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Edición 231

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Causales de la narcocrisis que no

alcanzan el rango de “Alto Nivel”

 

MOURIS SALLOUM GEORGE


Dadas las trágicas circunstancias por las que atraviesa nuestro país, la nota dominante en la segunda Reunión del Grupo de Alto Nivel Estados Unidos-México, realizada en días pasados aquí, la constituyeron los acuerdos en materia de seguridad fronteriza -y mucho más acá del río Bravo-, que no es más que una forma de llamar la Seguridad Nacional del imperial vecino.

Mientras que se trasladan del texto a la acción dichos acuerdos, tan celebrados por las partes firmantes como si por ensalmo fuera a borrarse la realidad impuesta por el narco, vale plantear algunas consideraciones sobre “el histórico encuentro”. Histórico, seguramente porque es la primera vez que buena parte del gabinete presidencial de los Estados Unidos sesiona en la capital mexicana, teniendo como contraparte a sus pares-parias locales.

El primer punto a tratar, es que -no por omisión, sino por la jerarquía de prioridades de la delegación estadunidense-, algunos temas de la agenda anunciada previamente no se abordaron en la dimensión requerida, y solamente aparecieron como enunciados en la declaración final, rubricada por la señora Hillary Clinton con la siguiente oración plañidera: “Hemos presenciado con mucho dolor terribles tragedias, homicidios que han sucedido aquí en México y nuestros corazones explotaron en llanto por los homicidios en Juárez, cobrando tres vidas de personas relacionadas con nuestro consulado”.

Entre los temas tácitamente relegados están, para citarlos genéricamente, los de infraestructura y comercio fronterizos, que no son ajenos a la esposa del ex presidente Bill Clinton. No lo son, porque si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue firmado en 1992 por Carlos Salinas de Gortari y George H. Bush, su instrumentación, a partir del 1 de enero de 1994, correspondió a la administración Clinton. Para decirlo pronto, uno de los capítulos del TLC original es el de la cuestión de los aranceles en las que se fijó un plazo de diez años para llegar a tasa cero. Los Estados Unidos asumieron una posición pugnaz hasta lograr ese objetivo. No sucedió lo mismo con los capítulos de infraestructura (relacionado con el medio ambiente) y comercio, -que se pretendía fluido y justo para las partes-, referencias obligadas para hablar de las asimetrías entre ambos países.

 

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Consta que, en diversas reuniones bilaterales de evaluación de los resultados del TLC, el planteamiento de esas urgencias fue recurrente del lado mexicano, sin encontrar debidas respuestas del socio norteño. Aludir esos asuntos tiene qué ver con la distorsión de le economía fronteriza, dominada por la industria maquiladora, con la que el gobierno mexicano ha sido indulgente tanto en materia fiscal como en el trato a la mano de obra nacional, cuya feroz discriminación derivó en la búsqueda de puertas falsas como la emigración, la prostitución y el tráfico de drogas, de armas y personas.

A propósito del comercio de armas, desde el observatorio del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, un reciente reporte informa que entre 2005 y 2009 -sin incluir operaciones de mercado negro- esa actividad se incrementó en 22 por ciento, con un crecimiento exponencial hacia América Latina de 150 por ciento en el periodo. Dicho reporte sitúa a los Estados Unidos como líder en el mercado con una participación del 30 por ciento. A mayor abundamiento, un informe de una de las secciones de la Biblioteca del Congreso norteamericano, entregado en septiembre de 2009 al Capitolio, da a conocer que, aun en 2008, cuando la economía global entraba en crisis, los Estados Unidos acapararon las ventas en el mercado con la colocación de casi 38 mil millones de dólares, equivalente a poco más del 68 por ciento de la demanda.

Otro tenebroso enfoque de la temática binacional, fue sacado a la luz en escenario distinto por el investigador y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Eduardo Buscaglia, precisamente al concluir la reunión comentada: Desde 2006, un estudio auspiciado por los Estados Unidos y países de Europa occidental, cuya copia fue entregada en su oportunidad a Felipe Calderón, descubre que al menos tres mil 530 empresas relacionadas con los cárteles de Sinaloa y Tijuana, Baja California, desde entonces se dedicaban al lavado de dinero. Una hipótesis del académico citado es que a tales negocios no se les puede tocar “porque estarían financiando campañas electorales”.

¿Se puede esperar entonces resultado tangible alguno de esos encuentros, cuyos protocolos se ofrecen al piso de remates de gangas mediáticas, a no ser el de la reiterada obsesión injerencista de la Casa Blanca en su patio trasero? Diga cada quien su respuesta.



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