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Los obreros, expulsados del paraíso neoliberal
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Edición 311


Los obreros, expulsados

del paraíso neoliberal

 

Desde que, hace poco más tres décadas, los tecnoburócratas criollos -clasistas y, por supuesto, racistas- tomaron por asalto Los Pinos, cargados con su modelo de (verdadera) simulación y sus formatos de matrices insumo producto, por mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) se propusieron “adelgazar el Estado obeso”. 



Asesinato del alma


A Carlos Salinas Recortari le tocó meter la tijera a la nómina federal, preferentemente sobre la baja burocracia. En la alta, fueron incorporados los genios en “excelencia”. Fue el aval gubernamental para que los patrones privados también remitieran a la cesantía, sin defensa sindical, a buena parte de su plantilla de personal. A la que quedó, se le condicionó su permanencia al rasurado de sus prestaciones económicas y sociales. A veces a la cancelación de su sindicato. Se decretó entonces la desalmada sentencia: ¡Empléate a ti mismo! 

Ahora, son los de la llamada economía formal (en muchos sentidos más criminal que la otra), los que se quejan por la “desleal” competencia de los desempleados que medran en la economía negra. Son ya casi 30 millones en todo el país. (La Población Económicamente Activa es de poco más de 52 millones.) 

Dos canalladas dos 

Se pueden ilustrar las canalladas neoliberales con dos casos elocuentemente representativos. Cuando en 1995-1996 Ernesto Zedillo Ponce de León determinó entregar a particulares los Ferrocarriles Nacionales (que finalmente quedaron en manos extranjeras, que dan empleo al ex presidente), echó a la calle a tres mil obreros y empleados sólo en el Distrito Federal. 

Con la complicidad del charro sindical ferrocarrilero Víctor Flores Morales, el ente liquidador regateó la liquidación a los despedidos. Al menos 300 de ellos interpusieron demanda laboral (juicio 91/996), reclamando diferencias en el monto de la liquidación, base para su pensión. Apenas entre 400 y 500 pesos mensuales. 

El primer laudo favorable a los demandantes se dictó en 2001 (Tiempo de Vicente Fox). Durante 12 años, el liquidador evadió la sentencia con todo tipo de huizachadas, entre ellas el emparo. Finalmente, la Junta Especial 46 de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tlaxcala, argumentando que el ente liquidador atacaba el derecho a la alimentación de los pensionados, el pasado 14 de octubre ordenó el embargo de instalaciones de la estación Buenavista, de la Ciudad de México, para garantizar el pago de unos 18 millones. Llegó la “justicia laboral” cuando no pocos de los demandantes han muerto. 

El pasado 24 de octubre, unos 650 ex obreros sindicalizados de la Goodyear Oxo, se manifestaron frente a la sede de la Junta Especial 10 de Conciliación y Arbitraje. (¡Provocaron caos vial! dijeron en las pantallas televisivas.) ¿Cuál es la pila? La pila es que Sergio Pérez Tovar registró a su nombre y como de su propiedad el sindicato. Con tal cínico carácter, usó discrecionalmente más de 500 millones del patrimonio sindical para la compra de tres ranchos de riego en Querétaro y otras propiedades. Lo que hace la mano, hace la tras: Sus chalanes Gonzalo Ugalde y Marco Antonio Díaz siguieron su línea de despojo. 

Esa historia también empezó en 1996. Se ha emitido sentencias a favor de los trabajadores, una de ella en 2005. ¿Qué ha hecho hasta 2013 la autoridad laboral? Se ha hecho pato. Botones de muestra, nomás. 

Topes salariales, contratos de protección…  

Durante los treinta años relatados, además de institucionalizarse los contratos de protección empresarial aupados por la federal Secretaría del Trabajo, se ha procedido a la desindicalización de trabajadores, y a la precarización del empleo. Recientemente, con la contrarreforma laboral, se estableció la triangulación contractual para que los patrones (incluso empresas paraestatales), incumplan, sin consecuencias jurídicas -ni fiscales-, la Ley Federal del Trabajo. 

Pero, además, entre las políticas de choque dictadas por el FMI, con la coartada de que los costos laborales son inflacionarios, se establecieron los topes salariales. En lo sucesivo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (y en cadena los patrones privados) indexó los incrementos al índice inflacionario (que no se compadece de la carestía de la canasta básica alimentaria.) 

Obviamente, desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en cada nuevo paquete de Criterios de Política Económica, los tecnoburócatas fijan el cálculo mínimo de inflación para el año siguiente. De ahí que el incremento anual de los mínimos (a los que están sujetos al menos unos seis millones de trabajadores) sea de risa loca. Obviamente también, a final de cada ejercicio fiscal, el tal índice inflacionario queda por encima del anticipado. El salario mínimo permanece inamovible. 

Fabrica de pobres… y ái veremos 

El gobierno de Enrique Peña Nieto, ha tenido que instituir la Cruzada Nacional contra el Hambre, para satisfacer las necesidades más ingentes del infelizaje. 

El 24 de octubre, la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa presidencial reforma constitucional (excluyente de los trabajadores del Estado), para crear la pensión universal y el seguro de desempleo. Para financiar esas prestaciones, se tendrá que echar mano a la reserva de la subcuenta de vivienda, disponiendo de tres puntos porcentuales del cinco por ciento de las cuotas patronales. Agua de borraja para jubilados y desempleados. 

Es la lógica neoliberal de: Fabrica pobres y desempleados, y vamos a ver de qué cuero salen las correas para darles subsistencia a sus familias. 

Para colmo, queda para las calendas griegas una política pública de prohibición del trabajo infantil y de protección al trabajo adolescente. Hablamos de unos cuatro millones de menores. ¿Y los ninis, ‘apá? Vamos sobre el record de ocho millones. 



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