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Edición 369

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VOCES DEL DIRECTOR

Periodismo y crisis humanitaria

Mouris Salloum George

EXISTE una abominable correlación directa causa-efecto entre el exacerbado incremento de la criminalidad mafiosa en México y los ataques a la Libertad de Expresión. El precursor de ese caldo de cultivo, es la impunidad.

Cuando, en 2006, se acometió la guerra contra el crimen organizado, la operación punitiva estuvo focalizada en territorios geográficamente delimitados.

Del mismo modo que la barbarie homicida se ha generalizado en todo el país, también se han generalizado los atentados contra periodistas, comunicadores y empresas editoriales.

A un corte en enero de 2017, sin incluir las cifras de desaparecidos y el hallazgo de cadáveres en cementerios clandestinos, ni los homicidios tipificados como culposos, la estadística de 2006 a 2016 habla de casi 240 mil asesinatos, la mayoría perpetrados con arma de fuego.

En el periodo de 2006 a febrero de 2018, las agresiones contra la prensa se dispararon de mil 92 en el sexenio anterior, a 1986 en lo que va del actual sexenio.

Sólo en 2017, catalogado ya como al año más violento en la historia contemporánea de México, se documentaron 507 agresiones contra la Libertad de Expresión; doce de ellas, asesinatos.

Un documentado y riguroso análisis de ese fenómeno, concluye que 99.6 por ciento de esos crímenes permanecen impunes.

Tres nuevos signos inciden en la naturaleza de la represión contra la Libertad de Expresión: En un periodo previo, se atribuyó al crimen organizado ocho por ciento de esos atentados y 48 por ciento a agentes del Estado.

Las proporciones posteriores, en el caso específico de los asesinatos de periodistas, tuvieron una significativa variante: 21.9 por ciento fue imputado al crimen organizado; 19.5 por ciento a funcionarios públicos.

Hasta finales de la década pasada, las víctimas de los atentados fueron trabajadores de medios tradicionales. En lo sucesivo, son relevantes los crímenes contra colegas que ejercen su oficio en las redes sociales.

El tercer signo se expresa en los años recientes, en la criminalización de periodistas indiciados y en algunos casos sentenciados por supuestas faltas a la honra y la reputación de actores en la vida pública, cuya trayectoria y fama, ciertamente, no abonan un gramo a la honorabilidad.

Obviamente, en ocasión de la entrega de reconocimientos como resultado del Certamen Nacional e Internacional del Periodismo que auspicia el Club de Periodistas de México, esa problemática fue la preocupación prioritaria de la comunidad periodística y la de los defensores de los Derechos Humanos.

No admisible, sin embargo, aislar la victimización de los oficiantes del periodismo del drama colectivo que, a causa de la criminalidad y la inseguridad, agravia y humilla a la sociedad toda.

Sostenemos que la impunidad es el lubricante de la incesante repetición de los crímenes contabilizados.

Subleva aún más que, ante las recurrentes denuncias de la tragedia mexicana por órganos de agencias multinacionales -entre ellos los de la ONU y la OEA- el Estado se atrinchere en la insensibilidad y la complicidad.

Para otros efectos sociales, aplica el radical concepto de crisis humanitaria. No es exagerado afirmar que en México -primer lugar en América Latina en crímenes de Lesa Libertad de Expresión-, en aquel lacerante rango se inserta la situación de nuestros periodistas y de los defensores de los Derechos Humanos.



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