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El presidente Piñera y su "ruptura"
Botellas nuevas, vino viejo
FRANCK GAUDICHAUD*
Lota, antigua ciudad minera a orillas de las frías aguas del Pacífico, a 500 kilómetros de Santiago. Es aquí, más que en la capital, donde adquiere luz el proyecto político del presidente chileno Sebastián Piñera. Es una mañana de sol, en medio del verano austral. El mercado funciona a pleno, ya que la pesca del día desborda en los puestos rebosantes: mariscos, erizos de mar, algas, pescados diversos… En un canasto trenzado, María presenta algunos peces sierra ahumados que su marido capturó en el mar. De sonrisa franca y manos encallecidas por el trabajo, se dirige a los curiosos: “¡dos mil pesos la pieza!”, o sea, 2,90 euros por pescado. Como en la víspera, la antevíspera o el día anterior, deberá contentarse con un ingreso de una decena de euros, sin llegar al salario promedio, de alrededor de 450 euros mensuales. “Aquí todo el mundo trabaja duro -explica. La pesca ya no es lo que era: cada vez hay menos peces.” Sin embargo, para los habitantes de Lota (y de una parte del litoral chileno), desde hace un año el costo de vida aumentó considerablemente. “Es que -sonríe María- después del terremoto, ¡hay que reconstruir!”.
El 27 de febrero de 2010 un violento terremoto sacudió a Chile. Algunas horas más tarde, un maremoto barrió varios cientos de kilómetros de las costas del sur. Las autoridades sólo tuvieron que deplorar pocas víctimas -550 muertos-, pero sí importantes daños materiales y cerca de ocho mil siniestrados. Especialmente en las regiones más pobres del país, como Maule y Bío Bío, donde se encuentra la ciudad de Lota. Aquí -a pesar de los esfuerzos de la alcaldía-, como también en Concepción (capital regional), numerosos escombros cubren todavía el suelo y dificultan la circulación por las carreteras. Los edificios, resquebrajados por todas partes, amenazan con derrumbarse sobre los transeúntes. Sin embargo, el 13 de abril de 2010, el presidente Piñera (elegido en enero del mismo año) proclamaba: “Nuestra tarea principal y la misión de nuestro gobierno es trabajar por la unidad nacional, la reconstrucción del país, enfrentar las urgencias y ayudar a las víctimas del terremoto”. El cuchillo de María revolotea. Ha dejado a un lado los peces sierra para pasar a la preparación de un suculento ceviche, una marinada de mariscos. ¿Las promesas del gobierno? “¡Su plan de reconstrucción es puro bla-bla! ¡Nos ha abandonado!” ¿Pero acaso no se observan, aquí y allá, obras y trabajos en curso? Al oír la conversación, dos hombres se acercan y señalan una colina: “Las nuevas construcciones que usted ve allá están destinadas a la venta, no para las víctimas del terremoto. Los que perdieron su casa viven como mendigos, unos sobre otros en casas minúsculas. La mayoría no tiene electricidad ni agua corriente”. De seis metros por tres, con paneles de madera como única protección contra las inclemencias del tiempo, las “viviendas de urgencia” se parecen más a cabañas. Previstas para cuatro personas, en general están superpobladas. Una pregunta se impone durante la visita: ¿cómo miles de personas podrán pasar el invierno en esas condiciones? Nadie tiene la respuesta.
“Durante este tiempo -agrega María- un puñado de gente muy rica no sabe qué hacer con su dinero”. Oficialmente, el plan de reconstrucción fue un éxito. Sin embargo, los que quedaron abandonados a su suerte manifiestan su cólera. Mientras el gobierno anunció 220.000 subsidios, en la gran mayoría de los casos se trata de ayudas para la reparación de las casas, no para nuevas construcciones. Sólo 12.503 viviendas se habían terminado a finales de febrero de 2011. En lo que se refiere a las familias repartidas en campamentos improvisados, Francisco Irarrázaval, uno de los secretarios ejecutivos del Ministerio de Vivienda, admite que el 40 por ciento de ellas (o sea unas mil 700) “podrían no recibir una solución”. ¿Una historia clásica? Tal vez por esta razón la catástrofe natural revela finalmente la naturaleza del proyecto del Presidente chileno. Un proyecto que se apoyaba en la aparición de una “nueva derecha”, “en ruptura con la época de la dictadura” de Augusto Pinochet (1973-1990.)
Una época de enriquecimiento
Porque Piñera no proviene precisamente del círculo restringido de la derecha. “Cuando decidió lanzarse a la política -observa el periodista Ernesto Carmona- golpeó en primer lugar la puerta de la Democracia Cristiana” (DC), un partido conservador más bien centrista, del cual su padre fue uno de los fundadores. “No le faltaban razones para eso: había votado ‘No’ a Augusto Pinochet durante el plebiscito de 1988”, que proponía la prórroga del dictador en el poder hasta 1997. Durante un tiempo, Piñera tuvo un pie en la DC, donde no encontraba mucho espacio, y otro en el seno de la derecha, que le ofrecía mejores oportunidades”. Finalmente optó por el partido de la Renovación Nacional (RN), la franja más liberal del tablero político, antes que por la Unión Demócrata Independiente (UDI), cercana al Opus Dei y que agrupa a los más leales del régimen militar. Pero la distancia entre Piñera y la dictadura sigue siendo, de todas maneras, bastante relativa.
El ocupante de La Moneda apareció en 1989 como consejero de Hernán Büchi, el ex ministro de Finanzas del general Pinochet. Además, la Alianza para el Cambio, en nombre de la cual se presenta, está compuesta de liberales y también de católicos conservadores de la UDI. Por otra parte, aunque Piñera declaró el 8 de enero de 2010, en el diario La Nación , que “no es un pecado” haber trabajado para el régimen de Pinochet, tal vez lo hizo porque ese período le resultó más bien exitoso. Se enriqueció durante esos “años negros” invirtiendo en primer lugar en el sector inmobiliario, la construcción y luego la banca. Aprovechando el apoyo de su hermano mayor -que era ministro de Trabajo del régimen y promotor de la privatización de los fondos de pensión-, evitó la cárcel después de un importante fraude bancario, en parte origen de su fortuna. Luego se produjo la compra de una parte de la compañía de aviación civil Lan Chile (que luego presidió) y, finalmente, la diversificación en ámbitos clave para forjarse una visibilidad de primer plano: entre 2005 y 2006 compró el muy popular club de fútbol Colo-Colo y el canal de televisión Chilevisión. Desde entonces, Piñera se encuentra entre las 500 primeras fortunas del mundo. La revista estadounidense Forbes lo considera como el 51 hombre más poderoso del planeta. Por otra parte, su cuenta bancaria no ha sufrido por su llegada a la presidencia. Algunos espíritus poco alegres clamaron por la mezcla de intereses. Piñera respondió que “sólo los muertos y los santos no tienen conflictos de intereses”. Enriquecido durante la dictadura y habiendo llegado al poder con el apoyo de la UDI, Piñera profesa, sin embargo, la ruptura. En primer lugar, porque por primera vez desde 1958, la derecha llega al poder por las urnas. Ruptura también, porque él cree cambiar la manera de hacer política y dirige el Estado como a una empresa. Una de las suyas. Su “gobierno de los mejores” se parece más a un consejo de administración que a un gabinete. Más de la mitad de sus miembros proviene del sector privado, con poca (o ninguna) experiencia política previa. El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, por ejemplo, adquirió su experiencia “diplomática” como… miembro del directorio de la gran cadena Falabella, con ocasión de su expansión a los países vecinos. Juan Andrés Fontaine, nuevo ministro de Economía, es director del Centro de Estudios Públicos (CEP), uno de los centros de pensamiento de la derecha liberal, y vinculado al grupo Matte (industria forestal, telecomunicaciones, finanzas), controlado por una de las familias más ricas del país.
 Sebastián Piñera.
¿Piñerismo “izquierdizante”?
Piñera pretende controlar todo personalmente, exigiendo a sus colaboradores el ritmo desenfrenado que impone su sobreexposición mediática. Durante varias semanas cautivó al país, y a una buena parte del planeta, gracias al rescate de 33 mineros bloqueados en la mina San José (en el desierto de Atacama). Una operación que consideró “sin igual en la historia de la humanidad”. Pronto se habló de “piñerismo”, con lo cual el “cambio” habría tenido realmente lugar. Por otra parte, los caciques de la derecha tradicional -sobre los cuales descansa su apoyo parlamentario- ¿no se muestran irritados? Algunos cables de la embajada de Estados Unidos en Santiago, revelados por WikiLeaks, están llenos de anécdotas sobre la guerra fratricida entre “la vieja guardia” y el “magnate”. Y la apertura del “staff” presidencial a algunos dirigentes políticos -como Andrés Allamand (RN) y Evelyne Matthei (UDI), respectivamente en los Ministerios de Defensa y de Trabajo-, no bastan para apaciguar los espíritus. Es que más allá del estilo, algunas de las políticas públicas del nuevo Presidente exasperan a sus aliados: becas universitarias destinadas a formar nuevos profesores, restricción de las atribuciones de la justicia militar, extensión de la licencia pos-natal a seis meses, medidas a favor del seguro de salud de los jubilados, un llamado al respeto del salario mínimo de los empleados domésticos, relocalización parcial de un proyecto termoeléctrico después de movilizaciones ecologistas, propuesta del derecho de voto para los chilenos residentes en el extranjero, inscripción automática en las listas electorales y, el 11 de marzo pasado, el anuncio de un “ingreso ético familiar”, consistente en una (muy magra) transferencia de recursos, destinados a medio millón de personas que viven en la pobreza extrema. En el plano internacional, Piñera reconoció al Estado Palestino -“libre, soberano e independiente”- siguiendo a varios dirigentes latinoamericanos, varios de ellos de izquierda.
Para Rodrigo Hinzpeter, fiel al patrón Presidente y ministro del Interior, ésta es la “nueva derecha”: “social y democrática”, que “toma en cuenta nuevas preocupaciones”, especialmente “el compromiso con los derechos humanos, la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, el equilibrio entre la economía y la justicia social”. Un programa que no hace otra cosa que profundizar la crisis de la oposición parlamentaria, incapaz de formular contrapropuestas. A tal punto que los diputados de la Concertación (coalición de social-demócratas, socialistas y demócratas cristianos, que estuvo en el poder desde el final de la dictadura hasta 2010) apoyan regularmente los proyectos del gobierno. En resumen: ¿ruptura con la derecha y continuidad con el centro-izquierda? “Mantener la mayor parte de las políticas implementadas por la Concertación” es, en efecto, lo que Piñera prometía durante la campaña presidencial. Por otra parte, el consenso entre Piñera y sus predecesores era tal que el semanario británico The Economist concluía, el 19 de diciembre de 2009: “En el nivel práctico (una victoria de Piñera) tendría un impacto reducido”.
Pero, ¿se debe leer en esta armonía una “deriva hacia la izquierda” de la “nueva derecha” chilena? Tal vez no, porque desde hace años la izquierda chilena -comenzando por el Partido Socialista- se inscribió, ella misma, en la continuidad. Este cambio neoliberal le aseguró las alabanzas de analistas tan poco sospechados de idolatría marxista como el francés Guy Sorman. En Chile, explicaba en octubre de 2008, el libre cambio -impuesto por economistas formados en Estados Unidos e inspirados en Milton Friedman (los Chicago boys)- a partir del golpe de Estado de 1973 se mostró tan “eficaz” que, “desde Pinochet, jefe de Estado de 1973 a 1990, hasta Michelle Bachelet inclusive, presidenta socialista desde 2005, Chile no modificó sus normas económicas”. Ernesto Ottone y Sergio Muñoz Riveros -ambos antiguos militantes comunistas convertidos en consejeros de la Concertación- analizan la conversión de la izquierda chilena al “realismo económico”: “A fuerza de chocar con la realidad, la izquierda comprendió que debía abandonar sus antiguas creencias sobre la malignidad del sistema capitalista. (…) Aun con dificultades para admitirlo, hay que conceder que, en algunas cuestiones relativas al funcionamiento de la economía moderna, [los buenos profesores] se encontraban ‘en la vereda de enfrente’” .
Rumbo al “Primer Mundo”
Al “cruzar la calle”, esta izquierda ayudó a transformar la tierra de Salvador Allende en un modelo para las finanzas mundiales. En la clasificación sobre “libertad económica”, publicada anualmente por The Wall Street Journal y la Heritage Foundation , Chile aparece, desde hace mucho tiempo, en el pelotón que la encabeza (11º lugar entre 179 países), bien arriba de Francia (64º) y justo detrás de Estados Unidos. Un sistema impositivo acogedor, fondos de pensión privados generalizados, servicios colectivos -entre ellos la educación y la salud- ampliamente mercantilizados, tratados de libre comercio con Estados Unidos y China: “Chile deja atrás el subdesarrollo y se encamina con paso firme hacia la constitución de una nación desarrollada”, se regocijaba la ex presidenta Michelle Bachelet el 11 de enero de 2010. Flanqueada por su ministro de Finanzas, la militante socialista tenía en las manos un precioso abre puertas: la adhesión de su país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fundada en 1961, la OCDE agrupa a 34 países que buscan estimular “la democracia y la economía de mercado”. Chile fue el primer país sudamericano en integrar ese muy selecto club.
¿Izquierda neoliberal y derecha rupturista?
En ausencia de una alternativa real, la imagen del cambio pudo encarnarse en los rasgos de Piñera ante los ojos de una parte de las clases populares. Iván, en la treintena, es vendedor ambulante en el centro de la capital. En medio del smog de la Alameda (la principal avenida de Santiago) y de la cacofonía de los micros (ómnibus), vende golosinas y cigarrillos por unidad. “Usted sabe, para mí este gobierno no ha cambiado gran cosa. Si voté por Piñera fue porque, al menos, él tuvo éxito en la vida. Y espero que hará lo mismo con el país, para que podamos aprovechar un poco.” Sin embargo, el discurso de reformismo social del Presidente no le impidió radicalizar un poco más el neoliberalismo, como lo demostró su gestión luego del terremoto. El proceso de reconstrucción del litoral, cuando no es objeto de clientelismo político probado, parece inspirarse en la “estrategia de shock” descripta por Naomi Klein (en su obra del mismo nombre, publicada en 2008). El anuncio de un aumento temporario de los impuestos sobre las empresas y de las regalías para las grandes compañías mineras, destinado a reunir más de tres mil millones de dólares en cuatro años, fue acogido con escepticismo. En definitiva, el mecanismo hizo que se desencantaran los que creían en un improbable giro keynesiano. Las compañías mineras (en general multinacionales) que participan, sobre la base del voluntariado, en este financiamiento suplementario de dos años, ¡lograron que se les garantizara la prolongación de una de las regalías más bajas del mundo hasta el año 2025! Paralelamente, la necesidad de dinero fresco brindó la ocasión soñada para recomendar nuevas privatizaciones de bienes “no indispensables” en el sector de la energía (Compañía de Electricidad Edelnor) y del saneamiento del agua (Aguas Andinas). De paso, se está considerando una ley de flexibilización del trabajo, así como nuevas concesiones mineras al capital extranjero. Al final, según el economista Hugo Fazio, “el fondo de reconstrucción servirá de pretexto para debilitar al Estado y entregar algunos elementos del patrimonio público a los intereses privados”.
 La sombra de Pinochet.
A pesar de algunas protestas de la “vieja derecha”, la “nueva” no maltrata verdaderamente a su base social. “Este gobierno es el gobierno de las empresas”, sostiene Viviana Uribe, quien no cree en las fábulas de la derecha social y democrática. “Es la ley del mercado la que regula todo y si uno no lo acepta, la represión es inmediata”, acusa. La presidenta de la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo, aliada a la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, sabe de lo que habla. De rasgos que expresan cansancio, entre dos cigarrillos, echa mano de la débil política posterior al terremoto; los atropellos policiales contra una parte del movimiento libertario; el estado del sistema carcelario, que terminó con la muerte de 81 presos durante un incendio en la cárcel de San Miguel; el escaso compromiso para hacer avanzar la justicia a favor de las víctimas de los militares. Y, siempre, la criminalización del pueblo indígena mapuche.
Resistencias colectivas
Últimamente, en el pueblo de Cañete, en el sur del país, se desarrolló un proceso emblemático de la política de la “nueva derecha” en el Wallmapu (país mapuche): 17 comuneros fueron acusados de robo, incendio criminal, terrorismo… a partir de una legislación de excepción -llamada ley “antiterrorista”- que data de la dictadura. A contramano de cualquier norma internacional, permite basarse en “pruebas” provenientes de testigos ocultos, a sueldo de la magistratura. Al término de tres meses y medio de movilizaciones y de una interminable huelga de hambre (86 días), la mayoría de los acusados fueron liberados. Natividad Llanquilleo es la portavoz de los “presos políticos mapuches” (dos de sus hermanos están tras las rejas). De presencia agradable, claridad en el discurso y estudiante de derecho, a los 26 años encarna la nueva generación que ha vuelto a su comunidad para defender “la causa”. Según ella, aunque la huelga de hambre no tuvo todos los efectos esperados, al menos permitió que “la gente comience a comprender”. Y, sobre todo, Piñera tuvo que negociar. De manera bastante hábil, por cierto. También en este caso, quiso distinguirse solicitando la no aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuches y el fin de la doble imputación, militar y luego civil. Sin embargo, estos anuncios mediáticos no impidieron, en los hechos, que se llevara adelante lo que Llanquilleo califica de “proceso político”, ya que condenó a cuatro militantes de la Coordinación de las Comunidades en conflicto Arauco- Malleco (CAM), y entre ellos a su líder Héctor Llaitul, quien podría tener que pasar veinticinco años preso.
La Dirección del Trabajo reconoce, por otra parte, que el sector privado perdió el equivalente a 333 mil jornadas de trabajo por huelgas en 2010, o sea un aumento del 192 por ciento con relación al año 2000. Según la Central Única de Trabajadores (CUT), principal confederación sindical, este primer año de la “nueva derecha” está “perdido para los trabajadores, los ciudadanos y la profundización de la democracia”. La CUT lamenta los repetidos aumentos de precios y la ausencia de un aumento “sustancial” del salario mínimo. La cuestión del precio del gas es algo particularmente sensible. A comienzos de año provocó el levantamiento de toda la provincia de Magallanes durante una semana, obligando al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás. En febrero de 2011, una encuesta de la agencia Adimark sugería que el 49 por ciento de la población desaprobaba la gestión de Piñera. Sin embargo, nada hace presagiar todavía un frente social y político lo bastante poderoso como para hacer temblar a un Presidente que ya está preparando las elecciones de 2014 (en las cuales no puede volver a presentarse), favoreciendo a sus ministros más populares y teniendo en la línea de mira un nuevo mandato en 2018. Manuel Cabieses es una figura de la izquierda y un gran mozo gallardo y jovial de más de 75 años. En su oficina de la calle San Diego, donde dirige contra viento y marea la revista Punto Final, critica el gobierno de los “herederos de la dictadura” y convoca a la construcción de una “nueva izquierda”, independiente de la Concertación. Es consciente de las dificultades a superar: “Vivimos un período más duro aún que el que viví en mi juventud, lo que puede atribuirse a veinte años de despolitización y fragmentación social”. “Nuestra derrota del 11 de septiembre de 1973 sigue estando presente”, agrega.
 Andrés Allamand.
Radiografía de la desigualdad
Al lado del imperio de Sebastián Piñera, tres familias (Angelini, Matte y Lucksic -27º fortuna mundial-) controlan la mitad de los activos cotizados en la Bolsa de Valores de Santiago, y su patrimonio representa el 12,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), contra el 9 por ciento en 2004. A eso hay que agregar el clan Horst Paulman (grupo Cencosud -154º fortuna mundial) y sus supermercados presentes en todo el continente. Estas familias disponen de representantes directos en el gobierno, así como en la dirección de los principales medios. Sobre todo desde que Piñera cerró la versión papel del diario La Nación (del cual el Estado es accionista mayoritario), a la que juzgaba como demasiado crítica… Desde entonces, el paisaje de la prensa escrita está constituido por un duopolio casi perfecto, que tiene de un lado a la familia Edwards (actor principal de la dictadura) y del otro al Consorcio Periodístico de Chile (Copesa). El panorama no es diferente en el ámbito televisivo. Como contraste, alrededor del 30 por ciento de los trabajadores cobran apenas el salario mínimo, o sea 255 euros. Según la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), Chile es (junto con Brasil) uno de los países más desiguales de la región. Una situación que, además, se va agravando. Los ingresos del 20 por ciento de los hogares más pudientes representan 13 o 14 veces los del 20 por ciento más pobre. Los primeros poseen más de la mitad de las riquezas del país (55 por ciento), mientras que los segundos se reparten apenas el 4 por ciento.
Franck Gaudichaud es profesor adjunto en la Universidad de Grenoble-II, copresidente de la asociación France Amérique Latine (www.franceameriquelatine.org) y miembro del colectivo editorial de Rebelión.
Traducción del francés: Lucía Vera
* Le Monde diplomatique | mayo 2011.
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