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Se criminaliza la protesta social
HÉCTOR TENORIO
Las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes en Guerrero son un escándalo y forman parte de la descomposición que vive todo el país. Se ha impuesto la represión como respuesta a la protesta social. Por esa razón la clase política lava sus culpas y se pregunta ¿Qué clase de mandatario exponen así a la juventud?
De antemano saben que no hay modo de justificar el ataque con balas a quien protesta. Las reacciones se encadenan, en Oaxaca, estudiantes pertenecientes a las once normales del estado, acompañados por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marchan en apoyo a los normalistas acribillados.
En este contexto, es natural el repudio por lo acontecido, y existe la coincidencia en el sentido que la tragedia pudo evitarse si una pequeña parte de los recursos para seguridad pública en los estados se utilizara para atender demandas de la educación. Diferentes sectores de la sociedad exigen al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero investigar a fondo dicho operativo para replegar una manifestación de estudiantes normalistas. Asimismo, en el ambiente flota la posible renuncia del mandatario perredista por no saber usar la fuerza pública ante demandas sociales, y caer en este tipo de excesos. A está demanda se han sumado los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa quienes bloqueaban la autopista del Sol, para exigir una audiencia con el gobernador para reactivar las clases en la normal, suspendidas desde hace más de un mes.
Queda claro que la embestida policiaca, ordenada por el gobierno estatal revela métodos utilizados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin duda el gobernador no ha podido superar el hecho de haber pertenecido a ese instituto político. Por eso no resulta una sorpresa que horas después del enfrentamiento se hiciera oficial la renuncia del procurador General de Justicia, Alberto López Rosas, del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte, y del subsecretario de Seguridad Pública del estado, General Ramón Arreola.
No es posible que policías sean utilizados para matar a estudiantes. El saldo dos estudiantes muertos y uno en estado de coma. Además de un número indeterminado de heridos, 24 personas detenidas y luego liberadas.
La demanda de la sociedad civil de crear una fiscalía especial para encontrar a los responsables, ha obligado al gobernador solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga el caso con la finalidad de dar certeza y transparencia a las investigaciones para sancionar a los responsables. La PGR realizará una investigación sobre el comportamiento de las fuerzas públicas, pero también sobre la presencia de fuerzas federales en estos acontecimientos, ya que los videos muestran como se enseñaron contra los estudiantes.
Por lo pronto, resulta una vergüenza que se haya descubierto que policías ministeriales bajo las órdenes de Alberto López Rosas obligaron a estudiantes a disparar rifles AK-47 para que dieran positivo en la prueba de rodizonato de sodio, cuando fueron detenidos. Cabe recordar que de acuerdo con la versión oficial, los disparos fueron iniciados por personas ajenas tanto al gobierno como a la normal de Ayotzinapa y lo habrían hecho utilizando rifles AK-47 conocidos como cuernos de Chivo. El problema es que los normalistas nunca se enfrentaron a los uniformados ni iban armados como lo aseguraron las primeras fuentes oficiales del gobierno del estado.
Triste manera de cerrar el año: Gobernantes asesinado a sus gobernados.
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