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Inseguridad social y alimentaria = ¡Caos!
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Edición 314

Inseguridad social 

y alimentaria = ¡Caos!


CARMELO GALINDO


El asesinato de personas es un dolor permanente que afecta a miles de familias mexicanas cada día. Las personas de todos los credos y nivel social perdieron ya el sentimiento humanitario, la sorpresa y la solidaridad hacia los deudos de los caídos. Y más recientemente, hasta algunos medios de comunicación, en aras de no cultivar el germen de la violencia, han dejado de publicar las cifras criminales que se generan en las principales ciudades mexicanas.



La sublevación de los autodefensas.


2013 cerró con 10 mil 95 asesinatos (Milenio diario). Los estados con los índices de homicidios más elevados fueron Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco y, según la misma fuente, fueron atribuibles al narcotráfico; sólo como remembranza, el sexenio de Calderón cerró con 71 mil asesinatos (INEGI). El daño a las familias es incalculable. Se estima, que solamente en Ciudad Juárez, hay 10 mil niños huérfanos.

Sobre los homicidios, es común culpar solamente a los traficantes de sustancias ilícitas y a la disputa de territorios y mercado; sin embargo, la diversidad delictuosa ha crecido: Va del secuestro, asalto a mano armada, robos de auto y vivienda, extorsiones y asalto a transportistas, hasta las famosas extorsiones vía telefónica; o sea, también la tipología de malhechores se han diversificado, reforzando el mismo efecto: “Poner de rodillas a la ciudadanía”.

Algunos países han vivido con este problema por varias décadas. El vivo ejemplo es Colombia, donde la violencia es un flagelo perenne; los colombianos escuchan durante las campañas electorales la recurrentes promesas paz; pero impera siempre la inseguridad durante y cuando concluye el mandato de los políticos electos.

Los mexicanos tenemos la firme esperanza de que las cosas  cambien en este  sexenio, para el que se prometió un México en paz. Sin embargo, la desconfianza resurge cuando los responsables de la seguridad pública ofrecen informes nebulosos, plagados de buenos deseos, cifras y propuestas imprecisas.

En su informe de actividades 2013, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb informó aspectos poco tranquilizantes para la ciudadanía, tales como: los siete mil 72 internos trasladados a los centros penales federales;  mejor remuneración a los custodios; mayor capacitación, y respeto a los derechos humanos de los internos -vergüenza sería si no- y otras acciones que, por ser de procedimiento son intrascendentes. Lo más delicado, es que la ciudadanía no mejore su percepción sobre la idea de vivir en un país más seguro.

De otro lado, el resto de las dependencias relacionadas con la seguridad ha acotado el flujo de información sobre el estado de guerra que se heredó del pasado sexenio. Resulta muy complicado inferir que la buena coordinación, por si sola, de la  SEGOB-SEMAR-CISEN-SEDENA-PGR tengan resuelta la situación. Así están las cosas.

En cambio, otras versiones sobre la inseguridad nacional reportan que la creación de la policía única -modelo del anterior gobierno- ya se entorpeció con la aparición de las policías comunitarias en casi la mitad de los estados del país. Ese detalle anticipa que el modelo de policía única ya fracasó; aunque sus promotores sean tan persistentes que continúan los preparativos para su implementación.

Otro factor de interés colectivo es, que a pesar de tanta coordinación en materia de seguridad, hay grandes regiones del país cuya economía está prácticamente deprimida, resultado de que las personas antes productoras o comerciantes están paralizadas.

Cultivos estratégicos en Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz prácticamente están en receso productivo. La culpa es -según la autoridad- de la delincuencia local; sin embargo, hasta ahora no han implementado un solo programa para el rescate de la producción alimentaria.

Los malosos saben muy bien, que una región que no produce tampoco tiene progreso y, tarde o temprano, el ciclo de la pobreza alcanza a todos. El mismo gobierno sabe que, para cobrar impuestos deberá promover y lograr la prosperidad. Si no ¿cómo?

Otra gran verdad, es que las redes de transporte y de comercialización ya se retiraron de esas zonas; pero no tanto por la violencia e inseguridad, sino porque ya se desarticularon las principales cadenas de producción.

Por mero sentido común, ni buenos ni malos queremos un país en pobreza y miseria, fenómeno que afecta a más del 55 por ciento del territorio nacional y más del 60 por ciento de la población.



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