¿Hacia dónde va la transición?
HÉCTOR TENORIO
EL TRIUNFO DE VICENTE FOX QUESADA significó en teoría la culminación de un largo proceso democratizador cuya fuerza provenía desde 1988, donde la oposición en el Congreso de la Unión, la sociedad, algunos medios de comunicación fueron interlocutores de un régimen renuente a los cambios democráticos imperantes a nivel global.
A PESAR DE CONTAR con esta credencial democrática, el panista nunca se asumió como un gobierno legítimo, prefirió heredar la estructura del poder pero sin los mecanismos para hacerlo funcionar: dejó a la deriva el corporativismo, piedra angular que hacía funcionar el control sobre los distintos sectores de la sociedad. La estabilidad del país pasó a depender de la responsabilidad de los actores políticos en lo individual. No hubo manera de controlar los excesos de los gobernadores, senadores, diputados.
En este contexto, se entiende el naufragio en el 2006 de la reforma política del 1997, cuando Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer el resultado electoral. Seis años después se sumaron nuevos reclamos. Los analistas han coincidido que ninguna reforma electoral puede cambiar la naturaleza de la política mexicana. Porque no existe un apego al sistema legal o a un conjunto de reglas reconocidas para la convivencia pacífica.
Las consecuencias están a la vista: Un Congreso de la Unión cercado ante el temor de las protestas de un sector de la sociedad el 1° de diciembre. Frente al impacto mediático y el enojo de los ciudadanos, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Jesús Murillo Karam, se deslindó del operativo de seguridad montado por la Policía Federal (PFP) y el Estado Mayor Presidencial (EMP).
Las autoridades terminaron cediendo, permitiendo el libre tránsito. ¿Es un adelanto de lo que serán sus acciones en la Procuraduría General de la República? Orden y progreso, parece que es su lema, aunque también es un retroceso.
Más allá del 1º de diciembre, en el fondo es el reflejo del rompimiento de los puentes de entendimiento entre los gobernantes y los gobernados. La gobernabilidad no es suficiente ante la necesidad de un acuerdo que involucre a todos y se planteen reglas, donde los actores políticos se comprometan a cumplir; donde nadie quede excluido.
No parece entender estas circunstancias el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que se conforma abriendo el diálogo con los dirigentes de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a fin de conformar un acuerdo político nacional.
Los perredistas claudicaran en su papel de oposición, dejando el camino libre para que Andrés Manuel López Obrador el dogmático, el dueño de la verdad absoluta se quede como la única oposición real al régimen del tricolor, ahora falta ver sí el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasa la prueba del proceso federal del 2015.
El esfuerzo de las principales institutos políticos busca hacer viables las reformas de corte neoliberal acompañados de políticas populistas. Dejando afuera el punto de vista de los sectores más desprotegidos del país. Peccata minuta: “Ha llegado el tiempo de la concordia, la buena voluntad y la confianza mutua”.
En realidad desde la matanza de 1968, el tricolor aprendió la lección, recurrir a la tolerancia y la cooptación de cuadros opositores. Aunque quien se niegue a pactar será nulificado con la ayuda de los medios de comunicación que festejan el regreso del PRI, como “vampiros” que están listos para cobrar su jubilación por los servicios prestados a la nación. Sin embargo, México no puede conformarse con el hecho de que exista gobernabilidad sin legitimidad.
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