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Edición 381

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VOCES DEL DIRECTOR

Mouris Salloum George

La apuesta por la pacificación de México

EN LA POLÍTICA MILITANTE -no la de salón o de café-, se parte de un presupuesto: No hay más democracia que la que tenemos, aquí y ahora.

Y de dos máximas, para darle eficacia y rendimiento a esa democracia: 1) De lo deseable, lo posible y, 2) Primero lo importante; luego, lo urgente.

Lo urgente tiene que ver con la rapidez de una respuesta en caso requerido; lo importante, para todo efecto, es la dimensión y el alcance de esa respuesta, en relación con la colectividad a la que se pretende amparar con la acción de la autoridad pública obligada.

Lo más importante en la agenda nacional desde hace dos sexenios, es la pacificación de México.

La sociedad está harta de los “daños colaterales”

De la guerra fratricida desencadenada en el país en 2006, pesan, desde luego, las bajas entre los beligerantes, pero, sobre todo, los irresponsablemente tipificados como daños colaterales.

Esos daños, no son simplemente ecuaciones aritméticas ni sumas tangenciales: Son seres humanos indefensos -decenas de miles ya-, victimados en la espiral de violencia criminal, que no perdona edades, profesiones y oficios, credos religiosos o políticos.

Los absurdos dentro del absurdo

Lo absurdo, dentro de lo absurdo, es que el combate al crimen organizado se haya acometido para revestir de legitimidad a un poder cuestionado desde las urnas electorales.

Peor aún: Que la innoble iniciativa se haya asumido, no por voluntad propia, sino para responder a designios del imperio vecino, celoso de su Seguridad Nacional, amenazada por los demonios soltados en el interior de su propio territorio y puestos a galope en el resto del mundo.

“Resto” es, para los del Destino manifiesto, la inmensa humanidad a la se golpea y mata incesantemente, sólo para despojarla de su patrimonio material y cultural en aras del becerro de oro.

Guerra de espaldas al Derecho Constitucional

La guerra se emprendió en el vacío estratégico y de espaldas al Derecho constitucional mexicano.

Se hizo un deliberado disimulo del artículo 29 de la Carta fundamental, que prescribe los casos de perturbación grave de la paz pública para declarar el estado de excepción, hacer uso de los aparatos de represión del Estado y suspender los derechos y las garantías que la propia Constitución protege.

Tal fue la discrecional forma en que, sin tomar el parecer de la sociedad y sin consultar al Congreso de la Unión, las Fuerzas Armadas fueron sacadas de sus cuarteles para responsabilizarlas de la Seguridad Pública, función de competencia de las corporaciones civiles, federales y de los estados.

El macabro costo de la irresponsabilidad

Haciendo abstracción de la promiscuidad del espectro político y del poder económico con los cárteles criminales -relación ampliamente documentada-, el gobierno desató la barbarie, respondida con más barbarie.

Saldo macabro en el periodo: Más de 300 mil víctimas mortales, más de 40 mil desaparecidos, cientos de miles de familias desplazadas de sus lugares de origen; viudez y orfandad irreparables.

Una sociedad enlutada, presa de la indignación y del miedo, ha exigido desde hace más de una década un alto a la muerte.

Hace seis años, se prometió a la comunidad nacional, Un México en paz: Lo que se le dio fue más tragedia.

Por fin, una iniciativa estratégica

El cambio estratégico del combate a la criminalidad, tanto organizada como común; dicho con más propiedad, la concepción e instrumentación de una estrategia, tan eficaz como sea posible, ha sido cuestionada, más con prejuicios que con razones.

La demanda más socializada, y no pocas veces manipulada, es el retorno de los soldados a sus cuarteles, imperativo en el que el nuevo gobierno coincide.

A grandes males, grandes remedios

La propuesta de una política pública para hacer frente al descomunal desafío consiste en la institución de la Guardia Nacional que, en principio, estaría formada por elementos formados en las Fuerzas Armadas.

Militarización, han acusado los detractores en nombre de los Derechos Humanos, como si el derecho a la vida no fuera el primero conculcado en la guerra loca.

Se han dado pasos legislativos para poner la iniciativa a caballo. El grado de importancia del proyecto constitucional ha sido de tal magnitud que, en instancias del Congreso, el dictamen ha pasado por unanimidad, votada por las representaciones de todos los partidos.

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha dado su fíat a la reforma, lo que indica que las legislaturas estatales lo avalarán.

Mientras no haya pruebas objetivas de lo contrario, el modelo armado para la pacificación merece al menos el beneficio de la duda. Todo pasa por la prueba del ensayo y el error. Hacer lo posible es mejor que no hacer nada. O hacer más de lo mismo.



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