Lunes, 01 de Junio de 2015 09:12 | 
Author: Mouris Salloum George | 
| Edición 333 |
El 8 de mayo de 1753, nació en la Hacienda de Corralejo, Guanajuato, un bebé al que sus padres le pusieron el infinito nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor.
Cuando en el México de la premodernidad en las escuelas públicas se enseñaba Historia y Civismo, a aquel personaje los niños lo conocían sencillamente como El Cura Hidalgo y sabían que fue Padre de la Independencia de México.
En el 262 aniversario de su natalicio, nadie del universo burocrático recordó a El Cura Hidalgo. Suele ocurrir en la era del neoliberalismo de importación.
8 de mayo de 2015: En Los Pinos, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibe en visita de Estado a su homólogo de Colombia Juan Manuel Santos, con quien suscribe un memorándum de entendimiento para sostener una relación estratégica entre ambas repúblicas. Peña Nieto ofrece su colaboración para que la paz total llegue a Colombia.
8 de mayo de 2015: El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty declara que la impunidad es la raíz de las muertes y desapariciones en México desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado.
Entre esos dos sucesos de un mismo día se introduce una patología: La esquizofrenia pública. Un jefe de Estado ofrece a su par un valor: La paz, que en su país no puede restablecer, no obstante haber sido el compromiso prioritario de su plan de gobierno.
... la última es la que mata
Del mismo modo que está escrito que “todas las hora hieren, la última es la que mata”, se puede decir que hay celebraciones que, habiendo sido de júbilo en su origen, devienen fechas luctuosas.
El 7 de junio mexicano que se aproxima, es un día en que concurren dos eventos en los que debiera renacer la esperanza de 120 millones de compatriotas.
Después de una montaña de reformas electorales, el 7 de junio, que debiera ser de fiesta cívica, según el viejo discurso republicano, se realizarán comicios en todo el territorio nacional.
Los comicios federales, para instituir la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. En 17 entidades, para elegir nueve gobernadores, congresos locales y cientos de gobiernos municipales. La escena nacional está primada por la barbarie que indica pronósticos reservados.
Pero, el 7 de junio en nuestro ámbito de acción, es el Día de la Libertad de Prensa, establecido en la misma fecha en el año de 1951 por discrecional acuerdo entre el presidente Miguel Alemán y el coronel José García Valseca, propietario entonces de la cadena de diarios del mismo nombre.
Aquellos tiempos, fundacionales del régimen civilista en sustitución de los asfixiantes gobiernos militares, eran de artificial prosperidad acreditada al restablecimiento de la paz después de la Segunda Guerra Mundial y a las expectativas de desarrollo de una industria nacional y nacionalista.
El Día de la Libertad de Prensa se convirtió en tradición, aunque no siempre compartida por toda comunidad periodística, sí como foro para renovar votos comunes por la plena observancia de las libertades civiles y los derechos políticos, consustanciales de toda democracia que se precie de serlo.
La paz de los sepulcros
7 de junio: Doble motivo de celebración de la Libertad de Expresión. La de la voluntad popular, al través del voto electoral para la formación de los poderes públicos. La de quienes estamos comprometidos con la libre circulación del pensamiento. De las ideas, pues.
¿Tenemos, en estricto rigor, algo qué celebrar el próximo 7 de junio? No se puede. La paz de los sepulcros no puede incitar más que al funeral dolor que condensa en México la evidencia de una crisis humanitaria y política.
Que se encuentren recientemente los ultrajados restos mortales de un periodista asesinado en Veracruz y trasegados a Oaxaca, no hace más que confirmar la tragedia que vive nuestro oficio.
Nos duelen el espíritu y las yemas de los dedos sobre el teclado en el que todos los días tenemos que llevar el cómputo de los colegas asesinados, desaparecidos, perseguidos y exiliados, y de los medios de comunicación que son obligados compulsivamente a la autocensura.
Es el macabro saldo de lo que el vocero de Amnistía Internacional identifica como la institucionalización de la impunidad en México.
¿Otra oportunidad perdida?
Uno esperaría -concediendo a la hipótesis de que toda crisis abre ventanas de oportunidad- que las elecciones del 7 de junio fueran una para que los poderes públicos emanados de ese proceso intentaran un cambio radical del criminal estado de cosas.
Pero la atmósfera pública está infestada de todo lo contrario: Crímenes de lesa democracia en los que incurren, sin excepción, todos los partidos beligerantes, diez ahora, como si el número fuera a suplir la calidad.
Y, ante ese sombrío panorama, no se puede ser optimista: Los autónomos órganos de administración y jurisdicción creados por el montón de reformas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre ellos, son rehenes de una acerdada partidocracia que sólo piensa en las tesorerías públicas que pondrá a su alcance la próxima renovación de poderes Ejecutivo y Legislativo.
Por doctrina y mandato constitucionales, el régimen mexicano, no tenemos otro, es de naturaleza presidencialista. Lo recordamos porque, si hay alguien que, en un momento de lucidez y voluntad política, pueda actuar para restaurar la atrofiada confianza y la perdida esperanza de los mexicanos, es el Presidente de la República. El balón está en su cancha.
Todavía es tiempo.
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