La muerte tiene permiso
Variaciones sobre un mismo tema, el de la justicia en México:
- El 22 de diciembre de 1997, a mitad del sexenio de Ernesto Zedillo, ocurrió la masacre de Acteal, Chiapas, en la que fueron exterminados a balazos 45 indígenas tzotziles. Existen testimonios de que los ejecutores, en este caso específico, eran miembros de la banda paramilitar Paz y Justicia que contaron con el apoyo, en dinero y vehículos, del Ejército mexicano. En agosto pasado, después de doce años de prisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación de 20 indiciados por encontrar deficiencias e insuficiencias (se sospecha que deliberadas) en la actuación de la Procuraduría General de Justicia. Hace unos días, la primera sala del máximo tribunal liberó a otros nueve y amparó a 12 más para efectos de que un tribunal unitario revise su situación jurídica.
- Apenas horas después, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), directivos de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en audiencia en la que estuvieron representantes del Estado mexicano (secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública), acusaron a efectivos del Ejército de tortura contra agentes policiales y población civil en Tijuana, Baja California. En Tijuana, denunció el director del organismo promoverte, Juan Carlos Gutiérrez, “se han presentado detenciones masivas y arbitrarias de policías y civiles, así como arraigos hasta de 80 días y torturas”.
- El 1 de noviembre pasado, por segunda vez, sicarios del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), patrocinado por el diputado priista José Mejía, y comandado por Rufino Juárez y Antonio García, atacaron a integrantes del ayuntamiento autónomo del municipio San Juan de Copala, Oaxaca, asesinando a Héctor Antonio Ramírez Paz. El objetivo del atentado era el alcalde José Ramírez Flores.
- Cuatro días después de haber tomado posesión como secretario de Seguridad Pública del municipio de García, Nuevo León, el 3 de noviembre fue ejecutado el general retirado Juan Antonio Esparza, junto con cuatro escoltas, dos de ellos también de extracción militar, por un comando armado que se movilizó en 10 vehículos desde los cuales carraquearon la unidad en que se transportaba el funcionario, el de más alto rango castrense asesinado en aquella entidad…
 Aun tomados al azar -sin tiempo ni lugar predeterminados- esos episodios distan mucho de ser excepcionales. Entre la acción criminal y la actuación los órganos de procuración de justicia y de los tribunales, en lo que va de 2009 se computan más de seis mil 300 muertes violentas, de lo que se colige que, lo mismo si se trata de gobiernos priistas que si se trata de gobiernos panistas, el asesinato, y en la mayoría de los casos su impunidad, ya constituyen sistema: La muerte tiene permiso.
Por supuesto, lo más preocupante de ese fenómeno de descomposición institucional, es tener que consignar la participación de miembros de las Fuerzas Armadas como presuntos o comprobados agentes de violencia, que se extiende a otros ámbitos, como lo demuestran indagatorias sobre la ordeña-robo de ductos por los que se transportan productos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos costos medidos en miles de millones de pesos se cargan a la menguada economía estatal.
Ese doloroso repaso a vuelo de pájaro, por asociación de ideas nos sitúa de nuevo frente al tema del Estado fallido, que los publicistas del gobierno se resisten a reconocer. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Senado de la República dio por concluido el proceso legislativo de Reforma del Estado? Después de este frustrante ejercicio, otra vez se plantea la urgencia de la reforma electoral. Se acometió la cuestión de la reforma energética, que devino parches petroleros, y, con motivo del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el asunto recobra actualidad en la agenda política prioritaria. Durante el sexenio de Vicente Fox, se dio por exitosa la llamada Convención Hacendaria y hoy nuevamente, en ocasión del choque de trenes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por desafíos presupuestarios, se convoca a la Convención Nacional Fiscal, etcétera.
Lo que revelan esos negativos saldos en materia legislativa, es que seguimos inmersos en el mundo de la simulación. La lex simulata continúa siendo la carta de presentación de las cámaras del Congreso de la Unión y de la presidencia de la República. De ser serios, los representantes de esos poderes debieran empezar por el principio. Y el principio, en tiempo y valor jurídico, es que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como poder vigilante de la constitucionalidad de las leyes, ha dictado innumerables sentencias en que declara la inconstitucionalidad (en casos varios al límite de la anticonstitucionalidad), de no pocas legislaciones federales, sin que haya voluntad de enmendar esos yerros. Si así es, ¿cómo querer producir más Derecho, sin siquiera remendar el caóticamente vigente?
No es casual entonces que, a la manera de antiguos reyezuelos negros (Manuel Gómez Morin dixit), hasta ciertos munícipes quieran suplantar autoridad y usurpar facultades que competen a instancias claramente jerarquizadas por la Constitución. Eso no tiene otro nombre más que el de anarquía.
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