Domingo, 26 de Abril de 2009 22:51 | 
Author: HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD | 
| Edición 209 |
Representan a sus propios intereses nacionales; indispensable, la transparencia y la rendición de cuentas
1.- El Instituto Milken ha publicado una investigación del Grupo Kurtzman sobre el Índice de Opacidad Global mostrando los costos económicos de la corrupción. Ahí aparece México ocupando el lugar 31 de 60 países estudiados. En sus conclusiones sostienen que México podría elevar su ingreso económico anual per cápita de los actuales 18 mil dólares, a una cifra superior a 28 mil dólares anuales per cápita, siempre y cuando introdujera las medidas legales, regulatorias y de rendición de cuentas que transparenten su economía y sus sistemas político y judicial.
2.- En realidad, esa necesidad es global y no sólo exclusiva de México. En la geopolítica del siglo XXI no existen Estados fallidos, sino instituciones disfuncionales para representar a sus propios intereses nacionales. El Estado es simplemente la personalidad jurídica que asume una nación. Cuando una nación o conjunto de naciones asumen una organización política, ejerciendo soberanía a través de un gobierno en un territorio, tenemos a un Estado actuante y vigente. Si las instituciones actúan contra ellas mismas, entonces son instituciones disfuncionales que ponen en peligro la seguridad del Estado.
3.- Para que una nación pueda vigilar la actuación de las instituciones del Estado son indispensables la transparencia y la rendición de cuentas. Sin esos dos instrumentos de supervisión, los servidores del Estado pueden llegar a ser los verdugos de la nación y los causantes del derrumbe del propio Estado al que decían servir. Por ello, el Estado sólo puede garantizar su desempeño eficiente cuando se conjugan los requisitos de la democracia, con elecciones periódicas, transparencia y rendición de cuentas.
4.- El mercado y los consumidores solamente pueden alcanzar su pleno desarrollo al amparo de un sistema jurídico que provea seguridad para todos los agentes económicos, con un Estado que garantice el acceso a la justicia por medio de leyes, sin abusos de poder, ni discrecionalidad para gobernar. Así lo han hecho las sociedades económicamente exitosas, que primero construyeron instituciones sometidas a las leyes. Inglaterra, es el mejor ejemplo de cómo puso un alto al despotismo absolutista, desde el momento en que el Rey Juan Sin Tierra firmó en 1215 la Carta Magna que le dio vida al Parlamento como contrapeso del monarca, iniciando un gobierno constitucional.
5.- Por ello es importante valorar la trascendencia política, económica y social que tendrá para el futuro de México la sentencia judicial 86/2009 emitida el 23 de marzo de 2009, -precisamente en el XV aniversario luctuoso de Colosio-, por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito que resolvió cancelar la orden de aprehensión en contra de Manuel Muñoz Rocha, que dice textualmente: “Toda vez que con la prescripción de la acción penal se extingue la responsabilidad penal del inculpado, lo procedente es decretar el sobreseimiento de la presente causa respecto a Manuel Muñoz Rocha, sobreseimiento que al causar estado surtirá los efectos de sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.” Tal sentencia incumple el compromiso de Vicente Fox y Felipe Calderón de investigar a fondo, y obligará al Congreso y a los partidos políticos a asumir una posición, ya sea con un silencio cómplice o denunciándola. 
6.- Existen dos expedientes judiciales, con los números SA94-CR516M y SA94-CR377, radicados en la Corte Federal de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, ante el Magistrado Federal John W. Primomo, donde los fiscales federales y agentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América que vieron y reconocieron a Manuel Muñoz Rocha el 19 de octubre de 1994 en la ciudad de San Antonio, Texas, también declararon bajo juramento en la Corte Federal que dicho fugitivo es el eslabón clave en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, quien se encuentra en Estados Unidos bajo la protección del grupo que ordenó esos crímenes.
7.- En mi entonces carácter de Cónsul General de México en San Antonio, Texas, envié de inmediato toda esa información judicial a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República. Durante once años, -de 1995 a 2006-, ambas dependencias negaron la existencia de esos 120 informes consulares, hasta que por ejecutorias de amparo tuvieron que admitir que sí existían en sus archivos y expedir las copias certificadas para ampliar las denuncias penales que presenté ante la Procuraduría General de la República y las quejas administrativas contra servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República radicadas ante la Secretaría de la Función Pública, dependencias federales todas ellas, hasta hoy omisas y encubridoras.
8.- ¿Porqué es un agravio al progreso económico-social de México, esa sentencia que intenta dar carpetazo a los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu? Porque pone de manifiesto el contubernio y la coalición de servidores públicos para dejar impunes esos crímenes que le cambiaron el rumbo político a México. Ello puede probarse. Primero, porque tal sentencia absolutoria a Muñoz Rocha declara que el cómputo de 14 años para fijar la prescripción lo hicieron con base en el tipo penal del homicidio simple, cuando se trata de un homicidio calificado cuya pena aplicable era de 20 años. Segundo, porque están obligados a sujetarse a lo previsto en el artículo 101, segundo párrafo, del Código Penal Federal, que previene lo siguiente: “Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción”. Y tercero, porque el Tribunal de Alzada declaró que la Procuraduría General de la República “invoca disposiciones aplicables a delitos contra la salud y no al diverso de homicidio”. Tal error al expresar agravios es prueba del propósito de perder el caso por parte de la Procuraduría General de la República, y es constitutivo de posibles responsabilidades penales y administrativas para esos servidores públicos.
9.- Fracasaron rotundamente en la investigación de esos crímenes las dos procuradurías, tanto la Procuraduría General de la República de México como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque ambas fiscalías tienen en su poder toda la información y las pruebas que no han querido investigar. Al ser omisas, asumieron el papel de instituciones disfuncionales y han dejado en estado de indefensión la seguridad nacional de ambos países. También falló la Secretaría de Relaciones Exteriores al permitir que esos grupos criminales infiltrados en las estructuras administrativas contaminen la política exterior con sus agendas delincuenciales, como también erró el Departamento de Estado al guardar un ominoso silencio sobre hechos que bien conocen. Es muy grave que los sistemas de procuración y administración de justicia en México y en Estados Unidos falten a su deber y comprometan la seguridad de los dos países.
10.- La actual crisis económica internacional puede volverse política y social por la evidente manipulación y engaño que se ha orquestado desde el poder en varios países. Mienten quienes afirman que no sabían que esto iba a ocurrir. Se sabía desde hace varios años que se estaba realizando una gran estafa financiera a escala mundial, como parte del modelo económico que saquea la tesorería de las naciones y ordena la eliminación de liderazgos políticos que los desafíen o incomoden. Esta crisis exhibirá a individuos e instituciones que están fallándole a México, sumiéndolo en la violencia y la criminalización de su vida nacional, y abre la oportunidad para que el país pueda renovarse y salir de esa trampa que le roba a la nación su derecho a progresar.
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