Ley electoral
y renovación democrática
Pablo Moctezuma Barragán
Garantizar la renovación democrática y un nuevo sistema político y electoral que garantice la soberanía popular y nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el jueves 28 de abril, su propuesta a la Cámara de Diputados para una Reforma Democrática o Ley Electoral. Modificando 18 Artículos de la Constitución y 9 transitorios.
DICE LORENZO CÓRDOBA, consejero presidente del INE, que se va a perder lo avanzado en 30 años, o sea lo que se implementó desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, creador del IFE que sentó bases para el dominio del PRIAN y quien comenzó la idea de que alternancia es democracia, cuando en realidad es la cúpula neoliberal la que se alterna en el poder de espaldas al pueblo y para servir a Washington y a las grandes corporaciones.
La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducción de 11 a 7 consejeros, siendo los ciudadanos quienes elijan a las autoridades electorales de manera directa, por voto popular y no las cúpulas partidarias. Los candidatos para el INEC y el Tribunal Electoral no podrán realizar campañas y tendrán tiempos iguales para presentar sus propuestas en medios estatales. El candidato más votado presidirá el INEC.
Se federalizan las elecciones con la desaparición de las OPLAS y Tribunales Electorales Locales, se propone la reducción del número de legisladores federales dejando la Cámara de Diputados que tendrá 300 espacios y no los 500 actuales y la de senadores disminuirá de 128 a 96, también se reducen las diputaciones locales. Hay un cambio de modelo de elección disminuyendo las diputaciones plurinominales de diputados, eliminándolos en el senado. Y los candidatos de los partidos se presentarán en listas estatales.
Actualmente se elige una diputación por cada 252,000 habitantes, pero la propuesta es que se elija a un representante por cada 420,000 habitantes, mientras que en el caso de senadores se pasaría de elegir a un senador por cada 984,375 habitantes a cada millón 312,500 habitantes.
Lista de candidaturas
También disminuirían los representantes en los ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura. Con esta iniciativa no se elimina la representación proporcional, se elimina la representación de mayoría relativa y lo que hace es hacer elecciones a nivel estatal, presentando listas estatales y no se elegiría directamente a los representantes. Así cambia el modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos. No podríamos votar por una candidatura en particular para diputación federal, sino que votaríamos por una lista de candidaturas de los partidos sin posibilidad de mover su orden y eligiendo a todos en bloque, aunque estemos en desacuerdo con alguno de los candidatos de la lista.
En municipios y ayuntamientos se propone bajar regidurías reduciendo el número de integrantes de los Ayuntamientos en los municipios. Dice el presidente López Obrador que, del presupuesto, “no le llega nada a la gente, pueden estar las calles llenas de baches. Porque el presupuesto se destina en 95 por ciento al gasto corriente. Hay ayuntamientos con 11 o 15 regidores, bien pagados algunos ganan más que el presidente". Por eso es importante la reducción del número de integrantes de los Ayuntamientos en los municipios.
Otra medida sería la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, solo financiándolos durante las elecciones, solo para campañas y no para burocracias partidistas El ahorro será de 24 mil millones de pesos. Por ello la reforma propone que los gastos ordinarios de los partidos se financien a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes. “El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral”.
El argumento es que año con año crece el dinero público que se destina a la operación del sistema político mexicano. Ejemplifica que en 1999 se asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que para 2018 el presupuesto fue de 68,300 millones de pesos, es decir un crecimiento de 409 por ciento en menos de 20 años. El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, destacó que el primer objetivo de la reforma electoral es buscar que la democracia en México sea más barata.
Se propone el reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral y solo los partidos tendrían tiempos. La reducción al 33 por ciento de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante y modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental que actualmente usa el INE. Se propone la creación de la Legislación Única en Materia Electoral.
Si sumamos todos los conceptos se pueden ahorrar 11, mil millones de pesos con los que financiamos a los partidos federales y 5,297 millones de pesos para financiar a los partidos políticos locales, 4,000 tribunales electorales locales, regidores 6,000 millones de pesos, diputados locales 5,000 millones de pesos, diputados federales 3,000, senado 2,000 millones de pesos.
Va por México va en contra
Reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral. También se plantea un cambio de modelo de comunicación política en el que desde el inicio del proceso electoral y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se asignaría el 90 por ciento a los primeros y el 10 por ciento al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral. Además, se modificarán las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental durante la veda electoral, para que los funcionarios tengan no solo la posibilidad sino el deber de informar sus acciones y difundir programas y servicios.
Los ciudadanos pueden votar, pero no elegir candidatos, será la Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal propondrán una lista de 60, cada uno de los poderes postularía 20 candidatos y de estos perfiles se elegirán a los consejeros a través el voto popular. El mismo procedimiento aplicará para la integración de la Sala Superior del TEPJF. Además, se propone la creación de la Legislación Única en Materia Electoral.
La Ley eléctrica no pasó porque no la aprobaron todos los diputados de las “oposiciones” que más bien son diputados de las corporaciones, se unieron en contra. La Ley Eléctrica contó con 275 votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y en contra 223 de PAN, PRI, PRD y MC. Al no obtener mayoría calificada fue rechazada por la Cámara de Diputados.
Ahora es difícil que prospere la iniciativa presidencial de Ley Electoral, ya anunció la alianza conservadora “Va por México'' que votará en contra. Se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada –o un número menor, según el total de asistentes a la sesión-; en la Cámara de Senadores se requerirían 85 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de Pleno, por lo que es muy difícil que se apruebe la Ley. Morena y a sus aliados les faltan 57 votos en la Cámara de Diputados y 53 en el Senado. Además, para que se apruebe rápido, habría que convocar a un período extraordinario de sesiones, porque el ordinario comienza hasta septiembre, adicionalmente haría falta que la aprueben 17 legislaturas. Lo más probable es que se abra un espacio largo para el debate, mismo que se debe aprovechar para poner a discusión esta iniciativa y a proponer una profunda renovación democrática.
El sistema de partidos imperante impide que se implementen profundas reformas, cada ley, cada reforma constitucional se ve frenada en el Congreso, o en el poder judicial o por propios funcionarios del Ejecutivo con agenda propia. Para que avance la 4 Transformación, hace falta una Nueva Constitución que como Ley Suprema permita establecer un sistema que garantice los intereses nacionales y la voluntad popular. Y una profunda renovación democrática que permita a los electores seleccionar candidatos, comenzando por el Nuevo Constituyente que debe ser electo por la ciudadanía y no por las cúpulas partidarias que fácilmente se venden a los intereses de las corporaciones y gobiernos extranjeros. Se pone al orden del día la necesidad de una nueva Constitución, pues los nuevos y complejos problemas y la falta de garantía de todos los derechos que solo están enunciados en la constitución actual sin mecanismos para hacerlos efectivos la reclaman urgentemente.
Por campañas de propuestas
Mientras tanto, en la actual iniciativa de Ley Electoral se habla que los ciudadanos votarán por los Consejeros y Magistrados, y está muy bien, pero no podrán seleccionar candidatos, tampoco podrán proponer candidatos para los tres poderes. Sin selección democrática no hay elección democrática. La renovación democrática implica un nuevo mecanismo de selección de candidatos a partir de las propuestas de electores organizados en lugares de trabajo, vivienda, estudio, actividad y eliminar ese candado antidemocrático por el cual son los partidos los que tienen el monopolio de la selección de candidatos.
Por otro lado, está muy bien que los candidatos a Consejeros y Magistrados no puedan hacer campañas, solo presentar sus propuestas y lo mejor sería que se generalizara esta práctica a todos los candidatos y aún mejor que las propuestas ganadoras se tengan que aplicar obligatoriamente por los que resulten electos para terminar de una vez por todas con la práctica de que una vez en el poder hacen lo que gusten. Se deben eliminar las campañas de dinero, de propaganda, de promesas vacías y sustituirlas por procesos de propuestas, de participación colectiva para encontrar la raíz de los problemas y sus soluciones. Se debe terminar todo financiamiento a los partidos para que lo que se financié sea el proceso electoral, la organización de los electores desde la base y posibilitar que en realidad el pueblo decida asumiendo plenamente su soberanía.
Para desarrollar procesos en la que los candidatos no hagan propaganda, sino construyan proyectos, con equidad para todos en su presentación y discusión. Los candidatos electos deben “mandar obedeciendo” y los electores contar con mecanismos ágiles de revocación de mandato para quien no cumpla con el proyecto presentado y aprobado en campaña por el colectivo o que una vez en funciones quiera desarrollar una agenda propia, que por cierto es lo que hacen en el actual sistema en el que una vez electos realizan acciones de las que nunca se habló en campaña.
Una vez presentada la iniciativa electoral, demos espacios para el análisis, la reflexión y el impulso de propuestas que garanticen la renovación democrática y un nuevo sistema político y electoral que garantice la Soberanía Popular y Nacional.
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