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Sospechosa conjura contra
las reformas a la ley de seguridad
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Muchos hemos sostenido que desde lo más alto del poder se alienta la velada oposición a responder a la respetuosa solicitud que las Fuerzas Armadas hicieron en los albores de la “guerra” no convencional que declaró el inquilino de Los Pinos al crimen organizado en diciembre de 2006.
Como legislador, siempre me inquietó la inacción tanto del Ejecutivo como de la bancada mayoritaria de Acción Nacional para responder a la petición castrense de contar con un marco jurídico que definiera el alcance de la coadyuvancia que en materia de seguridad pública correspondería a las Fuerzas Armadas y marcara parámetros puntuales, legales y precisos del quehacer de los elementos castrenses involucrados en las acciones asumidas en función de la orden del Mando Supremo.
Guillermo Galván.
A la evidente vulnerabilidad derivada de la falta de ese sustento jurídico se sumó la pretensión panista de abrogar la Ley para Salvaguardar la Neutralidad del País, acción legislativa que, a la luz de un huidizo pacto bautizado como Iniciativa Mérida, despertó profundas sospechas -curiosamente coincidentes con los mandos militares- sobre la apertura del país a la presencia de bases armadas a fin de combatir al narcotráfico.
Esa batalla se zanjó ante la escueta defensa que de la referida Ley hiciera el general secretario Guillermo Galván ante el pleno de la Comisión de Defensa Nacional en San Lázaro, en la que, sin andarse por las ramas, calificó a dicho ordenamiento cardenista como un “seguro” a pretensiones extranjeras.
La ostensible molestia panista ante dicha respuesta generó una sistemática resistencia legislativa a abordar cualquier propuesta proveniente de las reuniones de trabajo con los mandos militares, fuese en materia presupuestal y evidentemente en materia legislativa.
Habiendo pasado más de un año sin atender puntualmente la solicitud de las Fuerzas Armadas en torno a instrucciones presidenciales -cada vez más arriesgadas ante su ostensible ilegalidad- personalmente nos abocamos a generar un paquete de reformas e iniciativas de leyes que respondieran a la necesidad de fortalecer los derechos humanos de la población en situaciones de crisis, por lo que se abordó una propuesta de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, así como la correspondiente a la fracción V del artículo 89 entorno a la facultad presidencial para usar las Fuerzas Armadas y una propuesta de reforma sustantiva de la Ley de Seguridad Nacional, cuya carga a favor del Cisen la hacía peligrosamente restrictiva y violadora de derechos humanos.
Blake Mora.
Pese al trabajo desarrollado, la marcada falta de interés de mi grupo parlamentario, y evidentemente, del resto de las fracciones políticas, me llevó presentar en “solitario” el paquete de cinco reformas y dos iniciativas de ley durante el segundo periodo del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, mismo que fue turnado a las comisiones de Gobernación y de Defensa Nacional, presididas ambas por militantes de Acción Nacional.
Fue hasta mayo de 2009, prácticamente al final de esa Legislatura, que el Ejecutivo envió su iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional como respuesta al pedimento militar planteado en febrero de 2007.
Resultó evidente que la solución legislativa que propuso el Ejecutivo al problema planteado se fincó en “darle la vuelta al 29 constitucional” accediendo a reglamentar su facultad de disposición de la Fuerza Armada bajo el argumento de que la presencia militar se debía al escalamiento del problema de seguridad pública en el que irresponsablemente se ha situado a las acciones delictivas del crimen organizado con el perverso fin de inhibir la invocación del 29 constitucional que electoralmente repercute en la calificación del partido en el gobierno, el cual reconoce su incapacidad de mantener la paz y tranquilidad públicas (es decir, la gobernabilidad y la gobernanza) y que además infiere un sólido control ciudadano ejercido a través del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, colegiando que autorizarán la declaratoria de Estado de Excepción que da certeza jurídica a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Aunado a lo anterior, en el “manoseo” de la referida iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional fue ostensible la injerencia del secretario García Luna pues en todo artículo en el que se enlistara a las instituciones militares aparecía como primera invocada su dependencia de gobierno, es decir, bajo el esquema de la prelación, el funcionario se saltó las trancas y subordinaba a su mando a las instituciones militares del Estado mexicano, hecho inadmisible pero que puede acreditarse.
Tras el descalabro electoral de julio de 2009, en el que Acción Nacional cedió su primera mayoría al PRI en San Lázaro, el Ejecutivo determinó que la Cámara de origen de la reforma fuese la de Senadores en la que mantiene una endeble mayoría y gracias a ello pudo incidir en ubicar su propuesta dentro de la corriente pro-derechos humanos, lo cual llevó a los senadores a concordar los debates entre la Reforma Constitucional y la modificación de esta Ley.
En el curso del proceso se da el debate sobre el artículo 57 del Código Militar y el Ejecutivo, a través del secretario Gómez Mont, se convence a las partes (Ejército y Legislativo) de posponer ese debate.
El desenlace de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional generó una minuta que apuntaló la reforma constitucional en lo general, pero que nunca resolvió la ecuación planteada por el Ejército en febrero de 2007, es decir, no definió la coadyuvancia y sus alcances en materia de seguridad pública, ni generó parámetros legislativos que permitieran normar la acción de la tropa y sus mandos en el cumplimiento de las órdenes giradas por el Mando Supremo.
La Minuta del Senado no sólo no resolvió, sino que reforzando la defensa de los derechos Humanos, profundizó la incertidumbre jurídica de todos y cada uno de los elementos del Ejército y la Armada de México que se debaten entre la obediencia a las órdenes del Mando Supremo, la objeción de conciencia (con lo que ello implica para hombres y mujeres adiestrados a cumplir las órdenes y no a discutirlas) y la estoica aceptación de ser juzgados por violar los derechos humanos en cumplimiento a las instrucciones de ese Mando Supremo que, de dientes hacia fuera, dice apoyarlos pero que en realidad difirió por más de dos años su iniciativa e intriga en contra de su aprobación.
Marinos.
En la Cámara de Diputados, la minuta de las referidas reformas a la Ley de Seguridad Nacional lamentablemente se integró al paquete de las “reformas estructurales” que aparentemente el Ejecutivo defiende, y ello la sumió en el perverso juego del trueque político, agudizado por la peregrina idea de haber turnado dicha minuta a cuatro comisiones: Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Derechos Humanos, lo que cuadriplicó los escenarios del chantaje y complicó enormemente el debate y discusión de una propuesta de reforma a la reforma que atendiera el planteamiento militar.
Al seno de la Comisión de Defensa Nacional se estableció un grupo interinstitucional conformado por algunos legisladores e integrantes de las Fuerzas Armadas que de manera conjunta trabajaron un documento de reformas.
De manera independiente y bajo la coordinación del diputado Navarrete Prida, el PRI generó un documento consensado entre los integrantes de ese grupo parlamentario.
Javier Sicilia.
Las pugnas y tensiones entre panistas, inmersos en su proceso de selección interna de candidato, y en el que la coordinadora Vázquez Mota es constantemente bloqueada desde Los Pinos y sus operadores en San Lázaro, distractor que ha permitido y alentado un protagonismo desmedido de parte del diputado Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, que, todo indica, juega en el equipo de Felipe Calderón en la estrategia de obstaculización a la referida Ley.
 
Isabel Miranda de Wallace. Alejandro Martí.
Es por ello que desde esa presidencia se dieron una serie de hechos que generaron la ruptura del diálogo asumido en Chapultepec entre los legisladores, -entre los que se encontraba Vázquez Mota en su doble papel de coordinadora de bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro- y los integrantes del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia.
Y en este mismo contexto advertimos que se juega la inclusión de otros actores sociales por parte del secretario Blake Mora, generando además condiciones de confrontación entre actores sociales con un origen ubicado en la pérdida de un hijo y el consecuente dolor que ello provoca, sentimiento encausado en todos esos casos en luchas a favor de la seguridad y su máxima aspiración la paz.
Por ello, no debe sorprendernos que lancen a la palestra a Alejandro Martí y a Isabel Miranda de Wallace, ambos unidos en el dolor de la pérdida de un hijo a favor de la ley, como abiertos contrapesos a la figura del poeta Javier Sicilia, a quien ubican contrario a la ley.
Dentro de esta estrategia de ampliación de interlocutores, se ubica la lacónica declaración del presidente de la Coparmex en el sentido de que el empresariado también es víctima de la violencia, lo que se traduce que sus representantes deben incluirse en la mesa de diálogo, cuyas dimensiones amenazan con hacerla inmanejable.
Si tras todos estos datos aún se duda de la existencia de una conjura presidencial contra esa ley, aportamos la indignante postura asumida por el subsecretario de enlace legislativo, Jorge Marcos Gutiérrez, quien generó un escollo insalvable al descalificar la invitación que hace el poeta Sicilia al Ejército y a la Marina a participar en el diálogo, convocatoria hecha desde una de las sedes del Poder Legislativo a dos instituciones del Estado mexicano, cuyas inquietudes dieron origen a las reformas a la ley que han generado este intenso debate social.
El burócrata de marras, curiosamente enlace legislativo entre Blake y el Congreso, violentó el principio de división de poderes y denigró  a las instituciones castrenses al darles el trato de dependencias subordinadas a Gobernación, y no creemos que sea por “ignorancia supina” sino por una medida estrategia que al generar varios frentes de conflicto busca desactivar un frente multisectorial que construya una solución legislativa que obligue al Ejecutivo a asumir su responsabilidad, lo que se traduciría en someter sus decisiones al imperio de la ley, es decir, a reconocer que existen mecanismos constitucionales claros para afrontar invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuyos instrumentos y procedimientos fueron claramente delineados desde 1857, sometiendo al Ejecutivo al control ciudadano representado por el Legislativo (y durante recesos por la Comisión Permanente), hecho que en concordancia con el espíritu de esa Legislatura constituyente definitivamente acota su facultad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada… para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.
Y que el propio texto constitucional fue reformado en su administración a fin de garantizar que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, definición derivada del reconocimiento constitucional de que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios como lo define el artículo 22, y que su determinación de sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles contraviene los dispuesto por el artículo 129 constitucional, pues nunca se declaró que existiese una perturbación grave a la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.
Y para mayor abundamiento de dicha conjura, simple y llanamente veamos que el argumento toral en la negativa a la participación del Ejército y la Marina a la mesa de diálogo, que esgrimió el lic. Gutiérrez afirmó que la discusión y el debate es una tarea que compete sólo a las autoridades civiles, pues se trata de asuntos de seguridad pública en la que Ejército y Marina sólo son coadyuvantes.
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