Miércoles, 30 de Noviembre de 2011 12:35 | 
Author: Abraham García Ibarra | 
| Edición 271 |
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2012: La incógnita
El stablishment actúa de facto;
amenaza nueva racha golpista
Según el formalismo constitucional, el 1 de julio de 2012 el pueblo de México -para el caso teóricamente 80 millones de mexicanos inscritos en el Registro Federal de Electores, cifra que se cribará para formar el listado definitivo- acudirá a las urnas para la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. El centro de gravedad de ese proceso -en el que están calendarizadas elecciones concurrentes en el Distrito Federal y en algunos estados federados- está la sucesión presidencial.
De formalismo constitucional es preciso hablar porque, en estricto rigor, los mandatos de la Carta fundamental nunca han sido en la realidad política mexicana el imperativo categórico kantiano dictado por el Constituyente. Aun como formalismo, éste ha quedado reducido a mero ejercicio retórico de profesionales que hacen del derecho y la democracia descarada y descarnada simulación: Una putrefacta mascarada.
El formalismo constitucional establece que la renovación de poderes federales se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Salvo esta última condición, los dos primeros preceptos son una falacia. Según las bases del proceso electoral previstas en la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público. Falso: El registro legal de los partidos políticos se ha convertido en franquicia privada detentada por alguna familia, facción o tribu que hace del régimen interno de cada formación instrumento de control -ley del hierro de la oligarquía- y de las prerrogativas públicas a los partidos privilegio patrimonialista de la partidocracia.
El IFE
Partidos envilecen la
aspiración democrática
“Los partidos políticos”, dice el formalismo constitucional, “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo…”. En los hechos, según lo prueba la estadística electoral, son los propios partidos los que han inhibido la participación electoral al envilecerse a sí mismos y corromper la espontaneidad y la autenticidad del voto e imponer sobre sus declaraciones de principios una mezcla ecléctica de ideas conforme los intereses internos en pugna o la retacería discursiva que aportan a convenencieras alianzas o coaliciones de ocasión, resueltas desde sus mandos cupulares.
El formalismo constitucional dice más: Que “la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios (…) En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores (…) El Consejo General será su órgano superior y se integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales”. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, “las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votados y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país”. Es obvio que -la experiencia lo documenta con creces- al menos dos calidades de las listadas -la independencia y la imparcialidad- no son atributos que puedan acreditar el IFE ni el Trife. En el menor de los casos, los magistrados actúan como militantes de partido embozados en la toga.
Emilio Chauyffet Chemor
Diputados federales
fuera de la Constitución
La facultad de nombrar a los consejeros del IFE, es de la Cámara de Diputados federal. Recientemente, el presidente de la directiva de esta Cámara, el priista Emilio Chuayffett Chemor, declaró que los diputados violan la Constitución al dejar al IFE, hasta el momento, sin tres de sus nueve consejeros. Esto es, aquí ni siquiera el formalismo se observa por parte del Constituyente permanente. Los especialistas dirían que esa es una conducta inconstitucional. Los más ortodoxos y exigentes la calificarían de anticonstitucional. Con esto está dicho todo.
Como sea, para una gran corriente de opinión, tanto el IFE como el Trife funcionan como agencias de consigna. Ya se puede intentar la formación de un tratado con las obras de investigación que ponen en tela de juicio la actuación de consejeros y magistrados electorales en los comicios presidenciales de 2006. A mayor abundamiento, en los resultados del sondeo 2011 de Latinobarómetro, difundido aquí recientemente, se concluye que entre los países de la región investigados, México aparece en último lugar en confianza hacia la democracia. A la pregunta de qué tan satisfecho está con la forma en que opera la democracia en su país”, sólo 23 por ciento se dijo satisfecho. Apenas 16 por ciento cree que la democracia mexicana está mejorando. Una consecuencia de esas opiniones es que sólo 31 por ciento confía en sus gobernantes. Peor aún. Resulta harto ominoso que a 35 por ciento de los mexicanos les dé lo mismo el sistema democrático que otra forma de gobierno. Dicho en buen cristiano, en esta respuesta subyace el riesgo de que no pocos prefieran de plano una dictadura.
Desencanto, sí,
autocrítica, no
El propio consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, acaba de reconocer que el desencanto creciente con la democracia durante los años recientes obedece esencialmente a la inseguridad acentuada y a una crisis económica que ha afectado la situación de las familias. “Siempre que los ingresos caen, la población responde con irritación, enojo, inconformidad”. Valdés Zurita agrega que uno de los principales déficits de la democracia mexicana radica en un insuficiente marco legal para contener la compra y coacción del voto. Los tres factores citados son reales, pero en última lectura, Valdés Zurita esquiva el tema toral de la duda en la integridad ética de los funcionarios electorales. Como sea, el pasado 24 de noviembre -día en que los magistrados dieron un enésimo espaldarazo a la dirección nacional del PRI a ponencia presentada por María del Carmen Alanís-, IFE y Trife suscribieron un convenio de colaboración para, según el texto, dar “mayor” certeza al proceso de 2012 y, dicho por Valdés Zurita, “consolidar la democracia”. El gran ausente en ese acuerdo fue el ajuste de cuentas con el pasado reciente, visto desde el punto de vista filosófico: Sólo un adarme de autocrítica era de esperarse. Pero no.
Leonardo Valdés Zurita
Esa constante antidemocrática, por supuesto, no es privativa de México, pero en México se ha arraigado desde los primeros años de la independencia en que una corriente europeizante, esgrimiendo argumentos racistas, opuso resistencia a la inclusión popular en el derecho electoral; actitud enervada por Los científicos del porfirismo que mantuvieron fija su mirada en Europa, y por sus residuos discriminatorios aún en el periodo de la revolución triunfante, que hizo suyos lema y consigna de Sufragio efectivo no reelección.
Durante el prolongado reinado del priato en sus tres etapas, en que se implantó la divisa Democracia y justicia social, la característica más acusada del sistema de “partido casi único” fue la del denominado centralismo democrático del sistema soviético, que en la forma fue adoptado por los partidos de cuño comunista o socialista, pero en el fondo fue el método -“sobre cerrado”, dedazo con estampida de búfalos y cargada- ejercido por el Partido Revolucionario Institucional, como ahora lo está haciendo de nuevo en torno a Enrique Peña Nieto con vistas al 2012. No fue casual que, primero con el viraje de algunas zonas del viejo continente hacia el eurocomunismo y la final disolución del régimen soviético, una vertiente intelectual doméstica se enamorara del concepto transición democrática, que ilusoriamente creyó ver sobre rieles con la caída del PRI en 2000. Recordar nomás: En el último cuarto del siglo pasado los modelos propuestos para armar en nuestro país fueron los del español Felipe González, el portugués Mario Soárez, el francés FranÇois Mitterrand, el soviético Mijael Gorbachov, el polaco Lech Walesa, etcétera.
Felipe González
La marejada que
viene de Europa
Esa vertiente intelectual aportó el discurso de la democratización de la vida pública en México, pero la acción corrió a cargo, melifluamente, de una tecnoburocracia ascendente que hizo del priismo fuerza electoral y coartada para alzarse con el poder público. Si vale el dato, debe recordarse que, casualmente, inmediatamente después del asesinato en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, México fue admitido en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que entre sus condicionantes -como lo demandaba también el Foro Económico Mundial de Davos- introdujo en el acta de afiliación la llamada cláusula democrática que, para efectos políticos ulteriores, implicó el debilitamiento y desplazamiento del PRI del poder, exigencia por lo demás ya aceptada por la tecnoburocracia en las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y refrendada en otros convenios firmados con la Casa Blanca, especialmente con el Departamento del Tesoro como contraprestación al salvataje económico después del maquinado error de diciembre de 1994.
En la perspectiva de la sucesión presidencial de 2012 en México, ¿tiene cabida ese ejercicio memorioso? Creemos que lo tiene a la luz de los acontecimientos que conmueven a Europa, donde los que ayer eran exportadores de democracia, hoy son importadores de dictadura. De dictadura crematística. De espaldas a los electorados nacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, imponiendo el interés financiero, han dado golpe de Estado en Grecia e Italia y obligado al gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a entregar la plaza al adelantar las elecciones presidenciales. Huelga decir que Washington, otro “democratizador” de dientes y dominios para afuera, como podermandante del FMI no sólo no reprueba la estrategia de la plutocracia bancaria trasnacional, sino que la aplaude. Ahora, pues, la nueva moda europea parece ser la de implantar la cláusula antidemocrática.
De otro lado, no se puede pasar por alto el papel de los aliados occidentales que -ávidos de petróleo- han jugado en la insurgencia en los países árabes, donde han desnaturalizado origen y causa de los levantamientos populares -con determinante participación juvenil- contra regímenes despóticos. La aspiración democrática como leitmotiv de esos movimientos, según la propaganda inicial, ha devenido mascarada en la que se maquilla a los viejos actores para que permanezcan en el poder o se habilita como relevos digitados a impostores de igual temple dictatorial a fin que prevalezca el mismo estado de cosas, ahora empeorado por la frustración que mengua la resistencia al galopante, brutal y rapaz neocolonialismo.
Fermenta el golpismo
desde el fraude del 88
Si precedente obliga, México es escenario fértil para una opción golpista de tipo europeo en 2012: En 1988, creó verosimilitud la hipótesis del Golpe de Estado técnico con Carlos Salinas de Gortari. En 1994, mediante el asesinato, se prescindió del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. A toro pasado, más de tres años después la autoridad electoral hizo del dominio público que el resultado de la elección presidencial de 2000 en favor de Vicente Fox no precisamente rechinó de limpio. De 2006, basta con volver a leer el dictamen “definitivo e inatacable” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ver de nuevo los videos de la militarizada toma de posesión del presidente designado Felipe Calderón Hinojosa para deducir que cualquier desenlace no constitucional en 2012 es absolutamente posible y probable.
En los entremeses de la campaña que viene, vale retomar algunos antecedentes aleccionadores. Hasta antes de la sucesión presidencial de 1988, la convicción de las oposiciones de diverso signo era que resultaba imposible que individualmente un partido contrario pudiera vencer al PRI, si bien el PAN creía que podía lograrlo por si solo. De esa realista convicción se derivó la convocatoria de los partidos de izquierda a la formación del Frente Democrático Nacional (FDN), que el 6 de julio de ese año desencadenó lo que el ex presidente priista Miguel de la Madrid denominó terremoto político, que empujó al PRI a fraguar en los Colegios Electorales de la Cámara de Diputados un golpe de Estado técnico, según lo tipificaron constitucionalistas del tricolor, aunque los opositores le llamaron simplemente fraude electoral. Salinas de Gortari, usufructuario de la manipulación de los paquetes electorales, se vio obligado a llamar al PAN a una alianza estratégica por la cual la derecha le otorgaría la legitimidad de gestión a cambio de concertacesiones electorales que le permitieran salir de las catacumbas.
El ocaso del
“líder moral”
Con la experiencia de 1988, algunos sagaces líderes propusieron mantener activo el frentismo electoral, pero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, derrotado por las argucias priistas en el verano de ese año, se empecinó en la opción personal y fundó su propio partido: El de la Revolución Democrática (PRD). Para 1994, año de la irrupción guerrillera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del asesinato de Colosio, la posibilidad del frente unitario opositor fue socavada por la astuta acción del salinismo que, entre otras maniobras, promovió el registro del Partido del Trabajo que nominó a Cecilia Soto como su candidata presidencial. Ese procesó marcó la declinación de Cárdenas Solórzano y el suplente de Colosio, Ernesto Zedillo, derrotado en debate por el panista Diego Fernández de Cevallos -“se rajó”, dijo después Vicente Fox- resultó victorioso sin impugnaciones de peso, aunque ya en el poder reconoció que su campaña fue inequitativa. Las elecciones intermedias de ese sexenio, en 1997, fueron un nuevo aviso para el PRI, que perdió el Distrito Federal y quedó acorralado en la Cámara de Diputados.
El Partido Acción Nacional -que pudorosa o arrogantemente rechazó frecuentes propuestas de ex comunistas para pactar la coalición electoral-, fue finalmente arrastrado por Vicente Fox a la alianza con el impresentable Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la que blasona haber “echado de Los Pinos” al PRI en 2000. La izquierda apenas pintó. En 2006, fue el PRI el que buscó asociarse con el veleidoso PVEM, con resultados frustráneos. La izquierda se desembarazó de Cárdenas Solórzano y, con Andrés Manuel López Obrador, tuvo que enfrentar la resistencia de un PAN que, aliado en campaña con las corporaciones empresariales y clericales, y la concupiscencia de consejeros y magistrados electorales, le impidieron la toma del poder. Ahora, con un país militarizado, ensangrentado y aterrorizado, viene la prueba de 2012. Pero esta es otra historia. Si el músculo cardiaco nos lo permite, la contaremos dentro de quince días. Vale.
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