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Militares y policias
gringos en México
La noticia divulgada por el New York Times en el sentido de que oficiales de diversas agencias policiacas de Estados Unidos trabajan rutinariamente desde instalaciones y bases militares mexicanas, en la tarea de combatir a los carteles del narcotráfico --algo que sólo fuera tibiamente desmentido por el gobierno de nuestro país--, viene a demostrar cual ha sido siempre, desde 1988, el verdadero objetivo de la llamada Guerra contra las Drogas que declaró George Bush padre en ese año para todos los países latinoamericanos, pero especialmente para México.
Como lo ha demostrado el tiempo, no ha sido efecto de tal guerra la reducción del tráfico o del consumo de drogas en EU; todo lo contrario, las drogas se han convertido en objeto de comercio y de uso en todos los estratos sociales y geográficos de ese país. Su comercio se ha convertido en una respetable fuente de ingresos para los cárteles mexicanos y su monto se estima entre 30 y 90 mil millones de dólares al año.
El único efecto de esta guerra ha sido el que se planteó Bush padre –antiguo jefe de la CIA-- en ese año: lograr que autoridades militares y policiacas de EU alcanzaran una significativa influencia y control directos sobre los sistemas de seguridad, comunicaciones, migración, fuerzas armadas y autoridades de gobernación en México.
Los gobiernos mexicanos, fieles servidores de los sectores más conservadores de Washington, han colaborado sin falta en ese esfuerzo. Durante los gobiernos priistas de Miguel de La Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, esa política se ha acatado con un cierto margen de discreción, pero los regímenes panistas han sido mucho más entusiastas en esa entrega deliberada de nuestra soberanía, a la que consideran un estorbo en sus proyectos de grandes negocios con los grupos monopólicos que tanto Fox como Calderón han servido con especial esmero.
En cada aeropuerto, agencia pública de seguridad, unidad de control de comunicaciones electrónicas, aduanas, puestos de inspección en todo el país, funcionan agentes estadounidenses cuya única justificación, según el gobierno, es que están desarmados, algo que se sabe que no es verdad.
El objetivo de ese control no es acotar a la delincuencia, sino en primera instancia contar con los suficientes elementos para obstaculizar e impedir que en el país ocurra un cambio político que favorezca los intereses de la población, en lugar de los del capital monopólico internacional. Es una intervención política que desde luego contravienen las normas constitucionales. Es necesario que el Congreso inicie una investigación y un juicio sobre esta revelación del NYT. Prácticamente todas estas operaciones encubiertas requieren de la aprobación del Congreso para no seguir siendo una clara violación a la Carta Magna.
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