Desmantelar la economía criminal,

regresar el ejército a los cuarteles

y

recuperar la soberanía y dignidad del país

Alberto Montoya Martín del Campo

Síntesis

Las acciones que el gobierno mexicano denomina guerra contra el narco no han tenido éxito en el pasado, ni lo tendrán en el futuro, al igual que en los Estados Unidos de América. Son cuatro las principales razones que explican este fracaso:

1. las extraordinarias utilidades que produce la economía criminal, que está controlada en último término desde los Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, lo que seguirá generando necesariamente su oferta, tanto en Estados Unidos, como en México y otras partes del mundo;

2. el poder corruptor universal sobre la sociedad y las instituciones públicas que tienen las utilidades extraordinarias de la economía criminal, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, que conlleva una violencia intrínseca para la resolución de disputas por negocios y mercados;

3. la necesidad de legitimación política del gobierno federal, que ha acudido al uso de las fuerzas armadas en tareas que no están autorizadas por la Constitución, para responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas, y que requiere una estrategia integral dirigida a eliminar el origen de esta actividad criminal, y

4. el interés geopolítico estadounidense de promover el establecimiento de un estado policiaco en México, subordinado militarmente a los Estados Unidos, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente, con el propósito de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadounidenses.

El papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a los Estados Unidos, se dirige hacia al eventual control de las fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas.

La estrategia estadounidense se inicia con la acusación de los países de producción y trasiego, de ser los principales responsables de un problema cuyo origen se sitúa en los Estados Unidos; se procede a utilizar el pretexto de la debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para eliminar al narcotráfico, para justificar el involucramiento de las instituciones estadounidenses de seguridad y de combate al narco en el territorio nacional; lo que se relaciona con la política del país de militarizar las instituciones responsables de contener al crimen organizado; para terminar en la última fase de este proceso con la cesión total de la soberanía de México (ejército y cuerpos policiacos), a los Estados Unidos, a través de la instalación de bases y operaciones militares estadounidenses en nuestro territorio.

Superar el deterioro social y la violencia creciente del crimen organizado requiere reconocer y actuar sobre las raíces de este grave problema dentro y fuera de nuestro país. Es indispensable reconocer la naturaleza económica, política y geopolítica de la economía criminal, como condición para su eventual erradicación. Mantener la actual estrategia equivale a prolongar y aumentar la violencia y vulnerar la soberanía nacional.

I. Naturaleza económica del sistema criminal de producción/consumo de estupefacientes, sus utilidades extraordinarias y control estadounidense

El origen del consumo de drogas tiene como base cultural la búsqueda de estados alterados de consciencia, en el marco de condiciones subjetivas, valores y formas de vida, que van de la alienación social, al hedonismo y la evasión.

En los Estados Unidos se ha observado durante los últimos cuarenta años, una persistente demanda por parte de la sociedad, para alcanzar nuevas sensaciones, modificar estados sensoriales y de percepción, sofocar o aumentar sentimientos, mediante el consumo de diversos estupefacientes.

“…La demanda estadounidense ha permanecido estable los últimos cuarenta años, variando sólo en su composición: más mariguana en los sesenta y setenta; más cocaína (y crack) a partir de 1985 y hasta finales de siglo; más menfetaminas desde entonces y hasta hace poco, cuando su consumo empezó a desplomarse”.[3]

El origen de estas necesidades subjetivas ha sido objeto de numerosas investigaciones filosóficas, sociológicas y psicológicas. En la sociedad estadounidense y en otras partes del mundo, se observan diversas motivaciones entre los jóvenes, ejecutivos y trabajadores, de todas las clases sociales, que por motivos distintos buscan satisfacer necesidades psicológicas mediante el uso de las drogas.

Se ha señalado también la tolerancia o incluso la promoción del uso de las drogas por el ejército estadounidense, como un medio para desvincular a los individuos de las implicaciones humanas de las acciones de guerra, o bien para mitigar las penas físicas o psicológicas que genera.

El consumo creciente de estupefacientes en los Estados Unidos y otros países, es un fenómeno social relacionado con valores culturales vinculados a una cultura individualista, materialista y individualista, que propicia una cultura de violencia, enajenación y deshumanización, que algunos consideran expresiones de decadencia social.

Los estupefacientes aumentan la intensidad de las contradicciones culturales del capitalismo, como las analizó Daniel Bell hace tres décadas, tanto en la esfera de la producción, en la que se exige un trabajo en condiciones cada vez más competitivas y exigentes, como por el otro lado, también en la esfera del consumo, en la que se promueve el hedonismo individualista, la evasión y el ocio.

La demanda de drogas por parte de diversos sectores de la sociedad genera su oferta, lo que se constituye en el origen de un sistema económico de alcance mundial, que requiere de capitales para hacer las inversiones originarias, la canalización de estos capitales hacia la producción de drogas, la obtención de insumos requeridos por los procesos productivos en el mercado mundial donde estén disponibles, la manufactura de las diversas drogas, su transporte hacia otros países donde van a ser consumidas, el almacenamiento en grandes volúmenes a los centros de consumo, su distribución a las áreas geográficas donde se ubican los consumidores, la venta al menudeo de las mismas, la recuperación del dinero, el transporte del mismo hacia los inversionistas originarios y por último, la transformación de las enormes utilidades ilegítimas, en capitales e inversiones legítimas.

La economía criminal tiene un carácter internacional impulsado por los altos precios que los consumidores están dispuestos a pagar, especialmente en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor del planeta.

Pretender aislar el fenómeno o buscar eliminarlo desde la esfera de su operación, sin desmontar la integralidad de su proceso de valorización económica, es una estrategia intrínsecamente insuficiente y destinada al fracaso, como se ha demostrado en el caso de México.

La principal condición de funcionamiento del sistema de economía criminal, son las utilidades extraordinarias que genera, mismas que se convierten en riquezas extraordinarias acumuladas por los organizadores de estas actividades.[4]

Por ello es imposible terminar con esta actividad criminal, si no se logra romper y detener la reproducción del ciclo económico que la sustenta, desde la de inversión, hasta la legalización de las utilidades.

Las actividades del gobierno mexicano para terminar con el proceso de reproducción económica del narcotráfico son incomparablemente más limitadas que las acciones y operativos para capturar a los individuos responsables, o para incautar las drogas que están en tránsito hacia los centros de consumo.

El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta actividad.

Sin embargo esto no es así: desde 1989 en que se criminalizó el lavado de dinero hasta la fecha, solamente se han obtenido 26 sentencias contra acciones de lavado de dinero. De lo anterior se concluye que la mayor parte de las utilidades del narcotráfico en México lograr cerrar el ciclo inversión-obtención de utilidades de la economía criminal. [5]

Tan solo en el caso de Guerrero, 70% de la población indígena carece de ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, salud, vivienda, o vestido.[8]

Esto se refleja en un perfil delicuencial caracterizado por personas cada vez más jóvenes y que realizan actos de mayor crueldad e insensibilidad hacia las víctimas, lo que refleja un grave problema de deshumanización, con enormes implicaciones hacia el futuro. Los jóvenes pobres son los que alimentan en su mayoría tanto a las fuerzas armadas como a las organizaciones criminales.[10]

Es indudable la presencia del lavado de dinero en México en las últimas tres décadas y la cada vez mayor diversificación en ramas y sectores de todo el territorio nacional. Sin embargo no se debe perder de vista que el origen y destino principal del proceso de acumulación de la economía criminal, y la dirección de este sistema criminal, se ubica en los Estados Unidos de América, país en el que se origina y acumula la parte más significativa de esta actividad.

Uno de los argumentos para la venta de los bancos mexicanos a inversionistas extranjeros, fueron los severos cuestionamientos por su supuesta –y en algunos casos comprobada- participación en el lavado de dinero; cuestión que prácticamente ha dejado de ser objeto de crítica en la actualidad, una vez que la mayoría de los bancos que operan en México han pasado a ser propiedad de bancos transnacionales.

Es indispensable hacer un análisis del sistema nervioso del narcotráfico, que permita llegar hasta las raíces del sistema. Aunque el análisis del origen de las armas decomisadas a los narcotraficantes en México, conduce principalmente hacia los Estados Unidos, el eje principal del análisis y de la estrategia de supresión del sistema de la economía criminal del narcotráfico debe ser el sistema financiero.

El sistema financiero es el principal vehículo para la operación de la economía criminal, por lo que debe ser objeto de una legislación que permita bloquear de manera efectiva la reproducción del ciclo económico del sistema de la economía criminal; cuestión que debe tener de manera necesaria un carácter internacional.

En el caso de México, es indudable que el notable vacío en la persecución financiera del narcotráfico, no obstante las agencias que existen para ello, no ha logrado un impacto significativo en interrumpir la reproducción de la economía criminal, lo que requiere un acuerdo de carácter internacional, tanto multilateral como bilateral con los Estados Unidos.

De la misma manera, se requiere un análisis comparado de los fenómenos sociales, económicos y de procuración de justicia, del sistema de la economía criminal en los Estados Unidos, ante la evidencia de la magnitud del consumo en este país, lo que requiere identificar sus condiciones de reproducción y conducir a la identificación de las organizaciones de criminales estadounidenses y de su extensión hacia México.

La idea promovida en la opinión pública de un conjunto de organizaciones criminales extranjeras, que invaden y corrompen la santidad de la sociedad estadounidense no se corresponde en absoluto con la realidad, que es exactamente lo opuesto.

El análisis comparado del funcionamiento de la economía criminal entre Estados Unidos y México, en relación a su magnitud, la escala del consumo, producción, lavado de dinero, violencia y corrupción que genera, legislación, sistemas de procuración de justicia, funcionamiento de los sistemas de justicia, y penitenciarios, debe conducir al la exigencia de reparación de los daños que esta actividad causa en nuestro país, por los costos económicos, presupuestales, institucionales y de desgaste de nuestras instituciones.

La evidencia contrafáctica indica que la existencia de la actividad económica criminal requiere de la protección del sistema político, la legitimidad pasiva que se da al consumo de drogas en amplios sectores de la sociedad estadounidense, la motivación para el consumo que promueven los medios de comunicación estadounidenses, y la aprobación del criterio del lucro, como el valor más importante de la sociedad, lo que se traduce en la glorificación de las vidas de criminales a través de películas y series televisivas, la exaltación de sus fortunas como equiparables a las de los mayores capitalistas, y su denominación en la opinión pública como “zares” o “barones”, u otros títulos nobiliarios, que son utilizados para referirse a asesinos a gran escala, que provocan daños significativos y enorme violencia en la sociedad.

II.       Poder corruptor universal sobre la sociedad y las instituciones públicas y la violencia inherente de la economía criminal.

El poder de este sistema criminal está en su capacidad de acumulación acelerada y la magnitud de las ganancias que genera a los sujetos que lo controlan, lo que le permite corromper todo lo que se le oponga en el camino.

La estrategia de acabar con un grupo criminal tiene como efecto inmediato la creación de otro o de varios que lo sustituyen.

Si el sistema de economía criminal se propone como ejemplo de desarrollo económico y eficiencia empresarial, la Nación ha extraviado definitivamente su rumbo histórico.

III.      La guerra contra el narcotráfico del gobierno federal no tiene como principal objetivo terminar con el sistema de la economía criminal, sino obtener legitimidad política interna y externa.

La propuesta va en el sentido de centralizar los mandos policiacos, formar una policía nacional; hacer juicios orales, públicos, en los que se establezca una relación diferente entre el juez y las partes.

Esta decisión es de suma gravedad para la Nación, pues las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional, y una forma directa de vulnerarlas, es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución, y que por la estrategia seguida, necesariamente no podrán lograr los objetivos propuestos.

Este fenómeno es causa de un debilitamiento del Ejército Mexicano, institución que debería ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales, y que está convirtiéndose de hecho en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares, que ahora se dedican a la realización de actividades criminales. De esta manera, se estima que un treinta por ciento de los narcotraficantes tienen antecedentes militares.[17]

Aunque en teoría el ejército es coadyuvante del Ministerio Público, de hecho el ejército conduce operativos de los que no están informadas otras autoridades, motivado por el riesgo de filtraciones que las puedan hacer fracasar, pero que pueden conducir al país a una situación insostenible, pues el ejército carece de facultades constitucionales para realizar las investigaciones que debe llevar a cabo el Ministerio Público, y ahora, con las modificaciones legales, también la policía. [18]

Una involución democrática de esta naturaleza parece estar motivada por el interés de contener el avance de los procesos democráticos, que se convertirían en obstáculos para la reproducción de un orden social en el cual prevalecen los intereses de las corporaciones globales, nacionales y extranjeras, en la sociedad mexicana.

La militarización busca disminuir la democracia y la participación ciudadana en las decisiones fundamentales de la economía política, así como reducir la resistencia de la sociedad, reprimir la protesta y movilización social, aislar a la ciudadanía, hacer una represión selectiva de líderes sociales, obstaculizar su organización e infundir un miedo paralizante a la población, con el propósito de establecer y ocultar la vigencia de los mandamientos del consenso de Washington, a pesar de su ostentosa bancarrota a nivel mundial.

Como se ha visto en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de las movilizaciones de diversas organizaciones sociales y políticas en contra del Gobierno de Oaxaca, se ha exonerado al gobierno federal y a las fuerzas armadas que intervinieron, dejando en el ámbito del gobierno estatal la principal responsabilidad.

El mismo patrón se observa en la represión que sufrió la comunidad y los líderes de Atenco en el Estado de México, ante un intento de despojo de sus terrenos sin un fundamento en criterios de justicia y verdadero interés público, durante la cual se reconoció la violación de derechos humanos, de los que sólo solo fueron señalados como responsables los actores directos de los mismos, dejando en la impunidad a los mandos superiores a nivel estatal y federal. [19]

La capacidad de las instituciones públicas para garantizar la seguridad y prevenir los delitos, se ha visto ampliamente rebasada por las organizaciones del sistema económico criminal. Recuperar el poder de las instituciones requiere la supresión del ciclo económico de este sistema, que por definición no se puede lograr tan solo con el hecho de que el ejército realice operativos y acciones preventivas, sin que exista una estrategia integral ante este fenómeno.

La acción del ejército no se dirige hacia una amenaza externa, sino interna, en la que se corre el grave riesgo de trasladar las acciones y estrategias contra el crimen organizado, para dirigirlas en contra de la movilización y protesta social, como expresiones de resistencia ante intereses económicos de empresas globales, caciquismos políticos regionales, o acciones arbitrarias o ilegales de los poderes políticos, identificando o haciendo equiparables dichas acciones, con los delitos de secuestro, u otros, que llevan a cabo los verdaderos criminales.

A través de estas respuesta de los poderes públicos se busca convencer a la opinión pública, de que los luchadores y las movilizaciones sociales deben ser tratados como peligrosos delincuentes (Atenco, Oaxaca, entre otros), al grado que las extraordinarias penas que se les aplican y sus bases legales (como la inventada idea de “secuestro equiparado”), carecen notoriamente de un sustento jurídico adecuado.

El riesgo para los mexicanos es que aumente la impunidad que caracteriza la de procuración de justicia del país, y seguir dejando a los altos responsables en esa condición de impunidad, ante los crecientes casos de asesinatos, violaciones, torturas y violaciones a los derechos humanos, en los que se ven involucrados de manera creciente algunos miembros del Ejército Mexicano.

Se han presentado acusaciones sin presentar pruebas de vinculación con el crimen organizado durante períodos electorales, que posteriormente se “olvidan” al pasar las elecciones, como ocurrió durante las pasadas elecciones para gobernador del Estado de Jalisco.

El sistema de procuración de justicia está en total bancarrota, pues el 99% de los delitos quedan en la impunidad; existen alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, y aumentan las denuncias de tortura.[22]

Para algunos expertos en el tema, en particular son preocupantes la falta de definición de los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, y el poder de auto control que tendrán las autoridades policiales sobre sus propios actos.[23]

En teoría el Estado puede ejercer la fuerza sin que sea violencia, como se expresa en el Artículo 17 Constitucional, en donde se contienen los principios básicos de que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, y de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que sean expeditos y habilitados para impartirla.[24]

Este concepto está vinculado con la idea de soberanía, como independencia respecto de otros estados, y en lo interior se manifiesta en la potestad o supremacía del Estado sobre cualquier otro grupo o institución. El Estado puede defenderse a sí mismo a través de la fuerza, contra una fuerza externa o interna, procurando la armonía de los integrantes de la sociedad.

El estado cuenta con las fuerzas armadas para asegurar la seguridad nacional y el resguardo del territorio y fronteras. El pueblo y la nación tienen el derecho de defender la soberanía.

No obstante, las estructuras administrativas del Estado mexicano para el comercio, las aduanas y muchas áreas de la política económica, se han debilitado con el TLCAN, lo que ahora está ocurriendo también en el ámbito de las instituciones policiacas.

Las modificaciones legales a la policía preventiva son significativas, ya que anteriormente o bien no portaban armas o éstas eran de bajo calibre, en tanto que ahora están siendo equipadas con armas de alto poder; y su misión no solo es reprimir y prevenir, sino también investigar.

Con ello se modifica de manera significativa el sistema de impartición de justicia, pues ahora el Ministerio público, que tiene la misión de investigar los delitos y ponerlos ante la autoridad judicial, contará ahora con una policía ministerial e investigadora.

Según algunos juristas, ello crea una estructura jurídica que permitiría la represión en un momento dado, pues el Estado tiene una estructura que hace flexible la línea de la violencia legítima, para derivar en violencia institucional, según el dictado del Poder Ejecutivo. En resumen, las reformas policiacas combaten la violencia con otra violencia, en tanto que se descuida la prevención y la educación.

De acuerdo a Bailey, puede ser utilizada como “...bandera electoral, dice, fortalece la imagen del presidente, pero dificulta la formación de una política de Estado en el tema de seguridad nacional. Usar con fines electorales el combate al narco es un “populismo punitivo” que pone en riesgo el respeto a los derechos humanos.”[25]

La perspectiva del tiempo refuerza la interpretación de la utilización política por parte del gobierno federal de esta guerra, que ha sido dirigida ostensiblemente contra de partidos opositores en el Estado de Michoacán, como ocurrió durante la jornada electoral de 2009, cuando se realizó una detención de alcaldes y funcionarios responsables de la procuración de justicia, por presuntos delitos vinculados con la protección al crimen organizado, con el evidente propósito de afectar la voluntad de los votantes en dichas elecciones, lo que sin embargo, no ocurrió de acuerdo a las estimaciones y cálculos gubernamentales. Lo anterior ilustra la utilización político-electoral de estas acciones, que deberían estar al margen de estas consideraciones partidistas.[26]

IV.     El interés geopolítico estadounidense es promover un estado policiaco en México, ante el evidente fracaso del neoliberalismo dependiente que produce estancamiento, desempleo, aumento de la desigualdad y pérdida de competitividad económica, con el propósito de mantener y profundizar la subordinación económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política del país, a los intereses estadounidenses.

La “guerra” mexicana contra el sistema de la economía criminal es el mecanismo que le permite a Estados Unidos incidir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos ha abandonado en su política interior el concepto de “guerra contra las drogas” y ha impedido el involucramiento directo de su ejército en dicha “guerra”.

“Un gobierno que no quiere proteger a su población está perdido y va directo al fracaso; por eso considero a mi país como un fracaso, ahora les toca a ustedes evaluar y determinar si el gobierno de su país ha fracasado o no”.

“Pero fue más explícito; y es que recordó cómo en el taller de desarrollo de estrategias para América Latina (celebrado en el Pentágono en 1990) se llegó a la conclusión de que México y Estados Unidos contaban con muy buenas relaciones, y que no las perturbaba ni el robo de lecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o el escandaloso trato dado a obreros y campesinos, ni otros detalles menores; sino la amenaza de <<una apertura a la democracia en México>>, la cual, temían, podría <<poner en el cargo aun gobierno interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y nacionalistas>>.

La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México que <<encerrara al vecino en su interior>> y proponerle reforma neoliberales de la década de 1980, que <<ataran de manos a los actuales y futuros gobiernos>> mexicanos en materia de políticas económicas.

Chomsky fue directo:<<lo peor que se le puede hacer a un país es competir en desventaja, por eso los monopolios no acaban>>”[27]

Esta alianza determina el comportamiento de los partidos políticos más importantes, explica la selección de candidatos al poder ejecutivo y legislativo y el contenido de las políticas públicas.

m.  Muerte de más de 3000 personas desde que se firmó el TLCAN, al intentar cruzar la frontera norte en búsqueda de oportunidades de trabajo y mejores salarios, sin que el Estado mexicano, ni la sociedad, seamos capaces de proteger sus derechos humanos y la dignidad de estos mexicanos.

Lejos de ser un estado fallido para quienes promovieron y se benefician de dichas políticas, constituye un enorme éxito para un grupo muy reducido de personas y corporaciones, como se puede constatar en las utilidades extraordinarias que obtiene la banca extranjera en México, así como también la que obtienen la mayoría de las corporaciones globales; y la emergencia de un puñado de capitalistas con inmensas fortunas; resultado de la concentración del ingreso y la riqueza nacional, que ha dejado a más de cincuenta millones de personas en condiciones de pobreza, veinte millones de los cuales no tienen ingresos suficiente para comprar los alimentos básicos y han dejado de hacer tres comidas al día, lo que hace de México una de las naciones más desiguales del mundo.

En el marco de este proyecto se ha utilizado al narcotráfico como instrumento para facilitar la intervención y eventual control de las instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, por las instituciones estadounidenses (ejército, policías, sistema judicial, inteligencia para la seguridad nacional).

El uso de la “guerra” contra el narco por parte de otros países, es el instrumento para la incorporación de los aparatos militares y de seguridad extranjeros, en función de una amenaza cuyo origen se sitúa precisamente en los Estados Unidos, quienes se asumen unilateralmente en nación “certificadora” de la conducta de dichos estados extranjeros.

Esta estrategia le permite a Estados Unidos tener a 1400 agentes en el territorio mexicano, para actuar en contra de la economía criminal, pero que de manera necesaria son parte integrante de la red de inteligencia estadounidense sobre la situación social, política y económica del país.[29]

El concepto que fue utilizado durante los últimos veinticinco años para enfrentar el problema de las drogas, como un problema de seguridad pública que debería ser confrontado como si fuera una “guerra”, fue declarado nulo en los propios Estados Unidos.

Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al Wall Street Journal: “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país”. [30]

El balance que se ha hecho en los Estados Unidos, concluye que se gastan 150 mil millones de dólares anualmente en policía y tribunales; que se tiene al mayor número de personas en la cárcel en el mundo, como proporción de su población total; y que a pesar de todo ello, no se ha detenido ni la oferta, ni la demanda de estupefacientes.

El 47% de arrestos en ese país están relacionados con la mariguana y 30% de los reos en las cárceles tienen condenas por delitos no violentos. Estados Unidos gasta anualmente 68,000 millones de dólares en mantener su sistema carcelario.

Ante este fracaso, el nuevo enfoque estadounidense busca reducir el consumo, dando prioridad al tratamiento y reduciendo la encarcelación.^[31]

“La política del Estado colombiano y del gobierno estadounidense ha sido la erradicación de cultivos mediante fumigación a gran escala, la destrucción de infraestructura del narco (laboratorios y pistas) y la persecución a los traficantes. ¿Qué pasó? 30 años después Colombia sigue siendo el mayor productor de droga en el mundo, sólo ensombrecido últimamente a nivel de trasiego por México […] El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 del Ejército mexicano tiene como meta disminuir el área de siembra de enervantes en 70%. ¿Cómo? Con “un total de 168 operaciones de alto impacto”. Vamos por el mismo camino”. [33]

El mismo Gil Kerilikowske que reconoce el fracaso de la “guerra” contra las drogas, es el mismo que se erige en certificador de México. La política interna de Estados Unidos es contraria a su política exterior, en la que busca hacer responsables a otros estados de los problemas generados por la economía criminal que se originan en los Estados Unidos, para justificar su intervención en el manejo de las políticas de defensa y seguridad de otros países. [34]

La “certificación” de México se ha extendido ahora a la certificación del Ejército Mexicano, y ya no se hace al amparo de una ley general, sino de los recursos que se entregan a México para cooperar en la lucha contra el narcotráfico.[35]

La posición de Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, es considerar que el narcotráfico afecta y amenaza al hemisferio completo. Por eso afirmó que en los Estados Unidos "tenemos control de confianza de todas nuestras fuerzas, de aduanas y de las policías, y tenemos sistemas para mantener ese control durante el periodo de empleo".

Es evidentemente falso que Estados Unidos tenga bajo control a la economía criminal. Lo cierto es el fracaso, que reconoce el mismo responsable de la oficina presidencial estadounidense que coordina las acciones con contra de la economía criminal.

Por otra parte, Pascual concede más importancia al problema de control del tráfico de armas que vienen de América central y no al que proviene de los Estados Unidos, lo que no corresponde con la magnitud real del problema.

En realidad no se actúa sobre los procesos económicos que reproducen la economía criminal de manera ampliada. En lugar de desmantelar el consumo y controlar el tráfico de armas, el embajador propone “la necesidad de mantener el frente contra los narcotraficantes para tener éxito de manera hemisférica y no nada más en un país u otro. Informó que como parte de la Iniciativa Mérida, llegarán a México a finales de este año o principios de 2010 más helicópteros y aviones. Dijo que no hay aún fecha precisa para un nuevo plan migratorio.” [36]

La postura del Embajador Pascual es contraria al reconocimiento que ha hecho el propio Departamento de Justicia estadounidense, de su responsabilidad en la reproducción de la economía criminal, en un doble sentido: en primer lugar, al reconocer que la violencia en México se alimenta con los recursos y armas que provienen de los Estados Unidos; y que de ellos dependen los criminales para el control del contrabando de drogas a lo largo de la frontera. [37]

Sin embargo, en lo que se refiere en su política hacia México, el ejército estadounidense tiene prevista la invasión de México ante un eventual colapso causado por el narcotráfico, que es un problema originado desde los propios Estados Unidos[38], ya que se ha considerado la inestabilidad y violencia en México como un asunto de seguridad interna de los Estados Unidos.[39]

Evidentemente el propósito no es acabar con el sistema de la economía criminal, como no ha ocurrido en el caso de Colombia, sino la de constituirse en un mecanismo preventivo y reactivo, ante las demandas de cambios democráticos y de modificación de un modelo de subordinación económica que es intrísecamente incapaz de crear condiciones para un verdadero desarrollo humano de todos los mexicanos, bajo condiciones de libertad, independencia, soberanía y respeto de todas las garantías y derechos humanos.

En este discurso, un embajador de una nación extranjera, le da al ejército, al gobierno y a la sociedad mexicana, orientaciones sobre lo que supuestamente debería ser su misión, como se desprende de los conceptos expresados:

Este discurso se sitúa en la perspectiva de hacer responsables a otras naciones de un problema generado desde los Estados Unidos y que es utilizado para lograr los objetivos geopolíticos estadounidenses, pues es claro que el Embajador Pascual está proponiendo que el principal responsable de conducir la política en contra del sistema de la economía criminal, es el ejército, al que ubica como un actor para la contención de la “amenaza hemisférica” del crimen.

Además del claro propósito de buscar la simpatía de las fuerzas militares mexicanas, el mensaje de fondo es afirmar que las alianzas militares deben constituir un vínculo estructural y de largo plazo con las fuerzas militares estadounidenses, lo que daría permanencia y condiciones estructurales a los acuerdos en el ámbito de la economía.

En un escenario a futuro, esta vinculación ciertamente se pondría por encima de los procesos democráticos nacionales, como es el caso de lo que se observa en Colombia o en el caso de Honduras.

Es claro que el primer y más importante fracaso se sitúa en los Estados Unidos, como lo reconoce la propia Drug Enforcement Agency, que concluye señalando la permanencia del consumo en los Estados Unidos, como el mayor indicador de este fracaso, demanda que constituye el origen del sistema de la economía criminal. El discurso del Embajador Pascual ubica el origen de la “amenaza hemisférica” desde el sur, hacia el norte, cuando la propia DEA reconoce que la dirección es del norte hacia el sur. [41]

Esta postura del Embajador Pascual se aparta de lo que la propia Secretaria de Estado Hillary Clinton expresó en un viaje reciente a México, cuando reconoció que el origen del problema de la economía criminal se sitúa en el consumo de algunos estadounidenses, y que por lo tanto Estados Unidos tiene la responsabilidad en el mismo, lo que nulifica el concepto utilizado por el embajador de “amenaza hemisférica”.[42]

V.      ¿Qué hacer ante esta situación?

Muchas personalidades consideran el paradigma actual como un fracaso[44] y proponen que se debe legalizar las drogas.[45]

Este enfoque es consistente con la propuesta de legalizar las drogas que se ha presentado en las Naciones Unidas.[46]

m.  Involucrar a la sociedad civil en la responsabilidad preventiva del consumo de drogas, a través de las instituciones escolares, los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil.

[1] Texto que forma parte de la obra colectiva que coordina Pedro Peñaloza: “Narcotráfico, crisis social, derechos humanos y gobernabilidad; una agenda para el futuro”, que será publicada próximamente.

[2] Académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, A.C.

[3] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. El financiero. Septiembre 2009, que se refiere al libro escrito conjuntamente con Jorge Castañeda, El Narco: la guerra fallida. Ed. Santillana, 2009.

[4] “El Chapo” aparece... en lista de millonarios”. El hombre más buscado de México, el capo de la droga Joaquín El Chapo Guzmán, ingresó a la lista de la revista Forbes de los más ricos del mundo con una fortuna calculada en mil millones de dólares. El Universal. 12 de marzo de 2009… Forbes colocó a Guzmán en el lugar 701 en su lista junto a decenas de personas en el mundo con fortunas de mil millones de dólares, entre ellas, Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, y el empresario Alfredo Harp Helú. Más de 7 mil personas han sido asesinadas en México por la violencia ligada a las drogas desde inicios de 2008…”

[5] En la PGR existen 496 averiguaciones previas por lavado de dinero, desde 2004 se han obtenido 47 sentencias. El FMI señala que entre 2006 y 2008 remitió 126 denuncias que podrían tipificarse como lavado de dinero, por un monto mayor a 31 mil millones de pesos: “los delitos de lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, las autoridades solamente han obtenido 25 sentencias  por lavado de dinero desde 1989, cuando se criminalizó la actividad del lavado de dinero”. El financiero, mayo 21, 2009. p. 25

[6] Editorial, El Universal, México, mayo 25, 2009.

[7] Las mujeres y hombres indígenas que producen la goma de opio en la Montaña Alta de Guerrero, reciben de 15 a 18 pesos por gramo de goma, en tanto que medio gramo de heroína cuesta entre 350 y 700 pesos en el Distrito Federal. “Los indígenas son los nuevos esclavos del narcotráfico”, según el antropólogo Abel Barrera. Hay 598 indígenas condenados por delitos contra la salud. Thelma Gómez Durán, El Universal, Mayo 25, 2009.

[8] Thelma Gómez Durán, El Universal, Mayo 25, 2009.

[9] El narcotráfico y la sociedad rural. Luis Hernández Navarro. La Jornada Octubre 6, 2009. “La relación del narcotráfico y la sociedad rural es estrecha y se ha intensificado aún más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que devastó la producción agropecuaria nacional… se siembra mariguana y amapola en Chihuahua, Durango, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Pero en los pasados 15 años esta actividad se ha intensificado…Los campesinos y jornaleros que siembran y cosechan los plantíos son gente del campo. Una parte nada despreciable de camellos, gatilleros y operadores del narco son jóvenes, hijos de labriegos. Montos considerables de dinero proveniente de la droga son lavados en actividades rurales. Algunos de los grandes capos que controlan el negocio declaran dedicarse a la ganadería y poseen modernos ranchos. Inclusive varios de ellos reciben subsidios gubernamentales de programas como Procampo. A esas expresiones de poder económico en el mundo rural les corresponden redes de poder político en todos lo niveles. Es imposible mantener en producción grandes sembradíos de estupefacientes sin la complicidad de policías y destacamentos militares. Con frecuencia los capos donan recursos importantes a pequeños poblados para construir capillas, perforar pozos de agua y hacer canchas de basquetbol…Junto con el cultivo de drogas florece la descomposición comunitaria, prolifera el tráfico de armas y se incrementa el alcoholismo. ..Con frecuencia son menores de edad quienes se encargan de cuidar y regar los cultivos.”

[10] Más jóvenes y crueles, el nuevo perfil delincuencial. La nueva generación de criminales es producto de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado del incremento en el consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de oportunidades en los ámbitos escolar y laboral. Liliana Alcántara. El Universal. Domingo 27 de septiembre de 2009. “La delincuencia en nuestro país tiene nuevo rostro: cada vez hay más jóvenes y cada vez son más crueles. Criminólogos, sicólogos y expertos en seguridad pública consideran que la nueva generación de criminales es producto de la tensión social y la impunidad, pero también es el resultado del incremento en el consumo de dogas y alcohol y la frustración por falta de oportunidades en los ámbitos escolar y laboral.  Los delincuentes hoy son personas que ya no sienten empatía por sus víctimas, lo que quiere decir que no perciben sus emociones ni tienen sentimientos de culpa. Cada vez es mayor la incidencia de actos delictivos que se cometen con ira y crueldad y sin el menor remordimiento.”

[11] Jeffrey Max Jones, fuera de la Sagarpa. Dependencia asegura que renunció. Julián Sánchez, El Universal
Viernes 30 de octubre de 2009.

[12] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.

[13] Rubén Aguilar. La guerra contra el narco. Ibid.

[14] guerra. Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2009.(Del germ. *werra, pelea, discordia; cf. a. al. ant. wërra, neerl. medio warre). 1. f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. f. pugna (‖ entre personas). 4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. ~ civil. 1. f. La que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación.

[15] ¿Saben a dónde están llevando a las fuerzas armadas? Jorge Carrillo Olea. La Jornada Junio 21, 2009. Las señales son ominosas: el país está militarizado, quien lo dude que se asome a la ventana; todas las corporaciones policiacas están en manos de militares; hace unas semanas nos enteramos de algo absolutamente inconcebible: una decena de jóvenes oficiales habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal por ser supuestos coadyuvantes de bandas de narcotraficantes. Todos ellos son jóvenes oficiales hijos del Colegio Militar: ese nivel ha alcanzado la contaminación… Se están destruyendo los invaluables principios militares. ...ahora se ha anunciado el reclutamiento voluntario de conscriptos de la presente clase 1990 para que con ese carácter se sumen a las filas del Ejército por un trimestre a cambio de 20 mil pesos y la liberación de su cartilla. ¡¡Inaudito!!, ¿significa esto que las tropas regulares ya se agotaron? ¿Es un primer paso para regresar al Servicio Militar Obligatorio? Nunca hay transparencia…Por eso la moral está en el suelo, por eso no hay convicción sobre la validez de sus misiones, por eso las deserciones y las traiciones.”

[16] “Ejército en las calles no frenó al crimen: AI”.  Asegura que pese al despliegue aumentó la violencia de bandas.  Liliana Alcántara. El Universal. Jueves 28 de mayo de 2009. “Amnistía Internacional (AI) criticó las deficiencias en la política de seguridad pública del gobierno mexicano, pues señaló que pese a que en 2008 desplegó 45 mil miembros del Ejército para combatir al crimen organizado en varias entidades, la violencia atribuida a estas redes delictivas aumentó y también se incrementaron los casos graves de “homicidios ilegítimos”, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de las viviendas cometidos por militares.

[17] “Ex militar, 1 de cada 3 narcos. Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares”, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido. Jorge Ramos y Ricardo Gómez. El Universal. Viernes 12 de diciembre de 2008. El secretario general Guillermo Galván señaló además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas. “Bastante escandaloso y paradigmático había sido, en la década pasada, el caso de Los Zetas, por mucho tiempo brazo armado del cártel del Golfo, integrado por militares de élite, entrenados bajo los más estrictos estándares de calidad en torno al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), quienes pusieron sus habilidades al servicio de sus enemigos originales. En su día fue bochornoso el sonado caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le capturó trabajando para la organización de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Más reciente es el caso de Noé Ramírez Mandujano, quien hasta hace poco fuera, también, el “zar” antidrogas. La recurrencia del problema nos habla de que no se ha trabajado para conjurarlo. No se trata de meros accidentes, sino de un problema claramente estructural. La gráfica histórica de las deserciones militares se mantiene al alza, de tal suerte que sólo este año han desertado del Ejército mexicano 18 mil 128 elementos, que sumados al resto de los efectivos que han abandonado la institución alcanzan ya la cifra de 150 mil en los últimos ocho años. El gran poder corruptor del dinero mal habido se combina con los bajos sueldos de la oficialidad en una mezcla mortal, que debe ser combatida de raíz. El mantenimiento de un razonable nivel de vida de los integrantes del Ejército es un primer paso para reducir el problema.” Editorial EL UNIVERSAL. Del erario a los cárteles 12 de diciembre de 2008.

[18] “El Ejército en las calles: los riesgos de seguir militarizando la lucha antinarco” Jorge Luis Sierra. 21 de abril de 2009.  El Universal. El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, aseguró que el Ejército mexicano seguirá en las calles, involucrado en el combate contra el narcotráfico, hasta 2013. Ello significa que “en lo que resta del sexenio seguiremos sin una policía federal confiable y eficiente que pueda reemplazar a los militares y encabezar la lucha contra la delincuencia organizada.” Además de esa reorganización criminal, lo que preocupa a los generales es que el Ejército se encuentra en las calles sin el debido sustento legal. Ya no basta la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la intervención del personal militar con el argumento de que coadyuvan con el Ministerio Público. Los mandos militares prefieren sustituir al agente del Ministerio Público o mantenerlo controlado durante las operaciones, en parte porque carecen de confianza para compartir información operacional con ellos. Para las Fuerzas Armadas, el uso intensivo de la fuerza castrense ha tenido otras consecuencias: las operaciones y sistemas de inteligencia del Ejército están dejando de ser rurales y cada día cobran más un carácter urbano. Las operaciones principales ocurren en zonas densamente pobladas donde la presencia militar cobra una gran visibilidad. Cuatro años más de militarización, sin un progreso significativo en estas áreas, pueden representar un riesgo muy elevado para el país.”

[19] Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército. CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU. Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal. David Brooks. Corresponsal. La Jornada Agosto 21, 2009  Nueva York, 20 de agosto. “La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).   Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas. Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.”

[20] “Soberanes alerta riesgo de Estado de excepción”. El presidente de la CNDH asegura que tendría que haber una reforma constitucional en la regulación del Ejército en sus tareas de combate al crimen organizado”. JORGE RAMOS PÉREZ. El Universal. México, 28 de mayo de 2009.  José Luis Soberanes Fernández, advirtió del riesgo de caer en un Estado de excepción en México.

[21] Redacción. El Universal. Jueves 18 de junio de 2009. “Las muertes relacionadas con el narcotráfico superaron ayer las 3 mil, lo que impone un nuevo récord desde que en 2005 EL UNIVERSAL comenzó el registro de las ejecuciones adjudicadas a la guerra entre cárteles.  En comparación con el año pasado, la cifra actual de crímenes creció casi 80%. En 2008, en esta misma fecha, se habían contabilizado mil 701ejecutados. Este año los primeros mil muertos se alcanzaron en 51 días, los mil siguientes en 59 y el último millar, en 58 días, lo que da un promedio de 17 personas asesinadas a diario.”

[22] “CNDH ve impunidad en 99% de delitos” Organismos de los derechos humanos presentan informe. Liliana Alcántara. El Universal. 15 de diciembre de 2008. “…los ciudadanos sólo denuncian 10% del total de los delitos que se cometen y, en su mayoría, las personas dejan de presentarse ante las autoridades pues desconfían de ellas o temen ser víctimas de la corrupción. De acuerdo con datos del programa de Atención a Víctimas del delito de la CNDH se estima que de este 10% de delitos que se denuncian ante la autoridad competente sólo uno de cada 100 concluye con una sentencia de los responsables. Es decir existe, en este rubro, un nivel de impunidad de 99%. Además, según el organismo, hay alrededor de 400 mil órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar. Esta situación refleja, según la CNDH, el retraso que prevalece en las agencias de Ministerio Público cuando una víctima acude a ellas para denunciar un delito.”

[23] “Diputados aprueban Ley de la Policía Federal” La nueva ley facultará a la agrupación a realizar intervenciones telefónicas y en internet. Andrea Merlos y Juan Arvizu. El Universal. México, 23 de abril de 2009. “La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Policía Federal que tendrán como fin la prevención del delito…esta nueva ley que facultará a la nueva policía a hacer "escuchas" telefónicas, intervenir en internet y ejecutar estrategias civiles. Esta nueva ley crea un cuerpo policiaco con fines preventivos, con facultades de investigación que incluyen la intervención de teléfonos celulares, la obligación de empresas de telefonía a reportar la posición geográfica de donde salen las llamadas por celular y a observar la información en internet para evitar la difusión de pornografía. Todas las órdenes nuevas serán bajo la autorización de jueces.”

Ernesto López Portillo. La nueva policía encubierta. 12 de mayo de 2009. El Universal. “El Congreso de la Unión aprobó el 29 de abril pasado la nueva Ley de la Policía Federal… la autorización que incluye para realizar operaciones policiales encubiertas… la ley promulgada no trae los mecanismos de control para las operaciones encubiertas, ya que entrega la supervisión de las mismas a una Unidad de Asuntos Internos (UAI) cuya organización y funciones fueron enviadas a reglamento. La segunda es que cuando la UAI procedimiento por la posible desviación de algún policía federal, el expediente será aceptado o rechazado por el mando de la propia corporación. Al mandar a reglamento la regulación completa de la UAI se provocan dos efectos. Primero, se debilita de manera sensible el control legislativo sobre la policía, dejando al Ejecutivo federal un cheque en blanco para el control interno de su policía. Segundo, la UAI no puede llegar en el reglamento más allá del estándar de la propia Ley de la Policía Federal, con lo cual el instrumento administrativo queda constreñido…el titular de la UAI será designado por el presidente de la República, no por el comisionado general, ese es un gran avance; pero luego se mata lo ganado cuando se da al propio comisionado, en funciones de presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, la atribución de negar la procedencia de una investigación de la UAI… Igual pasó cuando se creó la Policía Federal Preventiva (PFP) en 1999 y la Agencia Federal de Investigación en 2001. inicie

No están en la ley los controles mínimos sobre las operaciones policiales encubiertas y la Unidad de Asuntos Internos puede ser frenada por el mando de la misma institución investigada. La fórmula es inaceptable. El camino correcto para el legislador es revisarla y corregirla; pero además debe tomar una decisión de mayor calado: inspirados en diversas experiencias internacionales prometedoras, los congresistas deben inaugurar en México los sistemas de supervisión civil de la policía, los cuales permiten crear controles especializados sobre la policía que no dependen de ella misma…La pregunta no es si deben o no hacerse operaciones policiales encubiertas. La pregunta es cómo evitar que se salgan de control.”

[24] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 17.-  “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...”. Ed. Porrúa, México. 158ª. Ed. P. 18

[25] Van por narcos ...¿y votos?  “Expertos consideran que usar la lucha contra cárteles como promesa electoral sólo fortalece la imagen del Ejecutivo, pero dificulta la formación de una política de Estado en seguridad nacional, genera pocos resultados y pone en riesgo el respeto a las garantías.” Ignacio Alvarado y Thelma Gómez . Universal . 19 de junio de 2009.

[26] Lunes, 01 de Junio de 2009. Miguel Ángel Granados Chapa. PLAZA PÚBLICA . Gran golpe o gran puesta en escena . Domingo, 31 de Mayo de 2009.  “Hay condiciones para que el notorio acontecimiento en que fueron detenidos 10 alcaldes y una veintena de funcionarios estatales y municipales -de tal rango que incluye al procurador de justicia del estado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue ilegalmente retenido- corra por alguna de esas vías.”

[27] JDC TLC y Estado fallido. El Financiero, septiembre 24 de 2009. p. 35.

[28] Jeanette Leyva Reus. “México crecerá 2% en promedio durante los próximos veinte años”. El Financiero. Noviembre 12, 2009. P. 3

[29] DEA, ICE y ATF, entre las dependencias asentadas aquí, revelan funcionarios federales. Crece la cifra de agentes de EU que espían en todo México; ya son más de mil 400. Colaboran con las autoridades nacionales, dicen. Muchos son ex integrantes de cuerpos de inteligencia. En consulados, sus principales bases. Reportan al menos un caso de corrupción. Gustavo Castillo García. Periódico La Jornada. Domingo 8 de noviembre de 2009, p. 7 Más de mil 400 agentes del gobierno de Estados Unidos operan en México en labores de combate al crimen organizado e inteligencia. Unos 700 son ciudadanos mexicanos. Los agentes trabajan principalmente para dependencias como la agencia de Inmigración y Aduanas, y la de combate a las drogas (ICE y DEA, por sus siglas en inglés), revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

[30] BROOKS, David. “Washington elimina el concepto de ‘guerra contra las drogas’”, La Jornada, México, mayo 15, 2009. p. 23 Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca declaró al WSJ. Por otra parte, en 13 estados de EU se ha autorizado la distribución de mariguana para usos médicos.

[31] Brooks, ibid.

[32] Gobierno impulsará 13 acciones antinarco. Ciudadanía, la clave para recuperar plazas, aseguran. José Gerardo Mejía. El Universal. Lunes 25 de mayo de 2009. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, Felipe González, afirmó que a partir de esta semana, el gobierno federal incrementará el combate al crimen organizado a través de 13 acciones para buscar la recuperación de espacios cooptados por líderes de cárteles.

[33] Editorial El Universal. “Ser ‘narco’ para sobrevivir’, México mayo 25, 2009

[34] Congreso alista reclamo por certificación en derechos humanos. Afirma el secretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres, que dicha evaluación vulnera la confianza entre México y Estados Unidos y dificulta la elaboración de una estrategia conjunta. JORGE RAMOS Y RICARDO GÓMEZ . El Universal.
Ciudad de México Martes 04 de agosto de 2009. La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al presidente Felipe Calderón, para que rechace "de manera contundente" un eventual proceso de certificación a México en materia de Derechos Humanos, por parte del gobierno de Estados Unidos.  La semana pasada, el llamado zar antidrogas de gobierno de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, anunció que certificará las operaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos, en el marco del combate a la delincuencia, aunque después declaró que no se trata de una certificación. El senador Ricardo García Cervantes comentó "Que no parezca que estamos yéndonos por una información en la que la persona corrigió y no es certificación, pues llámesele como se le llame, ciertamente tiene que certificar los comités apropiados del Congreso de Estados Unidos sobre el destino, utilización y aprovechamiento de los recursos de la iniciativa Mérida", esgrimió el panista.

[35] México no es Estado fallido, asegura el embajador de EU. Pascual considera que el Ejército puede “mejorar su manera de funcionar”. Silvia Otero. El Universal. Miércoles 12 de agosto de 2009.  GUADALAJARA, Jalisco.— México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones públicas.  Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y tener un sistema más transparente” en derechos humanos.  Sobre el papel de los militares en tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores.  De este documento depende la liberación de 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida. Al respecto, el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, especialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”.  Sin embargo, añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con los estándares internacionales de respeto a derechos”.

[36] Narco amenaza a todo el hemisferio: Pascual. El embajador de Estados Unidos en México destaca la importancia de trabajar en conjunto en la frontera sur del país para controlar el tráfico de armas que vienen de América Central. JORGE RAMOS. El Universal. Ciudad de México Miércoles 21 de octubre de 2009.

[37] EU: cárteles amenazan la seguridad binacional.  Admite que desde su territorio se nutren corrupción y violencia en México. Silvia Otero. El Universal. Viernes 10 de julio de 2009.  “Durante 2009, la violencia en México ha crecido “a niveles sin precedentes” y “alarmantes”, con cerca de 3 mil 500 ejecuciones, ante los embates de los cárteles de la droga, que “siguen siendo poderosos y están evolucionando”, ya que han expandido sus actividades a delitos como el secuestro y la extorsión, incluso con el uso de grupos paramilitares.  Este es el escenario que plantea el informe que presentó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cámara de Representantes, en el que se reconoce la necesidad de reforzar la estrategia contra las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera, ya que, establece, representan una seria amenaza a la seguridad binacional. Se indica que las ejecuciones relacionadas con las drogas en México “se duplicaron de 2006 a 2007, y para 2008 la cifra llegó a alrededor de 6 mil 200 asesinatos, de los cuales en casi 10% las víctimas fueron policías, mandos y militares”, mientras que este año, “hasta la fecha se han producido unos 3 mil 500 crímenes”. Aunque la violencia en México ya existía, las autoridades de Estados Unidos advierten que “el derramamiento de sangre ha aumentado en los últimos meses a niveles sin precedente,  se reconoce que “gran parte de la violencia y la corrupción en México es alimentada por estos recursos que vienen de nuestro lado de la frontera”. El documento señala que “estas organizaciones y sus grupos paramilitares dependen de estas armas de fuego y municiones —que en su mayoría llegan de Estados Unidos— para el control de lucrativos corredores de contrabando de drogas a lo largo de la frontera”. Destaca que diversos organismos estadounidenses ahora trabajan de manera más coordinada para frenar el tráfico de armas y dinero hacia México, pues la violencia que se registra ahora en el país “tiene graves efectos directos en los Estados Unidos”, ya que los grupos del crimen organizado que operan en territorio mexicano representan “la mayor amenaza a su seguridad nacional”.

[38] EU: México es susceptible de “intervención”. Informe de las Fuerzas Armadas alerta que el narco debilita al país. Carlos Benavides. El Universal. Martes 13 de enero de 2009.  “México y Paquistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadounidenses.  Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos (USJFCOM, por su sigla en inglés) plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna. La referencia sobre este escenario se encuentra plasmada en el informe Joint operating environment 2008, confeccionado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de ese país.”

[39] Violencia en México, tema de seguridad nacional para EU. La titular de Seguridad Interna, Janet Naplitano, la consideró una amenaza internacional y un asunto en el que Washington no está en posición de "ver y esperar", sino de ayudar. Notimex. Publicado: 25/03/2009 10:33. El Universal. Washington. La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseveró este martes durante una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos está emprendiendo acciones para ayudar a México a enfrentar la amenaza del narcotráfico. Ante el Comité senatorial de Seguridad Interna, Napolitano sostuvo que la violencia en México no es sólo una amenaza internacional sino un "asunto significativo de seguridad nacional" para Estados Unidos. El gobierno del presidente estadunidense Barack Obama anunció el martes planes para aumentar los recursos humanos y técnicos en la frontera para atajar el trasiego ilegal de armas y dinero en efectivo hacia México, además de los 700 millones de dólares bajo la Iniciativa Mérida de cooperación en seguridad.”

[40] Justifica Pascual uso del Ejército en lucha contra narco. El Financiero, 12 de noviembre, 2009. p. 20

[41] Fracasamos en la lucha antinarco, reconoce DEA. J. Jaime Hernández Corresponsal. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009 . WASHINGTON.— Para la Administración Federal Antidrogas (DEA) el combate al narcotráfico en Estados Unidos ha sido “un fracaso”, que se refleja en el nivel de consumo que persiste en este país. Por el contrario, reconoció el éxito que tienen las autoridades mexicanas en su cruzada contra los cárteles de la droga que “están en desbandada. La estrategia es un éxito”, dijo la encargada en funciones de la DEA, Michelle Leonhart, en una audiencia en la Cámara de Representantes.

[42] Cárteles reciben de EU 25 mmdd al año. Violencia en la frontera afecta ya a 60 millones de estadounidenses. Redacción. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009. MONTERREY, NL.— La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirmó que los consumidores de droga en su país entregan cada año a los grupos del crimen organizado un “arma financiera” de 25 mil millones de dólares.  Al continuar su visita en México, ahora en la capital de Nuevo León, Clinton estimó que las ganancias ilícitas que el narcotráfico obtiene en Estados Unidos ascienden a 25 mil millones de dólares, lo que permite a la delincuencia “continuar con su campaña de violencia y de ignorancia a la ley”.  En una conferencia magistral en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, expresó que es intolerable la violencia que ejercen las bandas del narcotráfico. “Aterrorizan a la comunidad mexicana” y afectan también a unos 60 millones de estadounidenses que viven en la frontera con México, agregó. Por lo anterior, señaló que en su estancia en este país ha dejado “muy en claro” que Estados Unidos reconoce que el narcotráfico no es sólo un problema de México: “Nosotros tenemos una gran responsabilidad”. “En EU podemos preocuparnos de lo que viene hacia el norte, pero los mexicanos están preocupados de lo que viene hacia el sur: armas de asalto, bazucas, granadas”, dijo.

[43] EU dio partida para “liberar territorios”. Se pretende mejorar la capacidad militar en operaciones “antiterroristas”.  Doris Gómora. El Universal. Miércoles 25 de marzo de 2009.  “Documentos oficiales del gobierno estadounidense refieren que al Departamento de Defensa se le asignó una partida por 12 millones 945 mil dólares para que las Fuerzas Armadas mexicanas mejoren la capacidad “para reducir los territorios ingobernados”.  En el presupuesto aprobado para esa dependencia, bajo la sección 1206 integrada por fondos discrecionales, se explica que los recursos se destinarán para “mejorar la capacidad del Ejército y Armada de México, así como fuerzas especiales, para reducir los territorios ingobernados que podrían ser explotados por violentas organizaciones terroristas”.  El documento, cuya copia tiene este diario, añade que el dinero servirá además para proteger con mayor efectividad la infraestructura crítica, “encontrar y reparar objetivos, y establecer condiciones para incrementar la cooperación con Estados Unidos”. De esta forma, el Pentágono entregará a la Secretaría de la Defensa en 2009 equipo de combate al terrorismo, apoyo técnico inicial, intermedio y avanzado sobre medios digitales forenses, usados para inteligencia. Los recursos son independientes de la Iniciativa Mérida.

[44] Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria,  Ernesto Zedillo. También George Schultz, Milton Friedman y otros. BROOKS. Ibid.

[45] “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma en que se mida ... esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”. BROOKS. Ibid.

[46] “Por primera vez en ONU se hablará abiertamente de legalizar las drogas” Hace una década, en 1998, una sesión especial de las Naciones Unidas emitía una declaración en la que prometía “un mundo sin drogas” para 2008, sobre la base de una férrea política de prohibición. No resulta difícil ver cuáles han sido los resultados. Desde mañana se realizará en Viena una evaluación de esas directivas y por primera vez se incluirá abiertamente en el debate la posibilidad de la legalización. Ministros de 53 países participarán desde mañana en la sesión de la Comisión sobre Drogas Narcóticas (CDN) en la capital de Austria, donde se encuentra la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés). La reunión ministerial se llevará a cabo los dos primeros días, pero la sesión continuará hasta el 20 de marzo…El propio director ejecutivo de la UNODC, el italiano Antonio María Costa, quien también es miembro del buró de la CDN, reconoce ahora que el control de las drogas ha tenido como una de sus imprevistas consecuencias el fortalecimiento del crimen organizado. Costa ha presentado un informe a la Comisión en el que admite que toda la política de control se ha visto minada por “un mercado criminal de monumentales proporciones”. Todo muy lejos del “mundo sin drogas” y de la “eliminación o reducción significativa” de la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008, como triunfalmente se hablaba una década atrás…Un ejemplo que compete mucho al Paraguay es el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, del Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, que elevará una recomendación concreta de legalizar, como primer paso, la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. La Comisión, constituida por una veintena de eminencias de distintos países de la región, se reunió el 11 de febrero en Río de Janeiro para elaborar las bases del documento a ser presentado. La conclusión más importante es el reconocimiento de que las políticas basadas en la represión, impulsadas ampliamente por Estados Unidos y la propia ONU, han sido un fracaso. No solo la producción y el consumo se siguen incrementando pese a todos los esfuerzos, sino que las mafias continúan fortaleciéndose cada vez más, inficionando los sistemas políticos, judiciales y de seguridad y comprometiendo seriamente la gobernabilidad y la viabilidad de las democracias en muchos países.  “Una evaluación realista de esta política demuestra que no hubo reducción de la producción de drogas ni del consumo. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas y, más grave aún, este enfoque prohibicionista ha generado problemas humanos y sociales gravísimos como el aumento de la violencia y de la corrupción en la región”, dijo Fernando Henrique Cardoso tras la reunión en Río de Janeiro. Como primer paso, la Comisión planteará a la comunidad internacional la despenalización del consumo de marihuana, por considerar que esto es por ahora lo más factible. Se pliega al punto de vista de que el problema de las drogas debe ser tratado en el ámbito de la salud pública y ser sacado del ámbito criminal, porque de lo contrario, los únicos grandes beneficiados son los propios narcotraficantes. “Los usuarios de droga deben ir al médico, no a la cárcel”, sostienen los ex presidentes.” .Publicado por ABC – Paraguay, 10 marzo 2009.

[47] Editorial EL UNIVERSAL. Cárceles, ¿para qué?  21 de mayo de 2009. Gastamos cada año 11 mil millones de pesos para tener encerradas a 213 mil personas en las cárceles de este país. ¿Qué hemos obtenido? Motines, mercados cautivos para la venta de drogas y centros de operación para extorsionadores, secuestradores y capos del narco. Es tiempo de pensar si tiene sentido seguir por el camino que ha probado ya su fracaso aquí y en el resto del mundo. Tampoco es cuestión de dinero. Estados Unidos tiene 2 millones de reclusos; gasta en cada uno más de 100 mil dólares al año y está lejos de ser uno de los países con menor delincuencia. ¿Qué esperanzas de seguridad tiene un país que sigue el mismo modelo pero que apenas resuelve 2% de sus delitos? Incluso si mágicamente desapareciéramos la impunidad en el corto plazo, no habría dónde poner a tanto criminal. México destina 50 mil pesos al año, 130 pesos diarios, en cada reo. Eso es casi tres veces el salario mínimo. Puesto que dos de cada tres reclusos están en prisión por robos simples o delitos que ameritan menos de tres años de prisión —debido a conductas delictivas no violentas y de poca gravedad—, ese dinero sería más útil en la prevención de esos crímenes. Bien canalizados, 130 pesos diarios pueden evitar que un joven se meta de narcomenudista o de ratero. Esa ha sido la estrategia en países como Japón, Suecia, Francia e Inglaterra. El resultado es que sus índices de criminalidad y de reclusos per cápita son mucho menores que en el modelo de México: Estados Unidos. Cálculos del Instituto para la Seguridad y la Democracia revelan que sólo con el costo diario de la población reclusa sin condena podría sufragarse el apoyo anual para casi 2 mil familias en el programa Oportunidades. En vez de perder el tiempo con propuestas de pena de muerte, cadena perpetua y sanciones más severas, los políticos deberían cambiar el modelo de represión por uno de prevención. Las pruebas están a la vista y el dinero existe. Ahora falta voluntad.

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