VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

Poner las ideas a caballo

 

EXISTEN POLITICOS QUE, ansiosos de diferenciar su estilo respecto  de sus antecesores en nuevos encargos o por refrendar su legitimidad, sobre todo cuando su origen radica en una elección popular, suelen hipotecar su credibilidad acometiendo compromisos que, sin ponderar los factores circundantes que limitan su gestión, resultan poco realistas y, en consecuencia, incumplidos. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice la máxima.

Cuestionada su candidatura presidencial en el interior del PRI y puesta en entredicho su elección en 1982 por la oposición derechista, el presidente Miguel de la Madrid quiso, desde su campaña y ya en el poder, tocar las fibras más sensibles de los mexicanos, prometiendo combatir la corrupción pública y privada, para cuyo efecto formuló, entre siete, la tesis de la renovación moral, que concretó en el texto legal y en la estructura administrativa.

Con independencia de las acciones ejecutadas en su sexenio en consecución de aquel objetivo, al ceder De la Madrid su sucesión a Carlos Salinas de Gortari, activó la Caja de Pandora de la que escaparon los demonios de la corrupción que hasta la fecha galopan desenfrenados. Tuvieron que pasar casi tres décadas para que el difunto ex presidente confesara que, cuando impulsó la candidatura de su secretario de Programación y Presupuesto, desconocía la catadura moral de la familia Salinas de Gortari.

Mesías de la alternancia en la Presidencia, Vicente Fox arribó a Los Pinos como cruzado contra la corrupción y ofreciendo crecimiento anual de la economía a ritmo de siete por ciento y mínimo dos millones de empleos por año. Ninguno de los tres propósitos cristalizó. Al contrario, aun antes de que agotara su bono democrático, su familia se hundía en el tremedal de la transa pública. Lo de Amigos de Fox terminó en mera anécdota.

Para sacudirse el sambenito del haiga sido como haiga sido, Felipe Calderón se calzó el arnés militar desde el primer mes de su sexenio, con la promesa de pacificar México, declarando la sanguinaria guerra narca. Hoy su nombre está en los escritorios de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y México en los sótanos de la lista de países más violentos y corruptos del mundo.

Calderón Hinojosa jugó innoblemente con el luto por los muertos de su guerra y el dolor de las víctimas familiares, con quienes se comprometió a reparar los agravios infligidos, mediante una Ley General de Víctimas. Aprobada ésta por el Congreso de la Unión a punto de que terminara el sexenio calderoniano, el Ejecutivo no sólo objetó sus términos, sino que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr su revocación. El recurso se alegó bajo el supuesto de que, antes de legislarse el tema, debió reformarse la Constitución para que se reconociera expresamente la facultad del Congreso de legislar en la materia.

Comprometido Enrique Peña Nieto con las representaciones organizadas de las víctimas, entre éstas el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, investido Presidente el mexiquense emprendió la reparación del entuerto, ordenando el desistimiento de la controversia, publicando la Ley y ratificando en ceremonia especial el compromiso de su gobierno. Contumaz, el michoacano ha movido a larga distancia a su ex consejero jurídico Miguel Alessio Robles, y a los calderonianos Alejandro Martí e Isabel Miranda  para atacar de manera asaz belicosa la decisión del primer mandatario.

Hablando sin hipérbole, la Ley General de Víctimas es de suyo un portento jurídico. Más allá de las legislaciones ordinarias promovidas por otros Estados y de convenciones auspiciadas por instancias multinacionales, el ordenamiento mexicano explora continente y contenidos con una vastedad y profundidad sin precedente en el universo legal.

Producto de investigaciones especializadas y reflexiones de academia de altos vuelos, particularmente de la UNAM; de consulta a múltiples organismos promotores y defensores de los Derechos Humanos y, por supuesto, de las aportaciones del propio Constituyente permanente, la ley, reconocida como perfectible, debe aún pasar por variados filtros, empezando por el presupuestal, para demostrar su aplicabilidad.

Nos parecen asimilables preceptos como los derechos de Acceso a la Justicia, en el Proceso Penal, a la Verdad, a la Reparación del Daño, etcétera. El asunto que puede presentar los primeros bemoles es, de entrada, la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, dada la inclinación tan mexicana de llevar todo proyecto a la disputa y la deformación burocráticas. Está, en la misma tesitura, la instancia denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Registro Nacional de Víctimas y su ingreso. Con todo, parece clara la distribución de competencias. Si el ordenamiento es perfectible a la luz de la facultad legislativa, puede empezar a serlo por su Reglamento, que corre por el cauce administrativo. Se trata, pues, de un primer paso, pero gigantesco, de una larga marcha reivindicativa.

Hay quienes se inhiben y aun se alarman ante la imagen plástica de quien pone al mismo tiempo muchos fierros a la lumbre. Preferible a que falten. En todo caso, entre aquella suspensiva y timorata advertencia decimonónica  del aún no es tiempo, y la audacia de la acción, vale recordar que nuestro sistema métrico sexenal establece que un sexenio es sólo de seis años. Largos, si existe voluntad política, cortos si el político se pone a nadar de muertito. El patriota cubano José Martí apremiaba: Hay que poner las ideas a caballo. No hay de otra.

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