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Edición 368

 PORTADA1

VOCES DEL DIRECTOR

El c√°rtel del agua

La batalla por la vida de México

 Mouris Salloum George

ENTRE OTROS, el maestro em√©rito de la Facultad de Derecho de la UNAM, don Ra√ļl Cervantes Ahumada, lleg√≥ a escribir, autorizado por d√©cadas de ejercicio acad√©mico, que M√©xico pasa por tres dimensiones: Estado a-constitucional, Estado in-constitucional y, en extremo, Estado anticonstitucional.

ES EL CASO QUE, desde que en México se perfiló el Estado neoliberal, son los tecnócratas en el poder los que más hablan del Estado de Derecho. Se les llena la boca con ese eufemismo.

Para remitirnos a una data reciente, hace dos décadas el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -el Tribunal Constitucional por excelencia- determinó un orden jerárquico: Primero la Constitución, enseguida las Leyes Generales y aleatoriamente los Tratados Internacionales de los que México es Estado parte.

Lo cierto es que, por cualquier costado que se le vea, México vive la anarquía jurídica, no pocas veces derivada de la discrecionalidad administrativa. Normas que no se concilian con los reglamentos administrativos; reglamentos administrativos que contradicen leyes secundarias y leyes secundarias que violentan los mandatos de la Constitución.

Cap√≠tulo aparte merecen, en la era neoliberal desnacionalizadora, las concesiones y contratos que gravitan sobre bienes p√ļblicos, particularmente los recursos naturales, tipificados como patrimonio nacional.

Volvamos a la jerarquía establecida por la Corte: las Leyes Generales están por encima de las leyes federales, las estatales y reglamentaciones municipales. Así lo resolvieron los ministros. En líneas particulares incluyeron las legislaciones emitidas por la Asamblea Legislativa, entonces del Distrito Federal.

Si de patrimonio nacional hablamos, el del agua lo es y, además, su explotación, disponibilidad y consumo encuadran entre los Derechos Humanos.

Un atentado contra esas prerrogativas, que además constituyen el Derecho a la vida, se ha venido perpetrando sistemáticamente desde hace tres décadas desde el Estado.

El agua empez√≥ a exponerse a terceros, incluso extranjeros, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de Am√©rica del Norte (TLCAN); en la  posterior revisi√≥n del Tratado de L√≠mites y Aguas M√©xico-Estados Unidos y, con otro efecto, hace seis a√Īos, en la firma del Acuerdo de Exploraci√≥n y Explotaci√≥n de Yacimientos de Hidrocarburos Transfronterizos.

En el TLC original, se metió de contrabando la cláusula referida al petróleo.

Del líquido sustancial hablamos: desde hace al menos cuatro sexenios, el gobierno facultó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para disponer del recurso a fin genera fluido básicamente para uso industrial y comercial, mediante presas para operación de plantas hidroeléctricas.

Lo hizo, la CFE, conculcando en diversas regiones derechos de los pueblos originarios, cuyas comunidades nunca fueron consultadas previamente conforma lo mandata el artículo 2 de la Constitución.

Del agua se trata e ilustremos el asunto: En 2010, un terremoto afectó el estado de Baja California y particularmente el Valle de Mexicali, titular del derecho a aguas provenientes del Río Colorado y otros afluentes.

Con la coartada de los da√Īos a la infraestructura hidr√°ulica en el Valle, el gobierno mexicano acept√≥ el embargo de su cuota, que fue depositada  y retenida por largo periodo en presas del Estado de Nevada (USA).

A partir de 2012, en que se inició la LXI Legislatura federal, el Senado de la Republica exploró y operó la reforma de la Ley Nacional del Agua, derivada del artículo 27 Constitucional. La minuta del dictamen aprobatorio pasó a la Cámara de Diputados, que la mantuvo congelada, hasta que en el actual sexenio se lanzó una nueva iniciativa sobre la materia.

En ambos proyectos, la resistencia tuvo-tiene como argumento que la obscena intencionalidad era-es la privatización del agua, desde sus mismas fuentes generadoras, pasando por los sistemas de distribución lo mismo al través de los distritos de riego para uso agrícola, que de las redes para consumo humano.

Paralelamente, las concesiones mineras repartidas a granel dieron pie a la avidez de los corporativos, la mayor√≠a extranjeros, que requieren y explotan el recurso exhaustiva e intensivamente para lavar los minerales. Las zonas donde esas empresas se han instalado son mayoritariamente, propiedad social: comunidades ind√≠genas, ejidos y colonias de peque√Īos propietarios.

No obstante repetidas sentencias de la Suprema Corte en favor de las comunidades afectadas, el proceso no se ha revertido. Sirve de modelo al gobierno, que lo est√° haciendo extensivo a las concesiones y contratos en materia petrolera que, en algunas modalidades de explotaci√≥n, exigen la disponibilidad del recurso en vol√ļmenes incuantificables para fracturar los territorios con potencial energ√©tico.

Retomemos el relanzamiento de la iniciativa de Ley de Aguas para el ámbito general. En esa dirección, se encamina la Ciudad de México. En noviembre pasado la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Sustentabilidad Hídrica. Los diputados locales se negaron tercamente a escuchar la voz de la sociedad civil.

De nuevo se impugnó esa ley como privatizadora y restrictiva al consumo humano.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Miguel √Āngel Mancera, pujaba todav√≠a por la eventual candidatura presidencial. No escuch√≥ el clamor, aunque recientemente devolvi√≥ a la Asamblea dicha ley.

No obst√≥ la actitud del jefe de Gobierno. Su secretaria de Medio Ambiente, Tanya M√ľller expector√≥ a fines de febrero una idea genial: Incrementar el precio del agua y limitar la raci√≥n para consumo humano, con la jalada de inhibir su desperdicio.

Esa es una tendencia que viene, desde a√Īos atr√°s, desde diversas capitales de los estados, por la v√≠a administrativa, pero los gobiernos y los congresos de de Puebla y Quintana Roo, se lanzaron a fondo con sus propias leyes estatales en la materia.

S√≥lo subrayaremos un dato de suyo revelador. Esos ordenamientos estatales tienen una cl√°usula de confidencialidad: Los contenidos de  acuerdos, contratos y concesiones con los empresarios a los que se les da el usufructo, son reservados a plazos m√≠nimos de 14 a√Īos.

Eso es, usuarios y consumidores no podr√°n conocerlos sino hasta despu√©s de ese plazo, si es que no se ampl√≠a. ¬ŅQu√© tan graves son esos instrumentos leoninos que se pretende conservar en secreto?

El tema, hasta ahora estatal, puede volverse general, merced a la operación del diputado federal del PRI, José Ignacio Pichardo Lechuga, y de sus secuaces, quienes pretenden lograr la aprobación de la Ley General de Aguas para sustituir, con ella, a la Ley de Aguas Nacionales, de 1992.

Dig√°moslo con claridad: el mexiquense Pichardo Lechuga es el operador favorito del C√°rtel del Agua (compuesto por compa√Ī√≠as petroleras, mineras, agr√≠colas -que cifran su poder en la producci√≥n de alimentos transg√©nicos-, farmac√©uticas, cerveceras y otras, todas privatizadoras) en el Palacio Legislativo San L√°zaro.

De esta magnitud es el robo del agua que pretenden ‚Äúlegalizar‚ÄĚ, en agravio de todos los mexicanos. ¬ŅTransparencia y rendici√≥n de cuentas? A otro perro con ese hueso.



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