Socialismo o barbarie

Con la desaparición del SME desaparecería buena parte
de la historia de México y del país mismo

SALVADOR CASTAÑEDA O’CONNOR*  

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1960, día en que se nacionalizó la industria eléctrica, yo era un joven de 28 años; secretario de Asuntos Jurídicos del Comité Nacional de la histórica UGOCM, que dirigía Jacinto López, el líder campesino más importante de este país después de Emiliano Zapata. Con ese carácter estuve en el mitin que organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el zócalo de la Ciudad de México.

“Muchos días de éstos, Señor Presidente”, dijo, al empezar su discurso, el compañero Palomino, Secretario General del SME, refiriéndose también al hecho de que en ese día el presidente López Mateos celebraba su cumpleaños.

Han pasado cerca de 50 años y aquellos “Buenos Días” en la vida del sindicato más combativo por los derechos de sus agremiados y de la Nación, están a punto de concluir definitivamente.

No era López Mateos el representante de una burguesía nacional en ascenso revolucionario, como lo fue el general Lázaro Cárdenas, pero sí de aquélla que todavía resistía al imperialismo con actos como la nacionalización de la industria eléctrica, la expropiación del latifundio de Cananea y el apoyo político a la Gran Revolución Cubana.

Como todos sabemos, el gobierno que presidió Miguel de la Madrid modificó la Constitución General de la República para crear un marco jurídico apropiado y dar marcha atrás a las políticas nacionalistas, progresistas y democráticas que de alguna manera se impulsaron en el pasado e inaugurar la actual etapa del neoliberalismo, que privó al Estado Mexicano de gran parte de sus atribuciones en materia económica, cediéndole a la iniciativa privada y al imperialismo la llamada rectoría del desarrollo.

Creadas las bases materiales y jurídicas para el desarrollo de esta etapa del capitalismo decadente, depredador, apátrida y genocida, los presidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y el actual, se empeñaron con entusiasmo, digno de mejor causa, en privatizar los ejidos y con ellos buena parte del territorio nacional, las minas, la banca, teléfonos, líneas aéreas, la industria siderúrgica, los ferrocarriles y más de mil empresas correspondientes al sector público, dejando esos enormes espacios, incluyendo áreas estratégicas y prioritarias en manos de los monopolios extranjeros, aunque algunos se disfracen de nacionales.

Particularmente, los presidentes Zedillo y Fox se mostraron verdaderamente interesados y resueltos en privatizar en su totalidad tanto la industria eléctrica como la petrolera, donde de manera tramposa e ilegal ya participa la iniciativa privada, pretendiendo despojar a la Nación mexicana de su patrimonio material e histórico en materia de energía, a pesar de que nuestra Constitución declara que esos bienes y servicios son de la propiedad exclusiva de la Nación.

Tal vez estos presidentes hubieran logrado su objetivo siniestro si no hubiera sido por la defensa intransigente del Sindicato Mexicano de Electricistas de los derechos políticos, históricos y patrimoniales de la Nación mexicana.

Bajo la bandera “la Patria no se vende, se defiende” el Sindicato Mexicano de Electricistas movilizó a sus agremiados y a todas las fuerzas progresistas y patrióticas del país que se manifestaron en todas las formas posibles para que el Congreso de la Unión mandara a las profundidades del archivo las iniciativas privatizadoras de Zedillo, primero, y de Fox después.

Como lo he repetido muchas veces, de no ser por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Nación ya hubiera perdido en beneficio del imperialismo el sector energético de nuestra economía.

Esa es la razón fundamental de los ataques rencorosos y revanchistas de este soldado de miniatura que dice presidir los destinos del país, en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, Calderón invoca un sin número de facultades legales, pero ninguna de ellas lo autoriza, como patrón que es, a liquidar una empresa sin antes promover ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un conflicto colectivo de naturaleza económica. Tampoco lo autoriza a indemnizar a sus trabajadores, cuando éstos tienen el derecho de optar por su reinstalación en el trabajo del que fueron injustificadamente despedidos.

En la feroz campaña mediática que se ha desplegado en contra del SME se afirma reiteradamente que los electricistas son trabajadores privilegiados que gozan de sueldos y prestaciones exageradas. Esta acusación, además de falsa, esconde el coraje de la clase gobernante en contra de un sindicato que se mantiene independiente del poder público y emprende con vigor la lucha por los derechos sociales y económicos de sus agremiados. Para el gobierno, los líderes del SME son corruptos, cuando no han hecho otra cosa que responder con lealtad a las demandas de su base sindical. Mientras que según el gobierno, los líderes de los sindicatos charros practican una alta moralidad por negociar con la clase patronal y con el gobierno las demandas de sus trabajadores que reclaman una mejora permanentemente de sus condiciones de trabajo y de vida. Para el gobierno, la lealtad de los lideres hacia su base sindical es corrupción, en tanto que la traición de los dirigentes sindicales para con sus agremiados corresponde a los más altos valores éticos.

Lo que han acreditado suficientemente los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas es que se puede defender a la Patria sin renunciar en ningún momento a las legítimas demandas de los trabajadores, porque nunca en la historia de este país, los intereses de la clase obrera han sido incompatibles con los de la Nación Mexicana.

Hemos dicho y lo sostenemos que es fascista el golpe que el gobierno ha dado al Sindicato Mexicano de Electricistas, decretando formalmente la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, empresa con la cual tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo, cuya consecuencia directa es la desaparición del propio SME, porque el fascismo no es otra cosa que la desaparición, impuesta por el gobierno, de cualquier organización independiente que luche por los intereses de la clase obrera y del pueblo.

No queremos decir que los mexicanos estemos ya sometidos de una manera general y completa al fascismo, pero sí que la burguesía reaccionaria y vende patrias que nos gobierna emplea en contra de nuestro pueblo formas fascistas de represión. De ninguna manera queremos invocar al fascismo ni al diablo.

Estamos si en una época donde el sistema capitalista, lejos de resolver los problemas ancestrales de nuestro pueblo, se ha convertido en el obstáculo fundamental de toda solución posible. El capitalismo devino en capitalismo salvaje para explotar inmisericordemente a los trabajadores, condenándolos a la miseria y la marginación, al tiempo que destruye los valores materiales y espirituales de la Nación mexicana.

Frente a estas formas fascistas de gobernar, nuestro Partido debe aliarse con todas las fuerzas que se reclamen democráticas, progresistas y patrióticas, es decir con todos aquellos que se interesen por la verdadera independencia de la Nación Mexicana, por la verdadera democracia y el progreso social.

Pero al mismo tiempo, nuestro partido debe recordar que se está planteando ante nosotros la disyuntiva de “Socialismo o barbarie” y como organización política de la clase obrera debe aliarse fundamentalmente con todas aquellas fuerzas progresistas que se propongan combatir hasta su extinción al sistema capitalista y construir un nuevo orden económico, político y social en nuestro país, donde los trabajadores sean los dueños de los medios e instrumentos de la producción económica, de la riqueza y el poder, que no es otra cosa que el Socialismo.

* Director de la revista Unidad Comunista y miembro de la Dirección Colectiva del CC del Partido de los Comunistas.

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