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Manifiesto progresista del Grupo de Puebla
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Edición 414

 41420

Manifiesto progresista

del Grupo de Puebla

Por: Consejo Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, su Grupo Parlamentario y su Centro de pensamiento Marco Aurelio García

COMO CIUDADANASy ciudadanos demócratas y progresistas, reunidos alrededor de la defensa de los principios básicos de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la soberanía y la justicia social, declaramos nuestra coincidencia en este MANIFIESTO PROGRESISTA.

Lo presentamos como punto de partida de un proceso de construcción colectiva, de un proyecto político alternativo para América Latina y el Caribe. Esperamos que sirva de referencia para la formulación de propuestas nacionales progresistas en nuestros países.

Las y los integrantes del Grupo de Puebla a través de su Consejo Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, su Grupo Parlamentario y su Centro de pensamiento Marco Aurelio García consideran que:

La humanidad enfrenta el mayor de sus desaf√≠os: la vida en el planeta est√° en peligro. En ese contexto, la tr√°gica situaci√≥n sanitaria desatada por el Covid-19 ha significado para Am√©rica Latina p√©rdidas irreparables en t√©rminos de vidas, adem√°s de agravar y profundizar la crisis econ√≥mica y social que ven√≠a arrastr√°ndose por a√Īos, como consecuencia, entre otros, de los golpes brutales o h√≠bridos asestados en contra de los gobiernos progresistas de la regi√≥n.

Asimismo, algunas administraciones han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia, dejando entrever su incompetencia y negligencia y perjudicando con ello no sólo a sus respectivos países, sino al conjunto de la región.

La pandemia ha desnudado las profundas desigualdades, consecuencia del modelo neoliberal y que se han reflejado en la distribución de las vacunas. Estas injusticias se observan en las marcadas asimetrías en su producción y distribución y de las cuales depende la vida de millones de personas.

La industria farmacéutica concentra la posibilidad de dotación de la misma, imponiendo a su antojo las condiciones de venta a los países del Sur Global e incluso afectando la iniciativa COVAX lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar su acceso equitativo. Contemplamos con extrema preocupación la posibilidad de que países de ingresos bajos y medios no puedan acceder a los medicamentos. Solamente apelando a la solidaridad y a la igualdad, la humanidad estará en capacidad de superar esta pandemia.

Fin del Estado de bienestar

El modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital, promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de bienestar y la democracia, socava derechos sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social.

Su agotamiento y consecuente crisis económica y social ha generado un crecimiento de la extrema derecha en varias latitudes, que pone en riesgo las democracias, incluso en países con una trayectoria significativa democrática. Este modelo incompatible con la vida debe sustituirse por uno que reivindique la solidaridad, la justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un nuevo rumbo para los pueblos de América Latina, el Caribe e Iberoamérica.

Para este objetivo, es indispensable recuperar la integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas veces en la historia, América Latina y el Caribe habían estado tan divididas, al tiempo que urge la unidad para enfrentar complejos retos en el corto, mediano y largo plazo.

En medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, y en particular, las guerras jurídicas o lawfare que afectan derechos elementales de líderes y lideresas del progresismo. Es necesario acudir a una defensa cerrada de la democracia en medio de una coyuntura donde el autoritarismo es una posibilidad fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neofascista, se debe responder con más Estado social de derecho y reivindicando el derecho social al Estado.

Considerando todo lo anterior, proponemos:

1.- Instituir un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionalización y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos.

Se nos presenta la necesidad inaplazable de poner en marcha este modelo solidario que implica una estrategia de transici√≥n ecol√≥gica; reivindica el papel de la innovaci√≥n, la ciencia y la tecnolog√≠a y las convierta en prioridades del gasto p√ļblico; recurre a las cadenas sociales de valor como un mecanismo para ser competitivos al tiempo que se vayan cerrando las brechas; e incorpora dentro de su ideario el ejercicio, con derechos y deberes, de una ciudadan√≠a a escala regional, especialmente en momentos en que las garant√≠as para los migrantes parecen en tela de juicio y el mundo transita hacia nuevas formas de segregaci√≥n.

2.- Recuperar el papel fundamental para el Estado. No puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democr√°tico, si no se recupera un rol activo y protag√≥nico para el Estado, desmontado y debilitado seg√ļn el dogma neoliberal. No se trata de regresar a f√≥rmulas anteriores, sino de desarrollar su potencial de √°rbitro del mercado, en la distribuci√≥n de bienestar colectivo, y recuperar el manejo p√ļblico y la garant√≠a de acceso igualitario de bienes y servicios de acceso universal y que representan derechos como la salud, la educaci√≥n, el trabajo, la cultura, la seguridad alimentaria, el agua potable, la vivienda de inter√©s social, la energ√≠a, la comunicaci√≥n y la informaci√≥n y el conocimiento cient√≠fico.

3.- Estimular la responsabilidad social del mercado. La garant√≠a de la empresa privada y su leg√≠timo desarrollo incluye la obligaci√≥n estatal de asegurar la libre competencia, defender al consumidor, proteger el trabajo digno y evitar pr√°cticas monop√≥licas y oligop√≥licas. As√≠ mismo, favorecer procesos compartidos de innovaci√≥n para garantizar la calidad de los bienes sociales p√ļblicos y eliminar restricciones a la propiedad intelectual sobre bienes sociales de manera especial por la coyuntura. Por consiguiente, alertamos sobre la posibilidad de que las patentes se conviertan en impedimento para tener acceso a la salud como bien p√ļblico.

La iniciativa privada debe ser solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generación de trabajos dignos y mayor participación democrática. El mercado no puede seguir siendo el paraíso de unos pocos y el infierno de muchos [1].

4.-Asumir la salud como bien p√ļblico global. La pandemia demostr√≥ la necesidad urgente de considerar la salud como un derecho de todas y todos para construir sistemas universales de salud p√ļblica. Adem√°s, la crisis evidenci√≥ la necesidad de que los estados est√©n en la capacidad de producir vacunas, f√°rmacos e insumos hospitalarios necesarios. Por lo tanto, se requiere que el Estados garantice el derecho universal a la salud p√ļblica, con acceso real y efectivo a la ciudadan√≠a, incluidas las y los migrantes. Las pol√≠ticas de salud y de investigaci√≥n cient√≠fica, la producci√≥n y el acceso a medicamentos, no pueden depender de criterios asociados al mercado, sino de las prioridades y necesidades de nuestros pueblos.

En ese orden de ideas, el acceso universal a la vacuna del Covid-19 debe ser una exigencia del progresismo que ve con preocupación cómo se especula con su distribución y se somete a la lógica del mercado bajo el régimen del derecho privado. El Grupo de Puebla invita a las empresas, organizaciones y gobiernos que hoy controlan la producción y distribución de las vacunas a destinar, de forma inmediata, el 10 por ciento de sus existencias, para la atención en todos los países del mundo del personal médico y sanitario que está en la primera línea de combate del virus y la población mayor, así como aquella con patologías de riesgo.

5.-Revisar privatizaciones y promover m√°s control p√ļblico y menos mercado en el suministro de servicios y bienes p√ļblicos. No solo la salud debe ser vista como un bien p√ļblico. La distribuci√≥n y redistribuci√≥n exclusivamente por la v√≠a del mercado impide el acceso a bienes y servicios b√°sicos para millones de personas en condiciones vulnerables tales como la educaci√≥n, la vivienda y la seguridad entre otros. De igual forma, la innovaci√≥n, la eficiencia, el bienestar general, la justicia social, la redistribuci√≥n de la renta y la riqueza, y la democracia representan ideales que solo se concretan con voluntad pol√≠tica, mediante la acci√≥n colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como una interacci√≥n perfecta entre oferta y demanda.

6.-Proteger a la sociedad civil y acceso equitativo a redes sociales. Los movimientos sociales, su organización, la protesta social y su libre expresión a través de las redes deben ser protegidas y garantizadas por el Estado. Dicha protección será especialmente importante en estas épocas tanto durante como postpandemia cuando la inconformidad social resultante del empobrecimiento, la informalización laboral y el desempleo aumenten. Por ende, el descontento y la protesta deben encontrar canales democráticos y pacíficos para expresarse. La democracia debe entenderse como un proceso para convertir relaciones sociales de desigualdad de poder en vínculos de autoridad compartida [2].

7.- Profundizar y consolidar las democracias. La crisis econ√≥mica y social viene debilitando las democracias y los sistemas de representaci√≥n pol√≠tica en todo el mundo. En Am√©rica Latina y el Caribe, ese panorama podr√≠a ser incluso m√°s cr√≠tico por la debilidad estructural de nuestros sistemas pol√≠ticos. Abogamos por reformas estructurales que fortalezcan nuestras democracias, haci√©ndolas m√°s participativas e incluyentes. Ser√° necesario, por lo tanto, involucrar a los segmentos excluidos, marginados y explotados para convertirlos en actores din√°micos del proceso de toma de decisiones p√ļblicas. Necesitamos sistemas de gobierno que robustezcan y resignifiquen el papel de los partidos pol√≠ticos, y estos retomen su car√°cter representativo al tiempo que se refuerzan los mecanismos de participaci√≥n directa y avanzamos hacia democracias participativas y radicales.

8.-Resistir y combatir la guerra h√≠brida. En el √ļltimo tiempo, la regi√≥n ha sido agredida por la llamada guerra h√≠brida, una iniciativa liderada por Estados Unidos que consiste en alterar el curso de nuestras democracias. La principal estrategia de esta nueva forma de guerra consiste en los golpes de Estado que, a diferencia del pasado no ocurren apelando a los militares, sino recortando las facultades de los Congresos y violando los derechos de los opositores con acciones como la violaci√≥n de los domicilios, la represi√≥n generalizada y la intimidaci√≥n en medios de comunicaci√≥n y redes sociales. Tal agresi√≥n busca acomodar a Am√©rica Latina dentro de la agenda geopol√≠tica de Estados Unidos y puede incrementar y agudizar la pobreza, la miseria y el hambre. Esta nueva forma de golpe se puso en marcha contra Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales.

9.-Rechazar a las guerras jur√≠dicas (lawfare). El Grupo de Puebla rechaza las guerras jur√≠dicas (lawfare), que hacen parte de la guerra h√≠brida y han buscado recortar los derechos de organizaciones, movimientos o partidos progresistas. Estos procesos que se vienen adelantando, con apoyo de Estados Unidos, contra dirigentes progresistas de la regi√≥n buscan impedirles elegir y ser elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y la estigmatizaci√≥n medi√°tica por parte de poderes f√°cticos que han desplazado los espacios democr√°ticos ocupados por los partidos. Los y las l√≠deres y lideresas progresistas tienen pleno derecho a ejercer su liderazgo con garant√≠as para su vida, libertad, movilidad, expresi√≥n y arraigo geogr√°fico. Recordamos que el poder judicial pertenece al pueblo, por ende, debe rescatarse como un servicio p√ļblico con jueces que defiendan este poder popular de postulados sectarios en contra de la ciudadan√≠a, l√≠deres y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de turno. En este sentido, destacamos la labor que viene desarrollando el Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo, contra la judicializaci√≥n de la pol√≠tica y la politizaci√≥n de la justicia.

10.- Defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados. Varios de los pa√≠ses de la regi√≥n han sido objeto de acciones tendientes a la desestabilizaci√≥n a trav√©s de la imposici√≥n de bloqueos, sanciones econ√≥micas y pol√≠ticas unilaterales contrarias al derecho internacional. Este tipo de posturas anacr√≥nicas y caducas son a√ļn m√°s graves en el contexto de la crisis sanitaria pues afectan el acceso a insumos, medicinas y medios para la contenci√≥n de la pandemia. El Grupo de Puebla considera estas posturas como agresiones contra los segmentos m√°s vulnerables de nuestros pueblos, adem√°s de una amenaza contra el proceso de integraci√≥n. El progresismo promueve salidas en consonancia con la soluci√≥n pac√≠fica de conflictos, la no intervenci√≥n y el apoyo a soluciones democr√°ticas, pac√≠ficas y negociadas.

11.- Promover un combate efectivo contra la corrupci√≥n pol√≠tica. El Grupo de Puebla entiende que la lucha contra la corrupci√≥n p√ļblica -con una contraparte privada- empieza por recuperar el concepto de servicio p√ļblico y erradicar del Estado las pr√°cticas de mercado que convirtieron las decisiones de gobierno en subastas privadas de mercanc√≠as y servicios p√ļblicos. Para el caso concreto de la corrupci√≥n pol√≠tica se propone, como paso inicial, la financiaci√≥n estatal e integral de todas las campa√Īas pol√≠ticas. Finalmente, en este combate contra la corrupci√≥n se debe llamar la atenci√≥n sobre el da√Īo que generan los ‚Äúpara√≠sos fiscales‚ÄĚ que dificultan el rastreo de los recursos arrebatados de las fianzas p√ļblicas y vehiculan las estrategias de acumulaci√≥n de capital por parte de las empresas transnacionales.

12.- Generar cadenas sociales de valor. La creaci√≥n de valor, a trav√©s de la reindustrializaci√≥n, debe empezar por el desarrollo de cadenas sociales de valor de peque√Īas y medianas empresas que act√ļen asociando eslabones productivos incluyentes y sostenibles ambientalmente. Este proyecto debe acompa√Īarse con una mayor inversi√≥n en innovaci√≥n, el desarrollo de infraestructuras regionales y la creaci√≥n de mayores facilidades log√≠sticas en un entorno internacional en el cual ‚Äúvender‚ÄĚ ha resultado m√°s importante que ‚Äúproducir‚ÄĚ.

13.- Promover la igualdad, eliminar la pobreza, crear trabajos dignos, aumentar salarios e implantar políticas robustas de inclusión social y la eliminación de la división sexual del trabajo. Debemos trabajar en la promoción activa de la igualdad social y la eliminación de la pobreza, mediante la generación de trabajo digno, el reconocimiento del trabajo del cuidado, el aumento de los salarios básicos y la implantación de políticas integrales de inclusión social centradas un nuevo ciclo de crecimiento y un modelo solidario de desarrollo.

14.- Establecer la Renta Básica Solidaria. El Grupo de Puebla propone, como punto de partida para enfrentar la crisis social agravada por la pandemia, que llevó millones a la pobreza, una Renta Básica Solidaria (RBS), de carácter temporal, por el período en que duren los efectos económicos y sociales de la pandemia. La RBS debe complementar los programas de transferencia de ingresos existentes. La RBS cubriría a los 83 millones de latinoamericanos que quedaron en la pobreza extrema después de la pandemia: 16 millones más tras ella y los 214 en la pobreza de acuerdo con los datos de la CEPAL.

15.- Promover la justicia fiscal. Para recuperar el papel de Estado ser√° necesario promover reformas fiscales progresivas, con impuestos directos y progresivos a los ingresos y al patrimonio, la eliminaci√≥n de exenciones y la penalizaci√≥n de la evasi√≥n tributaria, aliviando la carga fiscal sobre los m√°s pobres, las clases medias y Pymes (peque√Īas y medianas empresas). En contraste, se deben generar m√°s impuestos progresivos sobre las grandes empresas y actores del sistema financiero que m√°s utilidades generan.

De acuerdo con la CEPAL, como consecuencia de la evasi√≥n fiscal, la regi√≥n pierde todos los a√Īos el equivalente al 6,3% del PIB regional, de modo que la implantaci√≥n de un programa de ese tipo es factible, siempre y cuando se adapte a las distintas realidades econ√≥micas y sociales de cada pa√≠s.

Es importante llamar a metas fiscales para concretar una política económica solidaria. Hacemos eco del llamado de la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad en las Empresas, para que quienes generan más utilidades paguen un impuesto del 25 por ciento para financiar la postpandemia.

16.- Refinanciar la deuda externa y apoyar un mecanismo financiero internacional para la superaci√≥n de la crisis. Los pa√≠ses latinoamericanos podr√≠an acudir, cuando lo consideren necesario y de manera voluntaria, a la refinanciaci√≥n de la deuda externa ante los organismos internacionales de cr√©dito y los prestamistas privados. Se estima que una refinanciaci√≥n por dos a√Īos de la deuda externa regional, en la hip√≥tesis de que todos los pa√≠ses la solicitasen, movilizar√≠a recursos por m√°s de USD 250.000 millones, que ayudar√≠an a financiar la reconstrucci√≥n de la estructura productiva cuyo costo ha sido estimando entre un 10 por ciento y 12 por ciento del PIB, durante los pr√≥ximos a√Īos.

Paralelamente, podríamos apoyar un esfuerzo financiero internacional para la superación de la crisis, con la participación de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD), o bancos de desarrollo regionales, para acceder a un programa de recursos y créditos en aras de impulsar las inversiones y retomar del crecimiento económico regional. Esta apuesta dependería de una negociación mundial, y podría apoyarse en una arquitectura financiera internacional al servicio de la economía real y la creación de empleos, y financiada con gravámenes a la movilidad mundial de los capitales, como la Tasa Tobin e impuestos sobre las grandes firmas de plataformas digitales.

17.- Acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos. Los países europeos están demostrando que en casos de calamidades como la que atravesamos, la financiación de programas con recursos de emisión es legítima. El espacio dejado por tasas negativas de inflación y la necesidad de expandir la demanda para reactivar la economía y reconstruir el tejido social, justificaría plenamente este mecanismo en algunas economías de América Latina y el Caribe. Una idea que debería contemplarse consiste en la eliminación de la regla fiscal y que sean directamente los gobiernos y no la banca privada quienes gestionen los recursos para la recuperación.

18.- Establecer una nueva política económica solidaria. La política social no puede subordinarse a las prioridades de corto plazo de la economía. La región requiere una política económica contracíclica, generosa en épocas de escasez, sometida a prioridades sociales en materia de empleo e igualdad, sostenida fiscalmente en impuestos progresivos y con control soberano de la entrada y salida de capitales internacionales. Los gobiernos progresistas, al comenzar el siglo, demostraron que la estabilidad macroeconómica se puede conseguir sin sacrificar metas de crecimiento e inclusión social.

19.- Generar empleo y desarrollo al tiempo que se garantiza la estabilidad macroecon√≥mica y rechazo a la austeridad. Las pol√≠ticas ortodoxas de austeridad causan enorme da√Īo a nuestras econom√≠as y sociedades, especialmente en un ambiente de contracci√≥n econ√≥mica, estancamiento del comercio mundial y agotamiento de las inversiones privadas. Consideramos que es obligaci√≥n del Estado garantizar una pol√≠tica macroecon√≥mica que conjugue el control de la inflaci√≥n, la generaci√≥n de empleo digno y la promoci√≥n del desarrollo sostenible. Ello implicar√° en muchos casos la modificaci√≥n de las metas de la pol√≠tica monetaria a cargo de bancos centrales con una autonom√≠a que dependa de la protecci√≥n del inter√©s general y colectivo.

20.- Instituir una nueva arquitectura financiera regional. El Modelo Solidario de Desarrollo (MSD) podría apoyarse en una nueva arquitectura financiera regional que asegure su independencia. Esta estructura estaría conformada por una red de bancos regionales que atenderán los financiamientos sectoriales y la remergencia de la idea del Banco del Sur. Se precisa una ampliación del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para financiar los equilibrios de pagos. La región debe liberarse de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para las operaciones financieras de infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico se buscarían alianzas temporales con bancos internacionales, especialmente de países del Sur Global, como los organismos que atienden los BRICS y agencias financieras asiáticas, que ya demostraron interés en apoyar inversiones en América Latina y el Caribe. El escenario de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) podría ser aprovechado para impulsar acuerdos de pago en monedas nacionales o fortalecer los mecanismos existentes.

21.- Implantar una nueva industrialización y la transición verde. En materia de generación de empleo, se debe procurar un nuevo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo de las actividades extractivistas por una nueva industrialización bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica. De igual manera, debemos trabajar en una reforma rural integral que garantice el acceso a la tierra a las y los campesinos, apoyando la agricultura familiar y campesina, promoviendo la agricultura baja en carbono destinada a la producción de alimentos saludables y compatibles con el medio ambiente, todo lo anterior, dentro de criterios de incremento de la productividad con base en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto implica mayor apoyo a las demandas del ambientalismo en su lucha contra los transgénicos, la defensa de la biodiversidad y la protección de reservas ecológicas seriamente amenazadas.

22.- Incluir el buen vivir o vivir bien como paradigma. Retomando las ense√Īanzas de los pueblos originarios se debe adoptar el concepto de sumak kawsay (buen vivir) o suma qama√Īa (vivir bien) como marco de referencia para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una hermandad hist√≥rica, cultural y espiritual. Esta noci√≥n de los pueblos originarios andinos coincide con la propuesta del Papa Francisco de estimular la fraternidad global dejando de lado la ‚Äúcultura de los muros‚ÄĚ que termina por esclavizar a los que los construyen encerr√°ndose dentro de sus propias c√°rceles, sin dejar lugar al reconocimiento del ‚Äúotro‚ÄĚ, base de la convivencia global [3].

23.- Promover la construcci√≥n de ciudadan√≠a. El concepto de ciudadan√≠a tiene que ver con el sitio donde se nace y se vive y el derecho a tener derechos, as√≠ como la posibilidad de ejercerlos en cualquier parte del mundo. La libre movilidad de las personas dentro de un espacio geogr√°fico es la esencia de la integraci√≥n en el siglo XXI. ¬ŅC√≥mo entender la exigencia permanente por facilitar la movilidad de las mercanc√≠as, los servicios, los capitales y los datos frente a los obst√°culos levantados para impedir la de las personas? Movilidad para nacer, trabajar, estudiar, conocer, elegir, ser elegida o elegido, pensionarse o morir dignamente. La construcci√≥n de la ciudadan√≠a latinoamericana, a trav√©s de la eliminaci√≥n de todas las barreras que dificultan que una persona ejerza dentro de la regi√≥n sus derechos constituye el desaf√≠o m√°s importante de cara al siglo XXI. La meta es que, al final del proceso, no existan migrantes sino ciudadanos de la regi√≥n y del mundo.

24.- Garantizar el acceso a la informaci√≥n, la libertad de expresi√≥n y promover un orden informativo m√°s democr√°tico. La proliferaci√≥n de informaci√≥n no ha derivado en un acceso masivo y equilibrado. Hace unos a√Īos, se pens√≥ que las plataformas y las redes sociales servir√≠an per se a causas populares y a la expansi√≥n de la participaci√≥n democr√°tica. La realidad nos muestra un cuadro cuasi monop√≥lico de grandes conglomerados cuya llegada fortalece sus modelos de negocios basado en la obtenci√≥n y venta de datos personales y perfiles y la facilitaci√≥n de discursos antidemocr√°ticos. Ello no solo ha ampliado las brechas desde una mirada inter seccional, sino que ha permitido ilegales interferencias con procesos electorales. Hoy, amplios sectores de la sociedad est√°n privados del acceso a la informaci√≥n y a las nuevas tecnolog√≠as. Debemos trabajar para democratizar las comunicaciones de forma tal que se garantice el acceso a la informaci√≥n y a las nuevas tecnolog√≠as de la informaci√≥n y las comunicaciones como derechos, y se protejan los datos de todas las personas.

25.- Fortalecer la convergencia para la integraci√≥n. El Grupo de Puebla propone un proceso de convergencia de sus actuales mecanismos de integraci√≥n subregional [4] hasta llegar a un escenario de articulaci√≥n y di√°logo en la CELAC, donde hoy concurren los 34 pa√≠ses de la regi√≥n. A partir de la matriz de convergencia, que dise√Ī√≥ UNASUR, se identificar√≠an las fortalezas, duplicidades y especialidades de cada organismo para definir el campo de acci√≥n de una revigorizada CELAC, empoderada a trav√©s de una Secretar√≠a General, con un respaldo t√©cnico, representando la regi√≥n ante un nuevo sistema multilateral de gobierno. La convergencia no supone la eliminaci√≥n de foros, convenciones u organismos de concertaci√≥n regional, sino una articulaci√≥n din√°mica de quienes componen el universo de la integraci√≥n en Am√©rica Latina y el Caribe.

26.- Promover la integraci√≥n latinoamericana soberana. Los espacios de integraci√≥n regional deben tener como objetivos principales la preservaci√≥n de la regi√≥n como zona de paz, la construcci√≥n de ciudadan√≠a, la promoci√≥n del desarrollo com√ļn, la vigencia de los derechos humanos, la consolidaci√≥n de la soberan√≠a y el fortalecimiento del mercado regional. De igual modo, resulta indispensable reimpulsar la integraci√≥n latinoamericana para que, conjuntamente, los pa√≠ses de la regi√≥n recuperen la autonom√≠a frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones del capital financiero internacional, como las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de revisar evaluaci√≥n por pa√≠s, provocan crisis cambiarias y ponen en jaque el actuar soberano de la pol√≠tica econ√≥mica. Igualmente, es necesario priorizar los derechos humanos frente a las obligaciones derivadas de los tratados de comercio e inversi√≥n y vincularlos al respeto de est√°ndares sociales y ambientales, evitando que los procesos de arbitraje internacional vulneren los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza.

27.- Apoyar la reforma del sistema de Naciones Unidas en aras de fortalecer el multilateralismo y la multipolaridad. El Grupo de Puebla apoya la a√Īorada reforma del sistema vigente de Naciones Unidas en aras de fortalecerlo. Son s√≠ntomas de su debilitamiento: el desfinanciamiento de su subsistema social (UNESCO, OIT, FAO, entre otras); la excesiva focalizaci√≥n de sus operaciones de mantenimiento militar de la paz; las condicionalidades sociales impuestas por los organismos que conforman su subsistema econ√≥mico (FMI, Banco Mundial y OMC); y, la ausencia de sistemas democr√°ticos de decisi√≥n en sus √≥rganos pol√≠ticos (Asamblea General y el Consejo de Seguridad). Al apoyar la necesaria reforma del sistema de Naciones Unidas, el Grupo de Puebla reitera tambi√©n su apoyo al multilateralismo como f√≥rmula de convivencia global, su rechazo a las hegemon√≠as y la necesidad de crear un orden internacional m√°s sim√©trico, justo y multipolar.

28.- Promover la revoluci√≥n del conocimiento. La nueva industrializaci√≥n y un nuevo modelo de desarrollo sostenible demandar√°n que el conocimiento se convierta en una fuente de los cambios econ√≥micos, sociales y pol√≠ticos ac√° propuestos. La regi√≥n deber√° invertir masivamente en educaci√≥n p√ļblica de calidad, en todos los niveles de forma tal que contemos con una ciudadan√≠a informada como fundamento para el modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la innovaci√≥n. El Grupo de Puebla propone llevar la inversi√≥n en ciencia y tecnolog√≠a hasta el 2% del PIB en 2030, meta flexible y adaptada a las distintas condiciones de los pa√≠ses de nuestra regi√≥n. As√≠ mismo, sugerimos la composici√≥n de una Misi√≥n Cient√≠fica que identifique y priorice los campos hacia los cuales debe dirigirse ese esfuerzo, haciendo √©nfasis en la investigaci√≥n biol√≥gica, el desarrollo de cadenas sociales de valor, la calidad de servicios sociales, la atenci√≥n de enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y f√°rmacos, la conservaci√≥n de la biodiversidad, el desarrollo de energ√≠as alternativas y la protecci√≥n de bosques y aguas. Del mismo modo, el Grupo de Puebla propone que los pa√≠ses hagan inversiones expresivas en la inclusi√≥n digital, como instrumento para dinamizar la educaci√≥n y la difusi√≥n de informaciones.

29.- Introducir una agenda cultural para las identidades. La integraci√≥n nace de la identidad. El Grupo de Puebla rechaza el paradigma de una cultura √ļnica global y aboga por la multiculturalidad como camino para una convivencia regional con la alteridad que supone el reconocimiento del otro. Para el respeto de esta identidad diversa e inclusiva se precisa la construcci√≥n de una agenda cultural regional que revalide ra√≠ces, narrativas y valores comunes, apoye los gestores y trabajadores culturales y promueva las industrias culturales que adem√°s de hacer expl√≠citos estos contenidos identitarios los haga social y econ√≥micamente productivos.

30.- Promover la igualdad de g√©nero como motor de la transformaci√≥n progresista. La crisis sanitaria ha visibilizado, para gobiernos y ciudadan√≠a, las graves situaciones de desigualdad y discriminaci√≥n que viven las mujeres, sobre todo aquellas de comunidades √©tnicas, campesinas, trabajadoras informales y tercera edad, entre otras. La pandemia, y las medidas sanitarias como el confinamiento en los hogares, afecta a las mujeres, ni√Īas y adolescentes en dos aspectos: la violencia en su contra, que se ha visto agravada por la obligatoriedad de convivir con los agresores y la imposibilidad, en muchos casos, de pedir ayuda y acudir a las instancias de administraci√≥n y procuraci√≥n de justicia. Y, en segundo lugar, por la afectaci√≥n a su autonom√≠a econ√≥mica, ya que un alto n√ļmero de mujeres hace parte del sector informal de la econom√≠a altamente afectado por la crisis sanitaria. A lo anterior se suman discriminaciones laborales; la limitaci√≥n de derechos sexuales y reproductivos; la ausencia de reconocimiento por los trabajos dom√©sticos y de cuidados no remunerados que desempe√Īan y, la falta de acceso y participaci√≥n paritaria en la esfera p√ļblica. La omisi√≥n y la lentitud de reacci√≥n de las autoridades para restituir sus derechos y dignidad agravan la situaci√≥n.

La eliminaci√≥n de todas las formas de invisibilizaci√≥n, violencia, opresi√≥n y discriminaci√≥n contra las mujeres, ni√Īas y adolescentes, debe ser un compromiso inaplazable y, por ende, la perspectiva de g√©nero y de derechos humanos; la interseccionalidad, y la promoci√≥n y protecci√≥n de estos derechos humanos de las mujeres debe ser un sello distintivo de progresismo.

31.- Combatir el racismo estructural y todas las formas de discriminación. Además de luchar contra el patriarcado, será imprescindible combatir el racismo estructural y todas las otras formas de discriminación, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y todas aquellas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, que crean enormes desigualdades y posicionan a mujeres y hombres en condiciones extremas de vulnerabilidad, violencia y exclusión. Nuestro objetivo debe ser la construcción de sociedades postraciales, postpatriarcales, profundamente igualitarias y no discriminadoras.

32.- Lograr y preservar la paz. Como expresión de fuerzas progresistas, el Grupo de Puebla alienta toda iniciativa que conduzca a establecer o fortalecer la paz en las naciones latinoamericanas, en el continente y en el mundo. Rechaza el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, la incitación al odio, la intervención extranjera o la promoción de la guerra para imponer el dominio de grupos de poder nacionales o transnacionales. De igual modo, fomenta la reorientación de recursos que utilizan hoy los Estados para la producción, la compra o el comercio de armas, para que se destinen al sistema de salud y educación. Asimismo, exhorta a todos los gobiernos de la región a contribuir a la prohibición internacional del uso de armas nucleares en el planeta, a evitar su proliferación, así como a estimular el desmantelamiento de los arsenales nucleares.

33.- Apoyar la movilización social. El Grupo de Puebla respalda las movilizaciones sociales como una expresión genuina de inconformidad y cambio que debe garantizarse como un derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización de las respuestas a la protesta social. La movilización social es un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas democráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para combatirla constituye una grave amenaza contra la democracia.

Finalmente:

Nuestro deber, como progresistas, consiste en leer, entender y comprender el vigoroso, aunque doloroso mensaje, de parar, reflexionar y seguir que nos deja la pandemia. Nos urge trabajar en un proyecto pol√≠tico que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de que a√ļn existen en Am√©rica Latina y el Caribe utop√≠as alternativas posibles. La utop√≠a posible que hoy nos re√ļne es la construcci√≥n del nuevo ser progresista latinoamericano: m√°s solidario en lo social, m√°s productivo en lo econ√≥mico, m√°s participativo en lo pol√≠tico, m√°s pac√≠fico con la naturaleza, y, sobre todo, m√°s orgulloso de su condici√≥n de ciudadana y ciudadano de Am√©rica Latina y del Caribe.

Febrero 10, 2021.

(Propuesta para Voces del Periodista de Rodolfo S√°nchez Mena).

 

Notas:

[1] Luis Inacio Lula da Silva

[2] De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transformación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

[3] Encíclica Fratelli Tutti, 2020

[4] Comunidad Andina, UNASUR, Mercosur, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del Pacífico, Asociación de Estados del Caribe y SICA. (https://cutt.ly/BkGFSho).

 

 



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