Quiniela negra
HÉCTOR TENORIO
Al Jefe Diego se le acusa por hacerse rico a costa de su actividad pública; desde hacerse dueño, mediante engaños, de explotaciones mineras, pasando por la compra de miles de metros cuadrados a precios de ganga en la zona aledaña al aeropuerto internacional de Querétaro y Punta Diamante. Su desaparición abre un parteaguas en el tratamiento del tema de la seguridad pública y de los riesgos y amenazas a la seguridad interior del país.
Los políticos coinciden que para frenar esta situación es necesario elevar la mira y dejar a un lado las diferencias partidistas y fortalecer una estrategia de estado.
Esto también, deja claro que hasta ahora la batalla contra el crimen organizado no la lleva ganada el gobierno. Se obliga a que con honestidad se reconozca, se reestructure y se redireccione la estrategia. ¿Ha llegado el momento de revisar la estrategia contra el crimen organizado? ¿Pero cómo ser juez y parte?
El hecho en sí, es la expresión de un pico de violencia severo y de acciones de alto impacto que se preveían semanas atrás. El modo de operar del comando que lo secuestro, implicó un grado de complejidad. Las tijeras encontradas y la sangre hacen deducir que al ex candidato le fue extirpado el micro chips que traía y con el cual podía ser localizado.
Independientemente de su suerte, es un golpe contundente para el partido gobernante y un verdadero reto para Felipe Calderón. Es el banderazo para la caída libre de los azules y el acceso de los tricolores en el 2012.
En ese contexto, el ex presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, ha decidido que llegó la hora de volver a gobernar.
La clase política cobra conciencia sobre la inseguridad y la violencia prevalecientes en el país cuyos golpes van directamente al sector político; han asesinado presidentes municipales, políticos y candidatos locales, y ello amerita una respuesta contundente contra el crimen organizado.
Podemos esperar más acciones de alto impacto como ésta. ¿Quién sigue? ¿Algún gobernador de Acción Nacional (PAN)?; el mandatario de Morelos, Marco Antonio Adáme, sobrevive por sus buenas relaciones con el gobierno federal. A unas cuadras de Casa de Gobierno asesinaron al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. La Barby está siendo acorralada por sus enemigos y el ejército.
O ¿algún gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI)?; el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, advirtió que el homicidio del candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, no quedará impune. Vana ilusión, en su entidad la maña (mafia) impone su ley.
O ¿algún gobernador del Partido de la Revolución Democrática (PRD)?; el mandatario de Michoacán, Leonel Godoy, ha sido inmolado por el gobierno federal y golpeado por La Familia; la cual, dicho se de paso, se ha dividido, volviéndose más sanguinaria.
El gabinete godoyista vive en tensión permanente. La titular de la Secretaría de la Mujer, Cristina Portillo Ayala, (próximamente candidata al senado de la república) tuvo que dejar su casa unos días mientras las cosas vuelven a la normalidad.
En estas circunstancias ¿existirá la normalidad o está es la nueva percepción de la realidad?
El mundo entero nos ve consternado. La prensa de Estados Unidos denuncia al ejército de México de estar infiltrado por el cartel de Sinaloa. El cartel del Chapo y los militares unen esfuerzos para asesinar a los demás grupos delictivos, sobre todo a Los Zetas. No hay garantías, sólo el presidente de la república se puede sentir seguro, porque lo cuida el Estado Mayor. ¿Pero quién cuida al Estado Mayor? La ruleta negra gira.
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