Miércoles, 31 de Octubre de 2018 09:53 | 
Author: Feliciano Hernández | 
| Edición 377 |
La promesa del entrante presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de reducir a la mitad los elevados sueldos de la alta burocracia está generando resistencias.
Reducción de sueldos
a los altos burócratas
Feliciano Hernández*
NO ES POCA COSA EL DESAFÍO que le lanzó el INEGI al aumentar las percepciones de sus directivos, semanas antes de su toma de posesión, ignorando olímpicamente las disposiciones del presidente electo y la nueva ley en la materia aprobada por el Congreso, en el sentido de que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República.
CHICAGO, ILLINOIS.- Los elevados sueldos y bonos, además de jugosas prestaciones que desde siempre han gozado los funcionarios de la administración pública en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y en sus tres órdenes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como en los organismos autónomos y descentralizados, han estado en la polémica desde hace muchos años por abusivos y por permanecer en la opacidad; sin probar siquiera que los beneficiados los ameriten por sus capacidades o por su buen desempeño en los cargos para los que fueron elegidos o designados.
PEOR AÚN, CADA AÑO esa clase gobernante se aumentó porcentajes sobre la inflación, sin el mínimo de sensibilidad ante los depauperados votantes y ante la caída del poder adquisitivo de la moneda nacional por la inflación y por la mala cultura de los patrones del gobierno y de la iniciativa privada de no querer pagar salarios decentes a la clase trabajadora.
Y este concepto de “salarios decentes” es un término de la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el que se refiere, en coincidencia con las leyes mexicanas, a que debe ser suficiente para adquirir la canasta básica y satisfacer las necesidades de alimentación, vestido y vivienda de una familia.
Tristemente algo muy lejos de la realidad de los trabajadores mexicanos.
Todo lo que hemos visto desde mediados de los años 70, cuando el salario mínimo alcanzó su punto más alto de poder adquisitivo, según especialistas de la UNAM, es que de entones a la fecha la pérdida de poder adquisitivo ha sido superior al 70%. Y mientras los trabajadores fueron sometidos a pírricos aumentos de alrededor del 5.0% sobre una cantidad muy menor de sus percepciones, los burócratas de alto nivel se aumentaban ese porcentaje o más, pero sobre la suma total de altos ingresos que ya tenían, dando como resultado que ese mismo porcentaje de aumento en ellos era una cifra mucho mayor que para el resto de los trabajadores.
Esa condición es la que explica que, en 30 años de neoliberalismo fanático y salvaje, México haya caído en una impresionante desigualdad de clases sociales, donde los funcionarios de nivel directivo para arriba, perciben sueldos superiores en 30 o más de 40 veces arriba de los trabajadores de sueldo mínimo, cuando en muchos países democráticos esa diferencia es de alrededor de 10 veces o poco más.
Y todo esto sin contar las prestaciones y prerrogativas que esconden los tramposos tabuladores y nóminas públicas y confidenciales de la burocracia mexicana y su sindicalismo corrupto, que alcanzó niveles de asombro en Pemex y otras paraestatales mexicanas.
Se impuso la transparencia
ALGO CAMBIÓ PARA BIEN al inicio del sexenio del torpe Vicente Fox cuando se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental, y se creó el entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) —cabe aclarar que fue como resultado de una exigencia ciudadana, no de la inteligencia ni buena voluntad de ese gobierno.
Esa ley y ese instituto —ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI)— obligaba al gobierno en sus tres órdenes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y sus tres niveles (municipal, estatal y federal), a publicar las nóminas y sus tabuladores de sueldos y prestaciones, posibilitando así que la ciudadanía tuviera mayor certidumbre de los atracos que durante décadas habían venido cometiendo los burócratas.
Fuimos de la sorpresa al asombro y de este al coraje, al irse revelando y confirmando ante los ojos interesados lo que ya se sabía, pero agrandado y multiplicado en los sexenios de la alternancia panista.
En estos 30 años de neoliberalismo excluyente y clasista fue creciendo el interés ciudadano en el tema, en paralelo con el insurgente líder tabasqueño y con la inconformidad social que por tales abusos en este glorioso 2018 finalmente enterraron al régimen “prianista” corrupto.
Nuevo gobierno pretende más equidad
POR ESO AMLO se comprometió —desde que ganó la jefatura de Gobierno de Distrito Federal para el sexenio 2000-2006—, a reducir los altos sueldos de la burocracia de mandos superiores. Así lo hizo al ganar esa elección, aunque no en el porcentaje prometido —entonces solo el 30%— porque ya su antecesor Cuauhtémoc Cárdenas los había reducido, y su relevo, Rosario Robles, los había mantenido congelados.
El sucesor de AMLO, Alejandro Encinas, y el de éste, Marcelo Ebrard (2006-2012) prácticamente los mantuvieron congelados también. Ni siquiera en el sexenio de Miguel Ángel Mancera fueron aumentados significativamente. De suerte que los funcionarios del gobierno del DF, que ha sido gobernado por la “izquierda” ya durante más de 20 años han tenido percepciones de más o menos la mitad de los sueldos que han estado cobrando en la administración pública federal, incluso en los gobiernos estatales y municipales. Y es un dato que nunca presumieron ni aprovecharon electoralmente.
Así, el interés de AMLO responde a los reclamos ciudadanos de acabar con esa pesada burocracia dorada y sus exagerados sueldos, por abusivos y por considerar que el país está imposibilitado de seguir manteniendo tan elevados costos por tan bajos resultados en la administración pública.
Pero, como era de esperar, esa iniciativa está enfrentando fuerte oposición.
Los afectados por la nueva ley de percepciones de funcionarios de la administración pública están ejerciendo su derecho al pataleo contra las nuevas disposiciones que los afectan en sus sueldos y privilegios como integrantes de la casta dorada que durante décadas se han beneficiado del poder tratándose como reyes con prestaciones insostenibles. Ocasionaron una economía de muy bajo crecimiento y una población empobrecida por sus malas políticas y su mala gestión.
Hoy se escudan en falsedades, en títulos de universidades extranjeras, en advertencias que motivan la risa en el menor de los casos cuando no el coraje, y lanzan a sus peones de la prensa a pelear por una causa insostenible.
Aquí cabe responderle al periodista Raymundo Riva Palacio, que está rotundamente equivocado en sus planteamientos en El Financiero al defender el estado de privilegios prevaleciente, con todos sus abusos, argumentando que los afectados son expertos, que poseen amplia experiencia en manejo de asuntos del más alto nivel internacional y que “sin ellos la administración de AMLO irá al fracaso”. El aludido se volvió monotemático, atreviéndose a señalar con una soltura de palabras que ofende, que los del gabinete entrante “no saben de administración pública federal”, como si además AMLO estuviera impedido de contratar asesores bajo nuevas condiciones.
Hay que carecer de vergüenza o estar atado a intereses inconfesables para reclamar un estado de excepción; los resultados del régimen difunto dejan mucho qué desear, por la gran corrupción que practicaron o toleraron, por su falta de transparencia y rendición de cuentas durante décadas.
México ha resistido el saqueo brutal de las arcas públicas, en varios frentes, no solo el de los abusivos sueldos y prestaciones que cobran los funcionarios, sino la alteración de costos en obra pública y adquisiciones para ellos mismos llevarse altas comisiones (lo del caso de la corrupta constructora brasileña Odebrech es sólo uno más), así como en los malos manejos del presupuesto, desviados para cuentas personales, para campañas políticas o para hacer favores y recibir beneficios.
Todo lo cual se ha reflejado en un endeudamiento externo que ya rebasa el 50 por ciento del PIB, unos 550 mil millones de dólares, y que es técnicamente impagable... Y esos mismos intereses a los bancos extranjeros de esa deuda ya representan cada año una carga enorme para las finanzas nacionales...
Con un rescate bancario que todavía pagamos, injustamente… Con pensiones impagables y que son una bomba de tiempo que le heredan al nuevo gobierno, etc. Y esos son los funcionarios que obsesivamente defiende Riva Palacio.
Las puertas están muy grandes
A TODOS ELLOS que se resisten al cambio hay que advertirles que más de 30 millones de votantes queremos una transformación estructural, hacia la equidad y la justicia social, con oportunidades para todos, y que si no les parece pues las puertas están muy grandes y están en su derecho de irse a buscar lujos en otras partes.
Si en efecto, algunos o todos los altos ejecutivos y funcionarios de organismos autónomos o descentralizados deciden no colaborar en la entrante administración, sin duda que le harán un beneficio al país. En su lugar, muchos más profesionistas con experiencia y jóvenes que hoy ejercen en esas mismas dependencias y organismos o en la iniciativa privada quieren entrarle al cambio de fondo. Por sus habilidades o méritos deben recibir una oportunidad y seguramente la encontrarán en el nuevo gobierno.
Los diputados que hoy ya están dudando de avanzar en lo prometido por AMLO deben saber que están siendo muy observados, quizás como nunca antes, tanto por quienes los eligieron como por sus adversarios, unos para exigirles que cumplan y otros para burlarse de AMLO y todos los que votamos por el cambio verdadero.
El 2021 está cerca, para la elección intermedia, y será el momento de cobrarles todas las facturas o de reconocerles sus aciertos y compromisos, impulsándolos hacia mayores responsabilidades en sus carreras políticas o hundiéndolos en el descrédito.
*Periodista mexicano, radicado en Chicago Il. USA. Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
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