Guardia Nacional, en entredicho
Feliciano Hernández*
LA IMPARABLE criminalidad en México ya no deja lugar a dudas: El fracaso de la Guardia Nacional es un hecho… En marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo –presionado por los críticos- que le dieran “seis meses” para empezar a ver resultados positivos en el combate a los malvivientes, pero cumplido el plazo en octubre, la mala noticia es que no hay buena noticia. Su propuesta central para enfrentar al crimen quedó rebasada. Lo que viene debe preocupar y ocupar a todos: más delincuencia, por el estancamiento económico y por la fallida estrategia del presidente. ¿Estamos ante un vacío de poder?
CD. DE MÉXICO.- Nadie en su sano juicio quisiera esperar que el gobierno de AMLO fracase en el combate a la CRIMINALIDAD, pero lo que se ve a casi un año desde la toma del poder, es que su política de “amor y paz”, del “ya pórtense bien” no le está funcionando. Los resultados favorecen ampliamente a los carteles de la droga, a las mafias de traficantes de indocumentados, a los ladrones de combustible –“huachicoleros”-, y a otras bandas de malvivientes que se burlan del dicho presidencial: “fuchi, guácala… piensen en sus mamacitas”.
Ya suman varios los enfrentamientos de la Guardia Nacional en sus labores de vigilancia. Algo que todo el país ha reprobado es que en numerosas ocasiones las fuerzas del orden han sido blanco de grupos de vándalos que han incendiado sus patrullas y vehículos militares, y han sufrido humillaciones y ataques verbales de pobladores ante la orden presidencial de que no respondan a las provocaciones.
En los últimos años, cientos de policías y soldados han caído en el combate al crimen. Apenas este 26 de septiembre un destacamento militar fue sorprendido por narcotraficantes y tres soldados perdieron la vida, en el poblado Balsamar, Sierra de Guerrero. El ataque ocurrió mientras los militares realizaban un operativo de destrucción de amapola. Un video que grabaron los malvivientes los exhibe maldiciendo a los elementos y burlándose de ellos mientras les disparan una lluvia de balas con armas de alto poder. El video fue subido a las redes de internet, como una advertencia a las fuerzas del orden: “Miren lo que les espera si se meten a nuestros territorios”.
Quienes más se han ensañado contra soldados y policías son los ladrones de combustible, “huachicoleros”, de Puebla; estos en particular han desafiado en numerosas ocasiones a los soldados y a los integrantes de la Guardia Nacional que vigilan los ductos de Pemex.
Es muy duro decir que el pomposo nombre de Guardia Nacional le ha quedado grande al organismo encargado de proteger a los mexicanos: ha fracasado, con apenas medio año de operaciones. Es la realidad, aunque el presidente no quiera aceptarlo. Pudiera mejorar sus resultados, pero no será posible con la política del mandatario, y menos ahora que ha destinado a más de 25 mil agentes a labores migratorias por exigencia del vecino del norte.
Pareciera que AMLO quiere a su Guardia Nacional como para patrullar solamente, como para inhibir con su sola presencia a los delincuentes, puesto que les ha advertido que no tolerará exceso de fuerza y menos violaciones a los derechos humanos. Como si los desalmados sicarios tuvieran corazón y cerebro.
Fuego se combate con INTELIGENCIA, cierto, pero también con armas. La buena voluntad queda para el púlpito. Lo de “ya pórtense bien” movería a risa, si no fuera porque lo dijo el presidente.
El recuento indeseable
Como es sabido, las cifras oficiales no concuerdan con la brutal realidad, porque muchos delitos NO son denunciados por las víctimas. De todos modos es obligado echar un ojo a la estadística oficial, como referente ilustrativo de la incontenible actividad criminal. En los últimos meses se observa un aumento en los crímenes de más gravedad o de mayor impacto, comparados contra el mismo periodo del año anterior.
Los datos de un solo mes ayudan a entender el problema. Así, al 31 de agosto de 2019 se registraron 2,966 homicidios dolosos contra 2,965 en julio del mismo año, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, órgano autónomo del gobierno federal. Comparado con el año 2018, se tiene que en agosto se registraron 2,954 víctimas. Un ligero aumento de 12 casos y de 0.41%. Cabe señalar que en total, se tomó nota de 175 mil 416 presuntos delitos en agosto de 2019, contra 168 mil 490 en agosto de 2018, un aumento de 6,926 casos, equivalente al 4.11%.
Todo esto ya con casi medio millón de muchachos recibiendo su beca de 3,400 pesos al mes del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, pensado por AMLO para restarle mano de obra disponible a los carteles del narco y de otras bandas criminales.
El Secretariado Ejecutivo aclara que la cifra total de presuntos delitos se integra con los reportes del número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas que manejan las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas, y responsabiliza a las mismas de la veracidad y precisión de los datos.
Los delitos que toma en cuenta este registro oficial, que se consideran prioritarios en cuanto a la incidencia y gravedad son: secuestro, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúnte, violencia intrafamiliar, trata de personas y narcomenudeo.
Solamente en agosto 2018-2019, el reporte señala que el Feminicidio subió de 65 a 88 casos; en secuestros, pasó de 95 a 102; en robo total bajó de 66,792 a 63,101, una reducción de 3,691 casos, equivalente al 5.51% menos; en narcomenudeo fue de 5,138 a 6,518 casos.
La impotencia oficial es patente, aunque el presidente lo niegue. Nadie debiera esperar que el problema se resolviera en un año, pero sí que se redujera significativamente, y no es el caso.
El tamaño del organismo y sus retos
Cabe recordar que la Guardia Nacional fue concebida como "una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes".
Luego de amplias discusiones, la Guardia fue aprobada por el Congreso el 28 de febrero de 2019, y quedaría conformada inicialmente por 60 mil elementos; 35 mil del Ejército y ocho mil de la Marina, todos militares pero con formación policial; y con 18 mil de la Policía Federal. Hacia finales de 2019 se esperaba conformar un cuerpo de 150 mil con nuevos reclutas; según el secretario Alfonso Durazo, la Guardia debería estar conformada por 360 mil elementos para responder a los enormes retos.
Aunque el nuevo organismo se integró con elementos militares y de la Policía Federal, con estructura y disciplina militar, y con una comandancia militar, por exigencia ciudadana quedó bajo mando civil, en la persona de Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. “Recuperar la paz y la seguridad, será nuestra prioridad”, dijo el funcionario y repitió el compromiso de su jefe. “No se tolerará en la Guardia Nacional el abuso de la fuerza ni las violaciones a derechos humanos”.
Durazo precisó: “La Guardia Nacional va a tener capacidad presupuestal para financiar sus estrategias, su propia operación; será un cuerpo profesional, bien equipado y adiestrado, respetado por la sociedad y digno de contar con su confianza; eficaz en el combate a la criminalidad; no vamos a permitir la violación a derechos humanos ni excesos de ningún tipo”.
Ya se vio que no se ha cumplido tal compromiso, ni en resultados previstos ni en el respeto que debiera imponer el organismo. Militarizar el combate a la inseguridad es una de las grandes contradicciones de AMLO, puesto que como candidato se había comprometido a regresar a los soldados a sus cuarteles. Pronto cambió de idea. Ahora con estos malos resultados de su flamante organismo, no queda bien el presidente.
Con Derechos Humanos a cuestas
Como se recordará, López Obrador ha sido explícito al señalar que los elementos de la Guardia Nacional deben actuar con prudencia en el desempeño de sus labores de vigilancia y combate al crimen y evitar abusos o cometer violaciones a los derechos humanos.
La política RESTRICTIVA del presidente –es entendible-, puede ser convicción personal y seguramente se debe también a las presiones de la ONU y de ONG nacionales e internacionales que luchan por la salvaguarda de los derechos humanos y contra la tortura y otras violaciones contra activistas. Todo como resultado de los excesos cometidos por fuerzas del orden no sólo en los últimos sexenios, sino durante la larga noche del régimen autoritario que gobernó a México en casi todo el siglo XX.
Pero de un exceso en violaciones pasamos a otro de permisividad o libertinaje, amparado en Derechos Humanos. A estas alturas y luego de al menos 15 años de rotundo fracaso en el combate a la imparable ola criminal, cuando fue subiendo como la espuma desde mediados del sexenio foxista, es irrebatible que buena parte de la estadística criminal creció en el campo fértil de la nueva tendencia mundial de salvaguarda de los derechos humanos.
Es un reclamo popular que los organismos nacionales e internacionales abocados a proteger las garantías constitucionales de las personas, involuntariamente han servido muy bien de parapeto a los criminales de todo tipo. Sin más, apenas en estos días la opinión pública se retorció de coraje al saber que fueron liberados de prisión decenas de involucrados en el crimen contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por argumentos legaloides de que “sus testimonios fueron obtenidos bajo tortura” y de que se violaron los procedimientos legales.
Un caso memorable de cómo Derechos Humanos ha servido bien a los criminales es el de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien como integrante de una banda purgaba sentencia por secuestro de un mexicano, pero logró su liberación por intermedio de Derechos Humanos al argumentar que las autoridades violaron el debido proceso.
Si bien los organismos oficiales y las ONG defensoras de los derechos humanos han jugado un papel determinante en la lucha contra la tortura, las desapariciones forzadas y otras violaciones a las garantías constitucionales, también es incontrovertible que los abogados de malvivientes encontraron en esta veta un recurso muy útil para liberar a sus defendidos.
NO es azar que este avance en la protección de los derechos humanos coincida con la ola criminal CRECIENTE que azota a México desde hace unos 15 años. NO es sólo el sentir popular que lo manifiesta, sino la brutal realidad de los hechos. Son innumerables casos y cada día es una tendencia creciente la cifra de malvivientes que llevan su buena vida tranquilamente, con la conciencia de que a la hora del juicio siempre podrán encontrar un gran aliado en Derechos Humanos y en un poder judicial corrupto o en exceso “garante” del “debido proceso”, que encuentra en las irregularidades procesales la coartada perfecta para ordenar la liberación de los malvivientes en lugar de ordenar que se perfeccionen las averiguaciones (ese moderno término de “carpeta de investigación” es aberrante).
Opciones de AMLO ante el rojo futuro
El presidente fue advertido de que la criminalidad en aumento requería nuevos enfoques, luego del fracasado recurso de militarizar el combate al crimen que siguieron Peña Nieto del PRI y Felipe Calderón del PAN. Pero AMLO se empecinó en seguir el mal ejemplo de sus predecesores, mal ejemplo porque el recurso había probado su inutilidad.
Pero también está peor AMLO, porque ha subestimado el poderío y la determinación de las bandas delictivas, al considerar que con su simple exhorto a “portarse bien” y el de “paz y amor” pondría un alto a los malvivientes; por otro lado también el presidente ha contribuido negativamente en el aumento de los actos criminales al limitar el alcance operativo de su Guardia Nacional, exigiéndole buenos modales ante traficantes, sicarios, extorsionadores, secuestradores, violadores, asaltantes y provocadores.
Los criminales tienen amplios incentivos para continuar su actividad: fácil acceso al mundo del crimen; mucha riqueza por disputar; poder territorial a su alcance; poder político y aceptación social reflejada en la atención que les dispensan los medios de comunicación y en particular las teleseries donde son interpretados por las actores y actrices más famosos; para conseguir sus fines cuentan con armas de alto poder, aliados estratégicos dentro y fuera del país, y sobre todo sienten, viven y disfrutan la debilidad institucional enmarcada en una arquitectura jurídica endeble por su falta de credibilidad. Por si fuera poco, igualmente los capos de las mafias tienen mucho olfato, aderezado con cierta dosis de inteligencia y, sobre todo, alto grado de temeridad. Son condiciones para prevalecer en sus ya competidos mercados y eso los hace muy peligrosos.
Pareciera que al presidente NO le queda claro que los ejércitos de malvivientes que inundan México constituyen fuerzas antisociales muy poderosas, que no van a detenerse con exhortos de buena voluntad. López Obrador tiene que replantear su estrategia, en lo inmediato o no tendrá discurso que lo sostenga.
Las opciones del presidente están acotadas y claras: a) ENDURECER su política y usar a las fuerzas del orden para lo que fueron concebidas, con protocolos pero con margen de acción; b) ACTUAR con rapidez, porque los costos se le incrementan; c) ESCUCHAR las advertencias del gobierno estadounidense en el sentido de que México mejore su eficiencia en el combate a las mafias de narcotraficantes y lavadores de dinero o padecerá consecuencias; ch) SOLICITAR abierto apoyo de autoridades estadounidenses como la DEA y el FBI para enfrentar a los criminales; d) MEJORAR la colaboración y coordinación institucional, multinacional; e) REFORZAR sus programas de asistencia social a sectores vulnerables, como el de los jóvenes, pero incluir a niños desde la parte educativa y en una perspectiva de largo plazo que indudablemente requiere el combate a la criminalidad.
AMLO partió de un diagnóstico atinado sobre la necesidad de adoptar un enfoque integral de combate a la criminalidad, que no fuera sólo punitivo sino preventivo –el error de sus antecesores-, considerando el aspecto social y diseñando para el efecto programas de apoyo a grupos vulnerables, de efectos preventivos.
Bien, pero el presidente ha fallado en la implementación de los programas, en tiempos y espacios, en porcentajes presupuestales, en cálculo de probabilidades. Sus contradicciones están a la luz del día: sus responsabilidades constitucionales chocan con sus creencias personales, religiosas particularmente; sus expresiones de buenos deseos contrastan y se subordinan a la sangrienta realidad.
El tiempo corre veloz, la Guardia Nacional NO puede y los criminales la tienen sitiada.
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