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Edición 354

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Con el daño hecho al erario público por el gasto de los gobiernos federal, estatal y municipal, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podemos concluir que la alta burocracia nacional dirigida a través de las instituciones públicas, son las que hacen el trabajo negro para robar nuestro dinero de los impuestos, de la deuda pública y las riquezas no renovables de los mexicanos.  Un ejemplo clásico parecido a Ali Babá y sus 40 ladrones, es Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia y que sirvió como modelo a otros gobernadores del país.

Juan Manuel Portal Martínez, en el cierre de la ASF del 2015, aseveró que se realizaron mil 643 auditorías individuales de las cuales 599 corresponden al Poder Ejecutivo, tres al Legislativo y cuatro al Judicial, 18 a órganos autónomos y mil 059 a entidades federativas y municipios.

Asimismo, la ASF dictaminó que existen 216 mil 456.9 millones de pesos pendientes por solventar respecto a los gobiernos locales entre 2011-2015.  Por otra parte, la ASF observó posible daño al erario por 165 mil millones de pesos en el gasto de los gobiernos federal, estatal y municipal.  De esta cantidad, 100 mil millones de pesos le corresponden al poder ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron las 32 entidades federativas correspondientes a subejercicios y violaciones normativas.

En otros términos, durante cuatro años los gobiernos citados no han podido solventar las irregularidades que señala la ASF, y ello causa sospecha de los gobernantes como de las élites políticas que guardan silencio ante la fiscalización hecha por la ASF, aunado al silencio del Poder Judicial, Legislativo, la Secretaría de la Función pública (SFP), así como los Tribunales Estatales, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCDJN).  

Y, por otra parte, los presidentes de las comisiones legislativas de diputados y senadores practican una conducta de corderos del Poder Ejecutivo Federal.  En conjunto, es una maquinaria bien aceitada que ha sumido en la pobreza a más de 50 millones de mexicanos, mientras la justicia duerme en los tres poderes de la Unión.

 

Gobiernos “ejemplares”

Citaremos a aquellos gobiernos que simularon reintegrar los recursos públicos a una dependencia y al otro día retiraban los mismos recursos.  Empezamos por el gobierno de Colima, Zacatecas, Gabino Cue Monteagudo que tiene cinco denuncias penales en Oaxaca; y Chiapas.  Los que burlaron la fiscalización de los recursos públicos son: Tabasco, Sinaloa, Tlaxcala, Guanajuato y Baja California.  El autor de este arquetipo de robo es Andrés Granier Melo y su mejor alumno fue Javier Duarte de Ochoa que lo hizo por 15 veces con sus Directores de Finanzas Públicas.

Otros gobernadores son: Fausto Vallejo Figueroa en Michoacán que tiene por solventar 26 mil 116.7 millones; Baja California Sur; Morelos con Graco Ramírez Abreu que tiene nueve denuncias presentadas entre 2015 y 2016, y otro es el Estado de Guerrero.  En el caso de Jalisco tiene pendiente de solventar 17 mil 567.2 millones.  Pero el ex gobernador priista sobresaliente es Javier Duarte de Ochoa que creó una “licuadora” para lavar el dinero público sustraído y que suma 34,057 millones.  El Estado de México, con un gobernador publicitado más que EPN, tiene por solventar 20 mil 190.6 millones, apoyado por el grupo Atlacomulco; Chiapas con un Gobernador del partido Satélite, Verde Ecologista, perdonado por la partidocracia, tiene que solventar 13 mil 483.9 millones y darse tiempo para seguir con su demagogia de seguir vigilando al IMSS y el ISSSTE para que estas Instituciones

entreguen medicamentos a sus derechohabientes.  Respecto a los hermanos de la dinastía Moreira de Coahuila, la ASF dice que hay un monto pendiente de 2011 al 2015 por 2 mil 752.6 millones.  Y en Nayarit, donde hay un alcalde priista que ha dicho públicamente que él roba poquito, tiene que solventar 2 mil 291 millones.

 

Millones en publicidad

En el caso del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, que probablemente ve la Presidencia de la República como un botín, -porque gasta millones de pesos en publicitarse-, la ASF encontró irregularidades por 5 mil 645 millones en obras pagadas y no realizadas, así como en infraestructura educativa en los tres niveles, en los segundos pisos de la autopista y en la remodelación del estadio Cuauhtémoc, (Mónica Camacho, La Jornada, pág. 30, 23 feb 2017).  Mientras Alberto Barranco Chavarría, asegura que éste modelo de político panista, dejó una deuda para los poblanos de 47 mil131 millones, (El Universal 17-01-17, pág. B4).

Ante este universo de corrupción, brilla la ineficiencia, omisiones, impunidad, nepotismo e influyentismo de la dinastía gobernante y la pregunta obligada es: ¿qué hace la PGR y las Fiscalías Estatales, así como el área de Inteligencia de la SHyCP, los  Tribunales Superiores de Justicia estatales, la Suprema Corte de Justicia, las organizaciones no gubernamentales, la demagógica A.C. “Mexicanos Contra la Corrupción”, representada por el amigo de todos los presidentes de la República: Claudio X. González?  Estas instituciones deben saber que “…el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseveran que el costo de la corrupción asciende a más de 900 mil millones de pesos en México…”, país donde además se remata en garaje los pozos petroleros a compañías extranjeras y algunas mexicanas, (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, pág. 6, 27 oct. 1016).      

La corrupción en México es tan contagiosa como la influenza, que ha tocado a la cultura como el INAH, el INBA, CONACYT y SEDESOL.  En cuanto a Conaculta, hoy Secretaría de Cultura, no se aplicaron 22 millones más tres millones por incumplimiento, además, se erogaron nueve millones en proyectos sin fines culturales y en 2 millones 619 pesos se incumplió la normatividad.  Respecto al Instituto de Antropología e Historia se encontraron pagos irregulares por 23.9 millones y en el Instituto Nacional de Bellas Artes, no se atendieron los planes de estudio y educación artística y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 810 mil pesos, solo utilizaron el 25%.

Respecto a la Secretaría de Desarrollo Social, la ASF afirma que se desvió por lo menos mil 787 millones de pesos en 2015 cuando fue encabezada sucesivamente por Rosario Robles Berlanga, ahora titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y José Antonio Meade Kuribreña, (Proceso, número 2013, pág. 20, 19-02-2017).  Vale la pena señalar que Carlos Ahumada Kurst, amigo íntimo de Robles Berlanga, declara en su libro “Réplica”, que ella le pidió que le presentara a CSDG, a quien le sugirió apoyo para resolver sus problemas diversos.  Hoy esta Secretaria, expresó su menosprecio por los periodistas de acuerdo a lo dicho al exgobernador Duarte de Chihuahua, aquella vez que tuvo un accidente aéreo.  Ella es una buena adquisición de EPN.

Frente a esta negra realidad nacional, se puede explicar el porqué de la prisa de bolsear a los ciudadanos subiendo el precio de los hidrocarburos y por otra parte a la PGR y a la SFP, no les interesa investigar desde los secretarios de finanzas, tesoreros, gobernadores hasta al propio Ejecutivo Federal, por la sencilla razón que el jefe de una dinastía no puede hacerse harakiri.

 

Contando billetes

Consideramos que se podría empezar por Tomás Ruiz, ex secretario de finanzas en el gobierno de Duarte de Ochoa, que renunció después de ser descubierto en una aeronave que portaba una maleta con millones en el aeropuerto de Toluca en plena campaña política.

Posteriormente, Duarte de Ochoa, lo premió como Director de Obras Públicas, y ahí hubo un subejercicio por 13 mil millones de pesos, (Jair García, La Jornada, pág. 7, 21 nov. 2016).

Y, hoy no se quiere actuar contra el Diputado Federal priista Tarek Abdalá, acusado de peculado y manejo de recursos de procedencia ilícita.

Por tanto, tiene razón un colega distinguido en el periodismo y que me dijo: “mira, a los políticos y gobernantes no les interesa la justicia, pues ellos se la pasan contando billetes sin importarles que se reduzca el gasto social en un 16.5% y se recorte 319 mil empleos a diciembre del 2016”.



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