrador Final de los Lineamientos de Operaci√≥n y Funcionamiento para la Evaluaci√≥n y Recomendaci√≥n de Acciones de Prevenci√≥n y Protecci√≥n a Periodistas‚ÄĚ a que tuvo acceso ARTICLE 19 no resuelve o aborda cuestiones b√°sicas de implementaci√≥n y desde luego no resuelve las deficiencias del Convenio de Colaboraci√≥n. El nuevo documento adolece, no obstante, de la misma falta de claridad y definiciones que el Convenio original.

2


Fallas estructurales impiden efectividad para prevenir agresiones.



Desde aquel di√°logo de febrero de 2010 convocado por la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n, al menos 15 periodistas han sido asesinados en el pa√≠s, otros tres han desaparecido y se han registrado 19 ataques con explosivos y armas de alto poder contra instalaciones de medios de comunicaci√≥n, adem√°s de otras amenazas graves, adem√°s de un c√ļmulo de otras agresiones. S√≥lo en el presente a√Īo, y hasta el 12 de octubre pasado, ARTICLE 19 ha documentado 130 agresiones contra medios y periodistas18, que incluyen amenazas, agresiones f√≠sicas, asesinatos, privaci√≥n ilegal de la libertad, desaparici√≥n y desplazamiento forzoso. De ese total 49.6 por ciento es atribuible a agentes del Estado; esto es, funcionarios y fuerzas de seguridad, mientras que la delincuencia organizada habr√≠a participado presumiblemente en 25.5 por ciento de los agravios cometidos contra la prensa mexicana. En 2010, Art√≠culo 19 registr√≥ 155 agresiones, entre las que se cuentan ocho asesinatos de periodistas. En el presente a√Īo no s√≥lo se registraron 9 homicidios, sino que la tendencia apunta a que el total de agresiones se incrementar√° respecto del a√Īo anterior.

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Las deficiencias en el marco jurídico y falta de corresponsabilidad estatal, así como la ausencia de lineamientos para activar el mecanismo han marcado la dificultad y desconocimiento para que periodistas y trabajadores/as de medios accedan al llamado mecanismo. Lo anterior viola el principio a la seguridad y certeza jurídicas, así como el principio de legalidad, al desconocer la forma en que se resuelve el otorgamiento o negativa de protección.

2. Inexistencia de una pol√≠tica p√ļblica en materia preventiva

No obstante los m√ļltiples requerimientos de diversos organismos internacionales para que el Estado adopte una pol√≠tica p√ļblica en materia de prevenci√≥n de agresiones contra periodistas, y que inclusive es materia del referido convenio de colaboraci√≥n, no existen acciones estatales espec√≠ficas que puedas considerarse dentro de una estrategia del poder p√ļblica orientada a la erradicaci√≥n y en consecuencia prevenci√≥n de agresiones contra periodistas.

3


III. Periodistas desaparecidos/as. El retrato de la impunidad.

ARTICLE 19 expone los casos de periodistas desaparecidos/as como parte de las m√°s graves de violaciones a derechos humanos, enfatizando la responsabilidad del Estado por violaciones al debido proceso (art√≠culo 8 CADH) y la falta de acceso a la justicia (art√≠culo 25 CADH). Las deficiencias y omisiones en la prevenci√≥n e investigaci√≥n son comunes a los casos de agresiones a periodistas en general por lo que este cap√≠tulo refleja igualmente las fallas en la investigaci√≥n de la mayor√≠a de los casos, salvo por las especificidades que representan los casos de desapariciones. ARTICLE 19 ha registrado la desaparici√≥n de 12 periodistas desde 2003 a la fecha, ocho de las cuales tuvieron lugar en la presente administraci√≥n del Presidente Felipe Calder√≥n Hinojosa. La Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi√≥n (en adelante FEADLE)20 y la Comisi√≥n Nacional de los Derechos Humanos reportan a√ļn un n√ļmero mayor.

Antes Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP).



Nombre     
Fecha y lugar de desaparición     
Medio     
Instancias investigadoras
1 ¬†¬† ¬†Jes√ļs Mej√≠a Lechuga ¬†¬† ¬†Mart√≠nez de la Torre, Veracruz. 12 de julio de 2003 ¬†¬† ¬†Locutor, Radio MS-Noticias ¬†¬† ¬†Procuradur√≠a General de Justicia del Estado de Veracruz
2 ¬†¬† ¬†Alfredo Jim√©nez Mota ¬†¬† ¬†Hermosillo, Sonora. 2 de abril de 2005 ¬†¬† ¬†Periodista del peri√≥dico, ‚ÄúEl Imparcial‚ÄĚ ¬†¬† ¬†Subprocuradur√≠a de Investigaci√≥n Especializada en Delincuencia Organizada SIEDO, adscrita a la PGR

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora
3 ¬†¬† ¬†Rafael Ortiz Mart√≠nez ¬†¬† ¬†Monclova, Coahuila. 8 de julio de 2006 ¬†¬† ¬†Reportero del diario ‚ÄúZ√≥calo‚ÄĚ y conductor de un noticiero radiof√≥nico. ¬†¬† ¬†Direcci√≥n de Investigaci√≥n del Secuestro y Crimen Organizado, adscrita a la PGJE de Coahuila

Agencia del Ministerio P√ļblico de la Federaci√≥n adscrita a la primer mesa investigadora, Monclova
4 ¬†¬† ¬†Jos√© Antonio Garc√≠a Apac ¬†¬† ¬†Tepalcatepec, Michoac√°n. 20 de noviembre de 2006 ¬†¬† ¬†Director y reportero, ‚ÄúEcos de la Cuenca de Tepalcatepec‚ÄĚ ¬†¬† ¬†Procuradur√≠a de Justicia del Estado de Michoac√°n

PGR
5 ¬†¬† ¬†Rodolfo Rinc√≥n Taracena ¬†¬† ¬†Villahermosa, Tabasco. 20 de enero de 2007 ¬†¬† ¬†Reportero, ‚ÄúTabasco Hoy‚ÄĚ ¬†¬† ¬†Procuradur√≠a General de Justicia del Estado (PGJE)

PGR

6 & 7 ¬†¬† ¬†Gamaliel L√≥pez Candanosa y Gerardo Paredes P√©rez ¬†¬† ¬†Monterrey, Nuevo Le√≥n. 10 de mayo de 2007 ¬†¬† ¬†Colaboradores de la televisora, TV Azteca ¬†¬† ¬†Ministerio P√ļblico Investigador Especializados en Delitos Contra la Vida y la Integridad F√≠sica de la Procuradur√≠a General de Justicia del Estado
8 ¬†¬† ¬†Mauricio Estada Zamora ¬†¬† ¬†Apatzing√°n, Michoac√°n. 12 de febrero de 2008 ¬†¬† ¬†Reportero y fot√≥grafo de ‚ÄúLa Opini√≥n de Apatzing√°n‚ÄĚ ¬†¬† ¬†Agencia Especializada en Antisecuestros de la PGJE

PGR
9     María Esther Aguilar Cansimbe     Zamora, Michoacán. 11 de noviembre de 2009     Corresponsal del periódico,     Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la

‚ÄúCambio‚ÄĚ de Michoac√°n ¬†¬† ¬†Libertad de Expresi√≥n (FEADLE)

PGJ Estatal

PGR (Delegación Estatal)
10 ¬†¬† ¬†Ram√≥n √Āngeles Zalpa ¬†¬† ¬†Paracho, Michoac√°n. 6 de abril de 2010 ¬†¬† ¬†Corresponsal del peri√≥dico, ‚ÄúCambio‚ÄĚ de Michoac√°n ¬†¬† ¬†FEADLE

PGJ Estatal

11 ¬†¬† ¬†Marco Antonio L√≥pez Ortiz ¬†¬† ¬†Acapulco, Guerrero. 7 de junio de 2011 ¬†¬† ¬†Jefe de informaci√≥n, ‚ÄúNovedades de Acapulco‚ÄĚ ¬†¬† ¬†PGR Estatal
12 ¬†¬† ¬†Gabriel Manuel Fonseca Hern√°ndez ¬†¬† ¬†[Acayucan], Veracruz. 18 de septiembre de 2011 ¬†¬† ¬†Reportero, ‚ÄúEl Ma√Īanero‚ÄĚ ¬†¬† ¬†[Ministerio Publico en el municipio de Acauycan]


ARTICLE 19 documentó y tuvo acceso a las investigaciones de 10 de los casos e identificamos elementos comunes. A continuación se exponen las conclusiones.
Las desapariciones de periodistas ocurrieron en zonas del país donde los grupos del crimen organizado tienen una fuerte presencia y/o nivel de influencia22. Las desapariciones ocurrieron en aquellos estados en donde no existe legislación sobre desapariciones forzadas y en donde no se considera como un crimen: Michoacán, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Coahuila y Sonora; como consecuencia, las autoridades desarrollan la investigación bajo los elementos de otros delitos, por ejemplo secuestro.

A. Impunidad de facto

ARTICLE 19 nota que hubo una serie de problemas detectados en las indagatorias tanto a nivel local como federal de los casos de agresiones cometidos en contra de periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicaci√≥n. Las deficiencias incluyen el fracaso predominante a abordar los casos de agresiones contra periodistas, incluidas omisiones, dilaciones y periodos de inactividad, y falta de diligencia en las investigaciones24. En consecuencia se vulneran los derechos humanos una protecci√≥n judicial efectiva as√≠ como del debido proceso. En algunos casos, tanto en el orden local como federal, las autoridades √ļnicamente levantaron un acta circunstanciada sobre los hechos (noticia de la existencia de hechos presuntamente criminales sin que se inicie actividad alguna de investigaci√≥n), dejando un transcurso de varios a√Īos antes de elevar una investigaci√≥n a averiguaci√≥n previa, en raz√≥n de que el periodista no apareci√≥.
50. La autoridad no realiza acciones orientadas por una l√≠nea de investigaci√≥n fundamentada en la labor period√≠stica de las personas desaparecidas y por lo tanto, queda ausente un an√°lisis de los m√≥viles relacionados con el ejercicio de la libertad de expresi√≥n para el se√Īalamiento de posibles responsables (perpetradoras) y m√≥viles para la desaparici√≥n, asimismo la omisi√≥n en el agotamiento de una l√≠nea de investigaci√≥n derivada de la labor period√≠stica, limita la posibilidad de creaci√≥n de pol√≠ticas p√ļblicas en materia preventiva relacionadas con el ejercicio period√≠stico.
Son miembros de las familias de las víctimas, en particular las parejas o los padres, quienes se ubican a la cabeza de la demanda de justicia, y en algunos casos han sufrido represalias, e incluso amenazas, por proseguir o exigir las investigaciones adecuadas. En otros casos, colegas del periodista han referido haber sido intimidados o coaccionados con la finalidad de proporcionar mayores elementos a los agentes ministeriales sobre el paradero o la causa de la desaparición. Algunos destacaron que las autoridades están coludidas con el autor de la desaparición, lo que aumenta el miedo de presentar sus testimonios.
La falta de colaboraci√≥n por parte de familiares y colegas es utilizado como pretexto por las instancias investigadoras para no indagar. Contrario a la ley revierten la carga de la prueba a familiares y la √ļnica evidencia en las investigaciones es la provista por √©stos.
A la fecha, en ninguno de los casos hay información sobre el paradero de los/las periodistas o bien sobre el hallazgo de sus cuerpos. En el caso de Rodolfo Rincón Taracena, la Procuraduría General de Justicia estatal concluyó que se hallaron los restos del periodista, sin embargo, no existe evidencia de ello y científicamente no puede determinarse, dado que el cuerpo está prácticamente calcinado y no se cuenta con un análisis de ADN. Además el caso fue cerrado a pesar de que el hallazgo del cuerpo supuestamente de Taracena se basó en testimonios de personas acusadas de crímenes distintos al de la desaparición del periodista.
Una reforma reciente al C√≥digo Federal de Procedimientos Penales viola al derecho de informaci√≥n y refuerza la impunidad por hacer indefinidamente secretos los expedientes de todas investigaciones criminales, con la √ļnica excepci√≥n de decisiones de no enjuiciar, las cuales se pueden difundir √ļnicamente despu√©s de un periodo equivalente a la prescripci√≥n que corresponde al crimen, o hasta 12 a√Īos y siempre que esa divulgaci√≥n no ponga en riesgo alguna indagatoria. La reforma asimismo viola a los principios de la certeza y seguridad legal, hasta tal medida en que puede resultar que una v√≠ctima no conozca detallada y adecuadamente el contenido de la averiguaci√≥n previa. Basado en la reforma legal arriba mencionada, la autoridad ha negado el acceso a los expedientes a las familias de las v√≠ctimas y no hay posibilidad para la sociedad de tener acceso a los expedientes y conocer la verdad de lo ocurrido.

B. Falta de pol√≠ticas p√ļblicas

Desde el inicio de la noticia del crimen de desapariciones se evidencia la falta de pol√≠ticas p√ļblicas para la atenci√≥n de este tipo de agresiones as√≠ como una evidente ausencia de sensibilidad en la atenci√≥n de las v√≠ctimas -usualmente consideradas indirectas- como son familiares, personas cercanas y colegas. As√≠, en muchos casos se cuestiona la necesidad de iniciar acciones inmediatas de b√ļsqueda y localizaci√≥n ya que sugieren esperar a que la persona pueda regresar. Prevalece una falta de iniciativa de las autoridades ministeriales para proporcionar diversas medidas como son: asesor√≠a jur√≠dica, atenci√≥n psicol√≥gica, acciones para garantizar la integridad f√≠sica as√≠ como asistenciales, en los casos en que la periodista desaparecida era el sustento econ√≥mico de su grupo familiar.

C. Efecto directo en el libre flujo de información

Además de los efectos inmediatos y los que recaen en los familiares al sufrir una desaparición, el efecto de la impunidad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es particularmente preocupante. Se desincentiva, y se promueve temor de, reportar, denunciar y dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos para evitar represalias. Por el contrario, alienta a futuros perpetradores de cometer agresiones lo que directamente impacta en periodistas y medios para autocensurarse. También resulta alarmante el quebranto al libre flujo de información al silenciar a cada uno de los/las periodistas desparecidos y por causa del efecto pluriofensivo en quienes ejercen el periodismo de autocensurarse como medida de protección. Lo anterior resulta en una sociedad desinformada o mal informada y un debilitamiento de la democracia, ya que la sociedad es privada de recibir información completa, oportuna, veraz precisamente para poder ejercer otros derechos. Si la prensa está en peligro en México, también lo está la democracia.

D. Fiscalía y Federalización. Otro pendiente sin resolver.

Si bien el n√ļmero de agresiones violentas ha aumentado proporcionalmente a la cifra total de agresiones contra quienes ejercen el periodismo, la denuncia p√ļblica o registro de las agresiones disminuye como consecuencia del efecto enfriador, as√≠ como la falta del Estado mexicano en iniciar y realizar indagatorias. Desde la creaci√≥n de la entonces Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP ) se hicieron numerosos se√Īalamientos sobre la capacidades limitadas de la Fiscal√≠a para investigar, es decir para hacer su trabajo. En 2006 fue el primer llamado.37 En 2011, la exigencia no ha cambiado . La debilidad de las instituciones de procuraci√≥n e impartici√≥n de justicia reproducen el contexto ideal para atentar contra la prensa. Hace m√°s de 5 a√Īos se cre√≥ la Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n de Delitos cometidos contra Periodistas, misma que en julio de 2010 sufri√≥ una reestructura y cambio su nombre a Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi√≥n. A pesar de estos cambios persisten algunas deficiencias: Falta de recursos financieros y humanos suficientes. Discrecionalidad en la facultad de atraer casos. Ambig√ľedad en la definici√≥n del sujeto pasivo de la agresi√≥n. Limitantes para el conocimiento de delitos, tales como el requisito de que sean delitos federales o conexos, que prevean pena de prisi√≥n y que no se consideren cometidos por motivo de la delincuencia organizada. Conocimiento limitado y/o discrecional de delitos cometidos por militares y por delincuencia organizada; y falta de estabilidad respecto la existencia de la FEADLE, ya que la modificaci√≥n o eliminaci√≥n depende de un ‚ÄúAcuerdo‚ÄĚ del Procurador. No s√≥lo eso, sino que tambi√©n desde su creaci√≥n su presupuesto se ha reducido significativamente 72.36 por ciento.

El 9 de agosto pasado el Fiscal Especial para la Atenci√≥n de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresi√≥n (FEADLE) compareci√≥ ante la Comisi√≥n Permanente del Congreso de la Uni√≥n. La reuni√≥n tuvo lugar ‚Äúante la creciente situaci√≥n de inseguridad contra periodistas y la impunidad de los casos‚ÄĚ. El Fiscal present√≥ un diagn√≥stico institucional. Dentro de las conclusiones contundentes de su diagn√≥stico, argument√≥ tener una capacidad limitada para investigar por falta de competencia y una debilidad administrativa, como elementos que no permitieron alcanzar los objetivos. La exigencia de investigaciones efectivas y combate a la impunidad ha sido tambi√©n se√Īalado en las mismas fechas y por los mismos organismos de derechos humanos que han demandado mecanismos de protecci√≥n a periodistas. La Fiscal√≠a reporta las principales acciones que ha realizado desde que encabeza la FEADLE: sistematizaci√≥n de informaci√≥n de casos de homicidios y desapariciones de periodistas para generar productos estad√≠sticos y de inteligencia criminal; fichas de b√ļsqueda sobre tres casos de periodistas desaparecidos (obligaci√≥n que debieron cumplir sobre todos los casos); otorgamiento de medidas cautelares, algunas de las que no se han implementado de manera efectiva o que las autoridades estatales ha negado a instrumentar; dise√Īo de un sistema de alerta temprana para generar protocolos de seguridad, que est√° relacionado con el mecanismo de protecci√≥n a periodistas instaurado en el seno de la Secretar√≠a de Gobernaci√≥n. Sorprendentemente la Fiscal√≠a reconoci√≥ que la mayor√≠a de las agresiones (amenazas, hostigamiento, entre otras) contra quienes ejercen el periodismo son cometidas por funcionarios p√ļblicos , contrario a lo afirmado por su antecesor y por el Presidente Felipe Calder√≥n quienes han tratado de transferir toda la responsabilidad (y culpa) a los grupos del crimen organizado.

IV. Casos en riesgo extremo. Sin posibilidades de protección
1. Periodistas exiliados

De 2008 a 2010, ARTICLE19 y Cencos han conocido nueve casos de periodistas exiliados. Unos han sido ya reconocidos como refugiados y refugiadas, otros est√°n a la espera de recibir una resoluci√≥n. En ciertos casos, las o los periodistas han tenido que huir junto con sus familias (art√≠culo 22.1 en relaci√≥n con los art√≠culos 4.1, 5.1, 19 Y 1.1 de la CADH), abandonar el periodismo (art√≠culo 13 CADH y 6 Protocolo de San Salvador) o permanecer por varios meses en los centros de detenci√≥n de los servicios de inmigraci√≥n de los pa√≠ses de destino. Sin embargo, cada uno de los casos son ejemplos claros del car√°cter pluriofensivo ante la falta o ineficacia de los recursos internos para prevenir agresiones y de la impunidad que impera en la mayor√≠a de los casos de agresi√≥n a periodistas en M√©xico. A continuaci√≥n se presentan algunos elementos sobresalientes y comunes a los casos y nuestras conclusiones: De los nuve casos registrados de periodistas exiliados, 8 provienen del estado de Chihuahua y uno de Coahuila. Podemos se√Īalar que por lo menos en siete casos los periodistas abandonaron el pa√≠s acompa√Īados de sus familias, lo que extiende la situaci√≥n de vulnerabilidad a por lo menos 22 personas m√°s. En dos de los casos, los reporteros solicitaron no difundir informaci√≥n respecto a su familia. Las edades de quienes han salido del pa√≠s en busca de protecci√≥n oscilan entre 37 y 47 a√Īos. En las coberturas que realizaban antes de abandonar el pa√≠s, los temas relacionados con corrupci√≥n oficial, narcotr√°fico y abusos en contra de civiles a manos de elementos del Ej√©rcito en el desempe√Īo de funciones de seguridad p√ļblica son los m√°s frecuentes.

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2. Periodistas desplazados internamente

Quienes ejercen el periodismo son afectados/as por 3 tipos de violencia. Primero, la violencia generada a partir de la crisis de seguridad p√ļblica en M√©xico que enfrentan las comunidades en donde desempe√Īan su labor. Segundo, la particularmente dirigida hacia quienes ejercen el periodismo con motivo de la investigaci√≥n y difusi√≥n de informaci√≥n, ideas y opiniones. Y finalmente la violencia producto de las condiciones laborales precarias en las que se encuentran la mayor√≠a de periodistas, comunicadores/as y trabajadores/as de los medios de comunicaci√≥n. La conjugaci√≥n de estos factores est√° generando que un n√ļmero mayor de periodistas decidan abandonar sus comunidades, a menudo en total anonimato. Adem√°s las agresiones graves a derechos humanos de periodistas tienen un efecto inhibidor que se multiplica a medida de que la impunidad se consolida en la investigaci√≥n de cada uno de los casos.



ARTICLE 19 ha documentado los casos documentados de 19 periodistas que se han desplazado internamente desde 2009. El com√ļn denominador de estos casos es la recepci√≥n de amenazas y el alto riesgo de que √©stas se concretasen.
La situación se torna más delicada tras los asesinatos en Tamaulipas que buscan amedrentar a quienes usan herramientas en internet para hacer denuncias anónimas de la actividad de los delincuentes, pues la periodista también es coordinadora de un grupo de ciberactivistas a través de la red social Twitter, denominado @ContingenteTam, desde donde además de promover los derechos humanos, se dan a conocer abusos de elementos del Ejército, la Marina, los cuerpos policiacos locales y los grupos delictivos en la entidad.

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