Vienen “años difíciles”

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

En muchos de los gobiernos de los estados y municipios del país la creatividad se ha limitado a poner en marcha una suerte de “paros técnicos”, que incluyen despidos, obligadas vacaciones sin goce de sueldo, reducción de la jornada laboral, temerarios ahorros en energía eléctrica y demás consumos, pero de ninguna manera consideran reducción de los abultados emolumentos de los “mandos” superiores. Que todo se recorte, que todo se reduzca a su mínima expresión, menos los sueldos más elevados ni las prestaciones asociadas al cargo.

Las desesperadas arcas nacionales con horror constatan el desplome en la captación fiscal, en el flujo de los dineros petroleros y en tantos otros renglones tradicionalmente generosos en materia de ingreso. Pero el terror es aún mayor en estados y municipios, dada su espeluznante dependencia de las aportaciones y participaciones federales a sus respectivos presupuestos, los cuales se destinan mayormente a sueldos, salarios, prestaciones y honorarios (la contratación de personal por esta vía es creciente); otra gruesa rebanada se canaliza al pago de adeudos, y lo que sobra, si en realidad queda algo, es para todo lo demás. Así, un primer recorte se practicó en “todo lo demás”, pero no fue suficiente, y ahora van -de abajo hacia mandos medios, en los tres niveles de gobierno- en los emolumentos, en el entendido de que los de arriba no son “recortables”, de tal suerte que la crisis económica se ha extendido al ámbito burocrático y de allí, mediante un brinquito, al político.

Días atrás el doctor “catarrito” anunció un segundo recorte al presupuesto federal, para sumar 85 mil millones de pesos en lo que va del año. A la par, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, advirtió a estados y municipios que “les esperan años difíciles”, y que “las participaciones federales a los más de 2 mil 400 municipios del país se reducirán en por lo menos 90 mil millones de pesos” (La Jornada), una cifra prácticamente igual al anuncio de Cartens.

Pues bien, el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados hace un recuento del “boquete” de las finanzas estatales en el primer semestre del año, derivado de los “recortes” ordenados por Hacienda, consecuencia a su vez de la crisis de las finanzas federales. Así, señala el organismo, se observa que a algunos estados de la República les pagaron en enero-junio de 2009 más/menos participaciones federales de las estimadas al inicio del ejercicio fiscal o respecto a enero-junio de 2009, aunque en ciertos casos “pudieron verse compensadas con más/menos pagos por concepto de Aportaciones Federales”.

En el balance, en enero-junio de 2009, las participaciones más las aportaciones federales pagadas a las entidades federativas fueron de 407 mil 743.5 millones de pesos, contra 451 mil 717.3 millones que originalmente recibirían. De esta manera, los estados de la República obtuvieron casi 44 mil millones menos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales estimadas para el primer semestre del año.

Las entidades federativas que perdieron más ingresos por el pago de los conceptos referidos en los seis primeros meses de 2009 (respecto de los estimados para ese mismo periodo) fueron el Distrito Federal con 9 mil 395.8 millones; estado de México, 4 mil 883.2; Jalisco, 2 mil 486.3; Veracruz, 2 mil 33.3, y Nuevo León, mil 652.6. Las que menor pérdida reportaron, en comparación con el plan original, fueron Baja California Sur (155.1 millones); Colima (161.5), Quintana Roo (252.4), Nayarit (312.3) y Zacatecas (386.5).

Si el comparativo se hace entre lo recibido en el primer semestre de 2008 e igual periodo de 2009, las entidades federativas más afectadas son el estado de México, con una caída cercana a 7 mil millones de pesos; el Distrito Federal, con poco más de 3 mil millones; Jalisco, 2 mil 937.6; Veracruz, 2 mil 210.2, y Nuevo León, 2 mil 98.3. Por el contrario, las “menos afectadas” resultaron ser Baja California Sur (134.8 millones menos), Nayarit (213.2), Tlaxcala (260.1), Colima (349.8) y Zacatecas (390.8).

Explica el organismo de la Cámara de Diputados que las participaciones y aportaciones federales son los dos ramos generales del gasto federalizado que tienen las partidas presupuestarias más altas. La principal diferencia entre ambas radica en que las primeras son recursos que los estados y municipios pueden ejercer libremente, mientras las segundas son recursos etiquetados, puesto que la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) determina en que las deben gastar los estados y municipios.

Por ejemplo, en el primer semestre de 2009 los conceptos participables pagados no petroleros que sufrieron las reducciones más importantes respecto a los pagados en igual periodo de un año atrás fueron el impuesto sobre la renta, que se desplomó 14.7 por ciento; el IVA, 14.6 por ciento, mientras los petroleros que reportaron las caídas más significativas fueron el derecho ordinario sobre hidrocarburos, cuya recaudación disminuyó 70.8 por ciento, y el derecho ordinario sobre hidrocarburos para municipios, 70.9 por ciento.

Por su parte, los conceptos participables pagados no petroleros que sufrieron los incrementos más importantes fueron el impuesto a los depósitos en efectivo, cuya recaudación fue de 18 mil 316.2 millones de pesos (no hubo recaudación en 2008) y los recargos y actualizaciones que fueron de mil 91.9 millones (17.9 por ciento más). Los petroleros con mayores aumentos fueron el IEPS sobre gasolinas y diesel, cuya recaudación fue 121 mil 523.5 millones superior al pagado en el primer semestre del 2008, y el derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el paleocanal de Chicontepec, con 2 mil 818.7 millones (no hubo pago en 2008).

Falta la segunda mitad del año, para la cual el pronóstico no es agradable, mientras las finanzas estatales y municipales se asfixian.

Las rebanadas del pastel

Felizmente ocho ministros de la SCJN sacaron la casta, y con su voto impidieron que el infanticidio en la guardería ABC de Hermosillo se perdiera en el marasmo burocrático y el olvido, como propuso su colega Sergio Aguirre Anguiano, al tiempo que hicieron posible atraer el caso y crear una comisión investigadora, la cual, en un plazo máximo de seis meses, deberá rendir su informe ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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