EN EL SEGUNDO SEXENIO al hilo de una sui géneris “democracia de, para y por los empresarios” (según puntual definición y aplicación del ideólogo Chente Fox), nada raro sería que el aparato represivo del gobierno calderonista dejara caer su peso sobre los mineros de Cananea para favorecer los intereses de uno de sus más nefastos mentores: Germán Larrea y su Grupo México.

 

   PROTEGIDO POR EL inquilino de Los Pinos (el anterior y el actual), Larrea (heredero de El Azote, como era conocido su padre, Jorge, patriarca del negocio y la fortuna familiar, ahora marca Forbes) no quita el dedo del renglón: acabar con Napoleón Gómez Urrutia, otro heredero de la clase política mexicana, aunque entre las patas se lleve a miles de trabajadores mineros en primera instancia los de Mexicana de Cananea- que sólo exigen mejores condiciones laborales y respeto al contrato colectivo en las muchas concesiones mineras que el gobierno federal ha otorgado a este nefasto personaje de la elite empresarial del país.

   El pretexto para que la fuerza pública intervenga es lo de menos; para eso está el manto protector del gobierno calderonista y su operador, el prianista Lozano (también lo fueron monseñor Carlos Abascal y Francisco X. Salazar, el de Pasta de Conchos, con Fox). En el lado de Larrea también aparece involucrado otro empresario (un pollero marca Fobaproa) que despacha como gobernador de Sonora, Eduardo Bours. En fin, es la “autoridad” rompe huelgas que quiere “rescatar” el negocio a uno de los suyos, aunque destroce el estado de derecho y destruya a miles de mineros.

   Larrea pretende acabar con el sindicato para cobrársela a Napito, pero no con el negocio. Exige que el gobierno calderonista, como antes al foxista, le quite de encima los “estorbos”, pero ni de lejos está en sus planes cerrar la fuente principal de su riqueza, cortesía del gobierno salinista. Minera de Cananea, según información del propio Grupo México, no sólo es uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo, con 80 años más de vida útil, sino que representa 64 por ciento de sus utilidades potenciales, medidas a través de las reservas de mineral que el consorcio tiene en territorio mexicano.

   Aun así, no todo funcionó de acuerdo con el plan. Fallida la intentona “legal” (el supuesto laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) de dar “por concluida” las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea y el sindicato minero, Larrea y su Grupo México (con el ejército de ex funcionarios federales a su servicio) por enésima ocasión desempolva el asunto de los 55 millones de dólares de un fideicomiso, producto de la privatización del mayor yacimiento cuprífero del país (1990, con Carlos Salinas en Los Pinos), para que gentilmente la “autoridad” gire orden de aprehensión contra Gómez Urrutia, como “probable responsable de la comisión dolosa de los delitos de administración fraudulenta”.

   Pues bien, retomó lo aquí publicado: cuando en 1989 el gobierno salinista echó el Ejército a los mineros, quebró la Compañía Minera de Cananea (posteriormente Mexicana de Cananea) y la privatizó (regaló) en favor de la familia Larrea -quiebra y privatización que, como tantas otras, fueron totalmente injustificadas-, los nuevos dueños aceptaron -como parte del contrato de venta- “repartir” el equivalente a cinco por ciento de las acciones entre los trabajadores que soportaron la represión, la quiebra y la “desincorporación” de una de las más ricas empresas del Estado.

   Consolidada la privatización en favor de la familia Larrea (con Jorge Larrea, alias El Azote, a la cabeza, y desde 1999, con su heredero Germán Larrea Mota Velasco), el Grupo México sistemáticamente se negó a cumplir con el mencionado “reparto”. Pasó el tiempo (tanto como tres lustros) y la insistencia de los mineros quedó manifiesta año con año: que se nos pague, en líquido, el equivalente a ese cinco por ciento de las acciones. A la reiterada exigencia de los trabajadores, el consorcio privado machaconamente se negó a cumplir con el acuerdo, y para ello contó con el apoyo del Congreso sonorense, de los tribunales del Distrito Federal (los que ahora de nueva cuenta giran orden de aprehensión), del inquilino de Los Pinos en turno y de cualquier “autoridad” que se dejara “convencer”, al estilo de los Larrea.

   Fue tal la insistencia de los mineros y la complacencia de las “autoridades” para con la famiglia -en el término más siciliano de la palabra-, que el 2 de abril de 2001 el consorcio minero -ya entronado Germán Larrea Mota Velasco- se dio el lujo de informar a sus accionistas e inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que el reclamo de los trabajadores era “cosa juzgada” y que no le colmaran la paciencia.

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