VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Periodismo:
La macabra estadística

DE NUEVO, LA VUELTA A LA NORIA. Dicho coloquialmente, otra vez la burra al trigo. Se ha reinstalado en el Senado de la República la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación. ¿Y?

 

Y, como destino manifiesto, la puesta al día de la macabra estadística. En voz del senador Antonio Blázquez Salinas: 33 asesinatos de colegas entre 1983 y 1993; de 2000 a 2006, 66; de 2007 a 2012, 127. Total, 227. México, resume el legislador, ocupa el tercer lugar mundial en el exterminio de comunicadores. De lo que se trata, concluye, es de acallar la libertad de expresión “como paso previo al predominio del Estado� sobre la sociedad.

En el acto senatorial correspondiente, está presente el director de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Jesús Tapia Urbina. Tarjetas en mano, hace su recuento: De 1999 a la fecha, 843 expedientes, De 2000 a la fecha: 82 homicidios, 18 desapariciones, 33 agresiones a medios.

De los datos computados, se hace la siguiente ecuación: De 133 casos documentados, sólo 19 por ciento han sido consignados. Aún sin conocerse con precisión el desenlace de estas consignaciones, puede hablarse de que en 81 por ciento prevalece la impunidad.

A priori, podría citarse al difunto poeta y periodista de Aguascalientes, José María Mora Ruiz: Un desengaño más/ otra vez llanto/ de nuevo luto en mi azarosa vida/ Otro motivo más de desencanto/  otra esperanza, para mi, perdida... Sin embargo, vale el beneficio de la duda para la renovada comisión legislativa.

En esas estábamos, cuando en las mismas horas se escucha en México la noticia de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos decidió imponer castigos a larga distancia a medios electrónicos de Irán -empezando por Islamic Republic of Broadcasting-, por censurar a la oposición que apoya a los esfuerzos de Washington por disuadir al gobierno de aquel país para que abandone su programa nuclear. Contra la censura interna, la censura trasnacional.

Podríamos citar ad infinitum, otros muchos casos internacionales para enmarcar la censura y autocensura que se impone a algunos medios nacionales. Pero volvamos al fenómeno con el que damos inicio a esta entrega: La impunidad que señorea sobre el sistema de justicia mexicano, no sólo en cuanto toca a la represión al ejercicio periodístico, sino, en general, a la tolerancia que, en cambio, se otorga a actividades ilícitas que fermentan el caldo de cultivo de la corrupción pública y privada en nuestro país.

Lo que está en predicamento es la Libertad de Expresión, y no es casual que la acción intimidante de agentes del Estado, de la iniciativa privada o del crimen organizado -al extremo de cobrarse la vida de tantos comunicadores- se dirija particularmente a oficiantes del periodismo que, precisamente, enfocan sus investigaciones y el resultado de las mismas a la denuncia de la corrupción en todos los órdenes de la vida nacional.

Es, la anterior, una asignatura soslayada en el Pacto por México, cuyos firmantes y ejecutores, no siendo omisos del todo en el tema de la comunicación, sin embargo apuntan sus baterías a abrir el universo de las concesiones del Estado para medios electrónicos, en cuyo caso, más que abogar por la libertad informativa, se enfoca a la competencia mercantil entre los económicamente poderosos, únicos con capacidad dineraria y poder de influencia para usufructuar esos privilegios.

Aquí de lo que se trata- y en este campo, como institución representativa de una gran parte del gremio somos tercamente inflexibles-, es de frenar la escalada de crímenes de lesos derechos a la Información y a la libre expresión.

Saludamos con respeto iniciativas del Poder Legislativo para contribuir a esa misión, pero por experiencia sabemos que, si a esos empeños no se suman el Poder Ejecutivo y, sobre todo, el Poder Judicial, vanos serán los compromisos de preservar y ampliar las libertades civiles y los derechos políticos.

En el Pacto por México aparece de nuevo el enunciado de una Reforma Política, pero el expediente nos informa que ésta generalmente gira sobre el tema puramente electoral que es del particular interés de la partidocracia y, si en éste converge tangencialmente el asunto de la comunicación o la propaganda política, la cuestión se remite al Instituto Federal Electoral o al Tribunal correspondiente del Poder Judicial de la Federación, donde la controversia se vuelve cena de negros o componenda.

No apostamos -no somos ilusos ni arbitrarios- por un régimen de excepción para nuestra actividad. Exigimos apenas que los mandatos constitucionales sustanciados en los artículos primero, sexto y séptimo de nuestra Carta fundamental, sean garantizados, efectivamente, por el Estado. Entre ellos están el derecho a la vida y las libertades que le acompañan, no precisamente como añadiduras. Nada más… pero nada menos.

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