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El M-15 en España

Toda revolución necesita

una constitución

ENRIQUE SANTIAGO ROMERO*

El surgimiento imparable del “Movimiento 15 de Mayo”, exigiendo ¡Democracia real ya! (DRY), ha sorprendido por su amplitud, su dinamismo y su sensatez, característica esta última no siempre habitual en movimientos de masas tan multitudinarios y espontáneos. Pensándolo detenidamente, no podía ser de otra forma ya que su base social esta compuesta mayoritariamente por varias generaciones de españoles -nacidos entre los años 70 y 90 del siglo pasado- sin duda las mejor formadas y preparadas de la historia, lo que no les ha servido de mucho hasta ahora, ya que el conocimiento no ha impedido que sean también las generaciones con mayor desempleo en la historia española, con mayor eventualidad laboral y con salarios mas reducidos con respecto a su nivel de su formación, por no hablar de la ausencia de disfrute de garantías sociales mínimas como acceso a los sistemas de seguridad social, seguro de desempleo, cotizaciones para jubilación, etcétera.

La situación no deja de ser grave si consideramos que vivimos en un mundo de mas de seis mil millones de habitantes, de los cuales la mitad aproximadamente están condenados a la pobreza y otros dos mil millones apenas pueden sobrevivir dignamente a diario, pero poco más. La situación de penuria social y económica, de angustia ante el futuro que atraviesan las personas que componen la base del movimiento DRY -y muchas otras personas de este país que no tiene la suerte de ser tan jóvenes o de haber accedido a estudios superiores de cierta calidad-, no está ocurriendo en lejanos países en vías de desarrollo, sino en el corazón de una de las mayores potencias económicas del mundo, Europa, en uno de los supuestos paraísos del desarrollo. Si hasta ahora los habitantes del denominado hemisferio occidental intuíamos que no era sostenible un modelo económico que condenaba a la exclusión o la pobreza a cinco sextas partes de la humanidad a la vez que esquilma los recursos finitos del planeta, lo cierto es que mayoritariamente no nos cuestionábamos el sistema que hacia esto posible, ya que las penurias diarias esos cinco mil millones habitantes se viven demasiado lejos de nosotros, apenas se ven unos segundos al día a través de las pantallas de los telediarios.

La construcción del Estado democrático, social y de derecho europeo, fundado sobre el pacto social consistente en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, no fue un regalo de las oligarquías políticas y económicas del siglo XX a las clases trabajadoras o medias ascendentes. Fue mas bien la consecuencia de la derrota del fascismo y nazismo internacional -al precio de mas de 60 millones de muertos- y de la instauración de regímenes socialistas en la Europa del Este. Ningún derecho ha sido regalado o prestado a los ciudadanos por las plutocracias como para que éstas puedan de pronto decidir a su antojo recortar o suprimir los más básicos y esenciales derechos del Estado Social. Estos recortes y supresiones de derechos han ocurrido ante la sorprendente y fraudulenta parálisis e inanición de las instituciones democráticas elegidas por esos mismos ciudadanos –esa y no otra es su legitimidad democrática- para garantizar los derechos que les están siendo usurpados.

Tras la Segunda Guerra Mundial la humanidad acordó elevar a categoría de derechos imperativos -ius gentium- los recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en las Convenciones posteriores que los desarrollaron. Desde entonces, todos los derechos recogidos en esos tratados -civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- disfrutan de la misma protección teórica en el derecho internacional -el derecho de las llamadas “naciones civilizadas”- todos ellos son de obligado cumplimiento y respeto por parte de los poderes públicos y los particulares. Aún hoy nadie nos ha explicado por qué todo el posterior desarrollo constitucional habido en los países occidentales, los más ricos y desarrollados económicamente, elevó a derechos de especial protección y exigibilidad los derechos civiles y políticos, y sin embargo discriminó los derechos económicos, sociales y culturales, obviando establecer en las cartas magnas mecanismos de cumplimiento y exigibilidad de dichos derechos en caso de ser negados o conculcados, así como obviando en ellas la obligación de las autoridades de garantizarlos.

Lo ocurrido posteriormente todos lo conocemos. Nos hicieron creer que el Estado y el sector publico eran ineficaces y perniciosos por naturaleza, poderosos instrumentos de liberticidio que debían quedar reducidos a su mínima expresión, si no desaparecer, cediendo el testigo al individualismo y la iniciativa privada, la “libertad en su máxima expresión”, lo denominaron los políticos conservadores y sus socios “social-liberales”, quienes construyeron un idílico relato del porvenir que nos esperaba, anunciándonos riquezas y bienestar inagotables para todos, en una especie de arcadia consumista y feliz que ha acabado revelándose como la más orwelliana de las posibles pesadillas.

¡“No es una crisis, es una estafa”!, gritan acertadamente las personas que estos días ocupan las calles de nuestro país. Pero no, no es sólo una estafa, es una inmensa cadena de estafas. Es un plan criminal perfectamente concebido y ejecutado, dirigido contra todos los europeos que no pertenecen a las oligarquías financieras o a las plutocracias establecidas. Un plan criminal que continua ejecutándose con absoluta impunidad.

Es la estafa del sector bancario y financiero, que se ha enriquecido a la vez que destruía empleo y extraía hasta el ultimo céntimo de aquéllos que viven de una nómina; es la estafa hipotecaria, que nos hizo creer que todos podíamos ser propietarios y acabó mostrando que los prestamistas serán los únicos propietarios de nuestras casas y de nuestras deudas, mientras que por el camino trescientas mil familias de este país han sido desahuciadas y siguen estando endeudadas; es la estafa de la clase política dominante, que ha privatizado -es decir, regalado- no solo lo mejor y más rentable del sector publico sino la practica totalidad del mismo, a sus compañeros de pupitre y demás conocidos y allegados, diciéndonos que era lo mejor para todos y haciéndonos el “favor” de librarnos de la “pesada carga” que por lo visto suponían unas deficitarias empresas publicas que automáticamente han producido multimillonarios beneficios a quienes las han adquirido a precio de saldo y con todo tipo de facilidades de pago; ha sido la estafa de la liberalización de las comunicaciones, que nos prometía un infinito incremento de la calidad de los medios de comunicación y de la pluralidad informativa y ha acabado poniendo en marcha la mayor maquinaria de desinformación y aculturización que se recuerda desde los tiempos de Goebbels, aquél que teorizaba y practicaba que una mentira difundida y repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad, medios todos ellos exclusivamente al servicio del liberalismo y las fuerzas políticas mayoritarias; es la estafa electoral de las oligarquías políticas, esas que permiten que los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtengan un diputado en el Parlamento por sesenta mil votos -o menos- mientras que a quienes propugnan que los derechos sociales y económicos deben garantizarse a todos, les costó un solo diputado en las elecciones de 2008 más de setecientos mil votos; es la estafa de las plutocracias políticas, que han limitado el ejercicio democrático a poder depositar una papeleta electoral –unas con mas valor que otras por lo visto- en una urna cada cuatro años; es la estafa perpetrada por el gran capital y sus servidores, cuya codicia insaciable ha llegado al extremo de comprar políticos y ponerlos a su servicio para que acaben con la progresividad fiscal en general y con las cargas impositivas a las rentas del capital en particular, provocando una concentración de riqueza insultante en pocas manos a la par que la reducción insoportable de los ingresos del Estado y la pauperización acelerada de la gran mayoría social.

Todos recordamos que desde hace años nos han prometido y asegurado, -PSOE, PP, CIU, PNV y demás representantes de oligarquías políticas- que la reducción del impuesto de sociedades, de los tramos altos del IRPF y la desaparición del impuesto de sociedades, eran las herramientas más eficaces para generar riqueza y crear empleo. Y ahora, que ha desparecido el impuesto de Patrimonio, prácticamente el de Sucesiones y Donaciones, y se han reducido como nunca los impuestos sobre el capital y las rentas mas altas, nos encontramos con las mayores cuotas de desempleo, exclusión y pobreza de la historia reciente de este país.

Pero en España y desde el año 2008 no todos los sectores económicos están en crisis: el comercio de productos de lujo -yates, coches de alta cilindrada, joyas, pieles, etcétera.- está viviendo su época mas dorada, con récord de ventas año tras año, a la par que aumenta la muy exclusiva lista de millonarios patrios.

Efectivamente “lo llaman democracia y no lo es” claman nuevamente con acierto y sentido común cada vez mas ciudadanos. ¿Qué ha fallado en nuestro sistema político para que la calidad de nuestra democracia deje tanto que desear? La respuesta es obvia: han fallado las leyes y quienes las hacen, empezando por la situada en el vértice de todas ellas, nuestra Constitución.

El Estado y sus instituciones se han desprovisto de recursos legales que les permitan evitar estafas como las habidas, han prescindido de cualquier norma que les permitiera intervenir en el mercado ante los evidentes desmanes de este. Nuestros gobiernos, por indicación de los saqueadores -camuflados en instituciones de regulación financiera y económica- han desarmado al Estado y al sector publico previamente a iniciarse la gran ofensiva neoliberal. La Unión Europea se ha construido sobre la estricta prohibición de intervención en la economía de los Estados, justificada con la falacia de la libre competencia, no se ha construido sobre la prohibición de la especulación y la defensa de la economía productiva. Sirva como ejemplo el desmán de las denominadas “agencias calificadoras de riesgos” que mediante tráfico de información reservada han enriquecido a sus empresas -o a las de sus clientes- cotizadas en bolsas a la par que han empobrecido a los pequeños ahorradores. Agencias que han orquestado los mayores ataques a la deuda publica española y europea que se recuerdan, con graves pérdidas para la sociedad y las haciendas publicas y espectaculares enriquecimientos para sus socios, socios que a la vez son los grandes accionistas de los fondos de inversiones multinacionales beneficiados por la economía especulativa. Warren Buffet, uno de los mayores tenedores de fondos de inversión especulativos de alto riesgo -Hedges Founds- en el mundo, es a su vez propietario del mayor paquete accionarial de la agencia Moody´s, la encargada de calificar la calidad de sus fondos de inversión. Apenas una pagina de una circular interna del Banco de España constituye todo el marco legal regulador de estas entidades en nuestro país, de estos auténticos corsarios del siglo XXI que navegan a sus anchas en el océano del liberalismo desregulador.

A lo largo de la historia las leyes han aparecido cuando un grupo humano, unido entorno a la convivencia, intenta regular sus relaciones mediante un equilibrio entre las ventajas y las desventajas que cada uno obtiene con esa relación. Equilibrio en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, etc. Las leyes son útiles si sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes. Si no es así, las leyes dejan de ser eficaces, dejan de ser justas y se convierten en ineficaces, en injustas e inequitativas. Es decir, se convierten en instrumentos de dominación de unos sectores sociales -los que resultan unilateralmente beneficiados- respecto a otros sectores sociales -aquéllos que resultan mayoritariamente perjudicados-. Y así estalla el conflicto social, que concluye con el exterminio o la dominación –privándolo por tanto de derechos- de uno de los grupos confrontados por el otro grupo, o bien concluye con la reforma del pacto de convivencia -del pacto constitucional-, renovándolo, adaptándolo a las nuevas situaciones y perfeccionándolo para corregir los errores que provocaron el conflicto.

El movimiento DRY ha tenido el gran acierto de manifestar -desde una ciudadanía claramente apartidista, que no apolítica-, lo mismo que venia siendo un clamor desde los sectores políticos organizados que han sido consecuentes con el pacto social y político alcanzado por la humanidad tras la derrota del fascismo a mediado del siglo pasado. Es decir, el movimiento no clama por un régimen socialista o revolucionario, sino únicamente por la recuperación del Estado Social, Democrático y de Derecho, objetivo que hoy día parece inalcanzable si no es a través de una autentica revolución de las mayorías sociales. Un Estado comprometido con la garantía de todos los derechos –también los económicos y sociales- para todas las personas. Ese mismo Estado Social que las oligarquías dominantes, ávidas de codicia y sobradas de egoísmo, quieren suprimir mostrando una torpeza sin limites, incluso objetivamente contraría a sus propios intereses de dominación. Tanta avaricia les ciega hasta para aplicar la máxima gatopardiana –cambiar algo para que todo siga igual- que ha posibilitado a las clases dominantes seguir disfrutando de sus insultantes riquezas y derroches a cambio únicamente de garantizar una vida mínimamente digna al resto de las personas. Esta crisis ha demostrado que ni siquiera a esto tan evidente y tan primario están dispuestos los que ejercen como nuestros dueños.

El movimiento 15-M lo está manifestando a diario y poniéndolo por escrito. Pocas tablas reivindicativas son más concretas, factibles, sensatas y acertadas para defender el Estado Democrático, Social y de Derecho como las medidas que para salir de esta grave crisis han sido aprobadas por la Asamblea del 20 de mayo de 2011 de la Acampada de Sol: cambio de la ley electoral y democracia mas participativa y controlada por los ciudadanos; garantía de todos los derechos básicos recogidos en la Constitución (vivienda, trabajo digno, sanidad, educación, libre circulación); eliminación de leyes discriminatorias e injustas; reforma fiscal que devuelva la progresividad impositiva y aumente la carga fiscal de los que más ingresan, incrementando los recursos del Estado, es decir, los de toda la sociedad; recorte de los privilegios de la clase política; políticas económicas al servicio de la sociedad y no de los dueños de las empresas bancarias y financieras; medidas eficaces contra la corrupción; reducción del gasto militar; democratización de la justicia....

¿Cuáles son entonces los impedimentos para que cualquier gobierno, cuya sensatez y capacidad se les debería presuponer, ponga en marcha esas medidas de forma inmediata?

Sin duda, los principales impedimentos son la pérdida de privilegios de los dos grandes partidos que estas medidas entrañarían, su supeditación constatada a esos centros difusos de poder denominados mercados, y la falta de instrumentos legales reales y eficaces para tomar medidas que nos permitan salir de esta situación. El extremo liberalismo, la reducción de la capacidad de intervención del Estado y la máxima desregulación legislativa de la actividad económica y financiera han dejado al Estado, es decir, a la sociedad, sin armas para defender los intereses colectivos. Y valga como muestra el proceso de construcción europea: se nos prometió la Europa de los pueblos y de los ciudadanos, y nos hemos encontrado con la Europa de los banqueros y del capital, una Europa cuya economía está regida por una institución no elegida ni controlada democráticamente: el Banco Central Europeo.

Seamos realistas: el actual marco legislativo español, nuestro marco constitucional, no nos proporciona herramientas lo suficientemente eficaces para invertir la situación actual, para garantizar una democracia real donde los ciudadanos no solo voten, sino que controlen que los elegidos no se aparten del mandato electoral y lo cumplan -del contrato que firmaron con los ciudadanos, igual que los bancos nos obligan cumplir sus contratos hipotecarios-, para poder así salir de la crisis y evitar que vuelva a producirse, para proteger al patrimonio de la sociedad en su conjunto frente a la voracidad de los interese exclusivamente individuales y privados. El artículo 128.1 de la Constitución determina que toda la riqueza del país, incluida la privada, se subordina al interés general. El 128.2 y el 131 contemplan, respectivamente, la iniciativa publica en la economía y la planificación de ésta para atender a las necesidades colectivas y así equilibrar y armonizar el desarrollo. Y el articulo 129.2 literalmente dice: “Los poderes públicos (...) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Tales encomiables enunciados, retóricos a fecha de hoy, de nada han servido al no ir acompañados de mecanismos constitucionales que posibiliten la exigibilidad de su cumplimiento a los poderes públicos, poderes públicos que a fecha de hoy ni han desarrollado dichos principios constitucionales ni han podido ser compelidos eficazmente a hacerlo por unos ciudadanos en absoluta situación de indefensión ante el sistemático incumplimiento constitucional. Además, el derecho al trabajo (Art. 35 de la Constitución), a la vivienda (Art. 47), a la salud (art. 43), a la Seguridad Social (art. 41), a la cultura (art. 44), al medio ambiente sano y de calidad (art. 45), a la participación de la juventud (48), entre otros cuya defensa no es prioridad de los grades poderes económicos y financieros, son excluidos constitucionalmente del único mecanismo legal de exigibilidad del cumplimiento de derechos fundamentales que prevé nuestra carta magna, son excluidos de ser exigibles mediante recurso de amparo constitucional.

Las leyes deben responder a los problemas de su tiempo, contener mecanismos que permitan abordar y solucionar dichos problemas. Si no es así, no son útiles ni eficaces. Una constitución con casi treinta y cinco años, anterior a la era de la globalización de la económica y las comunicaciones, está obsoleta por definición, por mucho que irracionalmente se haya sacralizado hasta los niveles totémicos que ha llegado a alcanzar nuestra actual Carta Magna. No es fácil encontrar una constitución europea con treinta y cinco años de edad que no haya sido sometida a profundas reformas, probablemente ninguna de las actuales. El pánico político que existe en España a abordar una profunda reforma constitucional es impropio de una democracia madura y sólida, donde una Constitución es exacta y únicamente eso: una ley, la situada en el vértice superior de la escala normativa, pero una ley a fin de cuentas que debe ser adaptada a las necesidades sociales de cada momento.

Obviemos en este texto -sería materia exclusiva para otro escrito- el origen “semiotorgado” de nuestra Constitución, cualidad que permitió hasta el reconocimiento de legitimidad al régimen dictatorial anterior, tal y como viene recordando nuestro Tribunal Supremo cada vez que falla contra la anulación de una resolución emanada de un Consejo de Guerra o de un Tribunal penal de la dictadura franquista.

Que en 1978 la democracia fuera una concesión del ejército y las oligarquías franquistas a la ciudadanía nadie lo cuestiona a fecha de hoy, como nadie cuestiona que nuestro actual Jefe del Estado -designado previamente a la aprobación de la Constitución y por exclusiva decisión del dictador, sin que nunca se haya sometido al veredicto de las urnas- haya recibido su legitimación democrática -de la que carecía en origen- a través del texto de nuestra actual Carta Magna. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy desconozcamos su opinión sobre la crisis económica, sobre sus causas y causantes y sobre la situación que atraviesan las victimas de ésta.

Pero lo que fue condición sine quanon para iniciar la democracia en 1978 no tiene porque serlo hoy día para defenderla y mejorarla, sobre todo si dicho marco constitucional se manifiesta por momentos como ineficaz e incapaz de dar respuestas a los retos de nuestra sociedad.

El 70 por ciento de las personas que hoy tienen derecho de voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978, ni por supuesto participar en su elaboración. No habían nacido o no tenían edad para ejercer el derecho al voto. Muchos de ellos alcanzan hoy día la cincuentena y a este paso morirán sin haber participado en un proceso constituyente.

¿Que piensa plantear el “Movimiento 15-M” a partir del día 23 de mayo para que las personas que lo han nutrido, y que tanto han hecho para despertar del letargo las conciencias de los ciudadanos, pueda hacer realidad sus muy justas y oportunas propuestas acordadas en asamblea? El reto no es fácil, aunque en otro país europeo ya se ha resuelto. Islandia se encuentra inmersa en un nuevo proceso constituyente para que los ciudadanos, mediante la elaboración y aprobación de la que probablemente sea la constitución mas participada en su redacción de toda la historia europea, acuerden una nueva carta magna que garantice que los derechos de toda la sociedad nunca mas van a ser usurpados, secuestrados o esquilmados por los mercados.

Este país también necesita ese nuevo proceso constituyente para salir de la crisis y evitar volver a caer, nunca más, en una estafa masiva y criminal de la envergadura de la que estamos padeciendo. No podemos salir de esta situación si no tenemos herramientas para ello. Ante la negativa hasta ahora de los poderes públicos a proporcionarnos estas herramientas, debe ser la soberanía popular expresada legítimamente a través de una asamblea constituyente, extensa y capilar, participativa y participada no sólo por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y personas, la que nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayoría social hoy esta clamando. Y todo ello lo podemos alcanzar de forma pacífica, ordenada y cívicamente, como así esta siendo este increíble movimiento.

Acabemos este escrito recordando la cita inicial del profesor Maurice Duverger. La Democracia sólo es tal si evoluciona permanentemente perfeccionándose. Esta realidad únicamente puede ser ignorada por gobernantes ciegos y engreídos que creen que su obra es tan perfecta que ya nos ha llevado al fin de la Historia.

Enrique Santiago Romero es abogado. Querellante en la causa contra las Agencias Calificadoras en la Audiencia Nacional.

* Rebelión

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