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Edición 386

 3861

VOCES DEL DIRECTOR

El nudo gordiano de la impunidad

Mouris Salloum George

AUNQUE DELGADAy casi imperceptible la l√≠nea fronteriza entre corrupci√≥n e impunidad, por obra y gracia del sistema presidencialista mexicano esa perversa simbiosis es separada por un ancho y profundo ca√Ī√≥n que deja chico el del Sumidero, Chiapas.

Salvo el caso de Luis Echeverría, por crímenes políticos y sociales del pasado, relacionados con el 2 de octubre de 1968 y la guerra sucia, ninguno de los ex presidentes mexicanos ha sido tocado ni con el pétalo de una foja judicial.

No fue discrecional; hubo ‚Äúestricto control‚ÄĚ del Legislativo

El caso m√°s temerario, iniciado ante la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica en febrero de 1983 por el Partido Social Dem√≥crata y el abogado litigante Ignacio Burgoa Orihuela, contra Jos√© L√≥pez Portillo ‚ÄĒcuya Litis fue la acumulaci√≥n de deuda externa‚ÄĒ desemboc√≥, sin intervenci√≥n de instancia jurisdiccional, en la exoneraci√≥n ministerial, ‚Äúpor falta de pruebas‚ÄĚ.

En esa denuncia fueron implicados el secretario de Programación y Presupuesto de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, después presidente de México, y otros funcionarios del gabinete económico.

La coartada ministerial absolutoria aleg√≥ que la gesti√≥n del ex presidente no fue discrecional; estuvo bajo el riguroso control del Poder Legislativo. No se consider√≥, sin embargo, incluir al Congreso de la Uni√≥n como sujeto obligado en el ejercicio de responsabilidad estatal por da√Īos al patrimonio nacional.

Otra vertiente fue abierta por un despacho privado, en este caso por la expropiación bancariade septiembre de 1982. Huelga repetir los argumentos por los que se consideró improcedente.

PRI y PAN tienden manto protector a Carlos Salinas

Carlos Salinas de Gortari, en su caso por el PRD, fue imputado de delitos de orden económico durante su mandato: Misma causal, iguales resultados. Las bancadas aliadas, PRI-PAN hicieron mayoría contra esa tentativa.

Al tiempo, contra otros ex presidentes, entre ellos el citado De la Madrid y Ernesto Zedillo Ponce de Le√≥n, se introdujeron solicitudes juicio pol√≠ticopor falta a las responsabilidades de los servidores del Estado. Algunas solicitudes fueron rechazadas ‚Äúen caliente‚ÄĚ.

300 expedientes mandados a los quemadores

En pleno proceso de legislaci√≥n del Sistema Nacional Anticorrupci√≥n, la subcomisi√≥n instructora de la C√°mara de Diputados de la pasada LXIII Legislatura federal, de Enrique Pe√Īa Nieto, pastoreada por el mexiquense C√©sar Camacho Quiroz, se engolosin√≥ mandando a la estufa casi 300 de esos expedientes que involucraban a militantes de diversos partidos.

El Manto de Noé arropó a varios ex secretarios encargados despacho o secretarios en funciones, a ejecutivos de instituciones del gabinete ampliado y a varios ex gobernadores. Lo mismo: Sin distinción de partidos.

Ni control de constitucionalidad ni revocación de mandato

Dos constantes han nutrido la incesante, obesa pero √°gil impunidad: 1) Se han deso√≠do por sistema iniciativas de expertos mexicanos en Derecho, incluyendo a ministros o ex ministros de la Corte Suprema de Justicia, que claman por el control de constitucionalidad de la gesti√≥n misma del propio presidente de la Rep√ļblica y de sus colaboradores y,

2) Desde hace varias legislaturas federales se pugn√≥ por la eliminaci√≥n del fuero de los servidores p√ļblicos, incluso del fuero de guerra. Desde el oto√Īo de 2014, el Senado recibi√≥ una iniciativa ciudadana para una reforma constitucional que instituyera la revocaci√≥n de mandato.

Ni la intervención a solicitud de parte ni la recomendación de la instancia jurisdiccional fue bastante para que la Cámara alta se diera por enterada de ese imperativo sancionador y rectificador.

Traición a la patria, figura difusa, profusa y confusa

La excusa hasta ahora, ya manida, en el caso del jefe del Poder Ejecutivo, ha sido que el t√≠tulo constitucional, ‚ÄúDe las responsabilidades de los servidores p√ļblicos y patrimonial del Estado‚ÄĚ, blinda al presidente, durante el tiempo de su encargo, quien s√≥lo puede ser acusado de traici√≥n a la patria y delitos del orden com√ļn.

En ninguno de los dos casos hay precedente de aplicaci√≥n de la Carta fundamental, pues eso de ‚Äútraici√≥n a la patria‚ÄĚ es difuso, profuso y confuso. No obstante, seg√ļn peritos en la materia, en aquel precepto est√° impl√≠cito lo que se denomina ‚Äúresponsabilidad estatal‚ÄĚ. Obvio, el legislador no ha querido explicitarlo.

Doble paradoja en la cuarta transformación

Concluimos con una especie de doble paradoja: El debutante presidente se ha comprometido a exponer a consulta p√ļblica su permanencia en Palacio Nacional en 2021.

Hasta sus más pugnaces opositores cuestionan su decisión, acusándolo de querer aparecer en las boletas de las elecciones intermedias, y el propio conductor de la Republica amorosa se resiste a atender la demanda popular de que se juzgue a los ex presidentes. Todo un nudo gordiano… tejido y atado por la impunidad.



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