PROPUESTA POLÍTICA Y PROGRAMÁTICA
PARA UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL*
Derechos de los campesinos
y paz con justicia social
LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS de la ANZORCreunidas en el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en San Vicente del Caguán, luego de un proceso de deliberaciones a nivel local, regional y nacional, desarrollado durante los últimos seis meses, presentamos a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de paz nuestras propuestas de política agraria que deben regir en el país para el logro del anhelo de la paz con justicia social basada en la reforma agraria integral, el reconocimiento de nuestros derechos campesinos, la protección ambiental, la economía justa, y un ordenamiento territorial coherente con la vocación de los territorios.
Sobre el reconocimiento de las campesinas y los campesinos
El Estado debe desarrollar una política de inclusión y reconocimiento que contemple la activa participación del campesinado en la toma de decisiones sobre los destinos del campo, y sobre la relación campo-ciudad. Tal participación se debe hacer efectiva en la nueva institucionalidad que ha de crearse para aplicar esta política, mediante la elección de representantes campesinos en sus instancias directivas.
Se reconoce la territorialidad campesina, como una serie de formas en que el campesinado ha orientado el uso y la organización de los territorios, aprovechando y protegiendo recursos naturales estratégicos, organizando la vida social, cultural, política y económica. Como consecuencia:
Se respeta la identidad y modos de vida campesinos, las normas comunitarias, las estructuras organizativas propias, las formas de resolución de conflictos, los saberes y prácticas educativas, la economía campesina, es decir, su condición de sujeto político, social, cultural y económico.
Se reconoce el derecho de las comunidades campesinas a ser consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos.
Se crea una institución oficial responsable de garantizar la participación del campesinado en la construcción del conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agraria y la conservación. Esta institución prestará la asistencia técnica para la producción, transformación, comercialización, y economía solidaria, a las comunidades campesinas.
Se respetan las formas de autonomía territorial que el campesinado ha establecido ante el abandono estatal, y la concertación es el mecanismo idóneo para definir los términos del desarrollo.
Reconocer y dar aplicación a la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos propuesta por La Vía Campesina y avalada por la ONU, tomando las medidas estructurales y legislativas que los hagan aplicables. Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la academia y el sector agroindustrial deben contribuir en su efectivo reconocimiento.
Reconocimiento con enfoque diferencial que promueva el acceso equitativo de jóvenes mujeres, niños, adultos mayores con orientación sexual no hetero-normativizada, para el campesinado afrodescendiente, para los campesinos en estado de invalidez, así como para los y las campesinas mayores.
Sobre el modelo de desarrollo rural
Un modelo de desarrollo rural que ponga en el centro el respeto por la vida humana y la naturaleza, regulará el extractivismo y la devastación de los recursos naturales y que garantizara la integralidad de los derechos para toda la población y todo el territorio nacional. Este modelo valoriza la economía campesina, la articula con equidad a la industria, el comercio y los servicios, y se orienta hacia la soberanía alimentaria. Este modelo implica que la economía campesina sea subsidiada, es decir, que el gobierno nacional garantice subsidios para acceder a parcelas y así mismo subsidiar la producción, lo que exigiría la existencia de seguros para la producción alimentaria.
Se crearan garantías para que el campesinado también pueda hacer agroindustria, lo que implica que la tecnificación de la producción debe ser una de las formas en las que se garantice espacios adecuados para la producción sostenible.
La participación en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, estará basada en formas asociativas como las cooperativas, alianzas equilibradas con los empresarios, favoreciendo la articulación entre el campo y la ciudad y buscando que la producción, comercialización y consumo, este basado en principios solidarios.
Este modelo implica la implementación de una verdadera reforma agraria, y el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos como claves de un desarrollo sustentable.
Por su coherencia con la dignificación de los campesinos, la protección ambiental y la soberanía alimentaria, la disminución de costos y la mayor utilización de trabajo campesino, la agroecología será una política nacional, de gradual y concertada implementación, amparada por subsidios y promoviendo economías solidarias. Para ello se deben fortalecer y replicar las experiencias existentes en alianza con los centros de investigación, instituciones estatales y organizaciones campesinas.
Se regulará la implementación de monocultivos, protegiendo las semillas nativas del acaparamiento y el maltrato genético, diversificando los cultivos y las formas de producir y distribuir, dando cabida al trueque entre familias y comunidades.
Se implementaran centros educativos acordes a las necesidades propias de las comunidades campesinas. Estos centros educativos deben garantizar la educación de los jóvenes campesinos, lo que corroboraría a fortalecer la identidad y garantizar la permanencia en el territorio de los jóvenes en el campo.
Este modelo de desarrollo que proponemos se integrara a un mundo globalizado desde la cooperación y la justicia, por ello saludamos los tratados de comercio basados en el respeto de la soberanía y en la equidad de los intercambios, proponemos límites a la inversión extranjera y a la acción de las transnacionales, particularmente en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la propiedad de la tierra.
Sobre la economía campesina. Con qué insumos contamos
En la actualidad las economías campesinas controlan tan solo el 14 por ciento de la tierra, accedemos al 5 por ciento del crédito, nos han adjudicado tan solo el 10 por ciento de los apoyos productivos del Estado, y el 60 por ciento de nosotros nos encontramos dentro de los pobres monetarios del país..
Nuestro aporte a la economía nacional
Con esos pocos insumos, producimos el 80 por ciento de los alimentos del país, generamos el 53 por ciento del empleo en el campo, aportamos el 40 por ciento al PIB agropecuario, y de paso aportamos el soporte ambiental para la industria urbana.
Recientes estudios indican que somos hasta 40 veces más productivos que los latifundios ociosos, que hoy ocupan más del 30 por cientoi de la superficie del país.
Propuestas
Basados en el aporte expuesto anteriormente, consideramos que el Estado debería diseñar una política económica nacional para las economías campesinas, y no una asistencial como lo ha venido haciendo. Tal política debería abarcar mínimamente las siguientes líneas de acción:
Acceso a los medios de producción (tierra, capital, información)
Investigación e innovación tecnológica en procesos de economía campesina
Acceso a mercados y competitividad
Diversificación productiva
Algunas acciones concretas a implementar en estas líneas de acción, podrían ser:
1. Inventario de los baldíos de la Nación y titulación a sus poseedores, de manera que se regularice buena parte de la propiedad campesina.
2. Entrega de tierras expropiadas, vía Zonas de Reserva Campesina y no mercado de tierras, pues esto último lo único que haría sería devolver al terrateniente a precios baratos, lo que vendió a precios caros al narcotraficante.
3. Realinderamiento de los Parques Naturales Nacionales, regularizando la tenencia de la tierra de sus pobladores y concertando con ellos un plan productivo ambientalmente sostenible.
4. Desgravar la propiedad campesina, es decir predios de menos de 2 UAF no pagan impuesto predial
5. Retorno del IVA de insumos de economías campesinas
6. Estímulos tributarios a empresas privadas y estatales (cárceles, hospitales, colegios, etcétera), que compren mínimamente el 25 por ciento de sus alimentos a economías campesinas.
7. Aumento de subsidios a los servicios públicos de estratos 1 y 2 urbanos, de manera que aumenten su poder de consumo de alimentos.
8. Implementación de Salvaguardias arancelarias y contingencias a las importaciones de productos de las economías campesinas.
9. Política cambiaria que impida la revaluación del peso colombiano, por cuanto favorece importaciones de alimentos al país.
10. Exención de impuestos a micro empresas de comercialización y transformación de productos de economías campesinas.
11. Implementar las metodologías de investigación productiva en finca, para generar desarrollo tecnológico ajustado a las necesidades locales.
12. Pagos por incentivos a la conservación de recursos naturales, tales como:
a. Tasa retributiva del agua.
b. Exigir transferencia por generación hidroeléctrica (donde haya hidroeléctricas).
c. Reducción del impuesto predial por conservación de bosque en finca.
d. Exigir la operación del Certificado de incentivo forestal a la conservación.
13. Fomento de Agencias locales / municipales de emprendimientos rurales no agropecuarios.
14. Administración de las organizaciones campesinas de los Parques Naturales Nacionales, en interacción con PNN
Otras alternativas de financiación
1. Fondo Nacional de Regalías, en tres de sus rubros:
a. Ciencia y tecnología, que equivale al 10 por ciento de las regalías.
b. Fondo de compensación regional que equivale al 24 por ciento de las regalías.
c. Fondo de desarrollo regional que equivale al 16 por ciento de las regalías.
2. Formulación de un documento CONPES de economía campesina.
3. Cooperación internacional
Sobre la explotación de los recursos minero- energéticos
La explotación de la riqueza minera y de hidrocarburos deber hacerse en forma gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional.
La explotación minera y de hidrocarburos garantizará la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, y la soberanía nacional energética, puesta al servicio de toda la sociedad, e incluso de países vecinos. La explotación minera se desarrollará con límites muy claros y de riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos, en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios.
La soberanía energética inicia con la construcción de una visión estratégica del aprovechamiento minero, bajo la conciencia de que no se trata de recursos infinitos, y que muchas generaciones vendrán luego de la nuestra. El Estado garantizará la generación del conocimiento y la tecnología necesarios, para que, en el mediano plazo, la explotación de estos recursos sea ejecutada por el Estado. El conocimiento y las tecnologías propias, garantizan un mejor desarrollo de la minería para que responda a las necesidades de abastecimiento, y a la de protección ambiental.
Se definirá en cada caso si es viable o no, la explotación de los recursos mineros, según las características propias de cada contexto, para ello el estudio juicioso de los efectos ambientales y sociales, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades deben cumplirse. De ser aprobada la explotación, se debe establecer el tope máximo de explotación, los métodos, los mecanismos de mitigación de efectos, y la participación nacional, y local de los beneficios en el marco de planes concertados de desarrollo sustentable.
Las licencias ambientales serán más exigentes y responderán mas ampliamente a los efectos locales y regionales de la exploración y explotación. La legislación debe ser modificada para proveer seguridad para el ejercicio de la pequeña minería, y la minería artesanal de la que viven comunidades agrarias enteras.
Se articulará la política minera con la política de desarrollo de agrario de una manera integral, evitando dependencia de esta actividad y promoviendo el fortalecimiento de otros sectores productivos. Las minas deben planificarse conjuntamente en una economía regional, buscando complementarse con actividades agropecuarias, de conservación ecológica, o de suministro de insumos para la mina, y dando valor agregado en el mismo territorio. La minería garantizará que los territorios se beneficien con infraestructuras adecuadas y de largo plazo, aprovechables aún al final de la actividad de explotación como distritos de riego.
La autorización de los proyectos mineros especialmente los de gran magnitud, se tiene que definir sobre la base de Planes de Desarrollo Integrales, donde el componente agro-minero debe tener una coordinación unificada y con autoridad, que integre las responsabilidades del Estado, las empresas y la comunidad, que definan el uso y protección del agua, la reforestación, las zonas de compensación ecológica; la infraestructura agrícola como los distritos de riego, las vías y estrategias para proteger y potenciar los mercados agropecuarios en sinergia con la actividad minera y garantizar la sostenibilidad de los territorios.
Los recursos pagados como regalías deben invertirse en la región con los mismos criterios de sostenibilidad y de manera armónica con el desarrollo rural agropecuario.
Se debe crear una institucionalidad orientada a lograr que la minería se convierta en beneficio y desarrollo social sostenible y justo, esta institucionalidad debe integrar a las comunidades locales garantizando el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, como condición para la implementación de planes de explotación minera.
Sobre el ordenamiento territorial y ambiental
Desde el reconocimiento de la territorialidad, el ordenamiento social y ambiental del país debe garantizar el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.
El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación, revirtiendo el proceso de ganaderización con un aumento de la superficie destinada a la agricultura campesina organizada en pequeña y mediana propiedad, convirtiendo la ganadería en una actividad sostenible y amigable con el medio ambiente.
Economía campesina, y diversificación de cultivos (pluricultivo) con recuperación de semillas y prácticas limpias desde los saberes ancestrales, culturales y campesinos. Se debe reconocer la existencia de regiones u otros sistemas de ordenamiento del territorio que se desarrollen desde los niveles social, económico, político y cultural.
Las figuras de protección ambiental del territorio deben contemplar los conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas claras, y estricto cumplimiento de responsabilidades y límites, en los casos en que su permanencia ha sido histórica o promoviendo alternativas concertadas con las comunidades.
Los Parques Naturales con Gente, son escenarios de acuerdo en términos de conservación, protección de los recursos y reconocimiento al papel del campesinado.
Zonas de Reserva Campesina Interculturales e Interétnicas, concebidas en el marco del respeto de las identidades culturales y la armónica convivencia.
A través de las ZRC la ocupación será equilibrada y sostenible con estímulos y desestímulos al poblamiento distribuidos en el territorio nacional cerrando la frontera agraria, garantizando las condiciones generadas por la reforma agraria integral.
En términos ambientales los planes de manejo ambiental incluyen la participación activa de las comunidades campesinas, es decir, son herramientas formuladas, ejecutadas y con seguimiento por parte de las organizaciones campesinas. Igualmente contienen mecanismos campesinos de control, ya establecidos en las comunidades como la racionalización de la explotación de recursos maderables, protección de especies en vía de extinción, delimitación de Cuencas hidrográficas entre otros que incluyan un enfoque relacional de género y generacional.
Cada proceso local de desarrollo requiere que la vereda sea considerada como la unidad mínima del territorio para la planificación ambiental y territorial siempre y cuando este articulada a escala municipal, departamental y regional. En cuanto a la distribución de la tierra se realizara mediante la figura de las Unidades Campesinas Ambientales (UACA), esta unidad consiste en una figura a partir de la cual lo ambiental es primordial en la tenencia de la tierra.
Se plantea mecanismos de sustitución gradual y concertada de todos los cultivos de uso ilícito en las Zonas de Reserva Campesina y los territorios campesinos, iniciando por los proyectos piloto contenidos en los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.
Los mecanismos de coordinación interinstitucional de la administración pública tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias, sin descartar la articulación con otras fuentes de financiación, en términos de ordenamiento territorial y ambiental requieren de una articulación efectiva con el Sistema Nacional Ambiental.
Por ultimo, el ordenamiento territorial ambiental y productivo requiere avanzar en la identificación de las potencialidades productivas y ecológicas de los territorios, que planee dentro de ellos una zonificación ambiental que defina las zonas productivas de cada vereda contemplando tanto las particularidades ecológicas del territorio, las condiciones de acceso a los mercados y a los insumos técnicos.
Las ZRC, integradas en un sistema, como inicio de un proceso de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la exacerbada concentración de la tierra, el minifundio y el microfundio, serán un componente fundamental del reordenamiento territorial y ambiental del país, junto a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Las ZRC serán parte del reconocimiento constitucionalizado del derecho a la tierra y el territorio para el campesinado. Este reconocimiento incluirá el papel de defensa y protección del medio ambiente que realiza el campesinado.
El Sistema Nacional de ZRC - SNZRC
Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local.
El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley.
El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria.
El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes. El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple.
Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por:
1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.
2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero-energéticas y el agronegocio.
3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.
4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.
5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.
Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina-PNZRC
El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances.
El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución.
El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC.
El PNZRC será financiado bajo las siguientes modalidades:
Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional.
Un sistema especial de transferencias.
Un sistema especial descentralizado de regalías.
Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC.
Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura, Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.
El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC
San Vicente del Caguán, marzo 23 de 2013.
* Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
** Agencia Prensa Rural
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