EDITORIAL

Burocracia rica: Pueblo miserable

Desde que el siniestro salinato inventó el cuento del combate a la pobreza extrema, los economistas progresistas acuñaron una contrapropuesta para reencauzar el desarrollo social, en el sentido de que lo que hay que combatir es la extrema riqueza. Como esta opción no conviene ni a los plutócratas privados y ni a los públicos, la iniciativa no ha prosperado. Menos, en los sucesivos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), cuya tecnoburocracia engorda en proporción inversa a la pauperización de los menos favorecidos, que son la mayoría de los mexicanos.

De acuerdo con recientes reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al impacto de la crisis financiera en 2009 se disparó el desempleo en México hasta 28 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), afectando, en números absolutos, a unos 15 millones de individuos. Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informan de su lado que, al cerrar 2009, el número de desempleados sin ingreso se colocó en dos millones 256 mil personas, 41 por ciento más que en 2006. Aleatoriamente, con el irrisorio incremento al salario mínimo otorgado por el gobierno del PAN para 2010, más de cinco millones de familias mexicanas apenas subsisten con 57 pesos diarios, que sólo alcanzan para costear 37.19 por ciento de la “Canasta Alimentaria Recomendable”, que en los tres años del gobierno de Felipe Calderón ha alcanzado un precio de 154 pesos 54 pesos centavos.

Como en México no opera la regla de todos coludos o todos rabones, el lado alegre de ese criminal desequilibrio social favorece a quienes detentan el empleo público, desde el personal de base hasta la alta burocracia. Confirma este aserto el informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda que indica que, en 2009 -de crisis general y de ajuste en las finanzas públicas-, el gasto corriente del gobierno de Calderón se elevó a un billón 32 mil millones de pesos (142 mil millones de pesos más que en 2008), del que se destinaron 550 mil 82 millones de pesos a servicios personales; esto es, al pago de salarios y prestaciones. Al desagregarse esa información, uno de los resultados es que el gobierno de Calderón aumentó en 15.5 por ciento las prestaciones a los servidores del Estado.

Para lograr esa ventajista hazaña -la de disponer de finanzas públicas a la baja para premiar a la alza la improductividad de la burocracia-, el gobierno de Calderón echó mano, entre otras opciones, a remanentes de operación del Banco de México, a los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y al reembolso de las coberturas petroleras que contrató en 2008 para garantizar un precio mínimo del barril de crudo mexicano en los mercados internacionales.

Sobre ese crimen de lesa economía popular, es menester recordar un hecho: En diciembre de 2006, para tratar de congraciarse con la sociedad y pretender la legitimación de su mandato viciado de origen, Calderón simuló un decreto de austeridad en la administración pública, supuestamente para reducir el costo de la nómina de su gobierno. Es el caso que, por ejemplo, en el renglón de gasto programable, Calderón incrementó el de la Presidencia de la República en 13.5 por ciento en 2009 respecto del año anterior. Para dependencia como la Secretaría de Gobernación, el incremento fue de 19 por ciento.

Durante su prolongado estío en los páramos de la oposición -donde subsistieron gracias la caridad de sus benefactores, no tan desinteresados como parecía-, los famélicos panistas fueron pugnases acusadores del PRI como “agencia de colocaciones” y denunciaban a éste como un rapaz gestor de la empleomanía a costa de la miseria de la mayoría de los mexicanos. Era sólo cuestión de esperar en la puerta trasera, para apropiarse del suculento banquete. ¡Y de qué manera!